¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD
Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

La entrada Qué es el Pago por Resultados y cómo Bogotá lo llevó al corazón de su gestión pública se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por Natalia Aquino,
Ciudades Circulares en RIL

La foto inicial

Es un día cualquiera de la semana —vaya a saber de qué mes—, allá por 2018.
El trazado de coordenadas nos ubica en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

En la calle Pilcomayo, a unos cinco o seis kilómetros del centro, un grupo de personas trabaja subido a una montaña de residuos. Es su jornada laboral. Circula algún mate bien dulce y alguna palabra, no muchas: la tarea exige estar alerta para cuando llegue el camión, abrir bolsas, inspeccionar, seleccionar y rescatar el mejor material posible. De esa agilidad y astucia depende “el mango” que cada uno lleve a su casa. Es un desafío individual.

Entre esas personas, alguien más colabora en la tarea, pero su objetivo es otro. No está ahí para llevarse un botín: busca conocer, de cerca y desde la voz de los protagonistas, cómo es el oficio de cartonero. Sabe que hay algo en ese proceso que no está del todo bien y entiende que el tiempo —y un cúmulo de decisiones y convicciones— lo colocaron en el lugar y en el momento justo para impulsar un cambio.

Federico Ignaszewski, profesor de Historia, militante político y subgerente del Ente Municipal de Saneamiento Urbano de Santa Rosa, cuenta que es necesario conocer a los cartoneros, a los recicladores, porque desde el municipio no piensan el ambiente en abstracto, sino a partir de sus actores.

“Para nosotros, el actor fundamental del trabajo ambiental son los cartoneros. Nosotros llegamos a trabajar con lo ambiental a través de ellos, y no al revés”, dice. Más adelante agregará que por eso hablan de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social.

Hubo una experiencia previa

Algunos años antes de esta escena, una gestión había intentado organizar la recolección diferenciada y la separación de residuos. Ya existía el relleno sanitario y existían también los cartoneros y cartoneras que, subidos a la montaña, hacían de esa tarea su changa diaria.

Se levantó un galpón, se compró una cinta transportadora, se hicieron inversiones importantes. Pero un incendio destruyó la estructura y cortó de cuajo todo el proceso, echando por tierra ese trabajo.

El fuego arrasó con la maquinaria y también con la incipiente idea de que era posible una gestión diferente de los residuos.

El humo y las cenizas esparcieron, además, una creencia desalentadora: que no servía para nada separar los residuos.
Los cartoneros y cartoneras, entonces, volvieron a subir a la montaña.

El trasfondo de la política social

Llega 2019 y, con un nuevo cambio de gestión, se crea la Dirección de Economía Popular en el municipio de Santa Rosa. Su tarea: trabajar con los sectores de la producción y la economía no alcanzados por los circuitos tradicionales —como la industria o el comercio local—. Se impulsaron programas y acciones dirigidas a vendedores ambulantes, artesanas, cadetes y otros trabajadores. En algunos casos, con la intención de formalizar esos sectores; pero, sobre todo, para dignificar sus condiciones de labor.

En ese contexto —y con algún que otro paquete de medialunas bajo el brazo—, Federico encaminó más de una jornada hacia la calle Pilcomayo para conocer de cerca las rutinas de los cartoneros y cartoneras. Quería entender por qué los turnos eran necesarios para evitar conflictos entre ellos, y descubrir también que esas personas ya cargaban con el peso de muchas promesas incumplidas. Si pretendía impulsar un cambio, debía andar con pie de plomo: los cartoneros no iban a entregar su confianza tan fácilmente. 

Para el Ente Municipal de Saneamiento Urbano, la coincidencia con una política nacional y federal fue la llave que permitió el diseño de una nueva propuesta y la reorganización del trabajo en este sector. Gradualmente, los camiones dejaron de trepar la montaña y comenzaron a detenerse al final de cada recorrido, allá abajo. Separar la basura se volvió una tarea visible, no escondida, como antes, en lo alto. El material empezó a compactarse y surgieron los primeros intercambios comerciales.

