Esta nota es la primera de una serie de tres. En esta entrega trazamos el panorama: el desafío de empleo que enfrenta Argentina y cómo se distribuye, de manera dispar, a lo largo del territorio nacional. La segunda recorre una constelación de gobiernos locales que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo privado, el desarrollo económico, el conocimiento y el emprendedurismo. La tercera pone rostro a esas políticas con las historias de personas cuyas trayectorias se vieron beneficiadas, de alguna manera, por una decisión de gestión municipal.

El mismo país, dos futuros

Dos chicos terminan la secundaria el mismo año. Tienen la misma edad, las mismas ganas, parecidas notas. Uno vive en un partido del Gran Buenos Aires; el otro, en un departamento del norte argentino. A partir de ahí, sus caminos se bifurcan por una razón que ninguno eligió: el lugar donde nacieron. Para uno, alrededor hay fábricas, oficinas, comercios que registran empleados. Para el otro, el trabajo formal privado es una rareza, y lo más probable es una salida informal, una changa o irse.

Que el código postal incline la balanza no es una metáfora; es algo que las personas viven. En Lobería, una ciudad de 18.000 habitantes en el interior bonaerense, Facundo terminó la secundaria a los 20 años sin saber muy bien qué haría. Irse a estudiar a otra ciudad no estaba entre sus planes. Si las cosas hubieran seguido su curso, su camino habría sido otro. “Seguramente hubiera estudiado algún oficio para desarrollar habilidades para trabajar en algún ámbito totalmente distinto al que tengo actualmente”, reconoce. Hoy tiene 27 años y trabaja en desarrollo informático, el campo para el que se formó.

Qué cambió entre una vida y la otra es una historia que esta serie cuenta más adelante. Por ahora alcanza con anotar que cambió, y que fue por su esfuerzo, claro, pero también por una política pública que marcó un antes y un después en la localidad.

Esa lotería del código postal es invisible en las estadísticas nacionales, que promedian todo y aplanan las diferencias. Pero es la que ordena la vida de millones de personas. Y está por volverse más urgente.

Hay un número que el Banco Mundial repite cuando habla de Argentina. En los próximos diez años, casi dos millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar. Para ellos, según las proyecciones del organismo, el país creará apenas la mitad de los puestos de trabajo necesarios. No es una estadística sobre el pasado: es una cuenta sobre adolescentes que hoy están en un aula y en pocos años golpearán la puerta del mercado laboral. La pregunta de quién les abrirá esa puerta, y dónde, es la que recorre esta serie.

El segundo panel del siguiente gráfico cuenta la otra mitad de la historia. La tasa de empleo mide qué porción de la población en edad de trabajar tiene efectivamente un trabajo, de cualquier tipo. En Argentina trepó hasta 58,5% en 2023 y cayó a 57,4% en 2024, el primer año del cambio de gobierno. En el mismo período, el promedio de América Latina y el Caribe subió de 58,8% a 59,1%. Mientras la región mejoraba, Argentina se despegaba hacia abajo. El desafío de los dos millones de jóvenes, entonces, no llega sobre un mercado en expansión, sino sobre uno que venía cediendo.

Por qué el promedio nacional oculta las brechas laborales

Lo nacional, en un país tan extenso y desigual como Argentina, casi siempre engaña. Un promedio es un punto de equilibrio entre realidades que pueden no parecerse en nada: el mismo número resume a un partido bonaerense con parques industriales y a un departamento del norte donde el empleo formal privado escasea. El promedio existe, pero nadie vive en él.

Para ver lo que esconde hay que bajar la mirada al territorio. Y ahí aparece un problema práctico: en Argentina, los datos de empleo con detalle local son escasos. La principal encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide solo 31 aglomerados urbanos, una fracción del país. Para construir un mapa nacional completo hace falta otra fuente.

Esa fuente existe. El Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Economía (CEP-XXI) publica, a partir de los registros del sistema previsional, la cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado en cada uno de los más de quinientos departamentos y partidos del país. Tiene una virtud decisiva para esta investigación: cuenta cada puesto en el lugar donde vive la persona que trabaja, no donde está la empresa. Es lo más cercano al empleo según el código postal de las personas.

Al cruzar ese dato con la población de cada departamento que mide el INDEC, se obtiene un indicador comparable de una punta del país a la otra: cuántos puestos de trabajo formales privados hay cada mil habitantes. Es el corazón de esta serie, y es el mapa que sigue más adelante.

Una aclaración sobre la escala

Antes del mapa, una precisión necesaria, porque define qué se está mirando. La unidad de este trabajo es el departamento —o el partido, en la provincia de Buenos Aires—, no el municipio. Y conviene entender por qué.

En Argentina hay más de 2.300 gobiernos locales: municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas de gobierno, juntas vecinales. La cifra exacta varía según la fuente y el momento, porque cada tanto se crean nuevos. Sería el nivel ideal para una nota sobre lo local. Pero no existen datos públicos de empleo registrado a esa escala; la estadística oficial no baja hasta el gobierno local. El nivel más fino disponible, y el único con cobertura nacional completa, es el departamento.

Departamento y gobierno local no son lo mismo, y la diferencia no es menor. Cada provincia define su propio régimen municipal, según le reconoce la Constitución Nacional. En algunas un departamento coincide más o menos con un municipio. Mientras la provincia de Buenos Aires se divide en 135 partidos que funcionan como gobierno local, en Córdoba o Santa Fe un mismo departamento puede contener decenas de municipios y comunas con autoridades propias. El mapa, entonces, muestra el territorio con el mayor detalle que la estadística pública permite, que no siempre es el del gobierno que toma las decisiones. Es una limitación de los datos disponibles.

