Esta nota es la primera de una serie de tres. En esta entrega trazamos el panorama: el desafío de empleo que enfrenta Argentina y cómo se distribuye, de manera dispar, a lo largo del territorio nacional. La segunda recorre una constelación de gobiernos locales que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo privado, el desarrollo económico, el conocimiento y el emprendedurismo. La tercera pone rostro a esas políticas con las historias de personas cuyas trayectorias se vieron beneficiadas, de alguna manera, por una decisión de gestión municipal.

El mismo país, dos futuros

Dos chicos terminan la secundaria el mismo año. Tienen la misma edad, las mismas ganas, parecidas notas. Uno vive en un partido del Gran Buenos Aires; el otro, en un departamento del norte argentino. A partir de ahí, sus caminos se bifurcan por una razón que ninguno eligió: el lugar donde nacieron. Para uno, alrededor hay fábricas, oficinas, comercios que registran empleados. Para el otro, el trabajo formal privado es una rareza, y lo más probable es una salida informal, una changa o irse.

Que el código postal incline la balanza no es una metáfora; es algo que las personas viven. En Lobería, una ciudad de 18.000 habitantes en el interior bonaerense, Facundo terminó la secundaria a los 20 años sin saber muy bien qué haría. Irse a estudiar a otra ciudad no estaba entre sus planes. Si las cosas hubieran seguido su curso, su camino habría sido otro. “Seguramente hubiera estudiado algún oficio para desarrollar habilidades para trabajar en algún ámbito totalmente distinto al que tengo actualmente”, reconoce. Hoy tiene 27 años y trabaja en desarrollo informático, el campo para el que se formó.

Qué cambió entre una vida y la otra es una historia que esta serie cuenta más adelante. Por ahora alcanza con anotar que cambió, y que fue por su esfuerzo, claro, pero también por una política pública que marcó un antes y un después en la localidad.

Esa lotería del código postal es invisible en las estadísticas nacionales, que promedian todo y aplanan las diferencias. Pero es la que ordena la vida de millones de personas. Y está por volverse más urgente.

Hay un número que el Banco Mundial repite cuando habla de Argentina. En los próximos diez años, casi dos millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar. Para ellos, según las proyecciones del organismo, el país creará apenas la mitad de los puestos de trabajo necesarios. No es una estadística sobre el pasado: es una cuenta sobre adolescentes que hoy están en un aula y en pocos años golpearán la puerta del mercado laboral. La pregunta de quién les abrirá esa puerta, y dónde, es la que recorre esta serie.

El segundo panel del siguiente gráfico cuenta la otra mitad de la historia. La tasa de empleo mide qué porción de la población en edad de trabajar tiene efectivamente un trabajo, de cualquier tipo. En Argentina trepó hasta 58,5% en 2023 y cayó a 57,4% en 2024, el primer año del cambio de gobierno. En el mismo período, el promedio de América Latina y el Caribe subió de 58,8% a 59,1%. Mientras la región mejoraba, Argentina se despegaba hacia abajo. El desafío de los dos millones de jóvenes, entonces, no llega sobre un mercado en expansión, sino sobre uno que venía cediendo.

Por qué el promedio nacional oculta las brechas laborales

Lo nacional, en un país tan extenso y desigual como Argentina, casi siempre engaña. Un promedio es un punto de equilibrio entre realidades que pueden no parecerse en nada: el mismo número resume a un partido bonaerense con parques industriales y a un departamento del norte donde el empleo formal privado escasea. El promedio existe, pero nadie vive en él.

Para ver lo que esconde hay que bajar la mirada al territorio. Y ahí aparece un problema práctico: en Argentina, los datos de empleo con detalle local son escasos. La principal encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide solo 31 aglomerados urbanos, una fracción del país. Para construir un mapa nacional completo hace falta otra fuente.

Esa fuente existe. El Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Economía (CEP-XXI) publica, a partir de los registros del sistema previsional, la cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado en cada uno de los más de quinientos departamentos y partidos del país. Tiene una virtud decisiva para esta investigación: cuenta cada puesto en el lugar donde vive la persona que trabaja, no donde está la empresa. Es lo más cercano al empleo según el código postal de las personas.

