Por Natalia Aquino,
Ciudades Circulares en RIL

La foto inicial

Es un día cualquiera de la semana —vaya a saber de qué mes—, allá por 2018.
El trazado de coordenadas nos ubica en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

En la calle Pilcomayo, a unos cinco o seis kilómetros del centro, un grupo de personas trabaja subido a una montaña de residuos. Es su jornada laboral. Circula algún mate bien dulce y alguna palabra, no muchas: la tarea exige estar alerta para cuando llegue el camión, abrir bolsas, inspeccionar, seleccionar y rescatar el mejor material posible. De esa agilidad y astucia depende “el mango” que cada uno lleve a su casa. Es un desafío individual.

Entre esas personas, alguien más colabora en la tarea, pero su objetivo es otro. No está ahí para llevarse un botín: busca conocer, de cerca y desde la voz de los protagonistas, cómo es el oficio de cartonero. Sabe que hay algo en ese proceso que no está del todo bien y entiende que el tiempo —y un cúmulo de decisiones y convicciones— lo colocaron en el lugar y en el momento justo para impulsar un cambio.

Federico Ignaszewski, profesor de Historia, militante político y subgerente del Ente Municipal de Saneamiento Urbano de Santa Rosa, cuenta que es necesario conocer a los cartoneros, a los recicladores, porque desde el municipio no piensan el ambiente en abstracto, sino a partir de sus actores.

“Para nosotros, el actor fundamental del trabajo ambiental son los cartoneros. Nosotros llegamos a trabajar con lo ambiental a través de ellos, y no al revés”, dice. Más adelante agregará que por eso hablan de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social.

Hubo una experiencia previa

Algunos años antes de esta escena, una gestión había intentado organizar la recolección diferenciada y la separación de residuos. Ya existía el relleno sanitario y existían también los cartoneros y cartoneras que, subidos a la montaña, hacían de esa tarea su changa diaria.

Se levantó un galpón, se compró una cinta transportadora, se hicieron inversiones importantes. Pero un incendio destruyó la estructura y cortó de cuajo todo el proceso, echando por tierra ese trabajo.

El fuego arrasó con la maquinaria y también con la incipiente idea de que era posible una gestión diferente de los residuos.

El humo y las cenizas esparcieron, además, una creencia desalentadora: que no servía para nada separar los residuos.
Los cartoneros y cartoneras, entonces, volvieron a subir a la montaña.

El trasfondo de la política social

Llega 2019 y, con un nuevo cambio de gestión, se crea la Dirección de Economía Popular en el municipio de Santa Rosa. Su tarea: trabajar con los sectores de la producción y la economía no alcanzados por los circuitos tradicionales —como la industria o el comercio local—. Se impulsaron programas y acciones dirigidas a vendedores ambulantes, artesanas, cadetes y otros trabajadores. En algunos casos, con la intención de formalizar esos sectores; pero, sobre todo, para dignificar sus condiciones de labor.

En ese contexto —y con algún que otro paquete de medialunas bajo el brazo—, Federico encaminó más de una jornada hacia la calle Pilcomayo para conocer de cerca las rutinas de los cartoneros y cartoneras. Quería entender por qué los turnos eran necesarios para evitar conflictos entre ellos, y descubrir también que esas personas ya cargaban con el peso de muchas promesas incumplidas. Si pretendía impulsar un cambio, debía andar con pie de plomo: los cartoneros no iban a entregar su confianza tan fácilmente. 

Para el Ente Municipal de Saneamiento Urbano, la coincidencia con una política nacional y federal fue la llave que permitió el diseño de una nueva propuesta y la reorganización del trabajo en este sector. Gradualmente, los camiones dejaron de trepar la montaña y comenzaron a detenerse al final de cada recorrido, allá abajo. Separar la basura se volvió una tarea visible, no escondida, como antes, en lo alto. El material empezó a compactarse y surgieron los primeros intercambios comerciales.