El mapa del empleo privado formal en Argentina

La media nacional es de 143 puestos cada mil habitantes. Pero esa cifra, otra vez, es un promedio. El mapa muestra la verdadera amplitud.

Conviene detenerse a recorrerlo. Los departamentos más oscuros, los de mayor densidad de empleo formal, dibujan un corredor reconocible: la Ciudad de Buenos Aires, el sur santafesino alrededor de Rosario, el corazón productivo de Córdoba, y los enclaves donde la energía y la minería ordenan la economía, como Neuquén y el sur patagónico. En el otro extremo, vastas zonas del norte argentino aparecen en tonos claros, con menos de un tercio de la media nacional. Allí, el empleo asalariado registrado privado es la excepción, no la regla, y buena parte del trabajo se reparte entre la informalidad, el cuentapropismo y el empleo público.

Una aclaración que el propio mapa explicita, y que vale la pena entender, porque cambia la lectura. El indicador cuenta a las personas donde viven. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muestra 266 puestos cada mil habitantes, bastante menos de lo que sugieren otros rankings que llegan a más del doble. La diferencia no es un error. Esos otros rankings cuentan el empleo donde está el puesto de trabajo, y la Ciudad recibe cada día a cientos de miles de personas que trabajan en sus oficinas pero viven en el conurbano. Medido por residencia, esos trabajadores se cuentan en los partidos del Gran Buenos Aires, que es donde viven sus familias.

Una foto de noviembre de 2023

El mapa tiene una fecha que quedó algo atrás, y es importante decirla con todas las letras. Refleja la situación a noviembre de 2023, el último dato disponible con ese nivel de detalle territorial. Después de esa fecha, la serie con apertura departamental dejó de actualizarse, justo cuando asumía un nuevo gobierno y la economía entraba en una etapa de fuerte reacomodamiento.

Quedarse solo con esa foto sería contar una historia a medias. Por eso, para asomarse a lo que pasó después, hay que cambiar de fuente y de escala. El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo publica una serie por provincia que llega hasta mediados de 2025. No tiene el detalle departamental del mapa, y cuenta el empleo según dónde está el puesto de trabajo, no según la residencia. Pero permite responder la pregunta que todo lector se hace frente a una foto de 2023: ¿y después, qué pasó?

Lo que pasó después fue una caída con forma de doble valle. El empleo registrado privado retrocedió a lo largo de 2024, tuvo una recuperación parcial a comienzos de 2025 y volvió a ceder: dos años después del punto de partida, el país cerró con un 2,8% menos de empleo formal privado. Pero, como en el mapa, el número nacional esconde una enorme disparidad. Detrás de ese promedio hay provincias que crecieron, encabezadas por Neuquén y el empuje de Vaca Muerta, y provincias que perdieron más de un diez por ciento de su empleo formal, como Santa Cruz, La Rioja, Formosa o Tierra del Fuego. La geografía desigual del empleo no es una foto fija: también la dinámica reciente golpeó de manera despareja al territorio.

La pregunta que abre la serie: qué pueden hacer las ciudades

Reunidos, los tres gráficos cuentan una sola historia. El país necesita generar empleo para una generación que está por llegar, y no alcanza. El empleo que existe se reparte de forma radicalmente despareja según dónde se viva. Y la coyuntura reciente, lejos de emparejar, profundizó esas brechas.

Frente a un diagnóstico así, resulta fácil quedarse en la denuncia. Pero hay otra parte de la historia, menos visible en los grandes promedios, que es la que da sentido a esta serie. En todo el país hay gobiernos locales que, dentro de sus competencias y con recursos siempre acotados, decidieron no esperar. Crearon programas de empleo joven, clubes de emprendedores, polos tecnológicos, escuelas de oficios, vínculos entre las universidades y las empresas de su región. No mueven el promedio nacional, pero mueven el dato dentro de su jurisdicción, y cambian vidas concretas.

Ese tipo de historias, con foco en soluciones e innovación, son las que seguimos de cerca en +COMUNIDAD y la Red de Innovación Local (RIL). Tal constelación de ciudades es el tema de la segunda entrega de esta serie. Iremos a verlas de cerca: qué hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados muestran.Y en la tercera entrega, las historias de algunas de las personas cuyas trayectorias se vieron impactadas en mayor o menor medida por una de esas decisiones de gestión.

Volvamos al principio, y a Facundo.

En Lobería, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida: quien podía, se iba; quien no, no seguía los estudios. Lo que cambió su rumbo fue que el municipio articuló con la Universidad Nacional del Centro para traer la universidad a la ciudad, con una carrera de desarrollo informático incluida. La universidad fue, además, el puente directo con su primer empleo: “Me llegó una propuesta de trabajo mientras estaba terminando el último año. La empresa buscaba un empleado con el perfil para el cual nos formamos, y la universidad fue un nexo para que se concrete esa oportunidad”.

No necesitó irse para profesionalizarse. Su historia, y la de otras personas cuyas trayectorias cambiaron por una decisión de gestión local, es la que cierra esta serie en la tercera entrega.

De los dos chicos que terminan la secundaria, el futuro de uno y otro no tiene por qué seguir dependiendo del código postal. Porque detrás de cada punto de estos mapas hay, al final, alguien buscando trabajo.