Al cruzar ese dato con la población de cada departamento que mide el INDEC, se obtiene un indicador comparable de una punta del país a la otra: cuántos puestos de trabajo formales privados hay cada mil habitantes. Es el corazón de esta serie, y es el mapa que sigue más adelante.

Una aclaración sobre la escala

Antes del mapa, una precisión necesaria, porque define qué se está mirando. La unidad de este trabajo es el departamento —o el partido, en la provincia de Buenos Aires—, no el municipio. Y conviene entender por qué.

En Argentina hay más de 2.300 gobiernos locales: municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas de gobierno, juntas vecinales. La cifra exacta varía según la fuente y el momento, porque cada tanto se crean nuevos. Sería el nivel ideal para una nota sobre lo local. Pero no existen datos públicos de empleo registrado a esa escala; la estadística oficial no baja hasta el gobierno local. El nivel más fino disponible, y el único con cobertura nacional completa, es el departamento.

Departamento y gobierno local no son lo mismo, y la diferencia no es menor. Cada provincia define su propio régimen municipal, según le reconoce la Constitución Nacional. En algunas un departamento coincide más o menos con un municipio. Mientras la provincia de Buenos Aires se divide en 135 partidos que funcionan como gobierno local, en Córdoba o Santa Fe un mismo departamento puede contener decenas de municipios y comunas con autoridades propias. El mapa, entonces, muestra el territorio con el mayor detalle que la estadística pública permite, que no siempre es el del gobierno que toma las decisiones. Es una limitación de los datos disponibles.

El mapa del empleo privado formal en Argentina

La media nacional es de 143 puestos cada mil habitantes. Pero esa cifra, otra vez, es un promedio. El mapa muestra la verdadera amplitud.

Conviene detenerse a recorrerlo. Los departamentos más oscuros, los de mayor densidad de empleo formal, dibujan un corredor reconocible: la Ciudad de Buenos Aires, el sur santafesino alrededor de Rosario, el corazón productivo de Córdoba, y los enclaves donde la energía y la minería ordenan la economía, como Neuquén y el sur patagónico. En el otro extremo, vastas zonas del norte argentino aparecen en tonos claros, con menos de un tercio de la media nacional. Allí, el empleo asalariado registrado privado es la excepción, no la regla, y buena parte del trabajo se reparte entre la informalidad, el cuentapropismo y el empleo público.

Una aclaración que el propio mapa explicita, y que vale la pena entender, porque cambia la lectura. El indicador cuenta a las personas donde viven. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muestra 266 puestos cada mil habitantes, bastante menos de lo que sugieren otros rankings que llegan a más del doble. La diferencia no es un error. Esos otros rankings cuentan el empleo donde está el puesto de trabajo, y la Ciudad recibe cada día a cientos de miles de personas que trabajan en sus oficinas pero viven en el conurbano. Medido por residencia, esos trabajadores se cuentan en los partidos del Gran Buenos Aires, que es donde viven sus familias.

Una foto de noviembre de 2023

El mapa tiene una fecha que quedó algo atrás, y es importante decirla con todas las letras. Refleja la situación a noviembre de 2023, el último dato disponible con ese nivel de detalle territorial. Después de esa fecha, la serie con apertura departamental dejó de actualizarse, justo cuando asumía un nuevo gobierno y la economía entraba en una etapa de fuerte reacomodamiento.

Quedarse solo con esa foto sería contar una historia a medias. Por eso, para asomarse a lo que pasó después, hay que cambiar de fuente y de escala. El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo publica una serie por provincia que llega hasta mediados de 2025. No tiene el detalle departamental del mapa, y cuenta el empleo según dónde está el puesto de trabajo, no según la residencia. Pero permite responder la pregunta que todo lector se hace frente a una foto de 2023: ¿y después, qué pasó?

