La ciudad de Córdoba, en Argentina, convive con la dualidad del río Suquía: la belleza de su cauce contiene, a la vez, un riesgo latente de crecidas repentinas. Este río de carácter serrano posee una dinámica hidrológica capaz de transformar un curso calmo en un torrente en cuestión de pocas horas. Los temporales de inicios de 2024 funcionaron como un recordatorio crítico de esta amenaza.

Aquellas lluvias evidenciaron las limitaciones del sistema de monitoreo municipal. Los anegamientos y cortes de calles estratégicas revelaron una escasez de datos hidrométricos en tiempo real y una respuesta de emergencia basada en información fragmentada. Sin un sistema de alerta temprana automatizado, la resiliencia de la infraestructura urbana quedaba vulnerable ante eventos climáticos cada vez más frecuentes y severos.

Frente a este déficit, la Municipalidad decidió abordar el problema mediante la innovación junto con BID-Lab. En 2024, a través del Laboratorio de Innovación Pública (CorLab), de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, se lanzó Río Inteligente, un desafío de innovación abierta diseñado para sensorizar el cauce y transformar la gestión del riesgo hídrico.

Río Inteligente, un desafío que propone ir más allá

Marcela Nicolaides, directora de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba y referente del CorLab, conversó con +COMUNIDAD sobre el mecanismo detrás de esta iniciativa. “El desafío se diseñó para implementar una solución de sensorización IoT (Internet of Things), con el objetivo de fortalecer las capacidades del municipio de prevención, mitigación y respuesta ante eventualidades”, explica.

El desafío se desarrolló en el marco de un programa específico que aplicó el modelo de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), una herramienta que permite al Estado impulsar soluciones que aún no existen en el mercado o que requieren instancias de co-creación.

Nicolaides indica que la ventaja central reside en la posibilidad de co-desarrollar la solución, incorporando adaptaciones durante la implementación que difícilmente se lograrían en esquemas tradicionales. 

En este camino, el desafío Río Inteligente fue pensado no sólo como una compra de hardware, sino como un proceso de validación técnica donde participaron además la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Defensa Civil. 

Finalmente, la propuesta ganadora, desarrollada por la startup cordobesa Pampa 4, representa un hito en la modernización de los servicios públicos locales, al combinar conectividad LoRaWAN con infraestructura de seguridad vial automatizada. Esta red garantiza el flujo de datos incluso si las redes celulares fallan durante una tormenta.

^{Primer sensor IoT, instalado en intersección de Ibarbalz y Costanera Norte. Imagen: Municipalidad de Córdoba.} 

Infraestructura, impacto y evidencia

La implementación del sistema Río Inteligente se desarrolló de manera progresiva entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, y alcanzó una implementación operativa en cuatro puntos críticos de la costanera: Ibarbalz, Cantón, Avellaneda y San Vicente. “El primer punto, Ibarbalz y Costanera Norte, fue el primero en entrar en operación durante agosto de 2025, funcionando como piloto para la validación del sistema antes de su escalamiento al resto de las ubicaciones”, cuenta Nicolaides. 

Actualmente el sistema está instalado e integrado con los siguientes componentes: 

• Sensores IoT de nivel de agua en cuatro puntos críticos, con medición continua en tiempo real.
•  Barreras automatizadas, cartelería LED y sirenas, activadas de forma manual o automática según protocolos. 
• Red de comunicación LoRaWAN activa, que garantiza conectividad incluso ante fallas de red celular.
• Plataforma web municipal de uso interno para monitoreo en tiempo real, control remoto y registro de eventos. 

La referente del CorLab explica que, dado el carácter reciente de la implementación, no se reportan aún métricas cuantitativas consolidadas públicas, como pueden ser porcentajes de reducción de tiempos o cantidad de eventos gestionados. Sin embargo, el informe técnico ya permite identificar resultados verificables. Algunos de ellos son:

• Disponibilidad de datos sobre el nivel del río en puntos críticos.
• Automatización efectiva del sistema de respuesta, con activación de barreras y alertas ante umbrales definidos.
• Operación autónoma validada, incluso sin conectividad, mediante lógica local.
• Capacidad de control remoto desde el Centro de Control de Tránsito.
• Registro histórico de eventos y condiciones del sistema.

El sistema introduce una mejora estructural en los tiempos de respuesta a través de: 

• Monitoreo continuo (no episódico) del nivel del río.
• Alertas automáticas ante umbrales críticos.
• Activación automatizada de barreras con lógica local.

La funcionaria explica, además, que en modo automático el sistema puede accionar ante condiciones críticas sostenidas (por ejemplo, nivel de riesgo durante un minuto), reduciendo la dependencia de la detección manual. 

“El sistema cubre actualmente cuatro puntos estratégicos definidos por Defensa Civil, considerados críticos para la gestión del riesgo hídrico en la ciudad, con posibilidad de expansión futura gracias a la arquitectura escalable basada en LoRaWAN”, profundiza.

Sin embargo, la gestión de infraestructura tecnológica en entornos abiertos enfrenta desafíos de integridad física. “Como sucede en toda infraestructura urbana en espacio público, se han registrado episodios puntuales de vandalismo y afectaciones sobre algunos componentes, lo que ha requerido intervenciones de mantenimiento correctivo”, detalla Nicolaides. 

^{Sistema instalado en Puente Cantón. Imagen:  Municipalidad de Córdoba.}

Arquitectura técnica de la solución 

La selección de la solución se realizó mediante un proceso de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), evaluando criterios como calidad técnica, viabilidad, capacidades del equipo y adecuación a los requerimientos del desafío. 

En este marco, la propuesta seleccionada –la startup PAMPA 4– se destacó por ofrecer una solución integral “end to end”, cuya implementación quedó validada en el proyecto final: 

• Arquitectura completa de IoT, automatización, software con sensores controladores, barreras, cartelería y plataforma web de uso interno integrados en un único sistema.
• Capacidad de operación autónoma, mediante lógica local en controladores que permiten actuar incluso sin conectividad.
• Infraestructura resiliente, con respaldo energético y redundancia en comunicaciones.
• Interoperabilidad, a través de APIs y compatibilidad con sistemas municipales existentes.

Lecciones y condiciones para la transferencia

La implementación de Río Inteligente deja lecciones para la gestión pública de las crisis climáticas. En palabras de Marcela Nicolaides, este proyecto permitió consolidar aprendizajes en varias dimensiones que trascienden la instalación de sensores. 

Además, expresó que no se trata sólo de un éxito tecnológico, sino de un cambio cultural en la forma en que el Estado evalúa temas complejos, como en este caso puntual el colapso de la vía y servicios públicos ante eventos climáticos extremos. En resumen, el proyecto consolida articulación institucional, gobernanza de datos para la toma de decisiones y sostenibilidad operativa y capacitación.

La experiencia de Córdoba con Río Inteligente es replicable en otras ciudades con riesgos hídricos similares, siempre que se consideren ciertas condiciones necesarias para su adaptación. El diseño modular y escalable del sistema permite incorporar nuevos sensores o extender la red a otros puntos de la ciudad de forma sencilla, pero para que otra ciudad pueda adaptar este modelo, la directora  de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba identifica los siguientes requisitos:

• Definición clara del problema público y sus requerimientos funcionales.
• Definición precisa de puntos críticos basada en evidencia.
• Existencia de un ecosistema emprendedor o tecnológico activo.
• Capacidad institucional para gestionar procesos de innovación abierta.
• Articulación entre áreas técnicas y operativas.
• Infraestructura mínima para integración tecnológica, conectividad o posibilidad de desplegarla.
• Marcos de gobernanza de datos, interoperabilidad y seguridad.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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En 2015, el barrio Agua Mansa de Jesús María (Córdoba) volvió a ser testigo de la fuerza del río Guanusacate. Aquella crecida profundizó una certeza pesimista entre los vecinos: sentían que el lugar no tenía vuelta atrás y que ese terreno, sin planificación urbana, estaba condenado a ser un problema crónico.

La historia cambió de rumbo con el Presupuesto Participativo 2023, cuando el Grupo Scout 167, la comunidad y el municipio decidieron intervenir el espacio. Lo hicieron mediante un Bosque de Bolsillo, un proyecto que escaló rápidamente y se consolidó como una política pública de regeneración urbana que ya está dando sus frutos. 

Hoy, en ese suelo recuperado crecen 168 ejemplares de 23 especies nativas que recrean tres ecosistemas regionales: el bosque chaqueño, el espinal y el bosque serrano. La propuesta trasciende lo paisajístico; funciona como un nodo de educación ambiental y un punto de reencuentro con la naturaleza.

Aprendizaje, construcción de capacidades y trabajo en red

La concreción del Bosque de Bolsillo no fue una decisión unilateral de la Municipalidad: fue el resultado de un proceso de aprendizaje y construcción de capacidades locales. Con la guía de la Red de Innovación Local (RIL Argentina), a través del programa Naturaleza y Espacio Público, Jesús María incorporó el diseño participativo como forma de trabajo. 