Nota de metodología. El indicador territorial de esta nota corresponde a puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado cada mil habitantes, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía, sobre registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cruzados con las estimaciones de población por departamento del INDEC con base en el Censo 2022. El dato refiere al promedio de enero a noviembre de 2023, último período disponible con apertura departamental. La cartografía se construyó sobre la capa de departamentos censales del INDEC. La dinámica posterior se basa en la serie provincial del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo. Los indicadores nacionales y la comparación regional provienen del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, vía Data360) y de su Informe Anual 2025. El procesamiento de los datos y la construcción de las visualizaciones interactivas se realizaron con un método auditable, con soporte de Claude Code. Las visualizaciones pueden recorrerse en detalle en la versión digital de esta nota.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina. 

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

La entrada Lo que el promedio esconde #1: cuánto varía el empleo privado según tu código postal en Argentina se publicó primero en +COMUNIDAD.

Esta es la segunda de una serie de tres notas, en el marco del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos impulsado por Media Party y el Banco Mundial. En la primera trazamos el panorama, con un mapa nacional que mostró cuánto varía, según el lugar donde se viva, el empleo privado registrado en Argentina. Esta segunda recorre una constelación de gobiernos locales que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo, el desarrollo económico, el conocimiento y el emprendedurismo. La tercera pone rostro a esas políticas, con las historias de personas cuyas trayectorias se vieron impactadas por una decisión de gestión municipal.

La otra mitad de la historia: por qué políticas locales de empleo

Hay un número que ya apareció en la primera entrega de esta serie, y que el Banco Mundial repite cuando habla de la Argentina. En los próximos diez años, casi dos millones de jóvenes llegarán a la edad de trabajar, y el país proyecta crear apenas la mitad de los puestos que necesitan. La primera nota mostró, además, que el empleo que sí existe se reparte de forma despareja según el territorio. La media nacional es de 143 puestos de trabajo registrados del sector privado cada mil habitantes, pero detrás de ese promedio conviven localidades con parques industriales y otras donde el empleo formal es una rareza.

Frente a un diagnóstico así, hay una reacción que no se ve en los grandes promedios. En distintos puntos del país, gobiernos locales decidieron no esperar. Con competencias acotadas y presupuestos cortos, impulsaron universidades, polos tecnológicos, escuelas de oficios, clubes de emprendedores y puentes entre las aulas y las empresas. No mueven la aguja nacional, pero mueven el dato dentro de su jurisdicción. Esta entrega recorre once de esos municipios.

El recorrido no pretende ser exhaustivo. La selección se construyó junto a los equipos de la Red de Innovación Local (RIL) que acompañan a estos gobiernos: Camila Alanis, coordinadora de Ciudades del Conocimiento; Gastón Lastra, coordinador de Ciudades del Desarrollo Económico; y Clarisa Fabris, coordinadora de Ciudades Emprendedoras, los tres de RIL Argentina. 

El resultado es deliberadamente diverso: ciudades de siete provincias, gobernadas por fuerzas políticas distintas y de tamaños que van de los pocos miles a más de un millón de habitantes. El denominador común no es el color partidario ni la escala, sino la decisión de gestionar el empleo como política de Estado local.

Es, además, un primer mapa, no uno cerrado. En algunos casos la información todavía está en construcción y podrá ampliarse con nuevos datos y precisiones. Y es, sobre todo, una selección inicial: hay muchos más municipios trabajando en esta dirección, y la intención es seguir sumándolos.

Los once casos pueden recorrerse de dos maneras. En esta nota, agrupados en tres familias de política —conocimiento, emprendedurismo y desarrollo económico—. Y en el mapa interactivo que acompaña la serie, donde cada ciudad es un punto sobre el territorio: al pasar el cursor se despliega su política, el partido que la gobierna y, donde corresponde, su dato de empleo. Conviene tenerlo a mano durante la lectura.

Una aclaración heredada de la primera entrega se vuelve a aplicar. El dato de empleo se mide por departamento o partido, una unidad que no siempre coincide con el municipio. Donde coincide, la cifra local acompaña a cada ciudad; donde no, se omite, para no atribuir a un municipio un dato que abarca un territorio más amplio.

El conocimiento, para que el talento se quede

Un primer grupo de ciudades apostó a la economía del conocimiento como forma de generar empleo calificado sin que sus jóvenes tengan que irse. Universidades locales, polos tecnológicos y escuelas digitales son las herramientas.

Lobería, Buenos Aires

En este partido de 18.000 habitantes del sudeste bonaerense, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida. Quien podía irse a estudiar rara vez volvía; quien no podía, dejaba los estudios. Al mismo tiempo, casi la mitad de la economía local dependía del agro, pero sin talento formado en tecnología ese motor no podía dar el salto hacia la agricultura de precisión. Con 97 puestos cada mil habitantes, muy por debajo de la media nacional, Lobería tenía además uno de los mercados de empleo formal más delgados de los casos relevados.

La respuesta fue traer la universidad al territorio. Con acompañamiento de RIL desde 2016 y en alianza con la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y otras cuatro casas de estudio nacionales, el municipio dio vida a la Universidad en Lobería, que hoy ofrece más de 15 carreras, y a un Clúster AgTech que forma en drones y programación aplicada al campo. Los resultados son medibles. Desde 2019 pasaron por sus aulas más de 3.200 personas. Sus primeros 132 egresados marcaron un hito: el 98% fueron los primeros universitarios de sus familias. En 2025, la universidad inauguró edificio propio, con reconocimiento de la Unesco.

