Por María Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL

Cuando en el verano de 2023 una ola de calor dejó sin luz durante días a miles de vecinos del conurbano bonaerense, las imágenes de comercios cerrados, hospitales colapsados y barrios enteros sin agua recorrieron Argentina. En contraposición, durante las olas de frío de los años venideros, algunas ciudades enfrentaron restricciones en el suministro de gas, lo que significó interrupciones en industrias y estaciones de GNC (gas natural comprimido) para garantizar el abastecimiento residencial. Estas situaciones tienen un denominador común: muestran cómo la seguridad energética tiene impactos profundamente locales.

La seguridad energética se define como la capacidad de un territorio para garantizar el acceso continuo, confiable y asequible a la energía que necesita su población para satisfacer sus necesidades básicas, pero también sociales, económicas y culturales. Si bien las políticas energéticas se definen a nivel nacional, son los gobiernos locales quienes gestionan muchas de las consecuencias cuando esas redes no tienen la capacidad o disponibilidad necesaria, o cuando ocurren contingencias climáticas que generan interrupciones. Y son quienes deben garantizar la prestación de servicios municipales de respuesta incluso en esas condiciones. 

La energía deja de ser una cuestión abstracta cuando el hospital municipal queda a oscuras, cuando los centros de personas mayores no pueden calefaccionarse, cuando las pymes pierden producción por no poder prender sus máquinas, cuando falta combustible en las estaciones de servicio o cuando, frente a una tormenta severa, el área de Defensa Civil no cuenta con generadores para mantener activos los servicios de comunicación. 

El rol de las ciudades

El desafío se vuelve aún más complejo en el contexto actual. Por un lado, el crecimiento urbano aumenta la demanda y tensiona sistemas eléctricos y gasíferos diseñados, en otros contextos, para ciudades con otras demandas inferiores a las actuales. Por otro lado, el cambio climático genera eventos extremos que ponen a prueba los sistemas energéticos locales: olas de calor que disparan el uso de sistemas de climatización, inviernos más fríos que lo habitual que saturan el consumo de gas, tormentas que dañan líneas eléctricas. 

Frente a este escenario, algunas ciudades empiezan a ensayar un cambio de paradigma: pasar de ser simples consumidoras de energía a convertirse en gestoras activas de su seguridad energética. Eso implica, en primer lugar, conocer su propia demanda y consumos, para poder anticipar riesgos y necesidades frente a distintos escenarios, pero también gestionar de manera eficiente los recursos energéticos. 

Conlleva, además, avanzar en la diversificación de fuentes, incorporando generación renovable distribuida como la solar fotovoltaica o el biogás, que no solo reducen emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pueden sostener servicios críticos ante cortes en la red. 

El entramado de servicios que sostienen la ciudad

Los servicios de distribución de electricidad y gas son muchas veces dados por sentado en lo que respecta al funcionamiento de una ciudad. Solo notamos su importancia cuando  no contamos con ellos. El foco no está puesto en el servicio, sino en lo que nos permite hacer cuando funciona correctamente. Es por esto que la prevención de daños en redes y tendidos se vuelve un factor fundamental pero silencioso. 

La electricidad y el gas han cumplido roles complementarios para satisfacer las necesidades energéticas de una población. Sin embargo, también será necesario acelerar una electrificación progresiva de los usos finales, sumando más energía limpia y reforzando redes locales, para disminuir la dependencia de un único vector energético.

Este camino exige planificación e inversión, pero también coordinación. Los municipios pueden cumplir un rol articulador: tender puentes entre empresas de servicios públicos, comercios, usuarios residenciales y sectores clave como salud o educación, para alinear inversiones, regulaciones y hábitos de consumo. Incluso acciones aparentemente pequeñas —como mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos, o instalar sistemas de respaldo en escuelas y hospitales— pueden marcar la diferencia ante una emergencia.

El caso de la localidad cordobesa de Ticino es un claro ejemplo de cómo invertir en proyectos de autoabastecimiento de energía aumentan la resiliencia de una ciudad frente a determinadas contingencias. La generación de energía a partir de biomasa obtenida de los restos de la industria manicera permitió que los 2.500 habitantes de la localidad tuvieran energía mientras 50 millones de argentinos y uruguayos vieran restringido el suministro por horas. Un pequeño destello entre tanta oscuridad. 

Cambio climático y seguridad energética

El cambio climático intensifica los desafíos de la seguridad energética, exponiendo a las comunidades a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las olas de calor, por ejemplo, no sólo disparan la demanda eléctrica por el uso masivo de sistemas de climatización, sino que también incrementan el riesgo de incendios domésticos debido al sobrecalentamiento de sistemas eléctricos, conexiones inseguras o el uso inadecuado de aparatos.

De manera similar, durante las olas de frío, la necesidad de calefaccionar los hogares puede llevar a la utilización de métodos peligrosos y precarios, como el uso de materiales inflamables o sistemas de calefacción improvisados, aumentando el riesgo de incendios y de intoxicación por monóxido de carbono. Estos escenarios evidencian cómo la falta de acceso a energía segura y asequible, o la dependencia de infraestructuras poco resilientes, puede tener consecuencias directas y graves para la salud y la seguridad de las personas en sus propios hogares.

Ante esta realidad, los gobiernos locales tienen un rol fundamental en educar a la ciudadanía sobre el uso seguro de la energía, promover la eficiencia energética y fomentar la adopción de sistemas de calefacción y refrigeración más seguros y sostenibles.

El municipio de Malargüe, en la provincia de Mendoza, cuya gran parte de la población no se encuentra conectada a la red de distribución de gas natural, comenzó con la distribución de briquetas construidas con restos de la poda municipal. El uso de este tipo de combustible por parte de las familias para calefacción resulta más eficiente (ya que posee mayor poder calorífico que la leña seca), una combustión menos contaminante del aire domiciliario (ya que por su densidad reducen el humo visible y los depósitos de hollín) y más seguro para su almacenamiento y manipulación.

El aporte de la planificación urbana a la seguridad energética 

La planificación urbana emerge como un gran canalizador para  integrar la seguridad energética a la escala local. Los gobiernos locales, al conocer su propia demanda y capacidad instalada, pueden anticipar riesgos y diseñar estrategias efectivas. Joaquín Rotman, coordinador de Ciudades Planificadas de RIL Argentina, señala algunos de los puntos donde la planificación urbana contribuye a la seguridad energética de una ciudad: 

• Conocer la demanda y oferta local presente y futura. Mapear el consumo energético por sector (residencial, comercial, industrial, público) y la infraestructura existente (redes de gas, subestaciones eléctricas, generación distribuida), así como tener en cuenta las proyecciones de crecimiento de la ciudad, tanto demográficas como territoriales y de usos productivos, permite anticipar nuevas necesidades energéticas y planificar la inversión en redes e infraestructura. En este punto, involucrar y alinear al sector privado e inmobiliario será clave para una gobernanza energética.
• Conocer los riesgos asociados a servicios energéticos. Mapear la localización de infraestructura energética clave, tendidos eléctricos y gasoductos. Conocer el estado y su antigüedad, sus amenazas y la expansión urbana no planificada, el arbolado urbano deteriorado, o contingencias climáticas. También las zonas propensas a cortes de suministros e identificar poblaciones vulnerables expuestas a estos riesgos. 
• Integrar los servicios energéticos al ordenamiento territorial. Incorporar criterios de eficiencia energética y resiliencia climática en el Código de Edificación, en la planificación de nuevos desarrollos urbanos y en la gestión de espacios públicos. Por ejemplo, priorizar la instalación de paneles solares en nuevas construcciones o asegurar la provisión de energía de respaldo para servicios esenciales.