Lo que pasó después fue una caída con forma de doble valle. El empleo registrado privado retrocedió a lo largo de 2024, tuvo una recuperación parcial a comienzos de 2025 y volvió a ceder: dos años después del punto de partida, el país cerró con un 2,8% menos de empleo formal privado. Pero, como en el mapa, el número nacional esconde una enorme disparidad. Detrás de ese promedio hay provincias que crecieron, encabezadas por Neuquén y el empuje de Vaca Muerta, y provincias que perdieron más de un diez por ciento de su empleo formal, como Santa Cruz, La Rioja, Formosa o Tierra del Fuego. La geografía desigual del empleo no es una foto fija: también la dinámica reciente golpeó de manera despareja al territorio.

La pregunta que abre la serie: qué pueden hacer las ciudades

Reunidos, los tres gráficos cuentan una sola historia. El país necesita generar empleo para una generación que está por llegar, y no alcanza. El empleo que existe se reparte de forma radicalmente despareja según dónde se viva. Y la coyuntura reciente, lejos de emparejar, profundizó esas brechas.

Frente a un diagnóstico así, resulta fácil quedarse en la denuncia. Pero hay otra parte de la historia, menos visible en los grandes promedios, que es la que da sentido a esta serie. En todo el país hay gobiernos locales que, dentro de sus competencias y con recursos siempre acotados, decidieron no esperar. Crearon programas de empleo joven, clubes de emprendedores, polos tecnológicos, escuelas de oficios, vínculos entre las universidades y las empresas de su región. No mueven el promedio nacional, pero mueven el dato dentro de su jurisdicción, y cambian vidas concretas.

Ese tipo de historias, con foco en soluciones e innovación, son las que seguimos de cerca en +COMUNIDAD y la Red de Innovación Local (RIL). Tal constelación de ciudades es el tema de la segunda entrega de esta serie. Iremos a verlas de cerca: qué hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados muestran.Y en la tercera entrega, las historias de algunas de las personas cuyas trayectorias se vieron impactadas en mayor o menor medida por una de esas decisiones de gestión.

Volvamos al principio, y a Facundo.

En Lobería, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida: quien podía, se iba; quien no, no seguía los estudios. Lo que cambió su rumbo fue que el municipio articuló con la Universidad Nacional del Centro para traer la universidad a la ciudad, con una carrera de desarrollo informático incluida. La universidad fue, además, el puente directo con su primer empleo: “Me llegó una propuesta de trabajo mientras estaba terminando el último año. La empresa buscaba un empleado con el perfil para el cual nos formamos, y la universidad fue un nexo para que se concrete esa oportunidad”.

No necesitó irse para profesionalizarse. Su historia, y la de otras personas cuyas trayectorias cambiaron por una decisión de gestión local, es la que cierra esta serie en la tercera entrega.

De los dos chicos que terminan la secundaria, el futuro de uno y otro no tiene por qué seguir dependiendo del código postal. Porque detrás de cada punto de estos mapas hay, al final, alguien buscando trabajo.

Nota de metodología. El indicador territorial de esta nota corresponde a puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado cada mil habitantes, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía, sobre registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cruzados con las estimaciones de población por departamento del INDEC con base en el Censo 2022. El dato refiere al promedio de enero a noviembre de 2023, último período disponible con apertura departamental. La cartografía se construyó sobre la capa de departamentos censales del INDEC. La dinámica posterior se basa en la serie provincial del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo. Los indicadores nacionales y la comparación regional provienen del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, vía Data360) y de su Informe Anual 2025. El procesamiento de los datos y la construcción de las visualizaciones interactivas se realizaron con un método auditable, con soporte de Claude Code. Las visualizaciones pueden recorrerse en detalle en la versión digital de esta nota.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina. 

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

La entrada Lo que el promedio esconde: cuánto varía el empleo privado según tu código postal en Argentina se publicó primero en +COMUNIDAD.

Esta es la segunda de una serie de tres notas, en el marco del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos impulsado por Media Party y el Banco Mundial. En la primera trazamos el panorama, con un mapa nacional que mostró cuánto varía, según el lugar donde se viva, el empleo privado registrado en Argentina. Esta segunda recorre una constelación de gobiernos locales que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo, el desarrollo económico, el conocimiento y el emprendedurismo. La tercera pone rostro a esas políticas, con las historias de personas cuyas trayectorias se vieron impactadas por una decisión de gestión municipal.