Llegaron máquinas, un espacio donde cambiarse la pilcha de trabajo, baños, computadoras, charlas de capacitación y asambleas que consolidaron procesos de organización.

La construcción material de un nuevo programa de gestión integral de residuos tuvo como reflejo la mejora en los ingresos de las cartoneras y los cartoneros. En poco tiempo, las ganancias se triplicaron, y esa comunidad de laburantes halló en la dinámica cooperativa una manera de ordenar y fortalecer su economía cotidiana.

Eso no eliminó las tensiones ni los desacuerdos —como en todo ámbito de trabajo—, pero el dato concreto de que esta forma colectiva generaba mejores resultados que la venta individual, atravesada por una larga cadena de intermediarios, se volvió innegable.

Cuando le pregunto a Federico para qué sirve ordenar y promover la organización del trabajo de cartoneras y cartoneros, me responde sin vueltas:

—Es simple: enterrás menos residuos y le devolvés a la ciudad la plata que antes estabas enterrando. Porque quienes trabajan en el sector de recuperación compran y consumen en los comercios del barrio, de la zona, de la ciudad. Así se alimenta un círculo virtuoso que camina sobre tres ejes:  ambiental,  social y económico.

La foto final

Donde antes se armaba un fueguito para calentar el agua del mate —con el riesgo de que todo terminara envuelto en llamas—, y en más de una ocasión se desataban disputas por algún material valioso que arrojaban los camiones, hoy existe un espacio de trabajo que se nombra y se reconoce como tal.

De unos escasos tres o cuatro materiales que se recuperaban, la nómina creció a diez, y con ello también las posibilidades de una economía circular más certera.

Donde veinte personas disputaban un botín, hoy ochenta se organizan, debaten y construyen un modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social.

Federico me dice que el proceso no fue tan rápido como hubiesen querido, pero que, al fin de cuentas, sucedió.

Este camino formó parte del acompañamiento que el programa Ciudades Circulares de la Red de Innovación Local (RIL) realizó en 2025, impulsando aprendizajes, espacios de articulación y nuevas oportunidades para fortalecer la gestión local.

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En diciembre de 2020, la Legislatura porteña sancionó una ley para dar un mayor impulso a esos oficios. Entre sus objetivos, se propuso promover la generación y sostenibilidad de los puestos de trabajo autónomos, así como facilitar herramientas financieras para el desarrollo de emprendimientos. De esta manera, siguiendo principios centrados en la inclusión, la normativa apunta hacia la disminución de las brechas económicas en la capital argentina. 

La ley dio origen al FONDES (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social), una herramienta que busca contribuir al crecimiento del ecosistema de finanzas de impacto social en Buenos Aires. Conformado por aportes públicos y privados, crea una línea de créditos para que los emprendimientos sociales puedan contar con mayores oportunidades de inversión y expansión. 

“Es el escalón intermedio que faltaba para desarrollar la economía popular e integrarlas a las cadenas de valor. Acceder al crédito es más maquinaria, más trabajo y más producción”, resumió María Migliore, ministra local de Desarrollo Humano y Hábitat. Siguiendo un esquema de cogobernanza, el FONDES está presidido por esa área de gobierno, otras dos más (de Desarrollo Económico y de Finanzas) y las tres empresas que más aportes realizan. 

Finanzas sostenibles en los gobiernos locales

Según las condiciones de los emprendimientos, el Fondo ofrece dos tipos de soluciones de financiamiento: créditos y aportes no reembolsables (ANRs). Antes de otorgarlas, se realiza un análisis integral de la entidad solicitante, teniendo en cuenta aspectos institucionales, económicos, de impacto social y perspectiva de género. Además, la herramienta ofrece beneficios impositivos para los inversores y donantes: podrán computar un 25% de su aporte como pago del impuesto sobre Ingresos Brutos.