El caso de Alderetes, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, ejemplifica un caso de articulación público- privada con foco en la prevención de daños sobre la infraestructura energética a partir de la intervención urbana. 

La empresa TGN encontró en el gobierno local un aliado para adoptar medidas de contención que evitaran contingencias en la zona de los gasoductos -caños de grandes dimensiones que transporta el gas natural a alta presión enterrados y que abastecen a numerosas localidades. 

Los gasoductos construidos en las décadas de 1960 y 1980 se trazaron en zonas con poca infraestructura cercana. El objetivo era evitar su paso por áreas pobladas y reducir riesgos para la seguridad pública. Sin embargo, la densidad poblacional creció alrededor del ducto. Esto aumentó la posibilidad de asentamientos informales dentro de la franja de seguridad y de obras sin supervisión. También se registraron excavaciones, circulación de maquinaria pesada, plantaciones de árboles y estructuras fijas sobre el trazado. Todas estas intervenciones elevan el riesgo de cortes de suministro, pérdidas de presión e incluso incendios o explosiones.

A partir de este escenario, se diseñó un proyecto de ordenamiento urbano para reducir riesgos y ordenar el uso del suelo. La iniciativa consistió en construir calles paralelas a los ductos, ubicadas en los márgenes de la franja de seguridad. Estas vías funcionan como barrera física para frenar el avance de nuevas construcciones. En total, se ejecutaron 2.668 metros lineales de cordón cuneta. El proyecto disminuyó el riesgo para la población, eliminó microbasurales presentes en la traza y permitió instalar una plazoleta con fines recreativos.

La seguridad energética, una agenda de oportunidades

El camino hacia una mayor seguridad energética es, entonces, un viaje de transformación que comienza en cada localidad. Implica pasar de ser meros consumidores a gestores activos, conociendo en profundidad las demandas y vulnerabilidades propias. Cada acción local cuenta. Es en esta capacidad de planificar, coordinar y anticipar donde reside el verdadero poder de los gobiernos locales para construir territorios más robustos, equitativos y preparados. 

Al final del día, fortalecer la seguridad energética no es sólo una cuestión de infraestructura, sino de garantizar el bienestar, y el futuro de cada ciudadano. Es construir ciudades resilientes, donde la energía no sea un privilegio, sino un derecho continuo y accesible para todos. Las ciudades que empiecen hoy a mapear sus vulnerabilidades, diversificar fuentes y fortalecer sus  sistemas energéticos estarán mucho mejor preparadas para garantizar un servicio confiable y justo para sus habitantes, incluso en tiempos de crisis. La seguridad energética se construye localmente, con planificación, inversión y participación ciudadana.

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Por María Mercedes Ordoñez y Clarisa Corral (*)

La transición energética plantea desafíos que no son únicamente ambientales, sino también sociales. Estamos frente a una situación de pobreza energética cuando un asentamiento informal no tiene conexión a la red eléctrica o de gas, pero también cuando una mujer debe caminar varios kilómetros para conseguir leña para calefaccionar su hogar ya que, a pesar de tener conexión a servicios, no tiene acceso a tecnologías de climatización. 

Hablamos de pobreza energética cuando una persona mayor, en plena ciudad, debe restringir el consumo básico de energía porque su jubilación le obliga a priorizar otros gastos. También se manifiesta cuando el desempeño escolar de un niño se ve afectado por no tener luz para hacer la tarea en su casa, cuando en invierno anochece temprano.

En términos generales, la pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea por razones económicas, de infraestructura o equipamiento. Sin embargo, su naturaleza multidimensional —que abarca factores técnicos, sociales, económicos, culturales y climáticos— dificulta la adopción de una definición única y universalmente aceptada. 

A propósito de esto, Paz Araya Jofré, investigadora doctoral en Antropología y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile  (RedPE) destaca “la importancia de que cada territorio y cada gobierno construya sus propias definiciones de pobreza energética acorde a las realidades y diversidades territoriales”. La declaración se produjo en el marco del último encuentro de la Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, realizado en julio de 2025.

En el mismo sentido, se vuelve fundamental la construcción de indicadores propios y la generación de información local para el diseño de políticas públicas de equidad energética. Entre estos, se pone el foco en conocer en particular los niveles de ingresos y gastos de las familias, la disponibilidad de tecnología, las condiciones habitacionales, entre otros. 

Alejandra Reyes, de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, resaltó además el valor de “considerar en el diseño de estos indicadores las características climáticas y patrones socioculturales que puedan estar condicionando las dinámicas de acceso y consumo de energía en cada localidad”.

^{Unas 2.100 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares con combustibles sólidos, según la OMS. Imagen: Dirección de Hábitat, Godoy Cruz, Mendoza.}

Cuando la falta de energía profundiza otras desigualdades

Que un hogar no tenga acceso a servicios de energía se entrelaza con otras condiciones estructurales de desigualdad urbana y social. Esto condiciona el ejercicio de diversos derechos que garantizan una vida digna y con oportunidades en una ciudad.  

La pobreza energética se constituye como una experiencia de vida que tiene efectos negativos tanto en la salud como en la alimentación, la educación, el empleo, la recreación y la resiliencia frente a contingencias climáticas extremas. A propósito de esto, Chisaki Melissa Guibo, arquitecta y jefa del Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz enfatizó en que “la pobreza energética no es un problema aislado, sino que es una expresión más de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros territorios”.

Muchas familias sin acceso fiable a la red eléctrica o de gas dependen de combustibles insalubres para cocinar y calefaccionarse, lo que aumenta los riesgos de enfermedades por la exposición a contaminantes o conexiones informales. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año 3,2 millones de personas mueren prematuramente por afecciones vinculadas a la contaminación del aire doméstico. Estas condiciones afectan de forma desigual a las mujeres, debido a la distribución inequitativa de los roles de cuidado dentro del hogar.

Sumado a ello, la falta de equipamiento e infraestructura para un aprovechamiento eficiente del recurso energético domiciliario –como es el aislamiento de las viviendas y los materiales constructivos precarios– exponen a las familias a una mayor propensión al desarrollo de enfermedades respiratorias. Esto aumenta, a su vez, las probabilidades de ausentismo escolar y laboral. En un contexto socioeconómico de pluriempleo o de dobles jornadas de estudio y trabajo, la falta de servicios energéticos complejiza el desarrollo de emprendimientos productivos y de fortalecimiento de la trayectoria escolar.

Además, la falta de acceso a la energía en calidad y cantidad atenta contra la posibilidad de que un hogar pueda afrontar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, temperaturas bajo cero y tormentas severas. Estos efectos se agravan cuando se trata de personas mayores, personas con discapacidad o electrodependientes, que requieren condiciones térmicas y de abastecimiento estables para su supervivencia.

