Por María Mercedes Ordoñez y Clarisa Corral (*)

La transición energética plantea desafíos que no son únicamente ambientales, sino también sociales. Estamos frente a una situación de pobreza energética cuando un asentamiento informal no tiene conexión a la red eléctrica o de gas, pero también cuando una mujer debe caminar varios kilómetros para conseguir leña para calefaccionar su hogar ya que, a pesar de tener conexión a servicios, no tiene acceso a tecnologías de climatización. 

Hablamos de pobreza energética cuando una persona mayor, en plena ciudad, debe restringir el consumo básico de energía porque su jubilación le obliga a priorizar otros gastos. También se manifiesta cuando el desempeño escolar de un niño se ve afectado por no tener luz para hacer la tarea en su casa, cuando en invierno anochece temprano.

En términos generales, la pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea por razones económicas, de infraestructura o equipamiento. Sin embargo, su naturaleza multidimensional —que abarca factores técnicos, sociales, económicos, culturales y climáticos— dificulta la adopción de una definición única y universalmente aceptada. 

A propósito de esto, Paz Araya Jofré, investigadora doctoral en Antropología y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile  (RedPE) destaca “la importancia de que cada territorio y cada gobierno construya sus propias definiciones de pobreza energética acorde a las realidades y diversidades territoriales”. La declaración se produjo en el marco del último encuentro de la Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, realizado en julio de 2025.

En el mismo sentido, se vuelve fundamental la construcción de indicadores propios y la generación de información local para el diseño de políticas públicas de equidad energética. Entre estos, se pone el foco en conocer en particular los niveles de ingresos y gastos de las familias, la disponibilidad de tecnología, las condiciones habitacionales, entre otros. 

Alejandra Reyes, de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, resaltó además el valor de “considerar en el diseño de estos indicadores las características climáticas y patrones socioculturales que puedan estar condicionando las dinámicas de acceso y consumo de energía en cada localidad”.

^{Unas 2.100 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares con combustibles sólidos, según la OMS. Imagen: Dirección de Hábitat, Godoy Cruz, Mendoza.}

Cuando la falta de energía profundiza otras desigualdades

Que un hogar no tenga acceso a servicios de energía se entrelaza con otras condiciones estructurales de desigualdad urbana y social. Esto condiciona el ejercicio de diversos derechos que garantizan una vida digna y con oportunidades en una ciudad.  

La pobreza energética se constituye como una experiencia de vida que tiene efectos negativos tanto en la salud como en la alimentación, la educación, el empleo, la recreación y la resiliencia frente a contingencias climáticas extremas. A propósito de esto, Chisaki Melissa Guibo, arquitecta y jefa del Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz enfatizó en que “la pobreza energética no es un problema aislado, sino que es una expresión más de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros territorios”.

Muchas familias sin acceso fiable a la red eléctrica o de gas dependen de combustibles insalubres para cocinar y calefaccionarse, lo que aumenta los riesgos de enfermedades por la exposición a contaminantes o conexiones informales. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año 3,2 millones de personas mueren prematuramente por afecciones vinculadas a la contaminación del aire doméstico. Estas condiciones afectan de forma desigual a las mujeres, debido a la distribución inequitativa de los roles de cuidado dentro del hogar.

Sumado a ello, la falta de equipamiento e infraestructura para un aprovechamiento eficiente del recurso energético domiciliario –como es el aislamiento de las viviendas y los materiales constructivos precarios– exponen a las familias a una mayor propensión al desarrollo de enfermedades respiratorias. Esto aumenta, a su vez, las probabilidades de ausentismo escolar y laboral. En un contexto socioeconómico de pluriempleo o de dobles jornadas de estudio y trabajo, la falta de servicios energéticos complejiza el desarrollo de emprendimientos productivos y de fortalecimiento de la trayectoria escolar.

Además, la falta de acceso a la energía en calidad y cantidad atenta contra la posibilidad de que un hogar pueda afrontar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, temperaturas bajo cero y tormentas severas. Estos efectos se agravan cuando se trata de personas mayores, personas con discapacidad o electrodependientes, que requieren condiciones térmicas y de abastecimiento estables para su supervivencia.