Rosario, Santa Fe

El desafío tenía dos caras. Por un lado, jóvenes con habilidades digitales pero sin una primera experiencia laboral calificada. Por otro, emprendimientos que necesitaban presencia digital y no podían pagarla. Un proyecto nacional para crear una Tecnoteca en el histórico Galpón 13, frente al río Paraná, había quedado detenido por cambios institucionales y de financiamiento.

La ciudad retomó la iniciativa y la rediseñó. En 2023, en el marco del programa Ciudades del Conocimiento de RIL, articuló áreas de gobierno con empresas y organizaciones del ecosistema, y validó el modelo con un piloto, Tecnoteca Beta. 

El resultado fue concreto: 60 jóvenes egresaron con 90% de asistencia y, durante la cursada, construyeron tiendas digitales para 9 emprendedores locales. Las tiendas eran reales, con clientes reales. Validado el modelo, la Tecnoteca se trasladó a su sede definitiva: 4.000 m² en el Galpón 13. Para 2026 ofrece ocho trayectos formativos con certificación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El intendente Pablo Javkin la inauguró en noviembre de 2025 y la definió como la “fábrica de futuro” de la ciudad.

Escobar, Buenos Aires

Escobar parte de otra posición. Con 193 puestos cada mil habitantes —1,35 veces la media nacional—, tiene uno de los mercados de empleo formal más densos del grupo. Su desafío no era en sí la falta de empleo, sino un desajuste: el distrito formaba perfiles técnicos calificados, pero las empresas no lograban encontrarlos por ausencia de un nexo.

El municipio empezó a construir ese puente con dos herramientas. El Polo Tecnológico FlyTech, un espacio público con capacitación gratuita, coworking y laboratorios, dicta cursos de habilidades digitales y para emprender junto al Centro de Formación Profesional N° 402 y la Unión Industrial local. Y el programa Escobar Produce conecta a estudiantes de escuelas técnicas con la industria a través de visitas a planta. El alcance es amplio: Escobar Produce ya vinculó a más de 3.000 jóvenes con más de 30 empresas, entre ellas Tenaris, Mirgor y Yazaki. En el cierre anual se compartieron casos de estudiantes que accedieron a pasantías y empleo tras participar.

General Madariaga, Buenos Aires

En una ciudad de fuerte identidad rural, las iniciativas tecnológicas existían pero estaban dispersas, sin una estrategia que las ordenara ni permitiera medir su impacto. Con 132 puestos cada mil habitantes, Madariaga estaba algo por debajo de la media nacional.

En 2023, la Secretaría de Producción se incorporó al programa Ciudades del Conocimiento de RIL para estructurar una política. Conformó una mesa transversal entre cinco áreas municipales y tejió acuerdos con la UTN y la UNICEN. 

De ese proceso nació Madariaga Futura, que organiza la formación digital local en programación, ciberseguridad, testing y robótica, entre otras. Hasta hoy, el municipio dictó 29 capacitaciones y entregó 749 certificados. Según su propio seguimiento, entre 20 y 30 personas que pasaron por los cursos ya trabajan en al menos seis empresas de tecnología, y la obra de su Polo Tecnológico avanza al 80%. Javier Volpatti, secretario de Producción, resume el aporte del proceso: “RIL fue como nuestro psicólogo: nos ayudó a ordenar las ideas y a encontrar nuestro propósito, que es la formación de personas”.

Libertador General San Martín, Jujuy

La historia se repite con acento agroindustrial. Había iniciativas de formación digital impulsadas por jóvenes, instituciones y empresas, pero avanzaban de manera aislada, sin una estrategia común. En 2023, el municipio se sumó al programa Ciudades del Conocimiento de RIL y conformó una mesa de articulación público-privada que reunió a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el Clúster Tecnológico provincial, escuelas y empresas.

De allí surgió la Academia CimaTech, que en su primera etapa priorizó a la población LGBTQ+ y a pueblos originarios. Los números todavía son iniciales pero alentadores: la ciudad alcanzó un 54% de avance en su estrategia, y CimaTech cerró su primer año con 120 inscriptos y 15 egresadas. Sumadas las demás acciones —un training camp de programación con la empresa Ledesma y la UNJu, talleres en escuelas, una feria tecnológica regional—, las iniciativas ampliaron oportunidades para más de 200 personas.

Ecosistemas para emprender

Otro grupo de ciudades puso el foco en quienes deciden crear su propio trabajo. La apuesta combina financiamiento, formación, acompañamiento y espacios para vender.

Junín, Buenos Aires

Junín llega a este mapa con un mercado laboral en la media exacta del país: 141 puestos cada mil habitantes. Su política emprendedora venía creciendo desde hacía años a través de ferias, créditos y capacitaciones, pero sin una estrategia integral que le diera coherencia y continuidad.

En los últimos años, municipio decidió ordenar ese conjunto disperso y se incorporó al programa Ciudades Emprendedoras de RIL. El cambio más profundo fue interno: el paso de una gestión reactiva a una planificada, con registro y evaluación continua. El área pasó de coordinación a Dirección de Emprendedores, con presupuesto propio, una señal de continuidad más allá de la gestión. Los resultados respaldan el camino. 

En 2025, Junín obtuvo el Sello de Ciudad Emprendedora de RIL con un puntaje del 84%, tras una auditoría de 81 preguntas. Su Club de Emprendedores acompaña hoy a más de 1.100 emprendedores, y sus líneas de microcrédito canalizaron más de 100 millones de pesos (cerca de 69.000 dólares) entre más de 800 personas.