Retos comunes y respuestas locales

La forma en que están diseñadas y gestionadas las ciudades incide directamente en las posibilidades de acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las condiciones del entorno construido, la distancia a los centros de abastecimiento, la infraestructura de servicios, la calidad del hábitat y los criterios de ocupación del suelo son factores que pueden amplificar o reducir la pobreza energética. Por eso, integrar la planificación urbana y territorial en la estrategia energética resulta fundamental.

En este punto, la articulación entre políticas energéticas y políticas urbanas no puede ser postergada: el modo en que se planifican los barrios, se habilita el suelo o se distribuyen los servicios impacta directamente en la posibilidad de acceso equitativo a la energía.

Las ciudades latinoamericanas comparten desafíos estructurales: tarifas de energía altas, suministro intermitente y un gran sector informal con conexiones irregulares. Para enfrentarlos, los gobiernos locales pueden adoptar diversas acciones:

• Regularización y tarifas sociales. Facilitar la regularización de conexiones informales y ofrecer tarifas diferenciadas o subsidios focalizados para los hogares más vulnerables así como programas de pago flexible vinculados con mejoras en eficiencia energética que garanticen el pago de servicios esenciales.
• Vivienda social sostenible. Incorporar criterios de eficiencia energética y energías renovables en los programas de vivienda pública y asistencia habitacional. Por ejemplo, dotar a las casas sociales de aislamiento térmico, paneles solares o termo tanques solares reduce costos a largo plazo y mejora la calidad de vida.
• Generación distribuida. El desarrollo de proyectos de generación distribuida o generación distribuida comunitaria que permitan satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones alejadas de las redes de servicios.
• Reacondicionamiento de vivienda. La inversión en mejoramiento habitacional de viviendas propias o alquiladas para la reducción de costos en energía. 
• Promoción de equipamiento eficiente. Ya sea para la adquisición de nuevos equipos de climatización como de mantenimiento y recambio de equipos preexistentes, pudiendo incluir el desarrollo de un mercado local de proveedores y prestadores de servicios para estos fines.

Ciudades contra la pobreza energética

La ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, es un caso inspirador de abordaje de la pobreza energética desde la gestión del hábitat, con foco en los asentamientos informales y poblaciones más vulnerables. 

En 2023, el municipio comenzó con la implementación de proyectos de vivienda social sustentable. Distintas familias en situación de extrema vulnerabilidad recibieron viviendas construidas con contenedores reciclados (“Ecocasas”). Estas casas, con un costo 40% menor por metro cuadrado que la construcción tradicional, incluyen termotanques solares para calefacción de agua. 

Se destinaron a hogares con condiciones de hacinamiento crítico y con personas con discapacidades o problemas de salud. A su vez, cada familia recibió su guía para el mantenimiento y uso de nuevas viviendas. De esta manera, el municipio logró reducir costos de producción y brindar soluciones habitacionales dignas, a la vez que introdujo tecnologías limpias y eficientes en las viviendas sociales.

Además, Godoy Cruz actualmente implementa varias líneas de acción que contribuyen a la equidad energética de las poblaciones más vulnerables. Entre estas se encuentra la ejecución de mejoras edilicias en viviendas vulnerables, a través del Programa de Emergencia Habitacional (PEHab), y las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica informal (conexiones eléctricas no regularizadas, instalaciones deterioradas o sobrecargadas). También la renovación de cableado deteriorado, apuntalamiento o colocación de nuevos postes, colocación de térmicas y disyuntores, y mejora de instalaciones precarias. 

Asimismo, destacan el rol clave de sumar espacios de consulta para la población como es en este caso la Consejería de Hábitat para el acompañamiento técnico y comunitario permanente y el brindado de talleres de formación en estrategias bioclimáticas, electricidad y albañilería con enfoque térmico. Todo esto, diseñado a partir de un sistema de relevamiento continuo con enfoque multidimensional que permite orientar políticas públicas con base territorial.

^{Talleres de albañilería básica con enfoque en el confort térmico. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.}

Otro caso destacable ocurre en Chile, donde el gobierno central –en coordinación con gobiernos locales– implementa acciones para reducir la pobreza energética dirigidas especialmente a las infancias y a las personas mayores de zonas rurales. 

Es así que, en los últimos cuatro años, se creó y fortaleció una línea de acción para acceso y mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Se focalizan recursos para el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, el robustecimiento del sistema eléctrico, calefacción sustentable y agua caliente sanitaria para baños y duchas donde asisten niños y niñas de comunidades originarias. 

A la vez, desde el programa para Acceso y Mejoramiento del Suministro Energético en establecimientos con rol público se ha llevado adelante una línea de acción para mejorar las condiciones energéticas de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a través de energías renovables. 

La Ciudad de México, con casi el 98% de sus habitantes conectados a la red eléctrica, ha identificado nuevas fronteras de la pobreza energética: la falta de agua caliente y el alto costo del gas LP para cocinar. Para abordar esto, lanzó el programa “Ciudad Solar”, que impulsa el uso intensivo de energía solar en la ciudad. 

Bajo este plan se han instalado grandes paneles fotovoltaicos en techos de mercados mayoristas y edificios gubernamentales, aprovechando los altos niveles de radiación solar de la capital. Además, se establecieron regulaciones que obligan a instalar calentadores solares de agua en todas las nuevas viviendas y edificios reconstruidos, reemplazando la demanda de gas licuado por energía limpia. 

En consonancia, el gobierno ha donado más de 25.000 calentadores solares a hogares de bajos ingresos desde 2018, cubriendo sus necesidades de agua caliente con energía asequible. Estas iniciativas reducen la factura del gas LPG (que usa el 82% de los hogares) y mejoran la salud al disminuir la quema de combustibles fósiles en los hogares.

Aunque este tipo de políticas requiere inversión pública significativa, también muestra la capacidad de los gobiernos urbanos para movilizar recursos, regular y coordinar actores, y generar impactos tangibles en la vida cotidiana.

^{Paneles solares en la Ciudad de México. Imagen: Gobierno de la Ciudad de México.}

Colaborar para transformar: Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas

Cuando se promueve la participación de equipos técnicos municipales, comunidades y actores del territorio en el diagnóstico y codiseño de las soluciones, se logran políticas públicas más ajustadas a las realidades concretas. Desde esa perspectiva, los municipios cumplen un rol clave como articuladores de políticas públicas de equidad energética cercanas al territorio. 

La experiencia acumulada en la Red de Innovación Local (RIL) demuestra que la innovación urbana surge muchas veces del intercambio horizontal entre gobiernos locales y de la escucha activa de las necesidades barriales. En muchos casos, las respuestas más eficaces han surgido del trabajo colaborativo entre áreas técnicas, equipos de gobierno y comunidades organizadas. Reconocer esa capacidad de los gobiernos locales para coordinar, escuchar y construir en conjunto es central para avanzar hacia una transición energética más justa. 

 (*) María Mercedes Ordoñez es coordinadora del programa Ciudades de la Energía y Clarisa Corral es integrante del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

Imagen principal: Unsplash.

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El Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), implementado desde 2010, puso el foco en dos frentes principales: el recambio de calefactores a leña por sistemas menos contaminantes y la mejora en la aislación térmica de las viviendas. ¿El objetivo? Reducir la presencia de material particulado fino (MP 2.5), señalado por especialistas como el contaminante más crítico en la comuna.