Llegaron máquinas, un espacio donde cambiarse la pilcha de trabajo, baños, computadoras, charlas de capacitación y asambleas que consolidaron procesos de organización.

La construcción material de un nuevo programa de gestión integral de residuos tuvo como reflejo la mejora en los ingresos de las cartoneras y los cartoneros. En poco tiempo, las ganancias se triplicaron, y esa comunidad de laburantes halló en la dinámica cooperativa una manera de ordenar y fortalecer su economía cotidiana.

Eso no eliminó las tensiones ni los desacuerdos —como en todo ámbito de trabajo—, pero el dato concreto de que esta forma colectiva generaba mejores resultados que la venta individual, atravesada por una larga cadena de intermediarios, se volvió innegable.

Cuando le pregunto a Federico para qué sirve ordenar y promover la organización del trabajo de cartoneras y cartoneros, me responde sin vueltas:

—Es simple: enterrás menos residuos y le devolvés a la ciudad la plata que antes estabas enterrando. Porque quienes trabajan en el sector de recuperación compran y consumen en los comercios del barrio, de la zona, de la ciudad. Así se alimenta un círculo virtuoso que camina sobre tres ejes:  ambiental,  social y económico.

La foto final

Donde antes se armaba un fueguito para calentar el agua del mate —con el riesgo de que todo terminara envuelto en llamas—, y en más de una ocasión se desataban disputas por algún material valioso que arrojaban los camiones, hoy existe un espacio de trabajo que se nombra y se reconoce como tal.

De unos escasos tres o cuatro materiales que se recuperaban, la nómina creció a diez, y con ello también las posibilidades de una economía circular más certera.

Donde veinte personas disputaban un botín, hoy ochenta se organizan, debaten y construyen un modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social.

Federico me dice que el proceso no fue tan rápido como hubiesen querido, pero que, al fin de cuentas, sucedió.

Este camino formó parte del acompañamiento que el programa Ciudades Circulares de la Red de Innovación Local (RIL) realizó en 2025, impulsando aprendizajes, espacios de articulación y nuevas oportunidades para fortalecer la gestión local.

La entrada Un camino largo, pero que cambió el rumbo de la recuperación de materiales en Santa Rosa se publicó primero en +COMUNIDAD.

Hace diez años, el Área de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, identificó dos problemas con posible solución. Por un lado, alertaron sobre la elaboración de alimentos sin controles; por otro, detectaron que una parte de la población, por diversas razones, no tenía acceso al empleo formal. 

Con esa premisa, en 2015 inauguraron una Sala de Elaboración de Alimentos, un espacio para emprendedores que se dedican a la elaboración y comercialización de diferentes comidas. Esta iniciativa ofrece un lugar con las condiciones y herramientas adecuadas para desarrollar sus propios emprendimientos e insertarse en el mercado laboral formal.

Al igual que Rauch, en otras localidades del país estas salas de elaboración emergen como faros de innovación, inspiración y colaboración, dinamizando así las economías locales. Son espacios que acercan herramientas y recursos esenciales para emprendedores y que, por su impronta, promueven la cultura de la colaboración entre sus habitantes. 

La Sala de Elaboración de Alimentos de Rauch

Carolina Poffer, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Rauch y licenciada en Alimentos, cuenta cuáles fueron los pasos seguidos para impulsar la creación de este espacio. “Primero se trabajó en el armado y viabilidad de la sala, poniendo la misma a consideración de diferentes profesionales, tanto del ámbito público como privado”, precisa.

Desde el inicio, se colaboró con emprendedores locales, realizando un diagnóstico que permitió identificar la cantidad y los tipos de productos elaborados. Posteriormente, se brindaron capacitaciones en temas clave como manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura, costos y marketing, entre otros.

La directora comenta que el mayor desafío fue encontrar el financiamiento y el convencimiento político sobre la importancia de este proyecto. “Este formato intenta incubar empresas, captando, capacitando y acompañando a emprendedores en el crecimiento de cada uno de sus proyectos”, explica en diálogo con +COMUNIDAD.