A lo largo de seis instancias —que incluyeron jornadas de codiseño, validación comunitaria y plantación colectiva— se forjó una visión compartida del territorio. “El biocorredor es el resultado de un Estado que puede interpretar la necesidad de la sociedad civil y facilitar la vinculación”, sintetiza Gerardo Guirado, vecino de Alto Los Molinos e impulsor del proyecto Parque Riberas Oeste.

Esta dinámica rompió la inercia de las áreas estancas. Así, sectores municipales que operaban de forma aislada comenzaron a articularse bajo el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). El legado es doble: un espacio recuperado y una capacidad de gestión instalada para repensar el espacio público junto con la ciudadanía.

La creación del Bosque de Bolsillo

El Bosque de Bolsillo ubica a la biodiversidad como eje rector y se integra al Plan Integral del Biocorredor del Río Guanusacate. Este trazado de 11 kilómetros conecta el Parque del Oeste con el Bosque de Agua Mansa, una vinculación que jerarquiza la flora nativa dentro de la planificación de la ciudad.

El éxito de esta política se refleja en una mejora directa de la calidad de vida y en resultados tangibles que aseguran la sostenibilidad del ecosistema:

• Creación de un Bosque de Bolsillo de 500 m², con 168 ejemplares de 23 especies nativas.
• Tasa de supervivencia de los árboles superior al 90%.
• Compromiso sostenido entre el municipio, el Grupo Scout y la comunidad. 

Biodiversidad que florece junto a la comunidad

Jimena Álvarez, coordinadora del programa Naturaleza y Espacio Público, sostiene que el proyecto adquiere su verdadero valor cuando la comunidad deja de ser una simple destinataria para convertirse en codiseñadora de las soluciones. “Es un giro que lo cambia todo. A veces puede parecer un desafío. Podemos sentir que el proceso se alarga un poco, pero el alcance e impacto de los resultados son bien distintos, y, sobre todo, mucho más ricos”, explica a +COMUNIDAD.

Para la especialista, abrir el juego permite incorporar un conocimiento local insustituible: es la comunidad quien identifica los problemas reales y las oportunidades del territorio. “Así evitamos las ‘soluciones de escritorio’ y creamos propuestas que funcionan en la práctica porque se ajustan a las necesidades del territorio”, detalla.

Por último, suma que si el proceso de codiseño es amigable, cuidado y realmente colaborativo, genera confianza y esto reduce la resistencia a los cambios y aumenta la probabilidad de que las iniciativas sean adoptadas y sostenidas en el tiempo. “Un proceso de codiseño virtuoso y real, en sí mismo, fortalece los lazos comunitarios, fomenta la colaboración y construye capital social. Es en estos espacios donde vecinos y distintos actores aprenden a trabajar juntos, a dialogar y a resolver conflictos, algo invaluable para la gobernanza local”, concluye la coordinadora del programa.

Para repasar: qué cambia en Jesús María

1. Construcción – Activación de la red. El municipio pasó del diseño técnico a la cocreación. Junto con RIL, el Grupo Scout y la comunidad, se transformó un terreno sin planificación en un espacio de pertenencia. La comunidad aportó la memoria del lugar, convirtiéndose en guardiana del proyecto desde su origen.
2. Transformación – Cambios de hábitos y aprendizajes. Ocho áreas municipales hoy trabajan articuladas bajo el enfoque de soluciones inspiradas en la naturaleza. La biodiversidad ya no es paisaje, sino el eje central del Plan Integral del Biocorredor del río Guanusacate para mitigar riesgos hídricos.
3. Ciudades de Oportunidades – Impacto en la ciudadanía. El impacto en la ciudadanía se mide en resultados tangibles. Se recuperaron 500 m² con 168 ejemplares de 23 especies nativas, alcanzando una tasa de supervivencia del 90%. Esta cifra excepcional valida la eficacia del mantenimiento compartido entre el Estado y la comunidad.

Esta es una Historia de Impacto, un formato de RIL y +COMUNIDAD para visibilizar cómo el acompañamiento técnico genera resultados tangibles en los gobiernos locales. En ellas, mostramos cómo se activa la red mediante el trabajo colaborativo, se transforma la gestión pública hacia modelos más eficientes y se transita el camino hacia Ciudades de Oportunidades con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

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Por Fabian Dejtiar (*)

En América Latina, el sector de la construcción enfrenta un doble reto: responder a la expansión urbana y reducir su impacto ambiental. A nivel global, los edificios son responsables de cerca del 40% de las emisiones de CO2, y sin una incorporación decidida de estrategias de eficiencia energética, estas cifras seguirán creciendo. Sin embargo, los estándares internacionales no siempre se ajustan del todo a sus
realidades donde los recursos, las técnicas y las condiciones climáticas son tan diversas.

El Proyecto CEELA (Capacidades para la Eficiencia Energética en Latinoamérica) surgió en 2020 con una premisa simple pero transformadora: la eficiencia energética debe construirse desde las propias capacidades locales. Impulsado por COSUDE e implementado por la consultora EBP Chile, han estado trabajando en Perú, Ecuador, Colombia y México para adaptar soluciones técnicas a los contextos del sur global.

De los estándares a los Edificios Modelo

A diferencia de otros programas que trasladan modelos internacionales sin mediación, CEELA eligió un camino de formar profesionales, acompañar proyectos y generar evidencia concreta. Los llamados Edificios Modelo son el resultado visible de ese proceso. Funcionan como laboratorios reales, donde se prueban estrategias de eficiencia energética en distintos climas y escalas; desde escuelas rurales hasta universidades y viviendas sociales.

En Perú, por ejemplo, la rehabilitación de la Escuela Moisés Rebata, en Nasca, transformó un edificio afectado por el calor extremo en un espacio más confortable y saludable para aprender. La combinación de ventilación cruzada natural, protección solar y energía fotovoltaica redujo el sobrecalentamiento y mejoró la calidad del aire interior.

En Ecuador, la Universidad de Azuay convirtió sus instalaciones en un laboratorio vivo para medir distintas técnicas de aislamiento térmico, generando datos y conocimientos. Esto también como parte de una estrategia más amplia: el concepto de Universidades Cero Emisiones, que busca transformar los campus en ejemplos concretos de construcción sostenible en América Latina.

En Colombia, el edificio DAMMAR, en Cartagena, aplicó estrategias pasivas en vivienda social. Esto quiere decir que es posible reducir la demanda energética incluso a gran escala y en climas cálidos y húmedos.

Una red que sigue creciendo en América Latina

Detrás de estos proyectos hay una transformación más profunda: el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión en los territorios. Arquitectos, docentes, estudiantes y autoridades locales participaron en talleres, asesorías y monitoreos que les permitieron incorporar criterios de eficiencia en sus propios contextos.

Antonio Espinoza, responsable de los Edificios Modelo por parte de EBP Chile, destaca que el mayor valor no reside sólo en los edificios construidos, sino en la red de capacidades que se activó a su alrededor.

“Lo importante es que ahora los equipos que han participado en el proceso de trabajo cuentan con nuevas herramientas y capacidades que les permiten analizar, comparar e implementar medidas de eficiencia energética y confort térmico desde las etapas más tempranas de un proyecto. Sabemos que estas estrategias son más efectivas y menos costosas cuando se incorporan desde el inicio, y eso es a lo que apuntamos”, afirma.

Para Espinoza, el verdadero legado es haber generado condiciones para que la eficiencia energética deje de ser una excepción experimental y comience a integrarse de forma estructural en el desarrollo urbano de América Latina.

Aprendizajes y próximos pasos

Las experiencias de CEELA muestran que la eficiencia energética es, además de técnica, cultural y formativa. Requiere construir capacidades locales, fortalecer redes de colaboración y generar conocimiento adaptado a cada clima y contexto socioeconómico. El desafío ahora es escalar esas prácticas y consolidar políticas públicas que las integren de forma estructural en el desarrollo urbano y habitacional de la región.

A medida que América Latina se prepara para construir millones de metros cuadrados adicionales en las próximas décadas, estos casos ofrecen una lección común: es posible avanzar desde lo local con soluciones que combinen desempeño ambiental, pertinencia social y viabilidad económica.

(*) Fabian Dejtiar es arquitecto con amplia experiencia en comunicación y medios digitales. Se desempeñó como Managing Editor en ArchDaily, la plataforma de arquitectura más visitada del mundo, donde lideró proyectos editoriales de reportaje, fotografía, redacción y curaduría con foco en América Latina y España.

Imagen de portada: Proyecto CEELA.

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Por Clarisa Corral,
Mg. en Desarrollo Urbano (*)

A más de 200 kilómetros de Paraná, en las ciudades de Hasenkamp y Chajarí, decenas de familias buscan acceder hoy a su vivienda gracias a un modelo cooperativo impulsado por sus gobiernos locales. Frente a la creciente demanda habitacional, la falta de crédito accesible y las limitaciones de programas nacionales, ambos municipios optaron por reactivar una herramienta que, según señalan, había dado buenos resultados en décadas pasadas: el círculo cerrado de viviendas.

Se trata de un sistema de ahorro solidario, donde las familias realizan un aporte mensual —generalmente equivalente al valor de un alquiler— y el municipio se encarga de administrar los fondos, coordinar las obras y adjudicar las viviendas mediante sorteos públicos con criterios sociales. Sin búsqueda del lucro ni especulación: lo que sostiene el sistema es la confianza mutua y el compromiso colectivo por el acceso a la vivienda.