San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca

Este caso ilustra como pocos la tesis de la serie. Es la capital de una provincia y, aun así, registra apenas 98 puestos cada mil habitantes: 0,69 veces la media nacional. Ser capital provincial no asegura un mercado de empleo formal denso.

Frente a ese piso, la ciudad apostó a construir una identidad emprendedora con método. A través del Plan Estratégico Integral (PEI 2030) —elaborado en más de 85 talleres con la participación de más de 2.000 vecinos—, el municipio relevó quiénes son sus emprendedores, qué necesitan y dónde están. Sobre ese diagnóstico articuló una red público-privada de más de 20 actores, con eje en el Instituto Municipal de Emprendedores y un Nodo Tecnológico. 

El proceso obtuvo el Sello de Ciudad Emprendedora de RIL con un puntaje del 88%, uno de los más altos del grupo, y se completó en 2025 con la sanción del primer Código Urbanístico de la ciudad.

Río Grande, Tierra del Fuego

En el extremo sur de Argentina, llevaba décadas una creencia extendida: que los jóvenes no estaban muy interesados en emprender y buscaban, más que nada, empleo en relación de dependencia. Un proceso de validación territorial en 2018, con encuestas a más de 100 jóvenes, reveló lo contrario. Sí querían emprender, pero desconocían las herramientas que el municipio ofrecía. El hallazgo obligó a rediseñar la estrategia desde la evidencia.

Desde allí se profundizó política con cuatro ejes: acompañamiento personalizado, formación para la empleabilidad, acceso a mercados y fortalecimiento del ecosistema. La Escuela Municipal de Emprendedores, Oficios y Formación Laboral concentra la capacitación, y la Dirección de Desarrollo Local abre espacios de venta sin costo, como la Expo Emprender desde el Sur. 

Con 191 puestos cada mil habitantes, Río Grande tiene un mercado formal denso. Pero ningún número alto es un puerto seguro: entre 2023 y 2025, Tierra del Fuego perdió cerca del 10% de su empleo registrado. En ese contexto, el andamiaje que sostiene a los emprendedores locales pesa más, no menos.

Desarrollo económico desde la gestión

Un tercer grupo trabaja sobre las condiciones del desarrollo: la formación en oficios, el ordenamiento productivo y la articulación con el sector privado.

Pilar, Buenos Aires

En el norte del conurbano, Pilar combina industria, salud y construcción en una estrategia de desarrollo con foco en la innovación. Con 165 puestos cada mil habitantes, por encima de la media nacional, su desafío es sostener y calificar ese entramado productivo.

La herramienta central es la articulación con la formación. El municipio trabaja junto a la Universidad Nacional de Pilar (UNIPILAR) —que estrenó campus propio— para alinear la oferta académica con la demanda del sector privado, y la complementa con un portal de empleo que conecta puestos y perfiles. 

El programa Pilar Emprende suma herramientas para que los negocios locales incorporen tecnología. Esa estrategia obtuvo el Sello de Ciudad del Desarrollo Económico de RIL con un puntaje del 78%. El puente entre la universidad y el sistema productivo —el mismo que recorre, del lado humano, la tercera entrega de esta serie— es el corazón del modelo: formar el talento donde se lo necesita.

Laboulaye, Córdoba

En el sur cordobés, el diagnóstico surgió del trabajo cotidiano de la Oficina de Empleo y de una encuesta a todos los estudiantes que terminaban el secundario. Apareció una brecha entre la oferta laboral local y las capacidades de buena parte de la población: muchas personas, sobre todo jóvenes y adultos que buscaban reinsertarse, no tenían formación en los oficios que el sector productivo demandaba.

La estrategia se ordenó en tres ejes: formación para el trabajo, articulación con el sector privado y fortalecimiento del ecosistema productivo. La Universidad Popular, creada por convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, y el Programa de Formación en Oficios dictan capacitaciones gratuitas en demandas concretas: electricidad, instalaciones sanitarias, herrería, cocina profesional, marketing digital. El Punto Digital y la Oficina de Empleo completan el circuito, y en paralelo avanza el ordenamiento del Parque Industrial. 

Hasta el momento, según datos de la Municipalidad:
• Más de 850 personas participaron en cursos y capacitaciones.
• Se desarrollaron 42 cursos y talleres.
• 90 % de los participantes manifestó haber mejorado sus oportunidades laborales o iniciado una actividad económica propia luego de capacitarse.
• 62 empresas participaron de acciones de vinculación con la Oficina de Empleo.
• El Parque Industrial cuenta con 95% del ára ocupado y 55% empresas instaladas y generó aproximadamente 145 puestos de trabajo directos.

El proceso obtuvo el Sello de Ciudad del Desarrollo Económico de RIL con un puntaje del 91%, el más alto del grupo. Los datos de alcance están en elaboración.

Rada Tilly, Chubut

Rada Tilly enfrentaba una limitación concreta: quería diseñar un programa estratégico de desarrollo económico, pero no tenía el presupuesto para financiar siquiera su etapa de diseño. La oportunidad de articular al sector público con el privado existía; faltaban la hoja de ruta y el capital inicial.

La solución fue, en sí misma, una innovación de gestión. El municipio diseñó su Programa de Desarrollo Económico Local con la articulación público-privada como pilar, y creó SINCRO RT, una herramienta de vinculación y capacitación con empresas y PyMEs. 