Retos comunes y respuestas locales

La forma en que están diseñadas y gestionadas las ciudades incide directamente en las posibilidades de acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las condiciones del entorno construido, la distancia a los centros de abastecimiento, la infraestructura de servicios, la calidad del hábitat y los criterios de ocupación del suelo son factores que pueden amplificar o reducir la pobreza energética. Por eso, integrar la planificación urbana y territorial en la estrategia energética resulta fundamental.

En este punto, la articulación entre políticas energéticas y políticas urbanas no puede ser postergada: el modo en que se planifican los barrios, se habilita el suelo o se distribuyen los servicios impacta directamente en la posibilidad de acceso equitativo a la energía.

Las ciudades latinoamericanas comparten desafíos estructurales: tarifas de energía altas, suministro intermitente y un gran sector informal con conexiones irregulares. Para enfrentarlos, los gobiernos locales pueden adoptar diversas acciones:

• Regularización y tarifas sociales. Facilitar la regularización de conexiones informales y ofrecer tarifas diferenciadas o subsidios focalizados para los hogares más vulnerables así como programas de pago flexible vinculados con mejoras en eficiencia energética que garanticen el pago de servicios esenciales.
• Vivienda social sostenible. Incorporar criterios de eficiencia energética y energías renovables en los programas de vivienda pública y asistencia habitacional. Por ejemplo, dotar a las casas sociales de aislamiento térmico, paneles solares o termo tanques solares reduce costos a largo plazo y mejora la calidad de vida.
• Generación distribuida. El desarrollo de proyectos de generación distribuida o generación distribuida comunitaria que permitan satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones alejadas de las redes de servicios.
• Reacondicionamiento de vivienda. La inversión en mejoramiento habitacional de viviendas propias o alquiladas para la reducción de costos en energía. 
• Promoción de equipamiento eficiente. Ya sea para la adquisición de nuevos equipos de climatización como de mantenimiento y recambio de equipos preexistentes, pudiendo incluir el desarrollo de un mercado local de proveedores y prestadores de servicios para estos fines.

Ciudades contra la pobreza energética

La ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, es un caso inspirador de abordaje de la pobreza energética desde la gestión del hábitat, con foco en los asentamientos informales y poblaciones más vulnerables. 

En 2023, el municipio comenzó con la implementación de proyectos de vivienda social sustentable. Distintas familias en situación de extrema vulnerabilidad recibieron viviendas construidas con contenedores reciclados (“Ecocasas”). Estas casas, con un costo 40% menor por metro cuadrado que la construcción tradicional, incluyen termotanques solares para calefacción de agua. 

Se destinaron a hogares con condiciones de hacinamiento crítico y con personas con discapacidades o problemas de salud. A su vez, cada familia recibió su guía para el mantenimiento y uso de nuevas viviendas. De esta manera, el municipio logró reducir costos de producción y brindar soluciones habitacionales dignas, a la vez que introdujo tecnologías limpias y eficientes en las viviendas sociales.

Además, Godoy Cruz actualmente implementa varias líneas de acción que contribuyen a la equidad energética de las poblaciones más vulnerables. Entre estas se encuentra la ejecución de mejoras edilicias en viviendas vulnerables, a través del Programa de Emergencia Habitacional (PEHab), y las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica informal (conexiones eléctricas no regularizadas, instalaciones deterioradas o sobrecargadas). También la renovación de cableado deteriorado, apuntalamiento o colocación de nuevos postes, colocación de térmicas y disyuntores, y mejora de instalaciones precarias. 

Asimismo, destacan el rol clave de sumar espacios de consulta para la población como es en este caso la Consejería de Hábitat para el acompañamiento técnico y comunitario permanente y el brindado de talleres de formación en estrategias bioclimáticas, electricidad y albañilería con enfoque térmico. Todo esto, diseñado a partir de un sistema de relevamiento continuo con enfoque multidimensional que permite orientar políticas públicas con base territorial.