Cuando lo local recupera herramientas propias

Los círculos cerrados se basan en un principio simple: un grupo de familias se organiza y, con el acompañamiento del municipio, aporta mensualmente una suma que permite financiar de manera rotativa la construcción de viviendas. A medida que las casas se entregan, el grupo continúa aportando para que otras familias accedan. 

En Hasenkamp y Chajarí, este sistema había funcionado durante los años ochenta y noventa, pero había quedado inactivo en las últimas décadas. Su reactivación implicó actualizar los marcos normativos y también reconstruir capacidades institucionales, convocar a las familias, y diseñar mecanismos de gestión que aseguren equidad, viabilidad técnica y sostenibilidad económica.

El municipio lideró el proceso, proponiendo un reglamento que sea claro, definiendo criterios de selección, plazos de aportes, mecanismos de rendición de cuentas y modalidades de construcción. La escala reducida fue clave: permitió cercanía, adaptación al contexto local y agilidad en la ejecución.

Dos ciudades, dos versiones del mismo modelo

Hasenkamp reactivó el círculo cerrado en 2023 con un diseño sencillo y estructurado: las familias pagan una cuota mensual ajustada al valor de 22 bolsas de cemento. Las viviendas tienen una tipología estandarizada de 45 m², pensadas para futuras ampliaciones, y se construyen en plazos de hasta 180 días.

El municipio asume la administración integral del proceso:desde la administración de los recursos hasta la dirección de obra. Actualmente, 67 familias participan del sistema abonando la cuota mensual y se entrega una vivienda por mes. El impacto no se limita a lo habitacional: la iniciativa también dinamizó el empleo local y contribuyó a reducir los valores de alquiler.

A diferencia de otros programas, el programa busca evitar hipotecas, utilizando pagarés solidarios con garantes. La morosidad es mínima y se apoya en la confianza local. Además, el municipio avanza en la formación de un banco de tierras para facilitar el acceso al suelo a futuras familias.

^{Render de una vivienda en Hasenkamp.} 

Con una lógica similar, aunque con diferencias, el programa Construir Futuro de Chajarí ya entregó hasta su quinta edición 197 viviendas de las 220 proyectadas. El esquema se organiza en etapas con inscripciones abiertas, priorizando a postulantes que posean lote propio y cumplan con requisitos como residencia mínima de 3 años y uso exclusivo de la vivienda.

El municipio define el diseño arquitectónico —una casa de 55 m²— y asume los costos administrativos y de construcción. Los adjudicatarios pagan una cuota durante 10 años, distribuida en 120 pagos mensuales. Por otro lado, el director de obra y el constructor son elegidos por el beneficiario. El sorteo se realiza con escribano público y prioriza a hogares con integrantes con discapacidad o enfermedades crónicas.

Más del 90% de cobrabilidad demuestra la apropiación comunitaria del programa. A diferencia de Hasenkamp, en este caso sí se hipoteca la propiedad, lo que permite gestionar judicialmente los casos de morosidad – una preocupación recurrente a la hora de revisar la implementación de este modelo.

^{Vivienda renderizada en Chajarí.}

Confianza y proximidad: las lecciones del modelo

Ambos casos muestran que el círculo cerrado de vivienda no es una fórmula única, sino un modelo adaptable que puede operar bajo diferentes configuraciones normativas, financieras y administrativas. Más allá de las cifras, estas experiencias consolidan una lógica distinta de gestión pública: más cercana, menos dependiente y capaz de canalizar aportes ciudadanos hacia resultados tangibles.

Entre los aprendizajes clave destacan:

• La necesidad de una institucionalidad clara y cercana, que garantice confianza y transparencia.
  
• El valor de una tipología arquitectónica básica pero ampliable, que garantice condiciones dignas sin sobredimensionar costos.
  
• La importancia de criterios de adjudicación justos y verificables, con participación ciudadana.
  
• La posibilidad de documentar, compartir y replicar metodologías entre municipios.

También se hizo evidente que la confianza social —muchas veces erosionada por años de informalidad o promesas incumplidas— es un insumo clave que debe reconstruirse paso a paso. Contar con equipos técnicos municipales comprometidos y flexibles fue esencial para adaptar normativas y acompañar procesos sin burocratizarlos.

^{Primera vivienda entregada en Hasenkamp.} 

Un modelo replicable, no automático

Aunque el modelo no es escalable de forma automática, sí ofrece condiciones replicables: requiere voluntad política, capacidades técnicas mínimas, marcos normativos flexibles y, sobre todo, una lectura contextual que permita adaptarlo a las realidades de cada territorio.

La recuperación de los círculos cerrados en Hasenkamp y Chajarí no resuelve el problema habitacional estructural que enfrenta Argentina y Latinoamérica, pero sí demuestra algo fundamental: desde lo local también se puede innovar. No solo con tecnologías, sino con formatos organizativos que recuperan lo colectivo como valor.

Desde Entre Ríos, estas ciudades invitan a pensar cómo lo público puede habilitar soluciones duraderas sin perder cercanía. Porque a veces, innovar no es inventar algo nuevo, sino reactivar lo que ya funcionó, adaptarlo al presente y compartirlo con otros.

Con la experiencia acumulada y los resultados a la vista, estas ciudades invitan a otras a preguntarse: ¿qué está en nuestras manos hoy para resolver lo que no puede esperar?

^{Beneficiarias del plan Construir Futuro en Chajarí.}

Podés conocer en el Mapa de Soluciones de RIL más sobre estas iniciativas de Hasenkamp y Chajarí. También podés escuchar de primera mano a Manuel Landra (secretario de Gobierno y Hacienda – Hasenkamp), Hernán Kisser (intendente de Hasenkamp) y a María Elisa Moix (Secretaria de Gobierno y Hacienda de Chajarí en el webinario dado para la Comunidad de Hábitat y Vivienda de RIL.

(*) Clarisa Corral es parte del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL). 

Ilustración principal realizada por la autora con asistencia de IA, basada en documentación de los casos.

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En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas vive en asentamientos con viviendas inadecuadas o informales. Son cerca de 120 millones de personas que enfrentan condiciones precarias para habitar, según datos de CAF-Banco de Desarrollo. ¿Pero qué significa, en concreto, tener un hogar en condiciones? Esa es una de las preguntas que guían la conversación con Juan Maquieyra en el último episodio de CIUDADES, el podcast de +COMUNIDAD.

Politólogo, con experiencia en la gestión pública y más de quince años de trabajo en territorio, Maquieyra dirige hoy TECHO Argentina, una organización social con amplia presencia en América Latina. Desde allí, sostiene que la vivienda es mucho más que un bien material: “Es la base para poder desplegar lo que una persona tiene para dar en la vida. Es la posibilidad de soñar en los dos planos de la palabra soñar: soñar con un futuro distinto y soñar a la noche cuando te acostás a dormir”.

Para Maquieyra, no hay transformación profunda sin una  participación real de las personas que habitan en los barrios. “No hay manera de que la democracia funcione si no es involucrando a los vecinos y vecinas en la escala de la ciudad”, plantea. Desde esa perspectiva, especifica qué rol cree que deberían tener el Estado, las organizaciones sociales y el sector privado para garantizar un entorno donde vivir con dignidad sea una posibilidad real.

Vivienda y políticas públicas a la altura del desafío

TECHO está presente en 19 países latinoamericanos, en donde ha participado en miles de proyectos de vivienda. Juan Maquieyra insiste en la necesidad de contar con una mirada integral en soluciones habitacionales: acceso a servicios básicos, conectividad, salud, educación, transporte y espacios públicos. Y ofrece una receta que involucra tres líneas: viviendas accesibles y progresivas, oportunidades de financiamiento y buenas políticas de planificación urbana y de suelo. 

Durante la conversación, Maquieyra repasa el recorrido de TECHO y su modelo de intervención conjunta entre voluntarios y pobladores, y cómo ha evolucionado esta estrategia con el paso de los años. “Generamos encuentros improbables. TECHO junta en una construcción personas que no se encontrarían de ninguna otra manera”, pone en valor. 

Además, explica por qué considera que la pobreza es más que una cuestión de ingresos, sino también de infraestructura. Y, para soñar con una América Latina con mayores posibilidades, identifica ejemplos inspiradores en la región que demuestran que es posible avanzar hacia ciudades más equitativas. 

Hacia el final, el director ejecutivo de TECHO Argentina retoma ideas del Papa Francisco, a quien define como una fuente constante de inspiración:  “Es más importante la realidad que la idea”. “Hay que iniciar procesos más que proyectos de integración sociourbana”. “El tiempo es superior al espacio”. “El todo es superior a las partes”. Y vuelve sobre una convicción profunda: la necesidad de bajar barreras, tender puentes y generar encuentros improbables. 

Para profundizar sobre el acceso a la vivienda y oportunidades para construir soluciones habitacionales en contextos de vulnerabilidad, escucha el episodio completo de la nueva entrega de CIUDADES. Una conversación que invita a reflexionar sobre las necesidades de nuestras ciudades, las oportunidades de acción local y la necesidad de construir comunidades más participativas. 