Lo más destacable es cómo lo financió: en lugar de esperar fondos propios, movilizó 180.780 dólares de patrocinadores privados para costear el diseño del programa. El dato importa más allá de Rada Tilly, porque muestra un mecanismo replicable. Para Jorge Mérida, secretario del área, SINCRO RT busca “alinear a las empresas locales con nuevas tendencias de crecimiento”. Un municipio chico demostró que la falta de presupuesto no siempre es el final del camino.

Qué hace falta para que se repita

Recorridos en conjunto, los once casos comparten una estructura, más allá de la categoría o el tamaño. Primero, una decisión política sostenida en el tiempo: casi todas estas políticas llevan años y atravesaron más de una gestión. Segundo, articulación público-privada: ninguna avanzó sin universidades, empresas, instituciones de crédito u organizaciones de la comunidad empujando en la misma dirección. Tercero, una lectura fina de la demanda local, para formar en los oficios y sectores que el territorio realmente necesita. Y cuarto, la decisión de medir y registrar, para sostener la política con evidencia.

El propio equipo de Laboulaye, al pensar cómo replicar su experiencia, resumió varias de esas condiciones: decisión política, articulación entre actores, escucha de las necesidades productivas y seguimiento de los participantes más allá del dictado de cursos. “La principal enseñanza de nuestra experiencia es que incluso en ciudades de tamaño intermedio es posible generar oportunidades de empleo y desarrollo económico cuando la capacitación, la articulación institucional y el sector productivo trabajan con objetivos comunes”, resume a +COMUNIDAD Martín Villalonga, secretario de Promoción de Desarrollo Económico de la Municipalidad. 

Este es un primer mapa, no uno definitivo. En varios casos la información todavía está en construcción y podrá ampliarse con más datos y precisiones. Y la lista no se cierra aquí: hay muchos más municipios trabajando en esta dirección, y la intención es seguir reconociéndolos en próximas entregas.

El Banco Mundial define dos prioridades para la Argentina que viene: crear empleo —en particular para jóvenes, mujeres y trabajadores informales— y fortalecer el capital humano. Estas once ciudades, cada una a su escala, trabajan exactamente sobre esos dos frentes. No mueven el promedio nacional. Pero, como muestra la tercera y última entrega de esta serie, mueven algo más concreto: la vida de las personas que viven en ellas.

Nota de metodología. El indicador de empleo de esta nota corresponde a puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado cada mil habitantes, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía sobre registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cruzados con las estimaciones de población del INDEC con base en el Censo 2022, para el promedio de enero a noviembre de 2023. El dato se mide por departamento o partido; donde esa unidad no coincide con el municipio, la cifra local se omite. La selección de ciudades se construyó junto a los coordinadores de RIL Argentina Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico) y Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras); la información de cada política proviene de los gobiernos locales y de RIL, y en varios casos está en construcción y podrá ampliarse. El diagnóstico nacional y la comparación regional provienen del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, vía Data360, y su Informe Anual 2025). Las visualizaciones se construyeron con un método auditable, con soporte de Claude Code.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina.

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

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¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

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Redacción +COMUNIDAD
Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

La entrada Qué es el Pago por Resultados y cómo Bogotá lo llevó al corazón de su gestión pública se publicó primero en +COMUNIDAD.

A unos pocos kilómetros de allí, en el nuevo predio de tratamiento de residuos, Samuel Resser se detiene un instante antes de volver a su puesto en la cinta de clasificación. “Aprendí reciclaje, aprendí muchísimo sobre maquinarias, compañerismo y un estilo de vida también”, reflexiona. Él forma parte del equipo que logró recuperar 1.500.000 kilos de materiales que antes terminaban en el basural a cielo abierto, una de las transformaciones más profundas que vivió Venado Tuerto en los últimos años.

Detrás de estos cambios hay un patrón común: método, participación y trabajo en red. Lo que antes eran respuestas aisladas, hoy se integran en una estrategia que combina eficiencia, innovación y compromiso comunitario. “Planificamos, nos ponemos objetivos medibles, hacemos reuniones de seguimiento, evaluamos y generamos datos para tomar mejores decisiones”, resume el intendente Leonel Chiarella. “Todo eso se traduce en resultados que transforman nuestra ciudad”, añade. 

En 2025, esa transformación fue reconocida como Ciudad Promesa en la certificación de Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL), que distingue a los gobiernos locales que administran sus recursos con responsabilidad, innovación y enfoque estratégico.

Cinco políticas —ambientales, urbanas, productivas, participativas y sociales— explican cómo una ciudad media del sur santafesino consiguió ordenar su gestión y transformar su entorno.

1. Objetivo Cierre Basural y profesionalizar el reciclaje

Cuando el fuego arrasó la planta de tratamiento en 2022, muchos creyeron que el cierre del basural a cielo abierto que tanto esperaban volvería a postergarse. Pero la historia siguió otro camino. Con apoyo del sector privado (Grupo Corven) y el compromiso del equipo municipal, Venado Tuerto aplicó un sistema de mejora continua para reconstruir la planta, capacitar a los trabajadores e incorporar tecnología. Hoy, el predio funciona también como centro educativo ambiental y ya recuperó 1.500.000 kilos de materiales que antes iban a disposición final.

El cambio no fue sólo estructural; fue cultural. En la nueva planta, cada tarea se revisó paso a paso bajo la metodología Kaizen, una práctica japonesa de mejora continua que apunta a pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Se mapearon los procesos, se definieron estándares operativos, se midieron tiempos y se eliminaron tareas sin valor agregado. El resultado fue una operación más ordenada, segura y eficiente.