^{Talleres de albañilería básica con enfoque en el confort térmico. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.}

Otro caso destacable ocurre en Chile, donde el gobierno central –en coordinación con gobiernos locales– implementa acciones para reducir la pobreza energética dirigidas especialmente a las infancias y a las personas mayores de zonas rurales. 

Es así que, en los últimos cuatro años, se creó y fortaleció una línea de acción para acceso y mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Se focalizan recursos para el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, el robustecimiento del sistema eléctrico, calefacción sustentable y agua caliente sanitaria para baños y duchas donde asisten niños y niñas de comunidades originarias. 

A la vez, desde el programa para Acceso y Mejoramiento del Suministro Energético en establecimientos con rol público se ha llevado adelante una línea de acción para mejorar las condiciones energéticas de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a través de energías renovables. 

La Ciudad de México, con casi el 98% de sus habitantes conectados a la red eléctrica, ha identificado nuevas fronteras de la pobreza energética: la falta de agua caliente y el alto costo del gas LP para cocinar. Para abordar esto, lanzó el programa “Ciudad Solar”, que impulsa el uso intensivo de energía solar en la ciudad. 

Bajo este plan se han instalado grandes paneles fotovoltaicos en techos de mercados mayoristas y edificios gubernamentales, aprovechando los altos niveles de radiación solar de la capital. Además, se establecieron regulaciones que obligan a instalar calentadores solares de agua en todas las nuevas viviendas y edificios reconstruidos, reemplazando la demanda de gas licuado por energía limpia. 

En consonancia, el gobierno ha donado más de 25.000 calentadores solares a hogares de bajos ingresos desde 2018, cubriendo sus necesidades de agua caliente con energía asequible. Estas iniciativas reducen la factura del gas LPG (que usa el 82% de los hogares) y mejoran la salud al disminuir la quema de combustibles fósiles en los hogares.

Aunque este tipo de políticas requiere inversión pública significativa, también muestra la capacidad de los gobiernos urbanos para movilizar recursos, regular y coordinar actores, y generar impactos tangibles en la vida cotidiana.

^{Paneles solares en la Ciudad de México. Imagen: Gobierno de la Ciudad de México.}

Colaborar para transformar: Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas

Cuando se promueve la participación de equipos técnicos municipales, comunidades y actores del territorio en el diagnóstico y codiseño de las soluciones, se logran políticas públicas más ajustadas a las realidades concretas. Desde esa perspectiva, los municipios cumplen un rol clave como articuladores de políticas públicas de equidad energética cercanas al territorio. 

La experiencia acumulada en la Red de Innovación Local (RIL) demuestra que la innovación urbana surge muchas veces del intercambio horizontal entre gobiernos locales y de la escucha activa de las necesidades barriales. En muchos casos, las respuestas más eficaces han surgido del trabajo colaborativo entre áreas técnicas, equipos de gobierno y comunidades organizadas. Reconocer esa capacidad de los gobiernos locales para coordinar, escuchar y construir en conjunto es central para avanzar hacia una transición energética más justa. 

 (*) María Mercedes Ordoñez es coordinadora del programa Ciudades de la Energía y Clarisa Corral es integrante del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

Imagen principal: Unsplash.

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Desde 2021, este programa ha establecido diez bosques educativos en los municipios de Puerto Rico, El Sena, San Lorenzo y Gonzalo Moreno, en el departamento de Pando, al norte del país. Más de 1.000 estudiantes y 53 docentes de 15 comunidades participaron en actividades que integran asignaturas tradicionales—como matemática, ciencias y lenguaje—con prácticas en el bosque. Utilizando recursos naturales y tecnologías modernas, los alumnos exploran la biodiversidad local y adquieren conocimientos científicos mientras fortalecen su identidad cultural.

Para apoyar este enfoque pedagógico, el IPDRS publicó “Monte Maestro“, una serie de cuatro guías didácticas que abarcan áreas como lenguaje, conocimiento del entorno natural, estudios sociales y matemáticas. Estas guías, elaboradas en colaboración con educadores y comunidades, buscan contextualizar la educación y promover una conexión más profunda con la Amazonía. Además, se prevé la publicación de una guía sobre creatividad musical para enriquecer aún más el aprendizaje. 