“Los emprendedores son atraídos porque cuentan con un espacio que les ofrece equipamiento, servicios, capacitaciones y asesoramiento de forma gratuita. Además acceden al Registro Nacional de Establecimiento (RNE), que les permite comercializar sus productos en todo el país”, profundiza Poffer.

En la actualidad, este espacio, que depende de la Secretaría de Desarrollo Productivo, trabaja junto a diez emprendedores de la ciudad que se dedican al rubro gastronómico. “El impacto hasta el momento es lograr un crecimiento económico del municipio a través de la formación de nuevas empresas”, destaca la licenciada.

“La respuesta de la comunidad siempre fue positiva, contamos con visitas de instituciones educativas, para que conozcan el funcionamiento de la sala”, añade. Carolina Poffer concluye que, además, este espacio ofrece prácticas profesionalizantes para estudiantes, con el fin de promover la cultura del trabajo y la inclusión social. 

La experiencia de Ayacucho

La cantidad de emprendedores del rubro alimenticio que realizaban su trabajo sin medidas de seguridad fue el motor para crear la Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos de Ayacucho. María Victoria Etchevest, secretaria municipal de Industria Comercio y Empleo, cuenta que el proyecto se inspiró en las experiencias de Rauch y Tandil.

Sobre cómo se impulsó la creación de este espacio, inaugurado en 2019, Etchevest comenta: “Se planificó un proyecto sobre un centro de servicio para pequeños productores de alimentos. Luego se contó con la posibilidad de gestionar fondos ante el programa nacional Entramados Productivos y, finalmente, con la posibilidad de reutilizar un espacio físico”.

Para la funcionaria, uno de los principales desafíos a la hora de implementar esta propuesta en Ayacucho fue que los fondos gestionados pudieran cubrir los gastos planificados. “Sobre todo teniendo en cuenta que era un lugar a refaccionar, con un montón de imprevistos no planificados y la suba de los precios de materiales”, explica a +COMUNIDAD.

Respecto a cómo atrajeron a emprendedores locales a utilizar este espacio, la licenciada cuenta que realizaron reuniones informativas para presentar el proyecto, además de una activa comunicación a través de las redes sociales de la Municipalidad. También se dictaron cursos relacionados, se gestionaron aportes no reintegrables y se trabajó en dotar al espacio de una identidad propia.

En cuanto a los beneficios que representa esta iniciativa para la población, la secretaria destaca el producir en un espacio habilitado a nivel municipal, provincial y nacional. También la visibilidad de cada proyecto, el ahorro en costos fijos como son los servicios básicos, la capacitación contínua y el asesoramiento de una licenciada en alimentos.

Por último, al ser consultada sobre qué le aconsejaría a una ciudad que desea seguir los pasos de Ayacucho, Victoria Etchevest comenta: “Que observen lo que está hecho e intercambien experiencias. Diagnostiquen las necesidades reales de territorio, planteen objetivos claros y medibles, elaboren una propuesta concreta, trabajen de manera articulada con más dependencias municipales e instituciones que puedan ofrecer capacitaciones”, entre otros consejos.

La Sala de Elaboración de Alimentos de Neuquén

La Sala de Elaboración de Alimentos (SEA) de la Municipalidad de Neuquén nació hace más de once años como una pequeña sala en el marco del Área Agricultura Urbana. La idea principal era que los huerteros tengan un espacio para hacer conservas con los excedentes de sus huertas.

En la actualidad, la sala depende de la Secretaría de Jefatura de Gabinete, y también es parte del Registro Nacional de Establecimientos Alimenticios (RNE). Además, cuenta con un nuevo sello de calidad, que permite corroborar si el producto se elaboró en la sala o si es falsificado. También brinda acceso a información de trazabilidad e identificación del lote de producción. 

A lo largo de los años, la sala ha evolucionado, trabajando con emprendedores que realizan conservas, mermeladas, bombones, panificados y bebidas alcohólicas destiladas. Como valor agregado, se suma la distinción de “saludables”, ya que en ninguno de los productos se usan conservantes ni químicos adicionales durante sus procesos de producción.

