Por Javier E. Varani,
Gerente de Relaciones Institucionales del Banco Hipotecario (*)

El proceso de urbanización operado en todo el planeta es ya una realidad irreversible y consolidada. Más de la mitad (55%) de la población mundial vive en ciudades, y se estima que dentro de 25 años ese porcentaje ascenderá al 70%.

En Latinoamérica ya hemos alcanzado esa marca, gracias a un proceso que no siempre ha sido virtuoso, ni mucho menos planificado. Por su importantísimo impacto en la vida cotidiana (nuestro hábitat son las ciudades, nos guste o no) no es extraño comprobar que en las últimas décadas, desde diversas disciplinas, se estudie este fenómeno en sus causas y en sus consecuencias.

Habitar y gobernar las ciudades abarca la totalidad del obrar humano: el abastecimiento, la pobreza, la seguridad, el tránsito, la planificación urbana, el medio ambiente, son sólo algunos de los desafíos de nuestras comunidades. Siempre es útil, por lo tanto, detectar y conocer experiencias exitosas en ciudades vecinas, o de otros países, entender cómo se gestionan problemas y tareas que, en el fondo, son comunes a todas las ciudades.

Aunque a la hora de trasladar experiencias, cada comunidad deberá adaptar lo aprendido a su propia realidad, a su propia cultura. No se trata de copiar. Sí de inspirar.

Las experiencias de Bogotá y Medellín

Dos ciudades colombianas se destacan en Latinoamérica como ejemplos de gestión local: Bogotá y Medellín han llevado adelante procesos similares de mejora de la vida ciudadana en las últimas dos décadas.

Hay mucho para señalar al respecto, pero vale destacar tres conceptos que ambas ciudades aplicaron exitosamente y que pueden ser replicados, al modo de cada ciudad, en nuestro país. Todos apuntan a un principio rector: la integración. Todos somos parte de la misma ciudad.

1. Priorizar las áreas más desprotegidas

El trabajo de las autoridades municipales debe focalizarse en los más vulnerables, los más desprotegidos. Si la idea es gobernar a todos, está claro que el mayor esfuerzo debe hacerse en los que aún no acceden al nivel de vida promedio.

Si lo hacemos bien, el progreso será continuo para la mayoría de los vecinos de nuestra ciudad.

Priorizar estas poblaciones significa no sólo dotar de presupuestos a los barrios marginados, sino también de los mejores profesionales, los mejores servicios (educación, salud, cultura, etc.).

Los casos de Ciudad Bolívar, en Bogotá; o Comuna 13, en Medellín, son emblemáticos al respecto.

Tendemos a calificar a las ciudades por sus logros, aunque éstos no lleguen a todos; deberíamos aplicar, en verdad, el popular axioma: “una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”.

2. Seguridad vs. Inseguridad

Junto a la pobreza, es uno de los grandes desafíos de las urbanizaciones.

Medellín fue la ciudad con más muertes violentas en el mundo. En 1991, llegó a la escalofriante cifra de 382 cada 100000 habitantes (Rosario, en su peor momento, tuvo 23).

El remedio tradicional al flagelo de la inseguridad es más seguridad, más equipamiento, más personal policial, más control.

Sin descartar estas herramientas, que Medellín usó en abundancia, me impactó el concepto (y los resultados de su aplicación) al que se abrazaron las autoridades medellinenses: “lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia”.

Y volcaron ingentes recursos, humanos, organizacionales y económicos, a la integración social, el deporte y la cultura comunitarios.

En el año 2024, la tasa de homicidios descendió a 11,3 casos cada 100000 habitantes.

3. Transporte urbano

No hay verdadera integración sin un transporte urbano de calidad que vincule a cada uno de los barrios con el resto de la ciudad.

Ambas ciudades colombianas crearon sistemas de transporte público integrado con recorridos que cruzan a todo el ejido urbano, conectando los vecindarios centrales con los periféricos, las zonas acomodadas con las vulnerables, a través de diversos sistemas de transporte, principalmente buses y telesféricos.

Estos últimos resultan imprescindibles para las barriadas populares asentadas en cerros y zonas de altura.

Un desafío en común: encontrar el “equilibrio”

En definitiva, se trata de integrar a toda una ciudad.

En general, desde el poder, se ve la integración de un modo radial, como una rueda de bicicleta, con sus rayos desplegados desde un centro proveedor.

En verdad, una comunidad es un tejido, donde todas las partes se conectan entre sí, se relacionan, y también se proveen, logrando de ese modo una reducción permanente de la brecha entre desiguales, buscando equilibrios que, en cada etapa, sean superiores al anterior.

(*) Esta columna fue publicada originalmente el 29 de mayo de 2026 en Infoban, un medio de comunicación digital bonaerense. Javier Varani,  quien fue invitado por la Red de Innovación Local (RIL), a visitar las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín en el marco de una visita de capacitación para autoridades municipales de Argentina y Latinoamérica, autorizó a +COMUNIDAD su republicación

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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Por Alfredo Marcelo Caro Alvarado,
director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Municipalidad de Puerto Varas

Cuando se habla de sostenibilidad, la atención suele centrarse en las grandes ciudades o en políticas de alcance nacional. Sin embargo, en el sur de Chile —a orillas del lago Llanquihue y bajo la mirada de los volcanes Calbuco y Osorno— Puerto Varas demuestra que las ciudades intermedias también pueden liderar transformaciones ambientales con un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

Con una población que supera los 52.000 habitantes, un territorio de más de 4.000 kilómetros cuadrados y uno de los ritmos de crecimiento más acelerados en la región de Los Lagos, la comuna enfrenta desafíos cada vez más complejos. La expansión urbana, la gestión de residuos, la conservación de ecosistemas y la adaptación al cambio climático son algunos de los más urgentes. 

Este auge habitacional y el desarrollo de los sectores rurales traen oportunidades, pero también, una mayor presión sobre los recursos naturales y la capacidad de los servicios municipales. Frente a esta realidad, Puerto Varas impulsa una estrategia ambiental en la que la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, la participación ciudadana y la educación ambiental forman parte de una misma conversación.

Puerto Varas Huella Cero: camino hacia la economía circular

Uno de los mayores desafíos ambientales para cualquier ciudad es la gestión de sus residuos diarios. Durante décadas, en Puerto Varas la respuesta se limitó a recolectar y confinar los desechos en vertederos, práctica que hoy evoluciona hacia los rellenos sanitarios. Frente a este panorama, nos planteamos una pregunta clave: ¿cuánto de lo que descartamos puede reincorporarse realmente a un ciclo productivo?

Con esa mirada nació, en diciembre de 2025, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), bajo el sello Huella 0. Se trata de una estrategia comunal diseñada para reducir el volumen de desechos que llegan al Relleno Sanitario La Laja, espacio que recibe la basura de toda la provincia de Llanquihue. Este plan busca incrementar de forma progresiva la valorización de los residuos mediante dos líneas de acción que ya se encuentran en ejecución:

• Huella Cero Inorgánicos: enfocado en el reciclaje, implementa la recolección diferenciada puerta a puerta en toda la zona urbana y gran parte del sector rural. Además, incluye la instalación de puntos limpios en establecimientos educacionales, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).
• Huella Cero Orgánicos: aborda la fracción más grande de desechos, dado que en Chile los residuos orgánicos representan al menos el 50% de la bolsa de basura promedio.

Para gestionar esos residuos orgánicos, se trabaja en dos frentes. Primero, se están entregando 950 composteras y 350 vermicomposteras, logrando que el residuo permanezca en la vivienda y se transforme en compost para huertas domésticas, promoviendo así la soberanía alimentaria de las familias. En segundo lugar, se ha fortalecido el servicio de recolección puerta a puerta de orgánicos, expandiendo la cobertura en 2026, de 300 a cerca de 1.000 viviendas. Con esto se consolida una red comunitaria que se hace parte activa de la solución.