La otra mitad de la historia: por qué políticas locales de empleo

Hay un número que ya apareció en la primera entrega de esta serie, y que el Banco Mundial repite cuando habla de la Argentina. En los próximos diez años, casi dos millones de jóvenes llegarán a la edad de trabajar, y el país proyecta crear apenas la mitad de los puestos que necesitan. La primera nota mostró, además, que el empleo que sí existe se reparte de forma despareja según el territorio. La media nacional es de 143 puestos de trabajo registrados del sector privado cada mil habitantes, pero detrás de ese promedio conviven localidades con parques industriales y otras donde el empleo formal es una rareza.

Frente a un diagnóstico así, hay una reacción que no se ve en los grandes promedios. En distintos puntos del país, gobiernos locales decidieron no esperar. Con competencias acotadas y presupuestos cortos, impulsaron universidades, polos tecnológicos, escuelas de oficios, clubes de emprendedores y puentes entre las aulas y las empresas. No mueven la aguja nacional, pero mueven el dato dentro de su jurisdicción. Esta entrega recorre once de esos municipios.

El recorrido no pretende ser exhaustivo. La selección se construyó junto a los equipos de la Red de Innovación Local (RIL) que acompañan a estos gobiernos: Camila Alanis, coordinadora de Ciudades del Conocimiento; Gastón Lastra, coordinador de Ciudades del Desarrollo Económico; y Clarisa Fabris, coordinadora de Ciudades Emprendedoras, los tres de RIL Argentina. 

El resultado es deliberadamente diverso: ciudades de siete provincias, gobernadas por fuerzas políticas distintas y de tamaños que van de los pocos miles a más de un millón de habitantes. El denominador común no es el color partidario ni la escala, sino la decisión de gestionar el empleo como política de Estado local.

Es, además, un primer mapa, no uno cerrado. En algunos casos la información todavía está en construcción y podrá ampliarse con nuevos datos y precisiones. Y es, sobre todo, una selección inicial: hay muchos más municipios trabajando en esta dirección, y la intención es seguir sumándolos.

Los once casos pueden recorrerse de dos maneras. En esta nota, agrupados en tres familias de política —conocimiento, emprendedurismo y desarrollo económico—. Y en el mapa interactivo que acompaña la serie, donde cada ciudad es un punto sobre el territorio: al pasar el cursor se despliega su política, el partido que la gobierna y, donde corresponde, su dato de empleo. Conviene tenerlo a mano durante la lectura.

Una aclaración heredada de la primera entrega se vuelve a aplicar. El dato de empleo se mide por departamento o partido, una unidad que no siempre coincide con el municipio. Donde coincide, la cifra local acompaña a cada ciudad; donde no, se omite, para no atribuir a un municipio un dato que abarca un territorio más amplio.

El conocimiento, para que el talento se quede

Un primer grupo de ciudades apostó a la economía del conocimiento como forma de generar empleo calificado sin que sus jóvenes tengan que irse. Universidades locales, polos tecnológicos y escuelas digitales son las herramientas.

Lobería, Buenos Aires

En este partido de 18.000 habitantes del sudeste bonaerense, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida. Quien podía irse a estudiar rara vez volvía; quien no podía, dejaba los estudios. Al mismo tiempo, casi la mitad de la economía local dependía del agro, pero sin talento formado en tecnología ese motor no podía dar el salto hacia la agricultura de precisión. Con 97 puestos cada mil habitantes, muy por debajo de la media nacional, Lobería tenía además uno de los mercados de empleo formal más delgados de los casos relevados.

La respuesta fue traer la universidad al territorio. Con acompañamiento de RIL desde 2016 y en alianza con la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y otras cuatro casas de estudio nacionales, el municipio dio vida a la Universidad en Lobería, que hoy ofrece más de 15 carreras, y a un Clúster AgTech que forma en drones y programación aplicada al campo. Los resultados son medibles. Desde 2019 pasaron por sus aulas más de 3.200 personas. Sus primeros 132 egresados marcaron un hito: el 98% fueron los primeros universitarios de sus familias. En 2025, la universidad inauguró edificio propio, con reconocimiento de la Unesco.