En una ciudad donde el clima frío obliga a calefaccionar buena parte del año, estos cambios se mostraban urgentes. En 2020, incluso se llegó a considerar a Temuco como una de las más contaminadas  del mundo, tras un artículo de un medio especializado que generó fuertes debates entre expertos y autoridades.

Cómo funciona el plan 

Desde la implementación del PDA, en Temuco se realizaron más de 15.000 recambios de calefactores domiciliarios y se entregaron kits de eficiencia energética a personas mayores. Incluían ampolletas LED, aislantes térmicos, alargadores con interruptor y material educativo. Las medidas –según las autoridades– ayudaron a disminuir las emisiones, mejoraron el confort en los hogares, promovieron prácticas más sustentables y redujeron los costos en las facturas.

Para acceder al recambio voluntario de calefactores, los usuarios deben postular y cumplir ciertos requisitos, como ser propietarios del calefactor a leña instalado en la vivienda y entregarlo para su destrucción. En algunos llamados, se solicita un copago por parte de los beneficiarios, cuyo monto varía según la tecnología y la convocatoria específica. El programa es financiado principalmente por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y el Gobierno Regional de La Araucanía. 

Por su enfoque integral y avances sostenidos en el tiempo, Temuco fue reconocida con la Medalla de Adaptación y Acceso a la Energía del Pacto de Alcaldes por el Clima, una distinción que valora iniciativas locales en mitigación y justicia climática.

Nataly Neira Fuentes, Ing. en Recursos Naturales del Departamento de Medio Ambiente del Municipio de Temuco, a cargo del Ing. Ambiental Patricio Figueroa, compartió con +COMUNIDAD los detalles del proceso desde la competencia municipal: cómo se diseñó la estrategia, qué obstáculos enfrentaron y qué transformaciones produjo en la vida cotidiana.

La resiliencia ambiental en Temuco 

━ ¿Cómo lograron dejar de ser una de las diez ciudades más contaminadas de Chile? En esa línea, ¿cómo se planificó el Plan de Descontaminación Atmosférica?

━  Temuco ha logrado importantes avances en la reducción de la contaminación del aire gracias a la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA). Es un instrumento diseñado con base en un diagnóstico técnico que identificó al uso de leña en calefacción domiciliaria como la principal fuente de material particulado fino(MP 2.5), el contaminante más crítico en la comuna. El PDA se estructuró con diversas medidas orientadas a disminuir estas emisiones, entre las que destacan:

• El recambio de calefactores contaminantes.
•  El mejoramiento térmico de viviendas.
•  Restricciones en el uso de leña durante episodios críticos de contaminación.
•  Gestión de episodios críticos.
• Campañas de educación y conciencia ambiental dirigidas a la comunidad.

Además, se fortaleció el sistema de monitoreo y fiscalización, lo que permitió un mayor control sobre las fuentes emisoras. Este esfuerzo ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre organismos públicos, municipios, y sobre todo, la colaboración activa de la ciudadanía. Gracias a estas acciones, Temuco ha dejado de figurar entre las diez ciudades más contaminadas del país, lo que refleja un avance significativo en materia ambiental y de salud pública.

━ ¿Qué problemáticas tenían siendo una de las diez ciudades más contaminadas de Chile? ¿De qué forma las fueron resolviendo gradualmente?

━ Cuando Temuco figuraba entre las diez ciudades más contaminadas de Chile, una de las problemáticas ambientales y de salud pública que enfrentamos era la alta concentración de material particulado fino (MP 2.5), especialmente durante los meses de otoño e invierno. Esto generaba efectos adversos en la calidad de vida de las personas, particularmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas. Entre ellas, un aumento en las consultas y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y la mala calidad del aire limitaba actividades al aire libre afectando el bienestar general.

Participación ciudadana, la clave de Temuco

━  ¿Cuáles han sido los principales desafíos a la hora de implementar el PDA? ¿Cuál es el aspecto más “innovador” de esta iniciativa?

━  La implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) en Temuco ha significado un gran avance en materia ambiental y salud pública, pero no ha estado exenta de desafíos importantes. Uno de los principales ha sido el cambio cultural en torno al uso de la leña como fuente de calefacción, muy arraigado en la zona por razones culturales, económicas y sociales. Sustituir este hábito por sistemas de calefacción más limpios ha requerido no sólo de programas de recambio, sino también educación y diálogo constante con la comunidad. Además, se ha debido fortalecer la fiscalización y monitoreo, para garantizar el cumplimiento de las restricciones durante episodios críticos. Otro aspecto a considerar en el futuro como un gran desafío es la implementación de un Piloto de Energía Distrital.

En cuanto al aspecto más innovador del PDA, destacamos su enfoque integral e intersectorial. No se trata solo de una política ambiental, sino de una estrategia que cruza salud pública, vivienda, energía y participación ciudadana. Este enfoque ha permitido reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en miles de hogares a través de mejor aislación térmica, calefacción más segura y menor gasto en energía. Gracias a este trabajo conjunto, Temuco ha dejado atrás los niveles críticos de contaminación que la posicionan entre las ciudades más afectadas del país, avanzando hacia un modelo de desarrollo urbano más limpio y resiliente.

━  ¿Cuáles han sido los impactos más significativos de esta transformación?

━  La implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) en Temuco ha generado impactos muy significativos, tanto en términos ambientales como sociales y de calidad de vida para los habitantes. Entre los principales logros, podemos destacar:

• Mejoras sostenidas en la calidad del aire, especialmente durante los meses más críticos del invierno. Esto ha significado una disminución en la cantidad y duración de episodios de alta contaminación. 
• Mejor calidad de vida en los hogares: gracias al acondicionamiento térmico de viviendas y el recambio de calefactores contaminantes, muchas familias ahora cuentan con espacios más cálidos, seguros y eficientes energéticamente. 
• Mayor conciencia ambiental y participación ciudadana: la comunidad ha tenido un rol activo, adoptando nuevas prácticas y comprendiendo mejor la importancia de cuidar el aire que todos respiramos. Impulso a la innovación y nuevas tecnologías de calefacción, lo que también ha dinamizado el mercado local y generado nuevas oportunidades para empresas proveedoras de soluciones más limpias. 
• Y los cambios regulatorios a nivel nacional, con origen en los estándares del PDA de Temuco y Padre Las Casa.  Esta transformación nos ha posicionado como un referente nacional en políticas locales para la descontaminación, con un modelo replicable en otras zonas del país.

━  ¿Cómo acompaña la comunidad esta iniciativa? ¿De qué forma lograron generar un cambio de comportamiento en sus consumos energéticos?

━  La comunidad ha sido un pilar fundamental en la implementación del Plan de Descontaminación Ambiental. A través de campañas de sensibilización, talleres educativos y un trabajo colaborativo con organizaciones sociales y vecinales, hemos logrado una participación activa de los vecinos y vecinas. El cambio de comportamiento  los consumos energéticos se ha promovido mediante la entrega de información clara sobre alternativas más limpias, incentivos para la mejora térmica de viviendas y el recambio de calefactores contaminantes. Gracias a estas acciones, muchas familias han adoptado prácticas más eficientes y sostenibles, contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad del aire en nuestra comuna.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo.  ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales inspiradoras como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos de Municipalidad de Temuco}
Redacción +COMUNIDAD.