Más allá de los números, el principal objetivo es generar un cambio cultural. La economía circular sólo es posible cuando las personas comprenden que los residuos pueden ser recursos, y que las decisiones cotidianas tienen un impacto en el territorio.

Plan Lago Sin Huella: Una estrategia integral para la cuenca 

Si existe un elemento que define la identidad de Puerto Varas es el lago Llanquihue. Su valor ambiental, paisajístico, turístico y cultural lo convierte en el principal activo de la comuna. Sin embargo, también es un ecosistema vulnerable que exige monitoreo y protección permanentes.

Con este propósito nace el Plan Lago Sin Huella, una iniciativa de articulación público-privada, que se originó en enero de 2022 con la creación de la Mesa Hídrica Asesora. Un espacio donde autoridades, la academia, fundaciones y el sector privado aportan su experiencia científica y metodológica para evaluar el estado del agua y diseñar estrategias que reduzcan el ingreso de contaminantes en la bahía.

Aunque el foco inicial es la bahía de Puerto Varas, el éxito de este modelo busca ser replicado en las demás comunas de la cuenca, bajo la premisa de que la protección del lago debe ser un esfuerzo mancomunado de todo el territorio.

Como respuesta complementaria para mitigar los impactos humanos directos sobre el espejo de agua, el municipio comenzó a explorar e implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Durante el último año, para tratar las aguas mixtas que descienden hacia el lago y que arrastran contaminación proveniente de viviendas que aún no se conectan a los servicios sanitarios, se ha construido un piloto de humedal fitodepurador.

Además se está estudiando la factibilidad de repoblar el entorno, tomando como objetivo de estudio al Diplodon chilensis, una almeja nativa de agua dulce, enfocando sus poblaciones en los puntos críticos de contaminación urbana debido a su capacidad natural de filtración.

Actualmente se encuentran en proceso de elaboración y postulación diversos proyectos destinados a recuperar quebradas y humedales locales. En su conjunto, estas intervenciones no solo buscan resolver problemáticas sanitarias específicas, sino también aumentar la resiliencia de Puerto Varas frente a los desafíos del cambio climático y fortalecer el vínculo vital entre las personas y los ecosistemas que habitan.

Cuando la comunidad se convierte en protagonista

Uno de los aprendizajes más valiosos ha sido comprobar que las transformaciones ambientales más duraderas son aquellas que involucran activamente a la comunidad. Por esta razón, Puerto Varas ha impulsado una red creciente de jardines biodiversos, huertos comunitarios, viveros vecinales y jardines inundables desarrollados junto a grupos de vecinos, organizaciones territoriales, establecimientos educacionales y voluntarios.

A estas iniciativas se suman talleres de flora nativa, hongos, mejoramiento de suelos, propagación de especies y restauración ecológica, permitiendo que vecinos y vecinas adquieran conocimientos prácticos y participen directamente en la recuperación de espacios públicos.

Los resultados han sido significativos. Personas que inicialmente asistían a una jornada de plantación hoy participan activamente en el cuidado de estos espacios, promoviendo su protección y fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia sus barrios.

Asimismo, este trabajo ha abierto nuevas oportunidades de colaboración con el sector privado. Cada vez más empresas locales se han sumado al cuidado de espacios públicos mediante el apadrinamiento de jardines, la donación de especies vegetales y la participación de sus equipos en actividades de restauración y plantación, demostrando que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida.

Una experiencia que sigue construyéndose

Los desafíos ambientales que enfrenta Puerto Varas son similares a los de muchas ciudades que buscan crecer sin perder los atributos naturales que las hacen únicas. La diferencia radica en la forma de enfrentarlos y planificar. La experiencia comunal demuestra que la gestión ambiental no depende únicamente de grandes inversiones o infraestructura. También requiere educación, participación ciudadana, colaboración público-privada, generación de conocimiento y una visión de largo plazo, capaz de integrar desarrollo y conservación.

En una comuna donde el paisaje es parte fundamental de la identidad local, proteger el entorno no es solo una tarea ambiental. Es una forma de construir comunidad, fortalecer la calidad de vida y proyectar un futuro más sostenible para las próximas generaciones.

Porque vivir al fin del mundo también implica asumir el compromiso de cuidarlo.

Esta columna “Desde el territorio” forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

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La ciudad de Córdoba, en Argentina, convive con la dualidad del río Suquía: la belleza de su cauce contiene, a la vez, un riesgo latente de crecidas repentinas. Este río de carácter serrano posee una dinámica hidrológica capaz de transformar un curso calmo en un torrente en cuestión de pocas horas. Los temporales de inicios de 2024 funcionaron como un recordatorio crítico de esta amenaza.

Aquellas lluvias evidenciaron las limitaciones del sistema de monitoreo municipal. Los anegamientos y cortes de calles estratégicas revelaron una escasez de datos hidrométricos en tiempo real y una respuesta de emergencia basada en información fragmentada. Sin un sistema de alerta temprana automatizado, la resiliencia de la infraestructura urbana quedaba vulnerable ante eventos climáticos cada vez más frecuentes y severos.

Frente a este déficit, la Municipalidad decidió abordar el problema mediante la innovación junto con BID-Lab. En 2024, a través del Laboratorio de Innovación Pública (CorLab), de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, se lanzó Río Inteligente, un desafío de innovación abierta diseñado para sensorizar el cauce y transformar la gestión del riesgo hídrico.

Río Inteligente, un desafío que propone ir más allá

Marcela Nicolaides, directora de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba y referente del CorLab, conversó con +COMUNIDAD sobre el mecanismo detrás de esta iniciativa. “El desafío se diseñó para implementar una solución de sensorización IoT (Internet of Things), con el objetivo de fortalecer las capacidades del municipio de prevención, mitigación y respuesta ante eventualidades”, explica.

El desafío se desarrolló en el marco de un programa específico que aplicó el modelo de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), una herramienta que permite al Estado impulsar soluciones que aún no existen en el mercado o que requieren instancias de co-creación.

Nicolaides indica que la ventaja central reside en la posibilidad de co-desarrollar la solución, incorporando adaptaciones durante la implementación que difícilmente se lograrían en esquemas tradicionales. 

En este camino, el desafío Río Inteligente fue pensado no sólo como una compra de hardware, sino como un proceso de validación técnica donde participaron además la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Defensa Civil. 

Finalmente, la propuesta ganadora, desarrollada por la startup cordobesa Pampa 4, representa un hito en la modernización de los servicios públicos locales, al combinar conectividad LoRaWAN con infraestructura de seguridad vial automatizada. Esta red garantiza el flujo de datos incluso si las redes celulares fallan durante una tormenta.

^{Primer sensor IoT, instalado en intersección de Ibarbalz y Costanera Norte. Imagen: Municipalidad de Córdoba.} 

Infraestructura, impacto y evidencia

La implementación del sistema Río Inteligente se desarrolló de manera progresiva entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, y alcanzó una implementación operativa en cuatro puntos críticos de la costanera: Ibarbalz, Cantón, Avellaneda y San Vicente. “El primer punto, Ibarbalz y Costanera Norte, fue el primero en entrar en operación durante agosto de 2025, funcionando como piloto para la validación del sistema antes de su escalamiento al resto de las ubicaciones”, cuenta Nicolaides. 

Actualmente el sistema está instalado e integrado con los siguientes componentes: 

• Sensores IoT de nivel de agua en cuatro puntos críticos, con medición continua en tiempo real.
•  Barreras automatizadas, cartelería LED y sirenas, activadas de forma manual o automática según protocolos. 
• Red de comunicación LoRaWAN activa, que garantiza conectividad incluso ante fallas de red celular.
• Plataforma web municipal de uso interno para monitoreo en tiempo real, control remoto y registro de eventos. 