Sobre Juan Maquieyra

Juan Maquieyra es director ejecutivo de TECHO Argentina, una organización que trabaja junto con comunidades para construir soluciones habitacionales en contextos de vulnerabilidad. Oriundo de General Pico (La Pampa, Argentina), es politólogo, magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y ha dedicado gran parte de su trayectoria a impulsar políticas de integración urbana y acceso a la vivienda. Entre 2016 y 2021, fue presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. También es cofundador de la Escuela Política Fratelli Tutti, un espacio de formación creado por Scholas Ocurrentes en 2021 que busca promover una nueva generación de líderes comprometidos con el bien común, inspirados en los valores de diálogo, inclusión y solidaridad propuestos por el Papa Francisco.

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Montevideo, con algo más de 1,3 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de Uruguay y también su capital. Allí vive cerca del 60% de la población total del país. Su vida urbana gira en torno a la Plaza Independencia, que se une con la Ciudad Vieja, en donde hay una marcada presencia de edificios de estilo art déco, casas coloniales y lugares emblemáticos como el Palacio Salvo y el Teatro Solís. 

Con la premisa de recuperar inmuebles abandonados, deteriorados y/o deudores de las áreas centrales de la ciudad, la Intendencia de Montevideo implementa el Programa Fincas Abandonadas, que busca restituir la función social de estos edificios. Esta iniciativa se da en el marco de los planes de Espacios públicos, Urbanismo y Vivienda, y busca resolver problemas asociados al abandono, como riesgos edilicios, ambientales, sociales y de seguridad, al tiempo que fomenta la revitalización y el bienestar local.

La estrategia se apoya en la Cartera de Tierras, una herramienta creada en 1991 que facilita el acceso a viviendas dignas para trabajadores y sectores populares. Desde allí, las propiedades recuperadas se destinan a usos habitacionales, sociales y culturales, en coordinación con otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

El Programa Fincas Abandonadas también apunta a evitar procesos de gentrificación, fortalecer el tejido urbano y prevenir la expansión descontrolada hacia la periferia. Para conocer cómo se implementa esta política, el equipo de la División Tierras y Hábitat de la Intendencia compartió con +COMUNIDAD detalles sobre los procesos, criterios y articulaciones que sostienen esta estrategia de revitalización y de reducción de riesgos asociados al abandono.

Los procesos y criterios de Fincas Abandonadas

El Programa Fincas Abandonadas comienza con la identificación precisa de propiedades en situación de abandono, deterioro o deudas, principalmente en las áreas centrales de Montevideo. Según explica el equipo de la División Tierras y Hábitat de la Intendencia, “se llevan adelante relevamientos en vínculo con el área de recursos financieros y datos de deudas de los inmuebles”. 

Posteriormente, la Unidad de Gestión del Acceso al Suelo Urbano realiza un estudio detallado sobre la factibilidad de cada padrón identificado y recomienda su incorporación o no a la Cartera de Tierras.

Una vez que las propiedades son incorporadas a la Cartera, su destino final se define considerando múltiples factores. “El uso de los inmuebles recuperados se va definiendo a medida de las demandas y necesidades que se identifican por parte del equipo técnico, en coordinación con otros organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil”, precisa el equipo técnico. En este proceso también son fundamentales las características específicas de cada inmueble, sus condiciones físicas y la potencialidad del entorno en el que se ubica.

El trabajo colaborativo es una característica clave del programa. Según detallan desde la División, “la articulación se realiza caso por caso con las organizaciones, gobierno local y gobierno central de acuerdo a las competencias particulares, y a los usos propuestos y disponibilidad de los inmuebles”. Este modelo participativo procura que las respuestas ofrecidas sean efectivas y apropiadas a cada contexto.

El impacto de esta iniciativa en Montevideo

En términos de impacto tangible, la iniciativa ha logrado la recuperación de 15 fincas con distintos destinos sociales, comunitarios y habitacionales:

• Casa Comunitaria de promoción de la salud mental, ubicada en Av. Garzón 1895.
• Centro de referencia LGBTQ+, ubicado en Curuguaty 1027.
• Centro Miguelete II, con unidades habitacionales.
• Finca en la intersección de Florida y San José, destinada a la cooperativa de vivienda COVIENESCENA.
• Dos predios en la calle 25 de Mayo, entre Guaraní y Maciel, destinados a la cooperativa Guruyú, además de otro predio ubicado en Guaraní 1489 y 25 de Mayo.
• Padrón ubicado en Buenos Aires y Brecha, destinado a la cooperativa Villa Castellana (Padrón 4286).
• Dos fincas ubicadas en Maciel 1316 y Maciel 1312.
• Toma de posesión en Maciel 1334, entre Buenos Aires y Sarandí (Padrón 3588).
• Local Radio Vilardevoz. La obra fue finalizada recientemente, aunque la toma fue anterior.

Adicionalmente, se habilitaron centros de estadía transitoria como:

– Casa INCUBAR

La Casa INCUBAR es un espacio destinado específicamente a mujeres con menores a cargo que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, violencia doméstica o crisis habitacionales. Según explica el equipo técnico, esta iniciativa procura “garantizar el derecho a la vivienda en el corto y mediano plazo” ofreciendo soluciones transitorias con un modelo innovador. “Se trata de espacios de estadía transitoria que buscan trascender, desde el diseño, la idea de refugio como única respuesta a estas situaciones”. Aquí, las beneficiarias residen en viviendas independientes y comparten espacios y servicios que fortalecen la convivencia y la solidaridad colectiva, a la vez que ofrecen intimidad a sus habitantes. Además, “las propuestas cuentan con equipos técnicos que acompañan la transición hacia una solución habitacional definitiva”.

Está dirigido especialmente a personas migrantes que ingresaron recientemente a Montevideo. Prioriza a mujeres con personas a cargo y a grupos familiares con proyectos de vida sostenibles en el mediano plazo. El proyecto cuenta con enfoque de derechos con perspectiva de género, diversidad, generaciones, etnico-racial, discapacidad y movilidad humana.

– Proyecto Guadalupe

Según el equipo de la División Tierras y Hábitat, el proyecto tiene como objetivo principal “facilitar una alternativa habitacional transitoria a personas migrantes que hayan ingresado recientemente a Montevideo”. Además, busca “proporcionar contención y orientación a las personas que ingresen al dispositivo, habilitando el ejercicio de sus derechos”, junto con “brindar recursos, en caso de que sea necesario, para cubrir necesidades básicas”. 

El acompañamiento integral del equipo se extiende a la “orientación educativa y laboral”, así como a la asistencia en trámites legales y médicos, apuntando siempre hacia “un mayor nivel de autonomía” para las familias participantes. Finalmente, otro objetivo clave es “coordinar con distintas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, para el acceso, al egreso del dispositivo, a otros recursos sociales en forma fluida y efectiva”.

– Centro Diurno Uruguay

Ubicado en Uruguay 1926 (Padrón 14445, en el Municipio B de Montevideo), el Centro Diurno Uruguay es un espacio diseñado especialmente para personas en situación de calle. La finca fue completamente reciclada y transformada para ofrecer un entorno digno, accesible y cómodo. 

El equipo técnico describe que en este predio de 174 m², originalmente ocupado por “una construcción tipo vivienda estándar”, se llevaron adelante intervenciones significativas: “se reformaron las construcciones existentes y se construyó un entrepiso de 60 m²”. Actualmente, el centro ofrece espacios accesibles para estar, servicios higiénicos y tisanería, área de lavado de ropa y oficinas para atención de usuarios y del equipo técnico. 

El Departamento de Desarrollo Social supervisa directamente la gestión del lugar, y tiene como propósito central ofrecer contención, higiene y apoyo personalizado a personas vulnerables. A su vez, las acompaña hacia una posible reinserción social y habitacional.

Un enfoque integral para enfrentar problemáticas sociales complejas

El Programa Fincas Abandonadas de la Intendencia de Montevideo ha sido reconocido por su enfoque innovador en la recuperación de inmuebles abandonados, deteriorados y deudores ubicados en áreas centrales e intermedias de la ciudad.

Según enfatizan desde la División Tierras y Hábitat, estos espacios se conciben con un diseño innovador que trasciende la idea tradicional de refugio como única respuesta. En definitiva, procuran garantizar el derecho a la vivienda en el corto y mediano plazo, especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. 

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Redacción +COMUNIDAD

La entrada Fincas Abandonadas, el programa de Montevideo para revitalizar inmuebles se publicó primero en +COMUNIDAD.

Se trata del Programa Municipal de Vivienda Prioritaria, destinado especialmente para familias sin bienes a su nombre y con ingresos de hasta cuatro sueldos mínimos, a quienes define como “familias prioritarias”. La ilusión final –indican las autoridades– es “convertir a la Ciudad de Guatemala en una ciudad de propietarios”.

Alineado con la Ley de Vivienda y su reglamento, el programa establece un “Régimen Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria”, que incentiva la participación del sector privado en la construcción de estas viviendas mediante beneficios edificatorios. Las unidades habitacionales, de dos y tres habitaciones, se ubican en zonas estratégicas según el Plan de Ordenamiento Territorial (Zonas Generales 3, 4 y 5), y cuentan con la supervisión y regulación de la Municipalidad de Guatemala.