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El ITEC impulsa la formación, la investigación aplicada, la innovación científico-tecnológica y la transferencia de conocimientos en el ámbito energético. ¿El objetivo? Contribuir a que Córdoba alcance la neutralidad de carbono. Para lograrlo, trabaja en proyectos como la medición de la huella de carbono, el diseño de protocolos para gestionar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la promoción de biocombustibles y la generación de energía a partir de aguas residuales.

Con sede en la capital provincial, el instituto cuenta con un consejo consultivo que reúne a actores del sector público, privado y académico. Su apuesta es fomentar políticas públicas concretas y replicables por otras ciudades del país y de América Latina. En diálogo con +COMUNIDAD, el ingeniero civil Héctor Ignacio Paoli, director general del ITEC, compartió los desafíos iniciales, los avances conseguidos y los planes a futuro del organismo.

La creación del ITEC

━ ¿En qué contexto surge el Instituto de Transformación Energética Córdoba? ¿Se inspiraron en otras iniciativas? Si es así, ¿cuáles fueron?

━ En línea con las políticas ambientales y de economía circular de la Municipalidad de Córdoba se creó el Instituto de Transformación Energética Córdoba (ITEC). Surge por intermedio del Ente BioCórdoba como una entidad desconcentrada para avocarse al estudio de las energías renovables y su aplicación a la eficiencia energética. El instituto fue creado con el objetivo de generar un espacio de investigación y desarrollo que vincule al sector público, privado y académico, para trabajar en la transformación energética de la ciudad de Córdoba. La finalidad es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, y no contaminante como plantea la Agenda 2030 de la ONU. 

En la ciudad de Córdoba aproximadamente el 54 % de las emisiones de GEI se atribuyen a la energía estacionaria. Esto es consumo energético y consumo para la generación de energía. Por lo tanto, si se trabaja fuertemente sobre el sector de energía se puede ir atacando y resolviendo gran parte del problema asociado a las emisiones de GEI. Cabe destacar que se trata de un organismo público pionero en la provincia de Córdoba y uno de los pocos en Argentina gestionados a nivel municipal en la materia.

━ ¿Cómo funciona esta institución? ¿Qué actores forman parte del proyecto?

━ El instituto funciona bajo la órbita del Ente BioCórdoba y fue creado por Decreto 059/2022. Se trata de una institución técnica en la que participan tanto empresas, como así también universidades locales y organizaciones no gubernamentales. Se distingue por contar con un Consejo Consultivo compuesto por representantes del sector público, privado y del tercer sector, todos ellos expertos en la materia. 

Este enfoque inclusivo y colaborativo garantiza la participación de diversos actores y la integración de diferentes perspectivas en la toma de decisiones, lo que fortalece su capacidad para generar soluciones innovadoras y socialmente equitativas.

Desafíos, oportunidades e impactos

━ ¿Cuáles han sido los principales desafíos a la hora de implementar el instituto? ¿Cuál es el aspecto más “innovador” de esta iniciativa?

━ Los principales desafíos a la hora de implementar el instituto lo constituyen el cambio de paradigma respecto al uso y generación de la energía. En primer lugar, concientizar al personal del propio municipio en el uso responsable de la energía es tarea de todos los días, entender que la “energía más valiosa es aquella que no se consume”. En segundo lugar, tenemos el desafío de acoplarnos al gran trabajo que viene realizando la provincia de Córdoba en el impulso de la generación distribuida y distribuida comunitaria por medio de la energía solar fotovoltaica y al uso cada vez mayor de biocombustibles en las flotas de vehículos provinciales y municipales.

El Instituto de Transformación Energética Córdoba se destaca como una herramienta innovadora en la gestión pública por varias razones fundamentales. Su estructura descentralizada y especializada lo posiciona como un actor único en su campo, con la misión específica de llevar a cabo estudios y propuestas destinadas a impulsar el aprovechamiento de las energías renovables y la eficiencia energética. El enfoque del ITEC se centra en la investigación, la innovación científico-tecnológica, la transferencia de conocimientos y la prestación de servicios relacionados con estos objetivos. Esto garantiza un abordaje integral y efectivo de las problemáticas energéticas de la ciudad y del área metropolitana.

━ A un año de su inauguración, ¿cuáles han sido los impactos más significativos del Instituto de Transformación Energética Córdoba?

━ A un año de su inauguración, uno de los logros más significativos ha sido el diseño, calibración y puesta en marcha de una calculadora de huella de carbono, entre otros proyectos destacados. Esta herramienta ha permitido a lo largo del año 2024, y en lo que va del año 2025, realizar la medición de los impactos generados, en toneladas equivalentes de dióxido de carbono, de trece eventos de diferentes magnitudes y dos empresas locales. Por otro lado, se han instalado medidores inteligentes en los edificios que componen el Ente BioCórdoba para controlar el consumo energético en tiempo real, mejorar las instalaciones desde el punto de vista técnico y conocer los patrones de consumo. Esto nos permite trabajar en aspectos claves dentro de las dependencias propias del ente en lo referido a patrones culturales y cómo mejorar los aspectos edilicios para ser cada vez más eficientes en el uso de la electricidad.

Este proyecto en la actualidad ha permitido evitar sobrecargas en cables, equilibrar cargas por fases en diferentes edificios, proteger equipos por saltos de tensión e implementar un protocolo de ahorro energético para las oficinas que forman parte del organismo. El objetivo final de este proyecto es implementar un Sistema de Gestión de Energía en dichas dependencias municipales. 

Desde el punto de vista educativo y de capacitación se ha implementado el Programa de Formación Energética Municipal (etapa piloto), dirigido a empleados municipales, desarrollado en colaboración con el Centro de Investigación para la Edificación Sustentable (CIES) a finales del año 2024. Despertó un alto grado de interés por parte de los agentes municipales y es un generador de cambios de hábitos en la forma de utilizar la energía. También en la mirada de cómo hacer una oficina más eficiente. 

Durante el año 2024 se ha trabajado en conjunto con el Área de Arquitectura Sostenible del Ente Biocórdoba y con el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba en diseñar las bases para el anteproyecto de un parque interactivo de las energías renovables en las inmediaciones del edificio del ITEC. Se encuentra integrado dentro del Polo Ambiental de la Ciudad de Córdoba, compuesto por el Jardín Botánico, la Universidad Libre del Ambiente y el Instituto de Protección Ambiental. 

Por último, la participación en el dimensionamiento y diseño de instalaciones solares fotovoltaicas para diferentes proyectos sustentables que requerían la generación de energía renovable.