La referente del CorLab explica que, dado el carácter reciente de la implementación, no se reportan aún métricas cuantitativas consolidadas públicas, como pueden ser porcentajes de reducción de tiempos o cantidad de eventos gestionados. Sin embargo, el informe técnico ya permite identificar resultados verificables. Algunos de ellos son:

• Disponibilidad de datos sobre el nivel del río en puntos críticos.
• Automatización efectiva del sistema de respuesta, con activación de barreras y alertas ante umbrales definidos.
• Operación autónoma validada, incluso sin conectividad, mediante lógica local.
• Capacidad de control remoto desde el Centro de Control de Tránsito.
• Registro histórico de eventos y condiciones del sistema.

El sistema introduce una mejora estructural en los tiempos de respuesta a través de: 

• Monitoreo continuo (no episódico) del nivel del río.
• Alertas automáticas ante umbrales críticos.
• Activación automatizada de barreras con lógica local.

La funcionaria explica, además, que en modo automático el sistema puede accionar ante condiciones críticas sostenidas (por ejemplo, nivel de riesgo durante un minuto), reduciendo la dependencia de la detección manual. 

“El sistema cubre actualmente cuatro puntos estratégicos definidos por Defensa Civil, considerados críticos para la gestión del riesgo hídrico en la ciudad, con posibilidad de expansión futura gracias a la arquitectura escalable basada en LoRaWAN”, profundiza.

Sin embargo, la gestión de infraestructura tecnológica en entornos abiertos enfrenta desafíos de integridad física. “Como sucede en toda infraestructura urbana en espacio público, se han registrado episodios puntuales de vandalismo y afectaciones sobre algunos componentes, lo que ha requerido intervenciones de mantenimiento correctivo”, detalla Nicolaides. 

^{Sistema instalado en Puente Cantón. Imagen:  Municipalidad de Córdoba.}

Arquitectura técnica de la solución 

La selección de la solución se realizó mediante un proceso de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), evaluando criterios como calidad técnica, viabilidad, capacidades del equipo y adecuación a los requerimientos del desafío. 

En este marco, la propuesta seleccionada –la startup PAMPA 4– se destacó por ofrecer una solución integral “end to end”, cuya implementación quedó validada en el proyecto final: 

• Arquitectura completa de IoT, automatización, software con sensores controladores, barreras, cartelería y plataforma web de uso interno integrados en un único sistema.
• Capacidad de operación autónoma, mediante lógica local en controladores que permiten actuar incluso sin conectividad.
• Infraestructura resiliente, con respaldo energético y redundancia en comunicaciones.
• Interoperabilidad, a través de APIs y compatibilidad con sistemas municipales existentes.

Lecciones y condiciones para la transferencia

La implementación de Río Inteligente deja lecciones para la gestión pública de las crisis climáticas. En palabras de Marcela Nicolaides, este proyecto permitió consolidar aprendizajes en varias dimensiones que trascienden la instalación de sensores. 

Además, expresó que no se trata sólo de un éxito tecnológico, sino de un cambio cultural en la forma en que el Estado evalúa temas complejos, como en este caso puntual el colapso de la vía y servicios públicos ante eventos climáticos extremos. En resumen, el proyecto consolida articulación institucional, gobernanza de datos para la toma de decisiones y sostenibilidad operativa y capacitación.

La experiencia de Córdoba con Río Inteligente es replicable en otras ciudades con riesgos hídricos similares, siempre que se consideren ciertas condiciones necesarias para su adaptación. El diseño modular y escalable del sistema permite incorporar nuevos sensores o extender la red a otros puntos de la ciudad de forma sencilla, pero para que otra ciudad pueda adaptar este modelo, la directora  de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba identifica los siguientes requisitos:

• Definición clara del problema público y sus requerimientos funcionales.
• Definición precisa de puntos críticos basada en evidencia.
• Existencia de un ecosistema emprendedor o tecnológico activo.
• Capacidad institucional para gestionar procesos de innovación abierta.
• Articulación entre áreas técnicas y operativas.
• Infraestructura mínima para integración tecnológica, conectividad o posibilidad de desplegarla.
• Marcos de gobernanza de datos, interoperabilidad y seguridad.

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En 2015, el barrio Agua Mansa de Jesús María (Córdoba) volvió a ser testigo de la fuerza del río Guanusacate. Aquella crecida profundizó una certeza pesimista entre los vecinos: sentían que el lugar no tenía vuelta atrás y que ese terreno, sin planificación urbana, estaba condenado a ser un problema crónico.

La historia cambió de rumbo con el Presupuesto Participativo 2023, cuando el Grupo Scout 167, la comunidad y el municipio decidieron intervenir el espacio. Lo hicieron mediante un Bosque de Bolsillo, un proyecto que escaló rápidamente y se consolidó como una política pública de regeneración urbana que ya está dando sus frutos. 

Hoy, en ese suelo recuperado crecen 168 ejemplares de 23 especies nativas que recrean tres ecosistemas regionales: el bosque chaqueño, el espinal y el bosque serrano. La propuesta trasciende lo paisajístico; funciona como un nodo de educación ambiental y un punto de reencuentro con la naturaleza.

Aprendizaje, construcción de capacidades y trabajo en red

La concreción del Bosque de Bolsillo no fue una decisión unilateral de la Municipalidad: fue el resultado de un proceso de aprendizaje y construcción de capacidades locales. Con la guía de la Red de Innovación Local (RIL Argentina), a través del programa Naturaleza y Espacio Público, Jesús María incorporó el diseño participativo como forma de trabajo. 

A lo largo de seis instancias —que incluyeron jornadas de codiseño, validación comunitaria y plantación colectiva— se forjó una visión compartida del territorio. “El biocorredor es el resultado de un Estado que puede interpretar la necesidad de la sociedad civil y facilitar la vinculación”, sintetiza Gerardo Guirado, vecino de Alto Los Molinos e impulsor del proyecto Parque Riberas Oeste.

Esta dinámica rompió la inercia de las áreas estancas. Así, sectores municipales que operaban de forma aislada comenzaron a articularse bajo el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). El legado es doble: un espacio recuperado y una capacidad de gestión instalada para repensar el espacio público junto con la ciudadanía.

La creación del Bosque de Bolsillo

El Bosque de Bolsillo ubica a la biodiversidad como eje rector y se integra al Plan Integral del Biocorredor del Río Guanusacate. Este trazado de 11 kilómetros conecta el Parque del Oeste con el Bosque de Agua Mansa, una vinculación que jerarquiza la flora nativa dentro de la planificación de la ciudad.

El éxito de esta política se refleja en una mejora directa de la calidad de vida y en resultados tangibles que aseguran la sostenibilidad del ecosistema:

• Creación de un Bosque de Bolsillo de 500 m², con 168 ejemplares de 23 especies nativas.
• Tasa de supervivencia de los árboles superior al 90%.
• Compromiso sostenido entre el municipio, el Grupo Scout y la comunidad. 

Biodiversidad que florece junto a la comunidad

Jimena Álvarez, coordinadora del programa Naturaleza y Espacio Público, sostiene que el proyecto adquiere su verdadero valor cuando la comunidad deja de ser una simple destinataria para convertirse en codiseñadora de las soluciones. “Es un giro que lo cambia todo. A veces puede parecer un desafío. Podemos sentir que el proceso se alarga un poco, pero el alcance e impacto de los resultados son bien distintos, y, sobre todo, mucho más ricos”, explica a +COMUNIDAD.

Para la especialista, abrir el juego permite incorporar un conocimiento local insustituible: es la comunidad quien identifica los problemas reales y las oportunidades del territorio. “Así evitamos las ‘soluciones de escritorio’ y creamos propuestas que funcionan en la práctica porque se ajustan a las necesidades del territorio”, detalla.

Por último, suma que si el proceso de codiseño es amigable, cuidado y realmente colaborativo, genera confianza y esto reduce la resistencia a los cambios y aumenta la probabilidad de que las iniciativas sean adoptadas y sostenidas en el tiempo. “Un proceso de codiseño virtuoso y real, en sí mismo, fortalece los lazos comunitarios, fomenta la colaboración y construye capital social. Es en estos espacios donde vecinos y distintos actores aprenden a trabajar juntos, a dialogar y a resolver conflictos, algo invaluable para la gobernanza local”, concluye la coordinadora del programa.