El caso porteño es, siguiendo definiciones internacionales, una iniciativa de finanzas sostenibles que tienen su origen en un gobierno local. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las define como un “concepto emergente en expansión que parte y acompaña otros términos, tales como finanzas verdes e inversiones responsables (…). Tiene que ver con alinear la creación, gestión y regulación de productos, flujos y marcos financieros al logro de metas de desarrollo sostenible”. 

Son numerosas las ciudades en Argentina y América Latina que crean líneas propias para apoyar a empresas B, emprendimientos de triple impacto, eficiencia energética y movilidad sostenible, entre otras áreas. Una característica común es que estas prácticas financieras suelen estar destinadas a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), además de cooperativas y emprendimientos nacientes. 

Por ejemplo, en Rosario existen líneas de créditos verdes para financiar inversiones asociadas a la generación de energía renovable y proyectos de eficiencia energética en el sector industrial. En Mendoza, en tanto, un convenio entre la Municipalidad y el Banco Ciudad ofrece a los comercios del rubro de movilidad la apertura de una cuenta sin costo por dos años. También el otorgamiento de un posnet gratuito por un año y la financiación de los consumos realizados con tarjetas de crédito de la entidad en hasta 50 cuotas sin interés. 

Córdoba, a través del “Fondo Ciudad Inteligente”, aporta con un instrumento de inversión a iniciativas de todo el mundo que tengan un impacto en la ciudad. El fondo prioriza soluciones en sectores de Gobierno tecnológico (Govtech), Accesibilidad, Salud, Educación, Sustentabilidad y Tecnologías limpias. 

La huerta urbana más grande del mundo

Las iniciativas financieras relacionadas a la economía popular por parte de los gobiernos locales pueden incluir proyectos ambiciosos. El gobierno de Río de Janeiro (Brasil) trabaja con las favelas locales para construir la huerta urbana más grande del mundo. Es parte de la iniciativa “Hortas Cariocas”, que procura popularizar el consumo de productos orgánicos y generar una fuente de ingresos para las familias más desfavorecidas. 

Ubicada en la zona norte de la ciudad, la superficie cultivada con hortalizas alcanzará los 110.000 metros cuadrados. Una vez terminada, más de 100.000 familias se beneficiarán del proyecto cada mes mediante becas y otras ayudas financieras. De los productos cosechados, la mitad se dona a personas necesitadas y el otro 50% se vende a jardineros, a precios asequibles, para la comunidad. El proyecto busca que, con el tiempo, cada jardín se vuelva autosostenible e independiente. 

Microcréditos y otras asistencias financieras

Ante la crisis económica persistente en Argentina, agravada por la pandemia de coronavirus, varias ciudades decidieron apoyar financieramente iniciativas privadas y sociales que tengan impacto en el empleo. Desde 2018, por caso, San Fernando del Valle de Catamarca otorga créditos a pequeños y medianos emprendimientos de distintas áreas. En especial, apuntan hacia la mejora del servicio del transporte urbano de pasajeros, la construcción y el acceso a servicios básicos como el gas natural. 

Entre 2020 y 2021, los microcréditos municipales ganaron terreno como una forma de sostener los ingresos de miles de familias ante las restricciones sanitarias. Ciudades como Allen (Río Negro) y Bahía Blanca (Buenos Aires), entre muchas más, implementan estas soluciones dirigidas especialmente hacia trabajadores de la economía popular. 

Las facilidades de cobro también forman parte de las estrategias municipales en la temática. Luján de Cuyo (Mendoza) mantiene una alianza con el Grupo Supervielle para aproximar a emprendedores, autónomos y comerciantes el acceso a plataformas para el cobro de ventas de bienes y servicios. Sin incurrir en gastos y comisiones, e inclusive con planes de cuotas sin interés. El acuerdo se focaliza en aquellos trabajadores que no forman parte de la economía formal y que presentan dificultades para acceder a los créditos bancarios tradicionales. 

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^{Imagen principal: huerta orgánica en Buenos Aires. Fuente: GCBA.
Redacción +C.}

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