Rosario, Santa Fe

El desafío tenía dos caras. Por un lado, jóvenes con habilidades digitales pero sin una primera experiencia laboral calificada. Por otro, emprendimientos que necesitaban presencia digital y no podían pagarla. Un proyecto nacional para crear una Tecnoteca en el histórico Galpón 13, frente al río Paraná, había quedado detenido por cambios institucionales y de financiamiento.

La ciudad retomó la iniciativa y la rediseñó. En 2023, en el marco del programa Ciudades del Conocimiento de RIL, articuló áreas de gobierno con empresas y organizaciones del ecosistema, y validó el modelo con un piloto, Tecnoteca Beta. 

El resultado fue concreto: 60 jóvenes egresaron con 90% de asistencia y, durante la cursada, construyeron tiendas digitales para 9 emprendedores locales. Las tiendas eran reales, con clientes reales. Validado el modelo, la Tecnoteca se trasladó a su sede definitiva: 4.000 m² en el Galpón 13. Para 2026 ofrece ocho trayectos formativos con certificación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El intendente Pablo Javkin la inauguró en noviembre de 2025 y la definió como la “fábrica de futuro” de la ciudad.

Escobar, Buenos Aires

Escobar parte de otra posición. Con 193 puestos cada mil habitantes —1,35 veces la media nacional—, tiene uno de los mercados de empleo formal más densos del grupo. Su desafío no era en sí la falta de empleo, sino un desajuste: el distrito formaba perfiles técnicos calificados, pero las empresas no lograban encontrarlos por ausencia de un nexo.

El municipio empezó a construir ese puente con dos herramientas. El Polo Tecnológico FlyTech, un espacio público con capacitación gratuita, coworking y laboratorios, dicta cursos de habilidades digitales y para emprender junto al Centro de Formación Profesional N° 402 y la Unión Industrial local. Y el programa Escobar Produce conecta a estudiantes de escuelas técnicas con la industria a través de visitas a planta. El alcance es amplio: Escobar Produce ya vinculó a más de 3.000 jóvenes con más de 30 empresas, entre ellas Tenaris, Mirgor y Yazaki. En el cierre anual se compartieron casos de estudiantes que accedieron a pasantías y empleo tras participar.

General Madariaga, Buenos Aires

En una ciudad de fuerte identidad rural, las iniciativas tecnológicas existían pero estaban dispersas, sin una estrategia que las ordenara ni permitiera medir su impacto. Con 132 puestos cada mil habitantes, Madariaga estaba algo por debajo de la media nacional.

En 2023, la Secretaría de Producción se incorporó al programa Ciudades del Conocimiento de RIL para estructurar una política. Conformó una mesa transversal entre cinco áreas municipales y tejió acuerdos con la UTN y la UNICEN. 

De ese proceso nació Madariaga Futura, que organiza la formación digital local en programación, ciberseguridad, testing y robótica, entre otras. Hasta hoy, el municipio dictó 29 capacitaciones y entregó 749 certificados. Según su propio seguimiento, entre 20 y 30 personas que pasaron por los cursos ya trabajan en al menos seis empresas de tecnología, y la obra de su Polo Tecnológico avanza al 80%. Javier Volpatti, secretario de Producción, resume el aporte del proceso: “RIL fue como nuestro psicólogo: nos ayudó a ordenar las ideas y a encontrar nuestro propósito, que es la formación de personas”.

Libertador General San Martín, Jujuy

La historia se repite con acento agroindustrial. Había iniciativas de formación digital impulsadas por jóvenes, instituciones y empresas, pero avanzaban de manera aislada, sin una estrategia común. En 2023, el municipio se sumó al programa Ciudades del Conocimiento de RIL y conformó una mesa de articulación público-privada que reunió a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el Clúster Tecnológico provincial, escuelas y empresas.