Para repasar: qué cambia en Jesús María

1. Construcción – Activación de la red. El municipio pasó del diseño técnico a la cocreación. Junto con RIL, el Grupo Scout y la comunidad, se transformó un terreno sin planificación en un espacio de pertenencia. La comunidad aportó la memoria del lugar, convirtiéndose en guardiana del proyecto desde su origen.
2. Transformación – Cambios de hábitos y aprendizajes. Ocho áreas municipales hoy trabajan articuladas bajo el enfoque de soluciones inspiradas en la naturaleza. La biodiversidad ya no es paisaje, sino el eje central del Plan Integral del Biocorredor del río Guanusacate para mitigar riesgos hídricos.
3. Ciudades de Oportunidades – Impacto en la ciudadanía. El impacto en la ciudadanía se mide en resultados tangibles. Se recuperaron 500 m² con 168 ejemplares de 23 especies nativas, alcanzando una tasa de supervivencia del 90%. Esta cifra excepcional valida la eficacia del mantenimiento compartido entre el Estado y la comunidad.

Esta es una Historia de Impacto, un formato de RIL y +COMUNIDAD para visibilizar cómo el acompañamiento técnico genera resultados tangibles en los gobiernos locales. En ellas, mostramos cómo se activa la red mediante el trabajo colaborativo, se transforma la gestión pública hacia modelos más eficientes y se transita el camino hacia Ciudades de Oportunidades con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

La entrada Cómo el Bosque de Bolsillo de Jesús María integra la naturaleza en la gestión urbana se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por Fabian Dejtiar (*)

En América Latina, el sector de la construcción enfrenta un doble reto: responder a la expansión urbana y reducir su impacto ambiental. A nivel global, los edificios son responsables de cerca del 40% de las emisiones de CO2, y sin una incorporación decidida de estrategias de eficiencia energética, estas cifras seguirán creciendo. Sin embargo, los estándares internacionales no siempre se ajustan del todo a sus
realidades donde los recursos, las técnicas y las condiciones climáticas son tan diversas.

El Proyecto CEELA (Capacidades para la Eficiencia Energética en Latinoamérica) surgió en 2020 con una premisa simple pero transformadora: la eficiencia energética debe construirse desde las propias capacidades locales. Impulsado por COSUDE e implementado por la consultora EBP Chile, han estado trabajando en Perú, Ecuador, Colombia y México para adaptar soluciones técnicas a los contextos del sur global.

De los estándares a los Edificios Modelo

A diferencia de otros programas que trasladan modelos internacionales sin mediación, CEELA eligió un camino de formar profesionales, acompañar proyectos y generar evidencia concreta. Los llamados Edificios Modelo son el resultado visible de ese proceso. Funcionan como laboratorios reales, donde se prueban estrategias de eficiencia energética en distintos climas y escalas; desde escuelas rurales hasta universidades y viviendas sociales.

En Perú, por ejemplo, la rehabilitación de la Escuela Moisés Rebata, en Nasca, transformó un edificio afectado por el calor extremo en un espacio más confortable y saludable para aprender. La combinación de ventilación cruzada natural, protección solar y energía fotovoltaica redujo el sobrecalentamiento y mejoró la calidad del aire interior.

En Ecuador, la Universidad de Azuay convirtió sus instalaciones en un laboratorio vivo para medir distintas técnicas de aislamiento térmico, generando datos y conocimientos. Esto también como parte de una estrategia más amplia: el concepto de Universidades Cero Emisiones, que busca transformar los campus en ejemplos concretos de construcción sostenible en América Latina.

En Colombia, el edificio DAMMAR, en Cartagena, aplicó estrategias pasivas en vivienda social. Esto quiere decir que es posible reducir la demanda energética incluso a gran escala y en climas cálidos y húmedos.

Una red que sigue creciendo en América Latina

Detrás de estos proyectos hay una transformación más profunda: el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión en los territorios. Arquitectos, docentes, estudiantes y autoridades locales participaron en talleres, asesorías y monitoreos que les permitieron incorporar criterios de eficiencia en sus propios contextos.

Antonio Espinoza, responsable de los Edificios Modelo por parte de EBP Chile, destaca que el mayor valor no reside sólo en los edificios construidos, sino en la red de capacidades que se activó a su alrededor.

“Lo importante es que ahora los equipos que han participado en el proceso de trabajo cuentan con nuevas herramientas y capacidades que les permiten analizar, comparar e implementar medidas de eficiencia energética y confort térmico desde las etapas más tempranas de un proyecto. Sabemos que estas estrategias son más efectivas y menos costosas cuando se incorporan desde el inicio, y eso es a lo que apuntamos”, afirma.

Para Espinoza, el verdadero legado es haber generado condiciones para que la eficiencia energética deje de ser una excepción experimental y comience a integrarse de forma estructural en el desarrollo urbano de América Latina.

Aprendizajes y próximos pasos

Las experiencias de CEELA muestran que la eficiencia energética es, además de técnica, cultural y formativa. Requiere construir capacidades locales, fortalecer redes de colaboración y generar conocimiento adaptado a cada clima y contexto socioeconómico. El desafío ahora es escalar esas prácticas y consolidar políticas públicas que las integren de forma estructural en el desarrollo urbano y habitacional de la región.

A medida que América Latina se prepara para construir millones de metros cuadrados adicionales en las próximas décadas, estos casos ofrecen una lección común: es posible avanzar desde lo local con soluciones que combinen desempeño ambiental, pertinencia social y viabilidad económica.

(*) Fabian Dejtiar es arquitecto con amplia experiencia en comunicación y medios digitales. Se desempeñó como Managing Editor en ArchDaily, la plataforma de arquitectura más visitada del mundo, donde lideró proyectos editoriales de reportaje, fotografía, redacción y curaduría con foco en América Latina y España.

Imagen de portada: Proyecto CEELA.

La entrada Qué son los Edificios Modelo y cómo pueden aportar a la eficiencia energética en América Latina se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por Clarisa Corral,
Mg. en Desarrollo Urbano (*)

A más de 200 kilómetros de Paraná, en las ciudades de Hasenkamp y Chajarí, decenas de familias buscan acceder hoy a su vivienda gracias a un modelo cooperativo impulsado por sus gobiernos locales. Frente a la creciente demanda habitacional, la falta de crédito accesible y las limitaciones de programas nacionales, ambos municipios optaron por reactivar una herramienta que, según señalan, había dado buenos resultados en décadas pasadas: el círculo cerrado de viviendas.

Se trata de un sistema de ahorro solidario, donde las familias realizan un aporte mensual —generalmente equivalente al valor de un alquiler— y el municipio se encarga de administrar los fondos, coordinar las obras y adjudicar las viviendas mediante sorteos públicos con criterios sociales. Sin búsqueda del lucro ni especulación: lo que sostiene el sistema es la confianza mutua y el compromiso colectivo por el acceso a la vivienda.

Cuando lo local recupera herramientas propias

Los círculos cerrados se basan en un principio simple: un grupo de familias se organiza y, con el acompañamiento del municipio, aporta mensualmente una suma que permite financiar de manera rotativa la construcción de viviendas. A medida que las casas se entregan, el grupo continúa aportando para que otras familias accedan. 

En Hasenkamp y Chajarí, este sistema había funcionado durante los años ochenta y noventa, pero había quedado inactivo en las últimas décadas. Su reactivación implicó actualizar los marcos normativos y también reconstruir capacidades institucionales, convocar a las familias, y diseñar mecanismos de gestión que aseguren equidad, viabilidad técnica y sostenibilidad económica.

El municipio lideró el proceso, proponiendo un reglamento que sea claro, definiendo criterios de selección, plazos de aportes, mecanismos de rendición de cuentas y modalidades de construcción. La escala reducida fue clave: permitió cercanía, adaptación al contexto local y agilidad en la ejecución.