En 2024 la localidad logró equipar, con fondos propios del municipio, dos nuevas salas de elaboración de alimentos que marcan un antes y un después en la producción local. “Este importante avance se ha realizado gracias al superávit que permite destinar inversiones clave para el desarrollo socio-productivo de la ciudad”, explican Victoria Bravo, nutricionista y coordinadora de las Salas de Elaboración, y Alberto Querci, coordinador de Integración Socioproductiva.

Ambas salas, diseñadas para ofrecer espacios de trabajo equipados con tecnología moderna, abarcarán cinco líneas de producción. Esto permitirá que la capacidad operativa se cuadruplique, beneficiando directamente a más de 80 emprendimientos locales.

Se trata de la Sala de Elaboración de Alimentos Libres de Gluten y la Sala de Elaboración de Alimentos Toma Norte. El equipo está conformado por empleados municipales de planta permanente y contratados (bromatóloga, licenciada en nutrición, técnica gastronómica, operarios y auxiliares de sala).

Otras iniciativas con foco en emprendedores alimenticios

En respuesta al aumento de la venta de alimentos durante la pandemia, la ciudad de Lobería, en Buenos Aires, inauguró en 2021 la Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos. Este espacio permite la producción de diversos alimentos en un entorno habilitado que cumple con todas las normativas sanitarias y de seguridad correspondientes.

El lugar cuenta con una sala de elaboración, depósitos, sanitarios, área administrativa y un sector para el ingreso de insumos y la salida de la producción de los emprendedores. María Paz Arrech Pereyra, coordinadora del espacio, comentó que, hasta 2023, la sala operaba con 10 turnos. 

“Para atraer a los emprendedores, lo mejor que podemos hacer es mostrar lo que se está haciendo, para que más personas se animen a sumarse”, explicó Arrech Pereyra. “En cuanto al funcionamiento de la sala se dejó en claro todo desde el principio, para poder generar un buen vínculo entre el emprendedor y el municipio”, agregó. 

Pellegrini, también en la provincia de Buenos Aires, inauguró en mayo de 2023 el Centro de Emprendedores de Productos Alimenticios (CEPA). Esta iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo Municipal, el Área de Producción y Desarrollo Local y el Área de Obras Públicas para acompañar a pequeños elaboradores de alimentos locales. 

El objetivo de la ciudad era contar con un espacio para promover la formación y capacitación de elaboradores de alimentos. Y que estos luego puedan comercializarlos fuera de la ciudad. Este espacio está ubicado junto al edificio de Bromatología, no sólo para eficientizar los recursos humanos del municipio, sino para generar un ida y vuelta a la hora de producir. 

Joaquín Castañaga, el entonces director de Producción y Desarrollo Local explicó: “La idea es formar al emprendedor y acompañarlo en la búsqueda de asistencia financiera y técnica. Antes de comenzar nos comunicamos con municipios que ya tenían experiencia, como Rauch, Pringles y Tandil y ahora nosotros también compartimos la nuestra”. 

Un propósito: dinamizar la economía local

El camino hacia la formalización laboral de los emprendedores alimenticios está lleno de desafíos, como la falta de financiamiento y la escasez de capacitaciones. Sin embargo, iniciativas como las salas de elaboración de alimentos se presentan como un modelo inspirador que demuestra cómo es posible superar estos obstáculos. 

Según las experiencias de diferentes municipios, contar con políticas públicas que adopten un enfoque integral es clave. Y no sólo recursos financieros, sino también un marco de apoyo más amplio. 

A medida que los emprendimientos locales se formalizan y crecen, se genera más empleo, se dinamiza la economía local y contribuye a la cultura del trabajo. Además de Rauch, Ayacucho, Neuquén, Lobería y Pellegrini, otros municipios argentinos –y fuera del país– implementan iniciativas con objetivos similares, contribuyendo al desarrollo económico y social de sus territorios. 

NOTA RELACIONADA:

¿Tenés una historia para contar? ¡En +COMUNIDAD nos gustaría conocerla!

Imagen de portada: Freepik.es

La entrada Salas de elaboración de alimentos: un impulso para dinamizar la economía local se publicó primero en +COMUNIDAD.