La gestión también se apoyó en tecnología: todos los camiones cuentan con monitoreo satelital, lo que permite identificar el tipo de residuos recolectados y detectar zonas con fallas en la separación domiciliaria. Esa información se usa para reforzar las campañas educativas y cerrar el circuito entre gestión y ciudadanía.

El programa Reciclar Venado consolidó la participación vecinal y empresarial. Más de 100 empresas e instituciones firmaron convenios para implementar la separación en origen en sus espacios, y se realizaron 147 acciones de capacitación, campañas en redes, colocación de tachos diferenciados y jornadas de voluntariado.

“Cerrar el basural a cielo abierto era una deuda pendiente que teníamos como ciudad. Logramos reconstruir la planta y convertirla también en un espacio educativo”, cuenta Juliana Santi, directora de Ambiente. “Decidí sumarme porque considero que los cambios arrancan desde lo local –agrega Brenda Moyano, voluntaria de Reciclar Venado–. Para mí reciclar es compromiso, unión y trabajo en equipo. Hay una conciencia ambiental distinta, la gente está comprometida y eso motiva muchísimo”. 

El impacto social también es visible puertas adentro. Diez personas que antes trabajaban informalmente en el basural fueron incorporadas al plantel con empleo formal y capacitación. El esquema de incentivos reparte el 50% de las ganancias de materiales recuperados entre los trabajadores según productividad y reconoce con premios las ideas innovadoras que mejoren procesos o seguridad.

“Aprendí el reciclaje, aprendí muchísimo sobre maquinarias, compañerismo y un estilo de vida también”, resume Samuel Resser, trabajador de la planta.

Esta política combina tres dimensiones que rara vez se alinean: eficiencia operativa, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Un ejemplo claro de cómo la gestión pública puede aprender de la industria sin perder su sentido humano.

2. Obras públicas con recursos propios: pavimentar una cuadra cada cinco días hábiles

En tiempos en los que muchas obras municipales están sujetas a transferencias externas, Venado Tuerto logró mantener un ritmo constante con recursos propios. Así, el equipo municipal afirma que han logrado una cuadra pavimentada cada cinco días hábiles. Entre diciembre de 2019 y octubre de 2025, ya son 278 cuadras nuevas, distribuidas en distintos barrios de la ciudad.

El logro no se explica sólo por la inversión, sino por el cambio en la gestión operativa. En la fábrica municipal de tubos, el equipo de Obras Públicas aplicó también una observación Kaizen: reorganizó el depósito, separando materiales listos de los que estaban en secado, y reordenó las cuadrillas con días específicos para pedidos particulares y otros para obras planificadas.

Eso permitió reducir roturas, evitar desperdicios y sostener el ritmo, explican. “El pavimento es más que una obra: te cambia la vida. Reduce costos de mantenimiento, mejora la accesibilidad y genera orgullo barrial y sentido de pertenencia”, sostiene Guillermo Kovacevich, secretario de Servicios y Obras Públicas. 

Así, la combinación de planificación, trabajo propio y participación vecinal consolidó un modelo de obra eficiente, progresiva y equitativa, que reduce reclamos y mejora la calidad urbana sin comprometer las finanzas locales.

3. Gobernanza participativa: planificar Venado Tuerto con su gente

En Venado Tuerto, la participación ciudadana se transformó en un modo de planificar. El Plan Estratégico Participativo (PEP) reunió a más de 1.000 personas entre talleres presenciales, encuentros de juventudes, espacios para infancias y consultas virtuales. De allí surgieron un diagnóstico, un documento final y una agenda de seguimiento que orienta las políticas públicas.

“Nosotros planteamos desde un inicio que la comunidad no tenía que ser una mera espectadora, sino involucrarse, proponer y opinar”, afirma Ana Inés Acosta, subsecretaria de Gestión Participativa.

El PEP no quedó en los papeles. Inspiró herramientas como Quiero a mi Plaza, que financia proyectos vecinales en espacios verdes de las cuatro zonas de la ciudad; el Eco-Ideatón, donde jóvenes presentan ideas ambientales votadas por la comunidad; o Concejales por un Día, un programa que forma a estudiantes en oratoria y formulación de ordenanzas.

También fortaleció las comisiones vecinales, que se eligen con boleta única cada dos años, y los proyectos de datos abiertos, con acompañamiento de la Unión Europea y la fundación País Abierto y Digital.

Desde el sector privado, Jorge Álvarez, presidente de la Cooperativa de Parques Industriales COPAIN, destaca el valor del proceso: “Primero una instancia de organización, luego participación, y después conclusiones y generación de proyectos para la ciudad. Cuanto más personas opinan, se pueden alcanzar mejores resultados”.

La participación se volvió –sostienen desde Venado Tuerto– en una herramienta de eficiencia: cuando las políticas se diseñan con la gente, los recursos se aplican mejor y los proyectos ganan legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

4. Área Recreativa Norte (AReN): valorizar un humedal, conectar ciudad y naturaleza

En la Pampa de las Lagunas, donde Venado Tuerto se asienta sobre cañadas y bajos naturales, el agua es un desafío permanente. En el norte de la ciudad, esa geografía se transformó en oportunidad: el Área Recreativa Norte (AReN) busca recuperar un humedal urbano como parque público y sistema de regulación hídrica.