Dos ciudades, dos versiones del mismo modelo

Hasenkamp reactivó el círculo cerrado en 2023 con un diseño sencillo y estructurado: las familias pagan una cuota mensual ajustada al valor de 22 bolsas de cemento. Las viviendas tienen una tipología estandarizada de 45 m², pensadas para futuras ampliaciones, y se construyen en plazos de hasta 180 días.

El municipio asume la administración integral del proceso:desde la administración de los recursos hasta la dirección de obra. Actualmente, 67 familias participan del sistema abonando la cuota mensual y se entrega una vivienda por mes. El impacto no se limita a lo habitacional: la iniciativa también dinamizó el empleo local y contribuyó a reducir los valores de alquiler.

A diferencia de otros programas, el programa busca evitar hipotecas, utilizando pagarés solidarios con garantes. La morosidad es mínima y se apoya en la confianza local. Además, el municipio avanza en la formación de un banco de tierras para facilitar el acceso al suelo a futuras familias.

^{Render de una vivienda en Hasenkamp.} 

Con una lógica similar, aunque con diferencias, el programa Construir Futuro de Chajarí ya entregó hasta su quinta edición 197 viviendas de las 220 proyectadas. El esquema se organiza en etapas con inscripciones abiertas, priorizando a postulantes que posean lote propio y cumplan con requisitos como residencia mínima de 3 años y uso exclusivo de la vivienda.

El municipio define el diseño arquitectónico —una casa de 55 m²— y asume los costos administrativos y de construcción. Los adjudicatarios pagan una cuota durante 10 años, distribuida en 120 pagos mensuales. Por otro lado, el director de obra y el constructor son elegidos por el beneficiario. El sorteo se realiza con escribano público y prioriza a hogares con integrantes con discapacidad o enfermedades crónicas.

Más del 90% de cobrabilidad demuestra la apropiación comunitaria del programa. A diferencia de Hasenkamp, en este caso sí se hipoteca la propiedad, lo que permite gestionar judicialmente los casos de morosidad – una preocupación recurrente a la hora de revisar la implementación de este modelo.

^{Vivienda renderizada en Chajarí.}

Confianza y proximidad: las lecciones del modelo

Ambos casos muestran que el círculo cerrado de vivienda no es una fórmula única, sino un modelo adaptable que puede operar bajo diferentes configuraciones normativas, financieras y administrativas. Más allá de las cifras, estas experiencias consolidan una lógica distinta de gestión pública: más cercana, menos dependiente y capaz de canalizar aportes ciudadanos hacia resultados tangibles.

Entre los aprendizajes clave destacan:

• La necesidad de una institucionalidad clara y cercana, que garantice confianza y transparencia.
  
• El valor de una tipología arquitectónica básica pero ampliable, que garantice condiciones dignas sin sobredimensionar costos.
  
• La importancia de criterios de adjudicación justos y verificables, con participación ciudadana.
  
• La posibilidad de documentar, compartir y replicar metodologías entre municipios.

También se hizo evidente que la confianza social —muchas veces erosionada por años de informalidad o promesas incumplidas— es un insumo clave que debe reconstruirse paso a paso. Contar con equipos técnicos municipales comprometidos y flexibles fue esencial para adaptar normativas y acompañar procesos sin burocratizarlos.

^{Primera vivienda entregada en Hasenkamp.} 

Un modelo replicable, no automático

Aunque el modelo no es escalable de forma automática, sí ofrece condiciones replicables: requiere voluntad política, capacidades técnicas mínimas, marcos normativos flexibles y, sobre todo, una lectura contextual que permita adaptarlo a las realidades de cada territorio.

La recuperación de los círculos cerrados en Hasenkamp y Chajarí no resuelve el problema habitacional estructural que enfrenta Argentina y Latinoamérica, pero sí demuestra algo fundamental: desde lo local también se puede innovar. No solo con tecnologías, sino con formatos organizativos que recuperan lo colectivo como valor.

Desde Entre Ríos, estas ciudades invitan a pensar cómo lo público puede habilitar soluciones duraderas sin perder cercanía. Porque a veces, innovar no es inventar algo nuevo, sino reactivar lo que ya funcionó, adaptarlo al presente y compartirlo con otros.

Con la experiencia acumulada y los resultados a la vista, estas ciudades invitan a otras a preguntarse: ¿qué está en nuestras manos hoy para resolver lo que no puede esperar?

^{Beneficiarias del plan Construir Futuro en Chajarí.}

Podés conocer en el Mapa de Soluciones de RIL más sobre estas iniciativas de Hasenkamp y Chajarí. También podés escuchar de primera mano a Manuel Landra (secretario de Gobierno y Hacienda – Hasenkamp), Hernán Kisser (intendente de Hasenkamp) y a María Elisa Moix (Secretaria de Gobierno y Hacienda de Chajarí en el webinario dado para la Comunidad de Hábitat y Vivienda de RIL.

(*) Clarisa Corral es parte del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL). 

Ilustración principal realizada por la autora con asistencia de IA, basada en documentación de los casos.

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En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas vive en asentamientos con viviendas inadecuadas o informales. Son cerca de 120 millones de personas que enfrentan condiciones precarias para habitar, según datos de CAF-Banco de Desarrollo. ¿Pero qué significa, en concreto, tener un hogar en condiciones? Esa es una de las preguntas que guían la conversación con Juan Maquieyra en el último episodio de CIUDADES, el podcast de +COMUNIDAD.

Politólogo, con experiencia en la gestión pública y más de quince años de trabajo en territorio, Maquieyra dirige hoy TECHO Argentina, una organización social con amplia presencia en América Latina. Desde allí, sostiene que la vivienda es mucho más que un bien material: “Es la base para poder desplegar lo que una persona tiene para dar en la vida. Es la posibilidad de soñar en los dos planos de la palabra soñar: soñar con un futuro distinto y soñar a la noche cuando te acostás a dormir”.

Para Maquieyra, no hay transformación profunda sin una  participación real de las personas que habitan en los barrios. “No hay manera de que la democracia funcione si no es involucrando a los vecinos y vecinas en la escala de la ciudad”, plantea. Desde esa perspectiva, especifica qué rol cree que deberían tener el Estado, las organizaciones sociales y el sector privado para garantizar un entorno donde vivir con dignidad sea una posibilidad real.

Vivienda y políticas públicas a la altura del desafío

TECHO está presente en 19 países latinoamericanos, en donde ha participado en miles de proyectos de vivienda. Juan Maquieyra insiste en la necesidad de contar con una mirada integral en soluciones habitacionales: acceso a servicios básicos, conectividad, salud, educación, transporte y espacios públicos. Y ofrece una receta que involucra tres líneas: viviendas accesibles y progresivas, oportunidades de financiamiento y buenas políticas de planificación urbana y de suelo. 

Durante la conversación, Maquieyra repasa el recorrido de TECHO y su modelo de intervención conjunta entre voluntarios y pobladores, y cómo ha evolucionado esta estrategia con el paso de los años. “Generamos encuentros improbables. TECHO junta en una construcción personas que no se encontrarían de ninguna otra manera”, pone en valor. 

Además, explica por qué considera que la pobreza es más que una cuestión de ingresos, sino también de infraestructura. Y, para soñar con una América Latina con mayores posibilidades, identifica ejemplos inspiradores en la región que demuestran que es posible avanzar hacia ciudades más equitativas. 

Hacia el final, el director ejecutivo de TECHO Argentina retoma ideas del Papa Francisco, a quien define como una fuente constante de inspiración:  “Es más importante la realidad que la idea”. “Hay que iniciar procesos más que proyectos de integración sociourbana”. “El tiempo es superior al espacio”. “El todo es superior a las partes”. Y vuelve sobre una convicción profunda: la necesidad de bajar barreras, tender puentes y generar encuentros improbables. 

Para profundizar sobre el acceso a la vivienda y oportunidades para construir soluciones habitacionales en contextos de vulnerabilidad, escucha el episodio completo de la nueva entrega de CIUDADES. Una conversación que invita a reflexionar sobre las necesidades de nuestras ciudades, las oportunidades de acción local y la necesidad de construir comunidades más participativas. 