Andrea Barrientos, coordinadora de proyectos en la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, la entidad técnica municipal detrás del programa, conversó con +COMUNIDAD sobre el impacto de esta iniciativa y su detrás de escena. “Se han logrado superar desafíos por medio de la alianza y buena comunicación con distintos actores de la cadena de valor. Mediante la adaptación y flexibilidad, manteniendo el enfoque del objetivo del programa”, expresó.

Un hito: más de 4.500 viviendas desde 2019

━ ¿Cuál ha sido, hasta el momento, el impacto del programa Vivienda Prioritaria sobre el déficit habitacional de la Ciudad de Guatemala?

━ Actualmente en la cartera del programa tenemos más de 4.500 viviendas en diferentes fases, que se han ido conformando desde la aprobación del reglamento en el 2019. Hay proyectos habitados, proyectos con obra finalizada, proyectos en obra, proyectos en trámite de licencia y anteproyectos. El déficit habitacional es de 73.000 viviendas para el año 2019, el cual es una estimación propia basada en el tamaño del hogar de 4.1 personas; tasas de crecimiento de poblacional anual 1.33 y 1.49% con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2018; segmentación socioeconómica de ProDatos del 2020 y demandas de viviendas acumuladas por el Banco Mundial.

━ ¿Cómo se define y verifica que una familia cumpla con el perfil de “atención prioritaria” para acceder al programa?

━ La ley de vivienda 09-2012 establece como uno de los principios de carácter público y social a las familias y además indica que se debe propiciar el acceso a la vivienda a las personas en condición de pobreza. Bajo esos lineamientos, el reglamento de vivienda prioritaria se enfoca en atender a familias guatemaltecas de escasos recursos económicos que carecen de bienes inmuebles y de una vivienda digna, adecuada y saludable. 

La Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano tiene a su cargo verificar que las unidades habitacionales hayan sido adquiridas por las familias guatemaltecas prioritarias y que dichas unidades habitacionales hayan cumplido con la relación de tamaño y precios correspondientes, lo cual será acreditado por dicha empresa mediante la emisión constancia de cumplimiento de vivienda prioritaria. Las empresa verifica el cumplimiento solicitando varios documentos que acrediten con lo indicado anteriormente, como lo son certificados de nacimiento, matrimonio o unión de hecho, carencias de bienes, constancias de ingresos, entre otros. Los núcleos familiares que permite la norma son los siguientes:

1. Personas que constituyen un matrimonio o una unión declarada, con o sin hijos.
2. Convivientes con hijos en común.
3. Madres y/o padres solteros/as con hijos o dependientes, que conformen un núcleo familiar.
4. Hermanos/as de cualquier edad, que conformen un núcleo familiar, con o sin dependientes.
5. Personas que tengan a su cargo familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, de cualquier edad y que conformen un núcleo familiar.
6. Personas que tengan a su cargo menores de edad o personas discapacitadas, de la cual tengan la tutela legal. 

El detrás de escena para acceder a vivienda prioritaria

━ ¿Qué incentivos específicos reciben las empresas del sector privado que participan del Régimen Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria?

━ El uso de suelo de vivienda prioritaria recibe: 

1. 25% de reducción de tasa de licencia municipal.
2. Un 25% de reducción de tasa de licencia municipal si presenta una certificación de sostenibilidad.
3. Está eximido del pago de impacto vial (Reglamento de Impacto Vial. Acuerdo COM-03-04).
4. Está eximido de cumplir con la dotación de estacionamientos regulado en el Reglamento de Diseño y Dotación de Estacionamientos (COM-03-2009).
5. Cuando es un proyecto 100% vivienda prioritaria y hasta seis niveles, el costo de no tener elevador.
6. Acceder a edificabilidad ampliada en zonas generales del POT G3, G4 y G5 sin aplicar al reglamento de incentivos o a los incentivos que genera la vivienda Prioritaria (N. de la R.: se trata del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la Ciudad de Guatemala. G3, G4 y G5 son clasificaciones que indican la densidad y tipo de uso de suelo en una zona). 

El uso de suelo de vivienda prioritaria genera incentivos transferibles y que se pueden utilizar en el mismo proyecto, en el mismo predio, en dos predios distintos o se pueden ceder/vender a otro propietario. Estos incentivos consisten en:

1. Una vivienda prioritaria de 45 m2 genera:

• a. 75 m2 de edificabilidad ampliada o
• b. 75 m2 de altura ampliada o
• c. Reducción de 3 plazas de estacionamiento.

2. Una vivienda de más de 50m2 genera:

• a. 125 m2 de edificabilidad ampliada o
• b. 125 m2 de altura ampliada o
• c. Reducción de 3 plazas de estacionamiento.

3. Una vivienda prioritaria de 46 m2 genera la posibilidad de acceder a un índice de edificabilidad aumentado en zonas generales G3, G4 y G5 en el mismo predio o en otro predio, el cálculo se realiza de la siguiente manera:

• En el mismo predio 1 m2 de edificabilidad aumentada = 1.25 m2 de Vivienda Prioritaria (se divide el área de la vivienda en 1.25 para estimar la cantidad de m2 adicionales gana)
• En un predio distinto:

i. G3: 1 m2 de edificabilidad aumentada = 2.5 m2 de Vivienda Prioritaria.
ii. G4: 1 m2 de edificabilidad aumentada = 3 m2 de Vivienda Prioritaria.
iii. G5: 1 m2 de edificabilidad aumentada = 3 m2 de Vivienda Prioritaria.

Para la transferencia de incentivos tienen un periodo de 10 años para poder utilizarlos a partir de la emisión de la licencia de construcción. Además de esto, la Empresa acompaña en sus gestiones y actúa como un facilitador del proceso al desarrollador, desde la evaluación del terreno hasta la escrituración de las viviendas.

━  ¿Qué mecanismos utiliza la Municipalidad para asegurar que las viviendas construidas cumplan con los estándares de calidad establecidos?

━  Para que la Municipalidad autorice la construcción de un proyecto inmobiliario, esta  debe tener autorizaciones previas de entidades del Estado, como medio ambiente, salud, CONRED (Riesgo), AGIES. Posterior a eso, si cumple con las normativas municipales, se procede a autorizarlo. Existe en el país una entidad que asegura hipotecas de vivienda nueva y tienen también requisitos y estándares de construcción que los proyectos tienen que cumplir.

━  ¿Qué aprendizajes tuvieron en el desarrollo de esta política habitacional? Si se presentaron barreras o desafíos, ¿cómo los resolvieron?

━  En el tiempo que lleva la norma vigente hemos podido aprender que este tipo de proyectos no es para todos los desarrolladores. No han sido las empresas miembro de las cámaras de constructores ni las empresas más grandes de Guatemala las que han aplicado a la norma. Son pequeños o medianos desarrolladores que construyen fuera de la ciudad o que su negocio principal es otro; han sido empresas que quieren aportar socialmente al país. 

Ha sido muy importante generar confianza con el desarrollador por medio del acompañamiento contínuo y facilitando la resolución de conflictos en trámite de licencia. Se han logrado superar desafíos por medio de la alianza y buena comunicación con distintos actores de la cadena de valor, mediante la adaptación y flexibilidad de la norma, y manteniendo el enfoque del objetivo del programa. Es importante mencionar que también se ha podido superar los desafíos por medio de los resultados que ha ido teniendo el programa, tanto para las autoridades, como para los desarrolladores y las personas.

En esta nota de +COMUNIDAD puedes conocer más sobre la experiencia de Guatemala y leer testimonios de beneficiarios del programa Vivienda Prioritaria: 

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Redacción +COMUNIDAD

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Frente a ese escenario, la Municipalidad presentó en 2018 la Corporación Innova Recoleta. Se trata de una institución sin fines de lucro que fomenta obras de desarrollo productivo, social, económico y de innovación en toda la comuna. La idea fue desarrollar soluciones innovadoras en distintos temas, como salud, cultura y vivienda. 

Así nació la Inmobiliaria Popular, una de las ocho áreas de trabajo de la Corporación, para ofrecer departamentos en alquiler a familias que no podían pagar precios de mercado.

“Nuestra expectativa es que cada comuna de Chile pueda contar con una inmobiliaria popular que garantice el acceso a una vivienda digna, justa y bien ubicada”, dice a +COMUNIDAD Alberto Pizarro, director ejecutivo de Innova Recoleta. En la entrevista, explica el proceso de creación de la política, su financiamiento, impacto y expectativas. 

El punto de partida fue aprovechar una herramienta del gobierno central chileno: la Glosa N°3 del presupuesto de vivienda, impulsada en 2014. Esta norma nacional permitió que los subsidios habitacionales, pensados originalmente para que las familias compraran casas, pudieran ser usados por organizaciones sin fines de lucro para construir viviendas de alquiler a precios accesibles.

En paralelo, existía el Decreto Supremo N°52 de 2010, que daba subsidios a las familias para alquilar (es decir, la demanda), pero no lograba aplicarse adecuadamente porque no había suficientes viviendas en arriendo. La Glosa N°3 permitió por primera vez crear oferta de alquileres públicos.