La mirada a futuro de Córdoba

Consultado por los planes de expansión del ITEC en el mediano y largo plazo, el ingeniero Paoli ofreció un listado exhaustivo de acciones: 

• Posicionar la calculadora de huella de carbono del ITEC como una herramienta fundamental para la medición y cuantificación de impactos generados por empresas y eventos dentro de la ciudad de Córdoba y definir proyectos locales de compensación de huella de carbono. 
• Ampliar los puntos de medición inteligente en edificios estratégicos municipales y avanzar en el desarrollo de la herramienta de gestión de la energía, que permita integrar aspectos edilicios, técnicos y predecir patrones de consumo para trabajar en conjunto con los encargados de cada  dependencia, lo que contribuirá a mejorar el desempeño energético, aumentar la eficiencia y reducir la huella de carbono generada por el uso de la electricidad, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en la ciudad.
• Ejecutar el proyecto completo del parque en las inmediaciones del ITEC, lo que le permitirá al instituto educar sobre las diferentes fuentes de energías renovables, su disponibilidad, su forma de instalación en las ciudades; y además, constituirse en la fuente de alimentación de energía renovable para el funcionamiento del instituto y los edificios incluidos dentro del parque.
• Colaborar en el desarrollo de políticas de promoción en pos de una mayor producción y consumo de biocombustibles en el transporte público y privado de la ciudad. Además, a largo plazo se pretende impulsar la instalación de una planta piloto para producir biocombustible, que tenga como finalidad intervenir e investigar sobre las variables del proceso de producción de los mismos, con el propósito de mejorar el rendimiento en la producción y abastecer a parte de la flota municipal.
• Desarrollar un Plan Estratégico de Transformación Energética que surja como resultado de las necesidades requeridas por diferentes sectores, empresas, universidades y el tercer sector, participando activamente en la elaboración del plan, como miembros del consejo consultivo.
• Ampliar el Programa de Formación Energética Municipal con el fin de alcanzar un mayor número de agentes municipales, funcionarios y tomadores de decisión.
• Capacitar al personal municipal, haciendo énfasis en convocar a funcionarios con personal a cargo o tomadores de decisión relacionadas a infraestructura con uso de energía primaria en infraestructura, con el objetivo de interpretar los tipos de estrategias de eficiencia energética disponibles para el sector público y promover el uso de energías renovables, en la búsqueda de la sostenibilidad de los recursos públicos de la ciudad de Córdoba.

Con una agenda enfocada en la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la formación de capacidades locales, el Instituto de Transformación Energética Córdoba consolida un modelo de gestión técnica y colaborativa para avanzar en la transición energética.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo.  ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales inspiradoras como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos de BioCórdoba

Redacción +COMUNIDAD.

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Por Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL (*)

De acuerdo con ONU-Habitat, las ciudades producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que desempeñan un papel clave en el cambio climático. Además, aunque ocupan menos del 2% de la superficie de la tierra, consumen cerca del 78% de la energía mundial, y este sector es uno de los mayores contribuyentes a este fenómeno global. Por eso, avanzar hacia un modelo urbano que asegure el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna se ha convertido en uno de los motores de la transformación energética en las ciudades.

La transición energética es un desafío global que propone un cambio en la forma de producir, distribuir y consumir energía. El concepto de transición como tal plantea reflexionar sobre el punto de partida en el que se encuentran las ciudades. Pero también una decisión sobre el tipo de ciudad a la que se desea llegar y, para ello, resulta necesario atravesar un proceso de transformación y cambio paradigmático. 

El Trilema Energético, elaborado por el Consejo Mundial de la Energía, propone poner el foco en tres aspectos fundamentales a la hora de pensar la transición energética: la mitigación del impacto ambiental, la seguridad del suministro y la equidad energética. En cada una de estas dimensiones las ciudades tienen la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

El impacto ambiental de producir y consumir energía

Una Ciudad de la Energía es aquella que prioriza aumentar la eficiencia energética para satisfacer las necesidades de su comunidad, con el menor gasto de recursos posible. Además, reconoce el impacto ambiental que conlleva la generación y consumo de energía, y por tanto busca minimizarlo mediante el uso de energías limpias y bajas en carbono.

Por un lado, producir energía de manera convencional genera un impacto ambiental asociado principalmente a la quema de combustibles fósiles. Es por esto, que la descarbonización del sistema es una parte fundamental de las recomendaciones generales a la hora de diseñar estrategias para transformar la oferta energética. Es en este aspecto que se incluyen los proyectos de energía renovable, generación distribuida, adecuación normativa para la inyección de energía a la red y su reconocimiento económico y la promoción de empleos verdes asociados a esta industria, entre otros.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la demanda de energía, el impacto ambiental está asociado a su uso de manera ineficiente. Como contracara, la eficiencia energética se posiciona como la principal estrategia de respuesta frente a esta situación. De hecho, se cuestiona que las energías renovables puedan (y tengan que) responder a los elevados niveles de consumo energético actuales. 

Es por esto que la eficiencia energética es uno de los puntos de mayor viabilidad tanto para una persona como para un gobierno local debido a que permite tomar medidas de corto plazo y de buena relación costo-beneficio. Aquí el abanico de posibilidades involucra proyectos de electrificación de servicios, la reconversión de flota vehicular a eléctrica o a combustibles de transición, el recambio de luminaria, la rehabilitación energética de edificios y arquitectura bioclimática, los incentivos a la incorporación de sistemas eficientes y la promoción de cambios culturales, entre otros.  

Sumado a ello, la incorporación de estrategias de eficiencia energética en las propias dependencias municipales se convierte en un punto de partida fundamental para los gobiernos locales. A partir de abordar el desempeño energético del municipio, se contribuye a la asignación eficiente de los recursos mediante la reducción de costos asociados a la energía, a la reducción del impacto ambiental de la gestión pública y a consolidar el rol ejemplificador de ese gobierno local.

Tal es el caso de un grupo de investigadores del CONICET que, en alianza con la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, desarrollaron un biodigestor para que la comunidad de Los Pinos genere biogás a partir de los residuos provenientes de la actividad agropecuaria local. De esta manera, no sólo se brindó a las comunidades una respuesta a la problemática ambiental por la mala disposición de los residuos, sino que además permitió una diversificación de la matriz energética con fuentes bajas en carbono, reemplazando a la leña y el carbón. 

Y como si fuera poco, la comunidad conformó una cooperativa para la operación, mantenimiento y administración de la energía producida, demostrando el potencial de este tipo de estrategias para el desarrollo comunitario y la generación de empleo.

Transición energética en un contexto de cambio climático

Ser una Ciudad de la Energía implica ser protagonista del sistema energético del que se es parte, con el objetivo de fortalecer su resiliencia. Para lograrlo, es fundamental conocer la realidad energética de la ciudad, sus fortalezas y debilidades, y prepararse para afrontar los desafíos presentes y futuros en un contexto de cambio climático. 

La seguridad energética –entendida como la garantía del suministro y de la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda actual y futura– es quizás uno de los puntos señalados por el Consejo Mundial de la Energía que, en el caso de Argentina, podría exceder a las competencias municipales. Y por “podría” se hace hincapié en que, a pesar de ello, los gobiernos locales pueden incidir en aumentar la resiliencia de la ciudad frente a una mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

Evaluar la capacidad de respuesta de un municipio en términos energéticos puede mejorar el desempeño de una ciudad en dicho marco. Por ejemplo, considerar si las dependencias gubernamentales encargadas de accionar frente a eventos meteorológicos están preparadas y abastecidas de energía para poder brindar servicio. También identificar zonas de la localidad más vulnerables a sufrir cortes de suministro por el estado del arbolado urbano, la precariedad de las construcciones o la lejanía de las comunidades para su  abordaje.