Sobre Juan Maquieyra

Juan Maquieyra es director ejecutivo de TECHO Argentina, una organización que trabaja junto con comunidades para construir soluciones habitacionales en contextos de vulnerabilidad. Oriundo de General Pico (La Pampa, Argentina), es politólogo, magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y ha dedicado gran parte de su trayectoria a impulsar políticas de integración urbana y acceso a la vivienda. Entre 2016 y 2021, fue presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. También es cofundador de la Escuela Política Fratelli Tutti, un espacio de formación creado por Scholas Ocurrentes en 2021 que busca promover una nueva generación de líderes comprometidos con el bien común, inspirados en los valores de diálogo, inclusión y solidaridad propuestos por el Papa Francisco.

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Montevideo, con algo más de 1,3 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de Uruguay y también su capital. Allí vive cerca del 60% de la población total del país. Su vida urbana gira en torno a la Plaza Independencia, que se une con la Ciudad Vieja, en donde hay una marcada presencia de edificios de estilo art déco, casas coloniales y lugares emblemáticos como el Palacio Salvo y el Teatro Solís. 

Con la premisa de recuperar inmuebles abandonados, deteriorados y/o deudores de las áreas centrales de la ciudad, la Intendencia de Montevideo implementa el Programa Fincas Abandonadas, que busca restituir la función social de estos edificios. Esta iniciativa se da en el marco de los planes de Espacios públicos, Urbanismo y Vivienda, y busca resolver problemas asociados al abandono, como riesgos edilicios, ambientales, sociales y de seguridad, al tiempo que fomenta la revitalización y el bienestar local.

La estrategia se apoya en la Cartera de Tierras, una herramienta creada en 1991 que facilita el acceso a viviendas dignas para trabajadores y sectores populares. Desde allí, las propiedades recuperadas se destinan a usos habitacionales, sociales y culturales, en coordinación con otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

El Programa Fincas Abandonadas también apunta a evitar procesos de gentrificación, fortalecer el tejido urbano y prevenir la expansión descontrolada hacia la periferia. Para conocer cómo se implementa esta política, el equipo de la División Tierras y Hábitat de la Intendencia compartió con +COMUNIDAD detalles sobre los procesos, criterios y articulaciones que sostienen esta estrategia de revitalización y de reducción de riesgos asociados al abandono.

Los procesos y criterios de Fincas Abandonadas

El Programa Fincas Abandonadas comienza con la identificación precisa de propiedades en situación de abandono, deterioro o deudas, principalmente en las áreas centrales de Montevideo. Según explica el equipo de la División Tierras y Hábitat de la Intendencia, “se llevan adelante relevamientos en vínculo con el área de recursos financieros y datos de deudas de los inmuebles”. 

Posteriormente, la Unidad de Gestión del Acceso al Suelo Urbano realiza un estudio detallado sobre la factibilidad de cada padrón identificado y recomienda su incorporación o no a la Cartera de Tierras.

Una vez que las propiedades son incorporadas a la Cartera, su destino final se define considerando múltiples factores. “El uso de los inmuebles recuperados se va definiendo a medida de las demandas y necesidades que se identifican por parte del equipo técnico, en coordinación con otros organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil”, precisa el equipo técnico. En este proceso también son fundamentales las características específicas de cada inmueble, sus condiciones físicas y la potencialidad del entorno en el que se ubica.

El trabajo colaborativo es una característica clave del programa. Según detallan desde la División, “la articulación se realiza caso por caso con las organizaciones, gobierno local y gobierno central de acuerdo a las competencias particulares, y a los usos propuestos y disponibilidad de los inmuebles”. Este modelo participativo procura que las respuestas ofrecidas sean efectivas y apropiadas a cada contexto.

El impacto de esta iniciativa en Montevideo

En términos de impacto tangible, la iniciativa ha logrado la recuperación de 15 fincas con distintos destinos sociales, comunitarios y habitacionales:

• Casa Comunitaria de promoción de la salud mental, ubicada en Av. Garzón 1895.
• Centro de referencia LGBTQ+, ubicado en Curuguaty 1027.
• Centro Miguelete II, con unidades habitacionales.
• Finca en la intersección de Florida y San José, destinada a la cooperativa de vivienda COVIENESCENA.
• Dos predios en la calle 25 de Mayo, entre Guaraní y Maciel, destinados a la cooperativa Guruyú, además de otro predio ubicado en Guaraní 1489 y 25 de Mayo.
• Padrón ubicado en Buenos Aires y Brecha, destinado a la cooperativa Villa Castellana (Padrón 4286).
• Dos fincas ubicadas en Maciel 1316 y Maciel 1312.
• Toma de posesión en Maciel 1334, entre Buenos Aires y Sarandí (Padrón 3588).
• Local Radio Vilardevoz. La obra fue finalizada recientemente, aunque la toma fue anterior.

Adicionalmente, se habilitaron centros de estadía transitoria como:

– Casa INCUBAR

La Casa INCUBAR es un espacio destinado específicamente a mujeres con menores a cargo que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, violencia doméstica o crisis habitacionales. Según explica el equipo técnico, esta iniciativa procura “garantizar el derecho a la vivienda en el corto y mediano plazo” ofreciendo soluciones transitorias con un modelo innovador. “Se trata de espacios de estadía transitoria que buscan trascender, desde el diseño, la idea de refugio como única respuesta a estas situaciones”. Aquí, las beneficiarias residen en viviendas independientes y comparten espacios y servicios que fortalecen la convivencia y la solidaridad colectiva, a la vez que ofrecen intimidad a sus habitantes. Además, “las propuestas cuentan con equipos técnicos que acompañan la transición hacia una solución habitacional definitiva”.

Está dirigido especialmente a personas migrantes que ingresaron recientemente a Montevideo. Prioriza a mujeres con personas a cargo y a grupos familiares con proyectos de vida sostenibles en el mediano plazo. El proyecto cuenta con enfoque de derechos con perspectiva de género, diversidad, generaciones, etnico-racial, discapacidad y movilidad humana.

– Proyecto Guadalupe

Según el equipo de la División Tierras y Hábitat, el proyecto tiene como objetivo principal “facilitar una alternativa habitacional transitoria a personas migrantes que hayan ingresado recientemente a Montevideo”. Además, busca “proporcionar contención y orientación a las personas que ingresen al dispositivo, habilitando el ejercicio de sus derechos”, junto con “brindar recursos, en caso de que sea necesario, para cubrir necesidades básicas”. 

El acompañamiento integral del equipo se extiende a la “orientación educativa y laboral”, así como a la asistencia en trámites legales y médicos, apuntando siempre hacia “un mayor nivel de autonomía” para las familias participantes. Finalmente, otro objetivo clave es “coordinar con distintas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, para el acceso, al egreso del dispositivo, a otros recursos sociales en forma fluida y efectiva”.

– Centro Diurno Uruguay

Ubicado en Uruguay 1926 (Padrón 14445, en el Municipio B de Montevideo), el Centro Diurno Uruguay es un espacio diseñado especialmente para personas en situación de calle. La finca fue completamente reciclada y transformada para ofrecer un entorno digno, accesible y cómodo. 

El equipo técnico describe que en este predio de 174 m², originalmente ocupado por “una construcción tipo vivienda estándar”, se llevaron adelante intervenciones significativas: “se reformaron las construcciones existentes y se construyó un entrepiso de 60 m²”. Actualmente, el centro ofrece espacios accesibles para estar, servicios higiénicos y tisanería, área de lavado de ropa y oficinas para atención de usuarios y del equipo técnico. 

El Departamento de Desarrollo Social supervisa directamente la gestión del lugar, y tiene como propósito central ofrecer contención, higiene y apoyo personalizado a personas vulnerables. A su vez, las acompaña hacia una posible reinserción social y habitacional.

Un enfoque integral para enfrentar problemáticas sociales complejas

El Programa Fincas Abandonadas de la Intendencia de Montevideo ha sido reconocido por su enfoque innovador en la recuperación de inmuebles abandonados, deteriorados y deudores ubicados en áreas centrales e intermedias de la ciudad.