Bosques colaborativos y con impacto

La implementación de los Bosques Educativos es un esfuerzo conjunto. Por un lado, las comunidades aportan su conocimiento tradicional y participan activamente en la creación y mantenimiento de estos espacios. Por otro, las escuelas adaptan sus currículos para incorporar actividades prácticas en el bosque, abarcando asignaturas como ciencias naturales, matemáticas y lenguaje. El IPDRS, en tanto, facilita recursos pedagógicos y capacitación, asegurando que la iniciativa se adapte a las necesidades locales y sea sostenible en el tiempo.

Las actividades en los bosques incluyen la identificación de especies forestales, paseos por la naturaleza y concursos de fotografía, utilizando tanto recursos naturales como tecnologías modernas. 

“Para los niños, los bosques educativos son cruciales. Lo que aprenden en el bosque lo aplican luego en sus casas, y llevan lo que aprenden en sus casas a la escuela”, reflexiona la maestra Lucecita Salinas, de la Comunidad Iraq, en la Amazonía Boliviana. 

Miguel Cordero, miembro de la comunidad Gonzalo Moreno, destaca la importancia de esta metodología. “Quiero que los niños conozcan todas las plantas, igual que nosotros, y de la misma manera que nuestros antepasados y abuelos nos enseñaron. Mi parcela se ha convertido en un bosque educativo con múltiples especies: cacao, castaño y otras plantas”, contó entusiasmado.

Expansión y futuro del proyecto

Según la evaluación de organismos internacionales, como UNESCO, este tipo de programas fortalecen la conexión de los jóvenes con su entorno y promueven una mayor conciencia sobre la conservación ambiental. Además, observaron una revitalización de los conocimientos ancestrales y un fortalecimiento de la identidad cultural en las comunidades participantes.

El éxito de los Bosques Educativos motivó la expansión del proyecto. Se prevé la implementación de cinco nuevos bosques educativos, beneficiando a 3.580 estudiantes adicionales. Esta nueva fase incluirá actividades extracurriculares enfocadas en derechos, prevención de la violencia y educación financiera. 

Además, se planea involucrar a unidades educativas urbanas en Riberalta, con el objetivo de recuperar y conservar humedales en riesgo. Según estimaciones del IPDRS, esta propuesta beneficiará indirectamente a casi 80.000 habitantes que conviven con estos ecosistemas. 

Esta nota se publica como parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales inspiradoras como las de esta nota en tu correo? ¡Podés suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos del IPDRS.
Redacción +COMUNIDAD. 

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Nono es uno de los pueblos más antiguos del Valle de Traslasierra. Ubicado en el oeste de la provincia de Córdoba, en Argentina, su población es de 4.000 habitantes. Es conocido por la belleza y tranquilidad de sus ríos ━Los Sauces, Chico y la junta de ambos━ que hacen de este municipio un lugar ideal para descansar y desconectar.

Desde hace más de diez años, pero sobre todo después de la pandemia, el municipio trabaja para diversificar su matriz productiva e impulsar la industria del conocimiento. Por eso surgió Achala Satelital, un programa local para brindar conectividad de alta velocidad y acceso a las nuevas tecnologías en diferentes parajes rurales de la zona.

Matías Ramírez, intendente de la Municipalidad de Nono, habló con +COMUNIDAD y contó que la iniciativa pretende ser a futuro una política pública que permita el arraigo de sus jóvenes. “Queremos contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus habilidades, la productividad y la inclusión de nuestras comunidades rurales”, manifestó.

El desafío de conectar a las zonas rurales

Conscientes de lo importante que es estar conectados para el desarrollo de cualquier tipo de actividad, desde el Área de Innovación del municipio comenzaron a investigar. “Queríamos saber cómo garantizar conectividad a los parajes rurales, a las empresas locales les es muy difícil hacerlo, así que empezamos a evaluar”, explica Ramírez. 

Con esa premisa, junto al Secretario de Innovación y Tecnología Juan Manuel Negretti, vieron cómo lo hacían países como Chile, y ahí descubrieron el internet satelital. “Después de consultar por la efectividad, costos y alcance cerramos con StarLink, para llevar internet a cuatro zonas específicas de nuestra localidad”, agrega el intendente. 