De la idea a la construcción: el Condominio Justicia Social 1

Con ese marco, Recoleta decidió dar un paso más: construir un edificio propio para alquiler social. Así surgió el Condominio Justicia Social 1, que se levantó en un terreno municipal de 1.500 m², antes usado como depósito de documentos. Está ubicado en un sitio estratégico bajo el concepto de “Ciudad de los 15 minutos”, que propone que las necesidades y servicios básicos estén a distancias cercanas del hogar. 

El condominio se inauguró en el año 2020. Cuenta con 38 departamentos de 57 m², distribuidos en dos torres de cinco pisos. Cada vivienda tiene tres dormitorios, cocina integrada, baño, terraza y una pequeña bodega. Además, el conjunto tiene salón de uso común, bicicletero, conserjería y un punto verde para reciclaje.

La inversión total fue de 1,8 millones de dólares. El municipio aportó el terreno y el 15% de los fondos necesarios, mientras que el resto se financió con los subsidios del gobierno. La idea clave es que cada familia pague como máximo el 25% de sus ingresos, con arriendos que van desde los 66.000 a los 188.000 pesos chilenos (alrededor de 71 a 202 dólares). Esto representa sólo el 27% del valor de mercado en la ciudad.

“El modelo se sustenta en el esquema de copago que no excede el 25% del ingreso familiar. Este monto incluye todos los gastos comunes, y los eventuales excedentes se reinvierten directamente en el condominio –indica Alberto Pizarro–. La operación y mantenimiento están a cargo de la Corporación Innova Recoleta, con presencia permanente en el edificio, lo que permite una gestión directa, oportuna y de cercanía”.

Selección de familias y acompañamiento social

El condominio comenzó con una postulación abierta que recibió más de 3.000 solicitudes. “El proceso de selección se basa en criterios técnicos, sociales y de inclusión”, especifica Pizarro. 350 familias cumplieron los requisitos. Entre ellos: estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), percibir ingresos entre $274.000 y $980.000 (entre U$S 290 y U$S 1.000, aproximadamente), acreditar un ahorro mínimo, y postular al subsidio de arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo regulado por el Decreto Supremo N°52. 

“Se prioriza a jefas de hogar, víctimas de violencia intrafamiliar, adultos mayores, familias migrantes con residencia definitiva y grupos en situación de hacinamiento. Además, se implementó una metodología participativa de evaluación con expertos de distintas instituciones públicas, privadas y académicas”, profundiza el titular de Innova Recoleta. 

En palabras de sus impulsores, el Plan de Acompañamiento Social (PAS) es el corazón del proyecto. Este busca fortalecer la integración “social plena y efectiva” de las familias, así como fomentar la participación y el acceso a servicios públicos y privados. “El eje central de esa participación está en el desarrollo de la vivienda propia”, indica Pizarro. Es decir, procuran que las familias se preparen para postular a una vivienda definitiva en el futuro.

El impacto del PAS en Recoleta

Entre los resultados del PAS, en Innova Recoleta destacan:

• Conformación de un Comité de Vivienda que trabaja en la materialización de un proyecto de vivienda definitiva bajo la postulación a subsidios del Ministerio de Vivienda. 
• Formación del “Grupo Motor” de residentes, con participación directa en la gestión.
• Acceso a redes estatales y municipales de apoyo en salud, educación, justicia y
• trabajo.
• Talleres permanentes de autocuidado, mantención, convivencia y ahorro.
• Acompañamiento personalizado en temas de convivencia, salud mental, y resolución de conflictos.
• Implementación de prácticas de sostenibilidad como el reciclaje.

“El Plan de Acompañamiento Social ha sido fundamental para la consolidación de una comunidad cohesionada, empoderada y activa. Ha logrado instalar una cultura de corresponsabilidad comunitaria que refuerza la sostenibilidad del proyecto”, valora Pizarro. 

Hacia la replicabilidad y nuevos proyectos

A más de cinco años de su creación, el modelo tiene bajas tasas de morosidad y el 85% de los gastos operacionales se cubren con los pagos de arriendo. Además, muchas familias ya están organizadas en comités de vivienda para postular a subsidios y acceder a una casa propia en el futuro.

El éxito del Condominio Justicia Social 1 impulsó a Recoleta a avanzar con cuatro nuevos proyectos: Justicia Social 2, 3, 4 y 5, ampliando la oferta de arriendo público a “precio justo”. Además, la experiencia ha despertado el interés de otras comunas chilenas.

Según Pizarro, la clave para replicar este modelo en otros municipios reside en cuatro condiciones esenciales:

• Voluntad política de innovar con un enfoque de derecho a la vivienda.
• Compra o acceso a terrenos bien ubicados.
• Capacidad técnica para formular y gestionar proyectos habitacionales de calidad.
• Acceso a subsidios a la oferta, como la Glosa N°3 del MINVU.

“También es fundamental promover una visión integral de la vivienda como proceso y derecho, no como bien de consumo”, complementa Pizarro.

En el marco del webinario Vi-Lab “Hacia un modelo de Inmobiliaria Social de Alquiler en Argentina: intercambio de experiencias y conocimiento técnico”, organizado por Urban Housing Practitioner´s Hub (UHPH),el director presentó esta iniciativa de la comuna como un caso exitoso de articulación público-privada. 

Allí ofreció una última conclusión: “La Corporación Innova Recoleta demuestra que la capacidad del sector municipal como un agente habitacional local es clave para poder desarrollar un modelo más rápido de gestión de vivienda, donde el arriendo es una de las herramientas más importantes”. 

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Redacción +COMUNIDAD.

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Por Florencia Luján y
Juan Martín de Chazal,
Redacción +COMUNIDAD

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la biodiversidad es la variedad de microorganismos, plantas, animales y ecosistemas –terrestres, acuáticos o mixtos– que habitan y conviven en el planeta. Sin embargo, el uso excesivo de recursos naturales, la degradación de hábitats, la contaminación y los efectos del cambio climático, sumados a la introducción de especies invasoras, amenazan ese equilibrio.

Un informe de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES) alerta sobre una reducción del 2 al 6% de la biodiversidad cada década en los últimos 30-50 años. Frente a esta problemática, emergen soluciones innovadoras como los biocorredores y sistemas tecnológicos avanzados para monitorear y proteger la biodiversidad.

Un caso es Eirú, una empresa científica que propone una solución accesible que combina inteligencia artificial, imágenes satelitales, sensores bioacústicos y modelos predictivos para evaluar la salud ecológica en tiempo real, incluso en áreas remotas.

Para entender el potencial de darle espacio a la naturaleza en las ciudades y poner tecnología aplicada a su favor, este artículo reúne la mirada de cuatro especialistas que explican las oportunidades para innovar y construir territorios más sostenibles e integrados. 

Primero, ¿qué es (y qué no) un biocorredor?

Los biocorredores son caminos naturales que conectan diferentes zonas de naturaleza que antes estaban unidas, pero que se separaron por diferentes actividades humanas como la agricultura, la ganadería o la urbanización. Esta reunión entre bosques, selvas, monte u otros ecosistemas es fundamental para la conservación de la biodiversidad, ya que permite a las especies moverse, reproducirse y encontrar recursos.

¿Pero en qué se diferencia un biocorredor de otras infraestructuras verdes como parques lineales que se observan en muchas ciudades? Sebastián Martín, especialista en la Jefatura del Área de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, nos ofrece respuestas. Además, plantea cómo un gobierno local puede impulsar un biocorredor y de qué manera se puede involucrar a la comunidad en su mantenimiento.

“Un biocorredor se diferencia fundamentalmente de parques lineales, corredores viales verdes y espacios recreativos aislados en su objetivo principal y su enfoque ecológico”, responde Sebastián. Mientras que los parques lineales, corredores viales verdes y espacios recreativos pueden tener beneficios ambientales secundarios –profundiza–, el biocorredor tiene como misión primordial la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad. Es decir, se diferencian por su enfoque centrado en las necesidades de la naturaleza:

● Biocorredor. Su prioridad absoluta es facilitar el movimiento y la supervivencia de la biodiversidad. Se diseña considerando las necesidades ecológicas específicas de las especies nativas, buscando conectar hábitats naturales fragmentados para permitir la reproducción, la búsqueda de alimento, la dispersión y la adaptación al cambio climático. Su éxito se mide por su funcionalidad ecológica y su contribución a la salud de los ecosistemas.

● Parques Lineales. Si bien pueden incorporar vegetación y ofrecer beneficios ecológicos limitados, su énfasis principal suele ser la recreación y el transporte humano (peatones, ciclistas y otros). Su diseño está centrado en la accesibilidad y el uso por personas, y su función ecológica es a menudo secundaria o incidental.

● Corredores Viales Verdes. Se enfocan principalmente en mitigar los impactos ambientales de las carreteras, como la erosión y el ruido, y pueden tener un valor estético. Aunque pueden ofrecer cierto hábitat para algunas especies, su diseño está condicionado por la infraestructura vial y no necesariamente optimizado para la conectividad ecológica a gran escala.

● Espacios Recreativos Aislados. Son áreas verdes destinadas principalmente al ocio y al bienestar humano dentro de entornos urbanos o rurales. Aunque valiosos para la calidad de vida, al estar aislados, no cumplen la función de conectar poblaciones de vida silvestre ni de facilitar los procesos ecológicos entre diferentes hábitats.