Según enfatizan desde la División Tierras y Hábitat, estos espacios se conciben con un diseño innovador que trasciende la idea tradicional de refugio como única respuesta. En definitiva, procuran garantizar el derecho a la vivienda en el corto y mediano plazo, especialmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. 

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^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.}
Redacción +COMUNIDAD

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Se trata del Programa Municipal de Vivienda Prioritaria, destinado especialmente para familias sin bienes a su nombre y con ingresos de hasta cuatro sueldos mínimos, a quienes define como “familias prioritarias”. La ilusión final –indican las autoridades– es “convertir a la Ciudad de Guatemala en una ciudad de propietarios”.

Alineado con la Ley de Vivienda y su reglamento, el programa establece un “Régimen Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria”, que incentiva la participación del sector privado en la construcción de estas viviendas mediante beneficios edificatorios. Las unidades habitacionales, de dos y tres habitaciones, se ubican en zonas estratégicas según el Plan de Ordenamiento Territorial (Zonas Generales 3, 4 y 5), y cuentan con la supervisión y regulación de la Municipalidad de Guatemala.

Andrea Barrientos, coordinadora de proyectos en la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano, la entidad técnica municipal detrás del programa, conversó con +COMUNIDAD sobre el impacto de esta iniciativa y su detrás de escena. “Se han logrado superar desafíos por medio de la alianza y buena comunicación con distintos actores de la cadena de valor. Mediante la adaptación y flexibilidad, manteniendo el enfoque del objetivo del programa”, expresó.

Un hito: más de 4.500 viviendas desde 2019

━ ¿Cuál ha sido, hasta el momento, el impacto del programa Vivienda Prioritaria sobre el déficit habitacional de la Ciudad de Guatemala?

━ Actualmente en la cartera del programa tenemos más de 4.500 viviendas en diferentes fases, que se han ido conformando desde la aprobación del reglamento en el 2019. Hay proyectos habitados, proyectos con obra finalizada, proyectos en obra, proyectos en trámite de licencia y anteproyectos. El déficit habitacional es de 73.000 viviendas para el año 2019, el cual es una estimación propia basada en el tamaño del hogar de 4.1 personas; tasas de crecimiento de poblacional anual 1.33 y 1.49% con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2018; segmentación socioeconómica de ProDatos del 2020 y demandas de viviendas acumuladas por el Banco Mundial.

━ ¿Cómo se define y verifica que una familia cumpla con el perfil de “atención prioritaria” para acceder al programa?

━ La ley de vivienda 09-2012 establece como uno de los principios de carácter público y social a las familias y además indica que se debe propiciar el acceso a la vivienda a las personas en condición de pobreza. Bajo esos lineamientos, el reglamento de vivienda prioritaria se enfoca en atender a familias guatemaltecas de escasos recursos económicos que carecen de bienes inmuebles y de una vivienda digna, adecuada y saludable. 

La Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano tiene a su cargo verificar que las unidades habitacionales hayan sido adquiridas por las familias guatemaltecas prioritarias y que dichas unidades habitacionales hayan cumplido con la relación de tamaño y precios correspondientes, lo cual será acreditado por dicha empresa mediante la emisión constancia de cumplimiento de vivienda prioritaria. Las empresa verifica el cumplimiento solicitando varios documentos que acrediten con lo indicado anteriormente, como lo son certificados de nacimiento, matrimonio o unión de hecho, carencias de bienes, constancias de ingresos, entre otros. Los núcleos familiares que permite la norma son los siguientes:

1. Personas que constituyen un matrimonio o una unión declarada, con o sin hijos.
2. Convivientes con hijos en común.
3. Madres y/o padres solteros/as con hijos o dependientes, que conformen un núcleo familiar.
4. Hermanos/as de cualquier edad, que conformen un núcleo familiar, con o sin dependientes.
5. Personas que tengan a su cargo familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, de cualquier edad y que conformen un núcleo familiar.
6. Personas que tengan a su cargo menores de edad o personas discapacitadas, de la cual tengan la tutela legal. 

El detrás de escena para acceder a vivienda prioritaria

━ ¿Qué incentivos específicos reciben las empresas del sector privado que participan del Régimen Especial para el Desarrollo de Vivienda Prioritaria?

━ El uso de suelo de vivienda prioritaria recibe: 

1. 25% de reducción de tasa de licencia municipal.
2. Un 25% de reducción de tasa de licencia municipal si presenta una certificación de sostenibilidad.
3. Está eximido del pago de impacto vial (Reglamento de Impacto Vial. Acuerdo COM-03-04).
4. Está eximido de cumplir con la dotación de estacionamientos regulado en el Reglamento de Diseño y Dotación de Estacionamientos (COM-03-2009).
5. Cuando es un proyecto 100% vivienda prioritaria y hasta seis niveles, el costo de no tener elevador.
6. Acceder a edificabilidad ampliada en zonas generales del POT G3, G4 y G5 sin aplicar al reglamento de incentivos o a los incentivos que genera la vivienda Prioritaria (N. de la R.: se trata del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la Ciudad de Guatemala. G3, G4 y G5 son clasificaciones que indican la densidad y tipo de uso de suelo en una zona). 

El uso de suelo de vivienda prioritaria genera incentivos transferibles y que se pueden utilizar en el mismo proyecto, en el mismo predio, en dos predios distintos o se pueden ceder/vender a otro propietario. Estos incentivos consisten en:

1. Una vivienda prioritaria de 45 m2 genera:

• a. 75 m2 de edificabilidad ampliada o
• b. 75 m2 de altura ampliada o
• c. Reducción de 3 plazas de estacionamiento.

2. Una vivienda de más de 50m2 genera:

• a. 125 m2 de edificabilidad ampliada o
• b. 125 m2 de altura ampliada o
• c. Reducción de 3 plazas de estacionamiento.

3. Una vivienda prioritaria de 46 m2 genera la posibilidad de acceder a un índice de edificabilidad aumentado en zonas generales G3, G4 y G5 en el mismo predio o en otro predio, el cálculo se realiza de la siguiente manera:

• En el mismo predio 1 m2 de edificabilidad aumentada = 1.25 m2 de Vivienda Prioritaria (se divide el área de la vivienda en 1.25 para estimar la cantidad de m2 adicionales gana)
• En un predio distinto:

i. G3: 1 m2 de edificabilidad aumentada = 2.5 m2 de Vivienda Prioritaria.
ii. G4: 1 m2 de edificabilidad aumentada = 3 m2 de Vivienda Prioritaria.
iii. G5: 1 m2 de edificabilidad aumentada = 3 m2 de Vivienda Prioritaria.

Para la transferencia de incentivos tienen un periodo de 10 años para poder utilizarlos a partir de la emisión de la licencia de construcción. Además de esto, la Empresa acompaña en sus gestiones y actúa como un facilitador del proceso al desarrollador, desde la evaluación del terreno hasta la escrituración de las viviendas.

━  ¿Qué mecanismos utiliza la Municipalidad para asegurar que las viviendas construidas cumplan con los estándares de calidad establecidos?

━  Para que la Municipalidad autorice la construcción de un proyecto inmobiliario, esta  debe tener autorizaciones previas de entidades del Estado, como medio ambiente, salud, CONRED (Riesgo), AGIES. Posterior a eso, si cumple con las normativas municipales, se procede a autorizarlo. Existe en el país una entidad que asegura hipotecas de vivienda nueva y tienen también requisitos y estándares de construcción que los proyectos tienen que cumplir.

━  ¿Qué aprendizajes tuvieron en el desarrollo de esta política habitacional? Si se presentaron barreras o desafíos, ¿cómo los resolvieron?

━  En el tiempo que lleva la norma vigente hemos podido aprender que este tipo de proyectos no es para todos los desarrolladores. No han sido las empresas miembro de las cámaras de constructores ni las empresas más grandes de Guatemala las que han aplicado a la norma. Son pequeños o medianos desarrolladores que construyen fuera de la ciudad o que su negocio principal es otro; han sido empresas que quieren aportar socialmente al país. 