El caso de Ticino, en la provincia de Córdoba, es sumamente interesante para dimensionar el impacto del autoabastecimiento energético en contextos de crisis. La producción de energía a partir de los desechos de la industria manicera convirtió a Ticino en una de las pocas ciudades argentinas en no quedarse sin luz durante los apagones masivos de 2019 y 2023 en Argentina, pudiendo dar respuesta a las necesidades de su comunidad.

Reducir la pobreza energética, una deuda pendiente

Ser una Ciudad de la Energía es también considerar el acceso a la energía como un derecho fundamental y condicionante del resto de los derechos. Por lo tanto, la transición energética se plantea como un proceso socialmente justo, que priorice una gestión con fuerte orientación a la ciudadanía, buscando garantizar a sus habitantes un servicio suficiente, accesible y de calidad reduciendo así la pobreza energética. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no logra satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea en términos económicos como de infraestructura. Como consecuencia, las personas que la sufren se exponen a riesgos sanitarios, de malnutrición, a prácticas domiciliarias peligrosas y se encuentran limitadas para el desarrollo de tareas económicas y educativas.

A partir de estos desafíos, los municipios pueden incidir en mejorar la condiciones de habitabilidad y acceso a los servicios de las comunidades más vulnerables. Pueden hacerlo, por ejemplo, al facilitar la regularización de conexiones, ofrecer tarifas diferenciadas, subsidiar el acceso a la energía para ciertos grupos sociales o incorporar criterios de eficiencia energética y fuentes renovables en los programas de vivienda social, entre otras acciones.

Un ejemplo cercano de este tipo de programas es el llevado adelante por el municipio de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Luego de promover la construcción domiciliaria de calefones solares realizados con materiales recuperados en barrios vulnerables, se apostó por el desarrollo de un Programa Municipal de Energía Solar para Viviendas Sociales. A través de este, se entregan equipos fotovoltaicos y solar térmicos para cubrir las necesidades energéticas de familias vulnerables localizadas en zonas donde no llega el suministro de energía o que se encuentran en situación de precariedad habitacional.

Camino a ser una Ciudad de la Energía

La Red de Innovación Local (RIL) lanzó en 2024 el programa Ciudades de la Energía, que tiene como objetivo acompañar a los equipos de gobiernos locales a diseñar una estrategia integral de transición energética con foco en la sostenibilidad ambiental, la equidad energética y la adaptación frente al cambio climático.

A partir de un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de la ciudad respecto a la temática, el desafío es conocer cuáles son las implicancias que tiene la transición energética en cada ciudad y cuáles son las limitaciones y potencialidades. Así, se pueden identificar las oportunidades de mejora y trabajar en un plan de acción para resolver el desafío público priorizado. Los productos a los que se espera que lleguen las ciudades son los lineamientos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, el diseño de una política pública sectorial y la elaboración de un programa de eficiencia energética en las dependencias municipales.

Durante la primera edición del programa, en 2024, se gestaron proyectos de eficiencia energética en el sector domiciliario, de promoción de las energías renovables en el sector privado local, de educación ambiental y de intervención de espacios públicos con energías renovables.

Las ciudades que se están desafiando en 2025 a recorrer el camino para convertirse en Ciudades de la Energía son Plaza Huincul (Neuquén), Cutral Co (Neuquén), Bahía Blanca (Buenos Aires), Luján de Cuyo (Mendoza) y Tartagal (Salta). 

Para RIL, la articulación público privada es un elemento clave y estratégico para alcanzar los objetivos del programa. Es por esto que, a lo largo de todo el recorrido, se incorporan aliados del sector privado a formar parte del ecosistema de trabajo, es decir, que participarán activamente del proceso y estarán a disposición de los gobiernos locales para articular y hacer sinergias que contribuyan al desarrollo de las estrategias locales. Las empresas que apuestan este año por el impacto de trabajar esta agenda a escala local y, que además son actores estratégicos en el plano energético nacional, son  Pampa Energía, Aconcagua Energía y TGN.

La transición energética, una agenda local  

La agenda de la transición energética ha otorgado a los gobiernos locales nuevas posibilidades para potenciar el desarrollo de sus comunidades. Pero además, viene a reconocer un rol protagónico de las ciudades en la contribución a estos objetivos globales, demostrando no solo que es una agenda propia, sino una a la que, a pesar de ser una temática emergente, llevan contribuyendo ya varios años.

Para más información podés enviar un e-mail a: mercedeso@redinnovacionlocal.org. 

Esta columna tuvo una primera versión el 5 de junio de 2024 y se actualiza en abril de 2025 con oportunidad de una nueva edición del programa Ciudades de la Energía de RIL. 

Imagen principal ilustrativa: Jasonfang | Getty Images Signature | Canva.

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Iniciada la década de 2010, el gobierno local decidió implementar programas que pudieran reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el archipiélago y mejorar la calidad del ambiente. Justamente, por su condición insular el departamento es parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) y siempre abasteció su demanda energética con fuentes que emiten una alta cantidad de gases de efecto invernadero. 

Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que acompaña a San Andrés y Providencia en la transición, se necesitan 16 millones de galones de diésel al año para abastecer las 22 unidades locales de generación. Todo el combustible llega en buques que viajan directamente desde el continente, con elevados costos de logística y distribución.

Mediante la asistencia internacional, la estrategia apunta hacia una reconversión general en los sectores residencial, comercial –especialmente el hotelero– y los organismos públicos. ¿Los pilares? Lograr una gestión eficiente de la demanda y extender el uso de energías renovables, como la solar y la eólica. Y, en consecuencia, reducir los costos de las facturas del servicio de electricidad.

Cambiar desde lo más chico hasta lo más grande

“Una transición energética, camino a una gobernanza más fuerte, conlleva el reto de poder desenvolver cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de París para descarbonizar la economía. Requiere de actitudes diferentes para alcanzar la eficiencia energética, que demanda de una transformación estructural como desafío al cambio social y político del archipiélago”, analiza Ricardo Arquez Benavides, especialista en política energética de Colombia. 

Como parte de su estrategia de energía para América Latina y el Caribe, el BID diseñó el programa piloto “Be Energy” para mejorar la eficiencia energética en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Junto con el Ministerio de Minas y Energía, y financiamiento del Fondo de Tecnología Limpia por U$S 10 millones, la iniciativa busca reducir la emisión de 26.000 toneladas de dióxido de carbono en las islas. 

Para lograrlo, el plan dispuso varios proyectos clave: la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en edificios públicos, la implementación de sistemas de iluminación LED y la sustitución de equipos de aire acondicionado antiguos por otros más eficientes. Además, procura promover la educación y concientización sobre la importancia de la eficiencia energética y la transición en la comunidad local.

Para el sector residencial, el recambio de luminarias y equipos de refrigeración es financiado para todos los niveles de ingresos. Ya para el rubro comercial, industrial y el sector público, el apoyo cubre aparatos de aire acondicionado e iluminación de alta eficiencia. 

Avances prometedores en las islas

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) es el encargado de ejecutar el programa y coordinar los aspectos técnicos. Según sus cifras, hasta 2022 más de 18.000 usuarios del archipiélago han logrado percibir un ahorro de entre el 20% y el 57% en su factura de energía eléctrica. Además, se redujo considerablemente el consumo energético (20 GWh), lo que equivale a 13.100 toneladas de CO2 menos en el aire. 