Biodiversidad: el rol de las ciudades y la comunidad

Siguiendo sus explicaciones, preguntamos a Sebastián Martin qué pueden hacer las ciudades para impulsar biocorredores.  “Un gobierno local tiene un papel crucial y puede ser el motor de cambio y hacer crecer un biocorredor”, sentencia. La primera tarea –enumera– es identificar los “núcleos de conservación”. Esto significa hacer un relevamiento, traducido en un mapa de las áreas naturales importantes que ya existen (bosques, reservas, humedales) y detectar dónde la naturaleza necesita ayuda para volver a conectarse. “Es como encontrar los puntos donde la vida silvestre necesita un empujoncito”, grafica. 

El siguiente paso es fomentar la creación de espacios naturalizados entre esas áreas. “Esto podría ser a través de la restauración ecológica, generación de islas de biodiversidad o bosques de bolsillo con vegetación nativa en terrenos baldíos, a lo largo de ríos o arroyos. O incluso trabajando con dueños de terrenos privados para crear zonas amigables con la vida silvestre”, receta el especialista. 

Por último, destaca que es clave que el gobierno local genere instrumentos de compensación ambiental para la biodiversidad. Por ejemplo, estrategias de restauración y conservación de los ecosistemas naturales y las áreas verdes del territorio.

¿Y cómo se puede involucrar a la comunidad en el mantenimiento de estos espacios? La propuesta de Sebastián incluye el armado de una Comisión de Manejo Participativa (CMP). “Se trata de un equipo diverso donde la comunidad, expertos y gobierno unen fuerzas para conservar y dar vida a este espacio natural vital. Juntos toman decisiones, comparten responsabilidades y aseguran que la voz de todos se escuche, construyendo un futuro donde la biodiversidad florece y el planeta se mantiene sano”, define. Y finaliza: “Es la colaboración poderosa que nutre la conexión de la vida”. 

Una necesidad creciente: medir, reportar y verificar la biodiversidad

Si los biocorredores representan una estrategia clave para proteger y conectar ecosistemas fragmentados, resulta indispensable conocer en profundidad cómo evolucionan en el tiempo y qué impacto real generan este tipo de iniciativas regenerativas. Sin embargo, existe una limitación común: la ausencia de herramientas accesibles para evaluar de manera continua y precisa la salud de la biodiversidad.

Es precisamente ante esta necesidad que emerge Eirú (significa “abeja” en guaraní). Es una startup de base científico-tecnológica con una solución innovadora para medir biodiversidad y verificar su regeneración. 

Se trata del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la biodiversidad que combina imágenes satelitales, sensores bioacústicos, inteligencia artificial y modelos predictivos para evaluar la salud de los ecosistemas en tiempo real. Incluso en zonas remotas, sin necesidad de laboratorios ni grandes operativos de campo. 

Sus fundadores son referentes en transiciones productivas sostenibles y conservación. Fernanda Santibáñez, CEO y cofundadora, es geógrafa e investigadora en ANPCYT y CONICET, especializada en ecología y evaluación de impactos. Lucas Garibaldi, director científico y cofundador, es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias, con más de 200 publicaciones científicas y más de 20 premios internacionales de ecología y conservación.

Junto con Ailén Ortiz, project manager en EIRU, cuentan a +COMUNIDAD cómo esta solución tecnológica complementa y potencia esfuerzos para asegurar que las estrategias de conservación sean efectivas y sostenibles en el tiempo. “En Eirú entendemos que lo que no se mide no se puede gestionar. Por lo tanto, es urgente desarrollar sistemas de monitoreo, reporte y verificación eficientes, de bajo costo y escalables, que permitan comprender el estado de salud de la biodiversidad de un sitio y cómo  evoluciona a lo largo del tiempo luego de implementar prácticas de regeneración y/o conversación”, explican.

━¿Cómo funciona el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de la biodiversidad?

━ Nuestro protocolo de MRV se fundamenta en tres pilares principales: 

1) Tecnología de monitoreo. Empleamos imágenes satelitales y sensores IoT basados en bioacústica para recopilar datos de forma no invasiva, sin generar impacto en las operaciones del sitio y que a la vez permiten abarcar grandes extensiones de espacio y reducir tiempos de trabajo en campo.

2) Modelo de simulación predictiva. Incorporamos tecnología de gemelos digitales para simular distintos escenarios y predecir los potenciales impactos de distintas prácticas regenerativas, permitiendo tomar decisiones basadas en la naturaleza.

 3) Software de visualización de datos. No sólo elaboramos reportes detallados con indicadores ambientales clave y un plan de recomendaciones, alineados con los estándares internacionales más recientes en biodiversidad y sostenibilidad (GRI, ESG, SBTN, entre otros), sino que a su vez los conectamos a un software de visualización que se actualiza de manera automática.   

De esta manera Eirú proporciona datos precisos simplificados sobre la salud de ecosistemas en los paisajes en los que quieran iniciarse o verificar impacto de proyectos de conservación/regeneración y/o sitios productivos. Los destinatarios son múltiples: gobiernos, instituciones públicas, empresas privadas, y más.

Hoy Eirú ya ha monitoreado 4.000 hectáreas en Argentina y Chile y nuestro objetivo es lograr monitorear 10.0000 hAs en 2025. Ya contamos con  tecnología validada 1.0, agregando funcionalidades (sensores IoT) y este año 2025 ya comenzando la validación de v2 en mercado. 

^{Aplicación del sistema MRV en territorio. Foto: Eirú.} 

━ Vemos que trabajan con empresas, gobiernos y organizaciones que buscan monitorear y evaluar campos productivos y áreas de conservación y regeneración. ¿Podrías contarnos un poco más sobre estas experiencias y qué impactos han tenido hasta ahora?

━ Hoy apuntamos a trabajar no sólo con empresas del sector agropecuario del mundo, sino también con empresas que quieran certificarse en estándares internacionales (…). También, empresas con objetivos concretos en conservación que necesiten medir el impacto de sus proyectos. Y, por supuesto, con cualquier organización con proyectos afines que necesite datos para verificar el estado actual de la biodiversidad y/o verificar el  impacto positivo del mismo. 

Hoy estamos realizando dos tipos de monitoreos. Por un lado, sitios con prácticas regenerativas ya implementadas. Es decir, estamos monitoreando para verificar el impacto en la biodiversidad de esas prácticas. Y, por otro lado, sitios para levantar líneas de base, es decir, iniciando los primeros monitoreos del estado actual de biodiversidad de esos sitios. Ambos tipos de monitoreos requieren un año de duración. Suelen realizarse en primavera y en verano, por lo que recién terminado ese ciclo pueden saberse esos resultados. Hasta el momento los monitoreos de verano han sido realizados con éxito.

Contamos el caso del monitoreo de Córdoba, Establecimiento Monte Hermoso (1.795 hectáreas). Se inició por un pedido del Ministerio de Economía Circular y Biodiversidad de la Provincia para monitorear establecimientos productivos que ya estén implementando prácticas regenerativas. El establecimiento que estamos monitoreando tiene instalados corredores biológicos (trabajo realizado por Agro Design). Nuestro muestreo se centra en verificar el impacto de esos corredores en estos ecosistemas, lo que determinará también el impacto en el rendimiento. Ese monitoreo lo realizamos en febrero de 2025 y en septiembre-octubre se realizará el segundo muestreo. 

━ ¿Qué oportunidades existen para aplicar el sistema MRV puntualmente en ciudades? Por ejemplo, en biocorredores, ¿es un horizonte posible?

━ ¡Muchas oportunidades! El sistema MRV que brindamos en Eirú tiene un gran potencial para ser aplicado en entornos urbanos y en ciudades, incluyendo áreas como los biocorredores urbanos. Las áreas verdes urbanas (plazas, parques, reservas, corredores verdes, biocorredores) son un componente fundamental para la calidad ambiental y de vida en las ciudades, y por eso es crucial medir su estado actual y verificar su evolución en el tiempo. Actualmente en Argentina no existe una ley nacional específica y unificada que regule su creación, preservación y gestión. Por eso, el tema se gestiona principalmente a nivel municipal o provincial, en donde existen planes urbanos que plantean una gestión de los espacios verdes, con prácticas de cuidado, conectividad, entre otros. 

Medir y verificar la biodiversidad de esos espacios con Eirú permitirá darle un seguimiento eficaz a esas planificaciones urbanas y realizar un manejo adaptativo si es lo que corresponde. Algunos beneficios posibles de monitorear biodiversidad en espacios urbanos son:

• Planificación urbana basada en datos. Monitorear en tiempo real la biodiversidad en parques urbanos, corredores biológicos y reservas naturales facilita la toma de decisiones sobre restauración, control de especies invasoras y protección de ecosistemas clave. 
• Mejora de la calidad del aire y reducción de islas de calor. Conocer el estado del arbolado urbano y la vegetación permite gestionar su conservación estratégicamente, optimizando la captación de carbono, la generación de sombra y la absorción de contaminantes. 
• Fomento del turismo sostenible y la educación ambiental. Contar con datos en tiempo real permite desarrollar experiencias innovadoras, como recorridos con realidad aumentada sobre flora y fauna local, atrayendo turismo y promoviendo la conciencia ambiental. 
• Acceso a financiamiento y certificaciones internacionales. Las ciudades que implementan estrategias de monitoreo de biodiversidad pueden acceder a fondos internacionales para conservación, certificaciones ambientales y mecanismos de financiamiento verde. 
• Ingreso a mercados de créditos de carbono y biodiversidad. Para acceder a créditos de carbono de alta calidad se requieren indicadores de biodiversidad. Además, las ciudades que monitoreen biodiversidad  pueden posicionarse en el incipiente mercado de créditos de biodiversidad, permitiendo la compensación de impactos ecológicos y atrayendo inversiones en conservación y regeneración.