Ha sido muy importante generar confianza con el desarrollador por medio del acompañamiento contínuo y facilitando la resolución de conflictos en trámite de licencia. Se han logrado superar desafíos por medio de la alianza y buena comunicación con distintos actores de la cadena de valor, mediante la adaptación y flexibilidad de la norma, y manteniendo el enfoque del objetivo del programa. Es importante mencionar que también se ha podido superar los desafíos por medio de los resultados que ha ido teniendo el programa, tanto para las autoridades, como para los desarrolladores y las personas.

En esta nota de +COMUNIDAD puedes conocer más sobre la experiencia de Guatemala y leer testimonios de beneficiarios del programa Vivienda Prioritaria: 

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^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos de Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano.}
Redacción +COMUNIDAD

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Frente a ese escenario, la Municipalidad presentó en 2018 la Corporación Innova Recoleta. Se trata de una institución sin fines de lucro que fomenta obras de desarrollo productivo, social, económico y de innovación en toda la comuna. La idea fue desarrollar soluciones innovadoras en distintos temas, como salud, cultura y vivienda. 

Así nació la Inmobiliaria Popular, una de las ocho áreas de trabajo de la Corporación, para ofrecer departamentos en alquiler a familias que no podían pagar precios de mercado.

“Nuestra expectativa es que cada comuna de Chile pueda contar con una inmobiliaria popular que garantice el acceso a una vivienda digna, justa y bien ubicada”, dice a +COMUNIDAD Alberto Pizarro, director ejecutivo de Innova Recoleta. En la entrevista, explica el proceso de creación de la política, su financiamiento, impacto y expectativas. 

El punto de partida fue aprovechar una herramienta del gobierno central chileno: la Glosa N°3 del presupuesto de vivienda, impulsada en 2014. Esta norma nacional permitió que los subsidios habitacionales, pensados originalmente para que las familias compraran casas, pudieran ser usados por organizaciones sin fines de lucro para construir viviendas de alquiler a precios accesibles.

En paralelo, existía el Decreto Supremo N°52 de 2010, que daba subsidios a las familias para alquilar (es decir, la demanda), pero no lograba aplicarse adecuadamente porque no había suficientes viviendas en arriendo. La Glosa N°3 permitió por primera vez crear oferta de alquileres públicos.

De la idea a la construcción: el Condominio Justicia Social 1

Con ese marco, Recoleta decidió dar un paso más: construir un edificio propio para alquiler social. Así surgió el Condominio Justicia Social 1, que se levantó en un terreno municipal de 1.500 m², antes usado como depósito de documentos. Está ubicado en un sitio estratégico bajo el concepto de “Ciudad de los 15 minutos”, que propone que las necesidades y servicios básicos estén a distancias cercanas del hogar. 

El condominio se inauguró en el año 2020. Cuenta con 38 departamentos de 57 m², distribuidos en dos torres de cinco pisos. Cada vivienda tiene tres dormitorios, cocina integrada, baño, terraza y una pequeña bodega. Además, el conjunto tiene salón de uso común, bicicletero, conserjería y un punto verde para reciclaje.

La inversión total fue de 1,8 millones de dólares. El municipio aportó el terreno y el 15% de los fondos necesarios, mientras que el resto se financió con los subsidios del gobierno. La idea clave es que cada familia pague como máximo el 25% de sus ingresos, con arriendos que van desde los 66.000 a los 188.000 pesos chilenos (alrededor de 71 a 202 dólares). Esto representa sólo el 27% del valor de mercado en la ciudad.

“El modelo se sustenta en el esquema de copago que no excede el 25% del ingreso familiar. Este monto incluye todos los gastos comunes, y los eventuales excedentes se reinvierten directamente en el condominio –indica Alberto Pizarro–. La operación y mantenimiento están a cargo de la Corporación Innova Recoleta, con presencia permanente en el edificio, lo que permite una gestión directa, oportuna y de cercanía”.

Selección de familias y acompañamiento social

El condominio comenzó con una postulación abierta que recibió más de 3.000 solicitudes. “El proceso de selección se basa en criterios técnicos, sociales y de inclusión”, especifica Pizarro. 350 familias cumplieron los requisitos. Entre ellos: estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), percibir ingresos entre $274.000 y $980.000 (entre U$S 290 y U$S 1.000, aproximadamente), acreditar un ahorro mínimo, y postular al subsidio de arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo regulado por el Decreto Supremo N°52. 

“Se prioriza a jefas de hogar, víctimas de violencia intrafamiliar, adultos mayores, familias migrantes con residencia definitiva y grupos en situación de hacinamiento. Además, se implementó una metodología participativa de evaluación con expertos de distintas instituciones públicas, privadas y académicas”, profundiza el titular de Innova Recoleta. 

En palabras de sus impulsores, el Plan de Acompañamiento Social (PAS) es el corazón del proyecto. Este busca fortalecer la integración “social plena y efectiva” de las familias, así como fomentar la participación y el acceso a servicios públicos y privados. “El eje central de esa participación está en el desarrollo de la vivienda propia”, indica Pizarro. Es decir, procuran que las familias se preparen para postular a una vivienda definitiva en el futuro.

El impacto del PAS en Recoleta

Entre los resultados del PAS, en Innova Recoleta destacan:

• Conformación de un Comité de Vivienda que trabaja en la materialización de un proyecto de vivienda definitiva bajo la postulación a subsidios del Ministerio de Vivienda. 
• Formación del “Grupo Motor” de residentes, con participación directa en la gestión.
• Acceso a redes estatales y municipales de apoyo en salud, educación, justicia y
• trabajo.
• Talleres permanentes de autocuidado, mantención, convivencia y ahorro.
• Acompañamiento personalizado en temas de convivencia, salud mental, y resolución de conflictos.
• Implementación de prácticas de sostenibilidad como el reciclaje.

“El Plan de Acompañamiento Social ha sido fundamental para la consolidación de una comunidad cohesionada, empoderada y activa. Ha logrado instalar una cultura de corresponsabilidad comunitaria que refuerza la sostenibilidad del proyecto”, valora Pizarro. 

Hacia la replicabilidad y nuevos proyectos

A más de cinco años de su creación, el modelo tiene bajas tasas de morosidad y el 85% de los gastos operacionales se cubren con los pagos de arriendo. Además, muchas familias ya están organizadas en comités de vivienda para postular a subsidios y acceder a una casa propia en el futuro.

El éxito del Condominio Justicia Social 1 impulsó a Recoleta a avanzar con cuatro nuevos proyectos: Justicia Social 2, 3, 4 y 5, ampliando la oferta de arriendo público a “precio justo”. Además, la experiencia ha despertado el interés de otras comunas chilenas.

Según Pizarro, la clave para replicar este modelo en otros municipios reside en cuatro condiciones esenciales:

• Voluntad política de innovar con un enfoque de derecho a la vivienda.
• Compra o acceso a terrenos bien ubicados.
• Capacidad técnica para formular y gestionar proyectos habitacionales de calidad.
• Acceso a subsidios a la oferta, como la Glosa N°3 del MINVU.

“También es fundamental promover una visión integral de la vivienda como proceso y derecho, no como bien de consumo”, complementa Pizarro.

En el marco del webinario Vi-Lab “Hacia un modelo de Inmobiliaria Social de Alquiler en Argentina: intercambio de experiencias y conocimiento técnico”, organizado por Urban Housing Practitioner´s Hub (UHPH),el director presentó esta iniciativa de la comuna como un caso exitoso de articulación público-privada. 

Allí ofreció una última conclusión: “La Corporación Innova Recoleta demuestra que la capacidad del sector municipal como un agente habitacional local es clave para poder desarrollar un modelo más rápido de gestión de vivienda, donde el arriendo es una de las herramientas más importantes”. 

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^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos de Corporación Innova Recoleta.}
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