En una primera etapa, el programa brindará asistencia a los protocolos locales de Defensa Civil y a la Mesa Coordinadora local de Educación en las Escuelas Rurales. También a los eventos deportivos y culturales que se desarrollen en sectores rurales, que incluyen a Pampa de Achala, Los Algarrobos, Ojo de Agua y Dique La Viña.

En la actualidad el municipio sólo cuenta con una antena. Por eso darán prioridad de conexión a las áreas mencionadas, que son las que hoy no tienen acceso a internet. Desde la Secretaría de Innovación y Tecnología suponen estos espacios como los más oportunos para aprovechar los beneficios que ofrece este programa municipal. 

“Tenemos diferentes parajes rurales con escuelas con problemas de conectividad, era una de nuestras materias pendientes”, expresa el intendente del municipio de Nono. “El programa Achala Digital es un aporte para poder llegar a estas zonas. Y promover la educación, y también, potenciar la diversificación económica de esos sectores”.

Achala Satelital también prevé la adquisición de insumos tecnológicos, el desarrollo de capacitaciones y actividades afines para las comunidades que viven en la ruralidad. En lo que respecta a las tres escuelas beneficiadas por esta iniciativa, Matías Ramírez explica que todas cuentan con herramientas e insumos necesarios para conectarse. 

Un municipio conectado y ordenado

El Municipio de Nono hace tiempo trabaja en su Plan de Ordenamiento Territorial, con el propósito de crecer de manera ordenada, cuidando los recursos naturales y culturales. Por eso, a partir de 2012 todas las políticas públicas y decisiones de gobierno se guía por el eje del ordenamiento territorial.

Este plan municipal fue premiado en 2021, junto a otros 20 municipios del país, en el Concurso Nacional Experiencias Innovadoras de Planificación, Desarrollo Territorial y Políticas de Suelo. Organizado por la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

La iniciativa Achala Digital viene a complementar el objetivo que persigue este plan: crecer y explotar la principal actividad económica y el turismo en Nono. Sin descuidar los recursos naturales y culturales, a través de diversas ordenanzas y acciones que tienen que ver con ir delineando el futuro de la localidad.

Otros municipios que apuestan al internet satelital

En el año 2023, desde el programa Mi Pueblo Conectado, de la Secretaría de Innovación Pública Argentina, se instalaron antenas satelitales en 88 localidades rurales aisladas. Esta iniciativa busca brindar conectividad satelital y recursos digitales a 377 ciudades del país con acceso a internet deficitario o nulo, previamente seleccionadas. 

El despliegue de las antenas de conectividad satelital se realiza a través de la contratación del servicio ARSAT. Por parte de la Secretaría de Innovación Pública. Al mismo tiempo en que transfiere a las provincias los fondos para la adquisición de equipamiento informático para los pueblos seleccionados y conectados.

Hasta enero de 2023, se instalaron antenas en diferentes ciudades, distribuidas en cinco provincias. Tucumán (39), Chaco (26), La Rioja (11), Santa Cruz (9) y Río Negro (3). De esta manera, el 23% de las localidades previstas en el programa ya cuentan con conectividad de calidad. Un paso más para reducir las brechas digitales en Argentina.

El servicio de internet satelital Orbith logró conectar durante 2022 a 1500 escuelas rurales de Argentina y Chile. Con velocidades similares a las de las conexiones urbanas. Son ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Neuquén en Argentina. Y de Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Del Libertador Bernardo O’Higgins, en Chile. 

En una entrevista en La Nación, Pablo Mosiul, CEO y Fundador de Orbith, explica que el acceso a internet en los hogares de zonas aisladas, como parajes rurales, es muy bajo. “Los gobiernos de América Latina están preocupados por la conectividad de las escuelas rurales. No solo por el impacto a nivel educativo, sino porque muchas veces estos espacios son el único punto de acceso a internet de estas comunidades”. 

^{Imagen principal: Municipalidad de Nono.}

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