Implementación del sistema MRV en territorio. Imagen: Eirú.

Biocorredores en territorio

Durante 2024, las localidades de María Teresa y Villa Cañás en Santa Fe, Argentina, comenzaron a recorrer un camino concreto hacia la conservación de su biodiversidad. Fue a partir de su participación en el programa Ciudades de la Biodiversidad, impulsado por la Red de Innovación Local (RIL). 

Estas comunidades desarrollaron un biocorredor que busca conectar sus espacios urbanos con los ecosistemas rurales, promoviendo una integración activa entre la naturaleza y el territorio. Para eso también incluyó nuevas plazas con vegetación nativa e iniciativas de manejo sostenible en campos productivos.

En esta nota podés conocer más sobre la iniciativa:

¿Tenés una historia para contar? En +COMUNIDAD nos gustaría conocerla.

^{Imagen de portada: los cofundadores de Eirú en un paisaje natural. Foto: Eirú.}

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El Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), implementado desde 2010, puso el foco en dos frentes principales: el recambio de calefactores a leña por sistemas menos contaminantes y la mejora en la aislación térmica de las viviendas. ¿El objetivo? Reducir la presencia de material particulado fino (MP 2.5), señalado por especialistas como el contaminante más crítico en la comuna.

En una ciudad donde el clima frío obliga a calefaccionar buena parte del año, estos cambios se mostraban urgentes. En 2020, incluso se llegó a considerar a Temuco como una de las más contaminadas  del mundo, tras un artículo de un medio especializado que generó fuertes debates entre expertos y autoridades.

Cómo funciona el plan 

Desde la implementación del PDA, en Temuco se realizaron más de 15.000 recambios de calefactores domiciliarios y se entregaron kits de eficiencia energética a personas mayores. Incluían ampolletas LED, aislantes térmicos, alargadores con interruptor y material educativo. Las medidas –según las autoridades– ayudaron a disminuir las emisiones, mejoraron el confort en los hogares, promovieron prácticas más sustentables y redujeron los costos en las facturas.

Para acceder al recambio voluntario de calefactores, los usuarios deben postular y cumplir ciertos requisitos, como ser propietarios del calefactor a leña instalado en la vivienda y entregarlo para su destrucción. En algunos llamados, se solicita un copago por parte de los beneficiarios, cuyo monto varía según la tecnología y la convocatoria específica. El programa es financiado principalmente por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile y el Gobierno Regional de La Araucanía. 

Por su enfoque integral y avances sostenidos en el tiempo, Temuco fue reconocida con la Medalla de Adaptación y Acceso a la Energía del Pacto de Alcaldes por el Clima, una distinción que valora iniciativas locales en mitigación y justicia climática.

Nataly Neira Fuentes, Ing. en Recursos Naturales del Departamento de Medio Ambiente del Municipio de Temuco, a cargo del Ing. Ambiental Patricio Figueroa, compartió con +COMUNIDAD los detalles del proceso desde la competencia municipal: cómo se diseñó la estrategia, qué obstáculos enfrentaron y qué transformaciones produjo en la vida cotidiana.

La resiliencia ambiental en Temuco 

━ ¿Cómo lograron dejar de ser una de las diez ciudades más contaminadas de Chile? En esa línea, ¿cómo se planificó el Plan de Descontaminación Atmosférica?

━  Temuco ha logrado importantes avances en la reducción de la contaminación del aire gracias a la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA). Es un instrumento diseñado con base en un diagnóstico técnico que identificó al uso de leña en calefacción domiciliaria como la principal fuente de material particulado fino(MP 2.5), el contaminante más crítico en la comuna. El PDA se estructuró con diversas medidas orientadas a disminuir estas emisiones, entre las que destacan:

• El recambio de calefactores contaminantes.
•  El mejoramiento térmico de viviendas.
•  Restricciones en el uso de leña durante episodios críticos de contaminación.
•  Gestión de episodios críticos.
• Campañas de educación y conciencia ambiental dirigidas a la comunidad.

Además, se fortaleció el sistema de monitoreo y fiscalización, lo que permitió un mayor control sobre las fuentes emisoras. Este esfuerzo ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre organismos públicos, municipios, y sobre todo, la colaboración activa de la ciudadanía. Gracias a estas acciones, Temuco ha dejado de figurar entre las diez ciudades más contaminadas del país, lo que refleja un avance significativo en materia ambiental y de salud pública.

━ ¿Qué problemáticas tenían siendo una de las diez ciudades más contaminadas de Chile? ¿De qué forma las fueron resolviendo gradualmente?

━ Cuando Temuco figuraba entre las diez ciudades más contaminadas de Chile, una de las problemáticas ambientales y de salud pública que enfrentamos era la alta concentración de material particulado fino (MP 2.5), especialmente durante los meses de otoño e invierno. Esto generaba efectos adversos en la calidad de vida de las personas, particularmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas. Entre ellas, un aumento en las consultas y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y la mala calidad del aire limitaba actividades al aire libre afectando el bienestar general.

Participación ciudadana, la clave de Temuco

━  ¿Cuáles han sido los principales desafíos a la hora de implementar el PDA? ¿Cuál es el aspecto más “innovador” de esta iniciativa?

━  La implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) en Temuco ha significado un gran avance en materia ambiental y salud pública, pero no ha estado exenta de desafíos importantes. Uno de los principales ha sido el cambio cultural en torno al uso de la leña como fuente de calefacción, muy arraigado en la zona por razones culturales, económicas y sociales. Sustituir este hábito por sistemas de calefacción más limpios ha requerido no sólo de programas de recambio, sino también educación y diálogo constante con la comunidad. Además, se ha debido fortalecer la fiscalización y monitoreo, para garantizar el cumplimiento de las restricciones durante episodios críticos. Otro aspecto a considerar en el futuro como un gran desafío es la implementación de un Piloto de Energía Distrital.

En cuanto al aspecto más innovador del PDA, destacamos su enfoque integral e intersectorial. No se trata solo de una política ambiental, sino de una estrategia que cruza salud pública, vivienda, energía y participación ciudadana. Este enfoque ha permitido reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida en miles de hogares a través de mejor aislación térmica, calefacción más segura y menor gasto en energía. Gracias a este trabajo conjunto, Temuco ha dejado atrás los niveles críticos de contaminación que la posicionan entre las ciudades más afectadas del país, avanzando hacia un modelo de desarrollo urbano más limpio y resiliente.

━  ¿Cuáles han sido los impactos más significativos de esta transformación?

━  La implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) en Temuco ha generado impactos muy significativos, tanto en términos ambientales como sociales y de calidad de vida para los habitantes. Entre los principales logros, podemos destacar:

• Mejoras sostenidas en la calidad del aire, especialmente durante los meses más críticos del invierno. Esto ha significado una disminución en la cantidad y duración de episodios de alta contaminación. 
• Mejor calidad de vida en los hogares: gracias al acondicionamiento térmico de viviendas y el recambio de calefactores contaminantes, muchas familias ahora cuentan con espacios más cálidos, seguros y eficientes energéticamente. 
• Mayor conciencia ambiental y participación ciudadana: la comunidad ha tenido un rol activo, adoptando nuevas prácticas y comprendiendo mejor la importancia de cuidar el aire que todos respiramos. Impulso a la innovación y nuevas tecnologías de calefacción, lo que también ha dinamizado el mercado local y generado nuevas oportunidades para empresas proveedoras de soluciones más limpias. 
• Y los cambios regulatorios a nivel nacional, con origen en los estándares del PDA de Temuco y Padre Las Casa.  Esta transformación nos ha posicionado como un referente nacional en políticas locales para la descontaminación, con un modelo replicable en otras zonas del país.

━  ¿Cómo acompaña la comunidad esta iniciativa? ¿De qué forma lograron generar un cambio de comportamiento en sus consumos energéticos?

━  La comunidad ha sido un pilar fundamental en la implementación del Plan de Descontaminación Ambiental. A través de campañas de sensibilización, talleres educativos y un trabajo colaborativo con organizaciones sociales y vecinales, hemos logrado una participación activa de los vecinos y vecinas. El cambio de comportamiento  los consumos energéticos se ha promovido mediante la entrega de información clara sobre alternativas más limpias, incentivos para la mejora térmica de viviendas y el recambio de calefactores contaminantes. Gracias a estas acciones, muchas familias han adoptado prácticas más eficientes y sostenibles, contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad del aire en nuestra comuna.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo.  ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales inspiradoras como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos de Municipalidad de Temuco}
Redacción +COMUNIDAD.

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