El proyecto, surgido del Plan Estratégico Participativo, se basa en una idea simple pero potente: diseñar con la naturaleza, no contra ella. Por eso, los espejos de agua siguen las cotas de inundación, los senderos y oficinas se construyen elevados y los materiales —piedra, hormigón, metal— están pensados para resistir el contacto con el agua.

El AReN combina infraestructura, paisaje y educación ambiental: un espacio de 16 hectáreas con más de 500 árboles nativos, 2,1 kilómetros de senderos, 450 luminarias LED, 650 metros de emisarios y 16 cuadras de pavimento que mejoran la conectividad del barrio. 

Las primeras etapas incluyeron movimiento de suelo, creación de espejos de agua, plantación de los primeros 200 árboles y conformación del equipo de mantenimiento. Todo ejecutado con maquinaria y personal municipal, bajo un esquema modular que permite avanzar por fases sin comprometer la funcionalidad.

¿Por qué es una política eficiente? En la Municipalidad enumeran varios puntos:

• Uso de recursos propios: ejecución inicial con maquinaria y personal municipal.
• Gestión anticipada: proyecto planificado.
• Obra multi impacto: recreación + ambiente + atenuación hídrica.
• Diseño modular: permite avanzar por etapas sin comprometer la funcionalidad.
• Evita costos futuros: reducción de emergencias, anegamientos y deterioro de la zona.
• Cambia la lógica del gasto: de reparar y contener, a transformar y dar valor 

“El AReN nace con un objetivo claro: ofrecer un gran pulmón verde para Venado Tuerto y toda la región”, afirma el intendente Leonel Chiarella. “Forma parte de una decisión política que apunta a reconectar la ciudad con su paisaje natural. El espacio público es el motor de la transformación cultural, social y ambiental”, agrega. 

Más que una obra –profundizan– el AReN propone una nueva mirada sobre el territorio: cuidar el ambiente desde la gestión urbana, sumando valor y reduciendo costos futuros por anegamientos o emergencias.

5. Empleo y desarrollo productivo: articular para generar oportunidades en Venado Tuerto

El desarrollo económico también puede medirse en eficiencia. Venado Tuerto lo hace a través de una política integral que articula al Estado con el sector productivo y educativo.

La base fue un relevamiento de la matriz productiva local, que identificó las demandas de capacitación y las brechas de calificación laboral. Con esos datos, la Secretaría de Desarrollo Productivo puso en marcha capacitaciones específicas, una Mesa de Capital Humano con referentes empresariales y un Centro de Entrenamiento con Simuladores para la Producción, inaugurado en 2024.

“Realizamos un censo de matriz productiva que nos permitió conocer cuál era la demanda del sector productivo en función de las características laborales que ellos requerían. Además de conocer toda la producción, el mercado y la innovación que tiene nuestra ciudad”, explica Camila Vicente, secretaria de Desarrollo Productivo. “Con este programa hemos generado más de 1.200 incorporaciones laborales”, especifica. 

El Centro de Simuladores, ubicado en el Parque Industrial, se convirtió en una herramienta de aprendizaje innovadora. Se trata de un espacio que capacita a quienes buscan trabajo y también a quienes ya están empleados y quieren perfeccionarse. “Recibimos visitas de escuelas secundarias de la ciudad .Esto nos permite mostrarles a los chicos cuál es la matriz productiva de Venado Tuerto y que conozcan un modo innovador de capacitar en oficios”, cuenta Inés Paitovi, directora de Empleo e Innovación.

Para la Municipalidad de Venado Tuerto, esta política refleja un enfoque de eficiencia basado en datos, cooperación y continuidad: formar talento local para responder a las necesidades del mercado, fortaleciendo al mismo tiempo la economía y la comunidad.

Aprender y mejorar, dentro y fuera del municipio

El impulso de profesionalizar la gestión también alcanzó a los equipos municipales. En 2019, un censo interno reveló que más de la mitad de los trabajadores no había completado la secundaria. A partir de un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Venado Tuerto se sumó al programa Terminá la Secundaria, gratuito y acompañado: 46 empleados ya obtuvieron su título y 120 más están cursando.

“Uno de los ejes para gestionar nuestra ciudad tiene que ser fortalecer los vínculos humanos. ¿Qué íbamos a hacer si queríamos transformar a la ciudad en más moderna y eficiente con respecto a nuestros trabajadores?”, sostiene Mariano De Mattía, secretario de Gobierno.

Para Pablo González, director de Recursos Humanos, la clave está en “escuchar, cuidar y estimular”, porque un Estado eficiente también se construye desde la motivación y el crecimiento de quienes lo sostienen.

Pamela Ramill, trabajadora municipal desde hace más de 10 años, es una de las personas que completaron sus estudios secundarios a través de este programa. “Es mucha emoción decir: pude. No importa la edad, siempre se puede”, cuenta, con el título colgado en su casa.

Método, no milagros en Venado Tuerto

“Venado Tuerto se destaca por su manera de gestionar con participación. Por su impulso al desarrollo económico y el empleo. Por su trabajo para cuidar el ambiente y promover el reciclaje. Y por el compromiso por cuidar y acompañar a los nuestros”, resume el intendente Leonel Chiarella. 

El reconocimiento de 100 Ciudades Certificadas de RIL busca confirmar una idea que atraviesa las cinco políticas: la eficiencia no es una meta aislada, sino una forma de gestionar. En Venado Tuerto, esa forma tiene tres componentes —método, evidencia y participación— y un resultado tangible: una ciudad que intenta funcionar mejor porque escucha, mide y ejecuta cada día.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, que obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

^{Redacción +COMUNIDAD}

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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