“Con este proyecto avanzamos una parte del camino de la transición energética justa. Seguiremos trabajando para transformar la matriz energética de las islas, y especialmente con la población más vulnerable para que puedan ver en futuras facturas los beneficios del ahorro”, afirmó Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo del Fondo. 

Durante los años del programa piloto, se capacitó a 460 personas en el uso de sistemas solares fotovoltaicos. Con los resultados, equipos del BID y de Colombia busca escalar la política pública en la región y extenderla hacia otros sitios aislados del país, como ser comunidades rurales en zonas selváticas. 

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^{Imagen principal: vista de San Andrés. Ministerio de Turismo de Colombia.}
Redacción +Comunidad.

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Por Florencia Soraire, líder de
Autodiagnósticos y Guías en RIL

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La producción y distribución de la energía conlleva grandes desafíos a nivel global. Atendemos hoy a un crecimiento poblacional de ritmo acelerado, una centralización cada vez mayor en las ciudades y, con ello, la demanda exponencial de servicios que implican más energía. En consecuencia, las emisiones de carbono y los efectos sobre los ecosistemas se intensifican. En Latinoamérica, además, las desigualdades económicas agigantan la diferencia en el acceso a estos servicios, ampliando la necesidad de generar opciones para abastecer de energía a todos por igual.

Por mucho tiempo, el consumo de energía se estableció como un indicador del desarrollo económico de los países. Es decir, a mayor consumo, mayor desarrollo. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años, se impuso un nuevo desafío a los y las líderes: el mundo de hoy reclama alternativas que sean amigables con el medio ambiente y mantener, en el mejor de los casos, los recursos naturales escasos de la Tierra. 

Desarrollar entonces, medidas de eficiencia energética, para “mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios que se obtienen a partir de su uso, sin afectar la calidad de vida de los usuarios” es un camino que los gobiernos locales, en conjunto con otros niveles de gobierno, deben considerar.

¿Cómo es la eficiencia energética?

Ahora bien, ¿dónde y cómo aplicar esas medidas? Según Andrea Heins, consultora en Energía, Eficiencia Energética y Desarrollo Sostenible, la eficiencia energética tiene características que debemos tener en cuenta. 

Una de ellas es que se encuentra distribuida, es decir, en todos los usos y fuentes de energía, y en todos los sectores, tanto de oferta como de demanda. Esto significa que es posible identificar múltiples focos donde llevar adelante medidas en sectores como el transporte, la industria, las residencias, los comercios, entre otras.

Como contracara, este carácter difuso presenta desafíos y soluciones particulares para cada caso. Asimismo, posee la condición de ser invisible, característica que conlleva dificultades a la hora de representarla e incluso de medirla. Esta serie de propiedades hacen de la eficiencia energética un asunto complejo que tiene como punto de aplicación la pequeña escala a través de mecanismos e instrumentos específicos.

Las opciones de las ciudades

Andrea Heins identifica algunos puntos clave para desarrollar la eficiencia energética en los gobiernos locales: 

-En primer lugar, sugiere considerar la organización y arreglos institucionales. Con esto, se refiere al establecimiento de un área encargada de implementar medidas de eficiencia energética de manera transversal al gobierno local, con objetivos y metas medibles y alineada con las políticas de otros niveles de gobierno. 

-Conocer y difundir las normativas correspondientes, así como la ley de eficiencia energética, códigos de construcción, ley de etiquetado. En Argentina, se puede consultar: Eficiencia energética en edificaciones, Eficiencia energética en el sector público, Consumos en el sector residencial, Auditorías en edificios públicos. 

-Difundir información de los beneficios que conlleva la implementación de medidas de eficiencia energética, tanto en instalaciones públicas como en residencias, a partir de conocer cómo, dónde y cuánta energía se consume en cada caso. 

-Brindar incentivos constituye una motivación explícita para cambiar el modo en que se realizan las cosas hasta el momento. Pueden incluir tarifas representativas, financiamiento diferencial, beneficios fiscales y obligaciones distribuidoras, entre otras. 

– Contar con las capacidades necesarias. Esto requiere comunicación y sensibilización, por un lado, a quienes componen el sector público a través de la capacitación técnica. También poner foco en sectores específicos, como por ejemplo a través de cursos de manejo eficiente a los conductores del gobierno local. Por otro lado, incentivar campañas para la población en general a partir de la incorporación de este tipo de contenidos en escuelas, o capacitaciones para mejorar el uso de la energía a nivel residencial. Asimismo, potenciar la sinergia con el sector privado e industrial.

Como puede observarse, muchas de estas medidas no conllevan grandes inversiones económicas, sino un cambio de raíz en torno a cómo se desarrollan algunas actividades y al incentivo y desarrollo de la colaboración entre varios actores que componen la escena local. Para esto, la clave es identificar los usos críticos de energía, dónde y por qué acontecen, cuál es el modo de gestionarlos y a partir de allí encontrar el camino para mejorar.

Eficiencia energética y energías renovables

Por las características descritas más arriba, las medidas de eficiencia energética se presentan como una alternativa mucho menos “atractiva” que las energías renovables, como puede ser la instalación de paneles solares o aerogeneradores. 

Sin embargo, producir más energía a través de renovables no tendría sentido sin un plan para identificar y mejorar el consumo y abastecimiento. Es necesario disminuir el consumo de energía mediante uso responsable y eficiencia energética, y así requerir menor infraestructura en la transformación, transporte y distribución aún en el caso de contar con mayor proporción de fuentes renovables.

Las energías renovables requieren de grandes inversiones y también dependen de las ventajas competitivas provenientes de los recursos naturales disponibles según cada región. La eficiencia energética, por su parte, encuentra oportunidades en cualquier fuente y utilización de energía. Además, la posibilidad de desarrollar la eficiencia energética radica en prácticas y comportamientos que, si bien son de difícil implementación requieren menor inversión en comparación con la tecnología requerida por las renovables.

Los beneficios de la eficiencia energética son amplios para las gestiones locales. En términos exclusivamente energéticos, además del propio ahorro, garantiza la disponibilidad de fuentes de energía, es decir, menor dependencia de suministros externos. Con ello, mejora la accesibilidad en tanto existe más energía disponible para los servicios a los que los sectores más vulnerables no tienen acceso. En cuestiones económicas, consumir menos energía podrá generar un excedente, reducción de costos para los actores privados  y la reducción del presupuesto público (tanto por el consumo en las propias instalaciones como en la baja de subsidios). 

Ambas estrategias deben complementarse: aumentar la eficiencia energética aporta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sin dudas colabora en la mitigación del cambio climático. El camino es hacia la transición en donde renovables y eficiencia convivan en pos de cubrir la demanda existente, reduciendo los efectos negativos de la producción de energía. 

En el Mapa de Soluciones Locales de RIL es posible encontrar casos inspiradores de eficiencia energética en distintas ciudades. Por ejemplo, las experiencias de Godoy Cruz (Mendoza, Argentina), Rosario (Santa Fe, Argentina), Amberes (Bélgica) y Tilisarao (San Luis, Argentina). Además, la ciudad de Buenos Aires mantiene un convenio de cooperación con Copenhague (Dinamarca) para trabajar sobre la eficiencia energética en edificios públicos. 

^{Imagen principal: Sostenibilidad para Todos.} 

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