De allí surgió la Academia CimaTech, que en su primera etapa priorizó a la población LGBTQ+ y a pueblos originarios. Los números todavía son iniciales pero alentadores: la ciudad alcanzó un 54% de avance en su estrategia, y CimaTech cerró su primer año con 120 inscriptos y 15 egresadas. Sumadas las demás acciones —un training camp de programación con la empresa Ledesma y la UNJu, talleres en escuelas, una feria tecnológica regional—, las iniciativas ampliaron oportunidades para más de 200 personas.

Ecosistemas para emprender

Otro grupo de ciudades puso el foco en quienes deciden crear su propio trabajo. La apuesta combina financiamiento, formación, acompañamiento y espacios para vender.

Junín, Buenos Aires

Junín llega a este mapa con un mercado laboral en la media exacta del país: 141 puestos cada mil habitantes. Su política emprendedora venía creciendo desde hacía años a través de ferias, créditos y capacitaciones, pero sin una estrategia integral que le diera coherencia y continuidad.

En los últimos años, municipio decidió ordenar ese conjunto disperso y se incorporó al programa Ciudades Emprendedoras de RIL. El cambio más profundo fue interno: el paso de una gestión reactiva a una planificada, con registro y evaluación continua. El área pasó de coordinación a Dirección de Emprendedores, con presupuesto propio, una señal de continuidad más allá de la gestión. Los resultados respaldan el camino. 

En 2025, Junín obtuvo el Sello de Ciudad Emprendedora de RIL con un puntaje del 84%, tras una auditoría de 81 preguntas. Su Club de Emprendedores acompaña hoy a más de 1.100 emprendedores, y sus líneas de microcrédito canalizaron más de 100 millones de pesos (cerca de 69.000 dólares) entre más de 800 personas.

San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca

Este caso ilustra como pocos la tesis de la serie. Es la capital de una provincia y, aun así, registra apenas 98 puestos cada mil habitantes: 0,69 veces la media nacional. Ser capital provincial no asegura un mercado de empleo formal denso.

Frente a ese piso, la ciudad apostó a construir una identidad emprendedora con método. A través del Plan Estratégico Integral (PEI 2030) —elaborado en más de 85 talleres con la participación de más de 2.000 vecinos—, el municipio relevó quiénes son sus emprendedores, qué necesitan y dónde están. Sobre ese diagnóstico articuló una red público-privada de más de 20 actores, con eje en el Instituto Municipal de Emprendedores y un Nodo Tecnológico. 

El proceso obtuvo el Sello de Ciudad Emprendedora de RIL con un puntaje del 88%, uno de los más altos del grupo, y se completó en 2025 con la sanción del primer Código Urbanístico de la ciudad.

Río Grande, Tierra del Fuego

En el extremo sur de Argentina, llevaba décadas una creencia extendida: que los jóvenes no estaban muy interesados en emprender y buscaban, más que nada, empleo en relación de dependencia. Un proceso de validación territorial en 2018, con encuestas a más de 100 jóvenes, reveló lo contrario. Sí querían emprender, pero desconocían las herramientas que el municipio ofrecía. El hallazgo obligó a rediseñar la estrategia desde la evidencia.

Desde allí se profundizó política con cuatro ejes: acompañamiento personalizado, formación para la empleabilidad, acceso a mercados y fortalecimiento del ecosistema. La Escuela Municipal de Emprendedores, Oficios y Formación Laboral concentra la capacitación, y la Dirección de Desarrollo Local abre espacios de venta sin costo, como la Expo Emprender desde el Sur. 

Con 191 puestos cada mil habitantes, Río Grande tiene un mercado formal denso. Pero ningún número alto es un puerto seguro: entre 2023 y 2025, Tierra del Fuego perdió cerca del 10% de su empleo registrado. En ese contexto, el andamiaje que sostiene a los emprendedores locales pesa más, no menos.

Desarrollo económico desde la gestión

Un tercer grupo trabaja sobre las condiciones del desarrollo: la formación en oficios, el ordenamiento productivo y la articulación con el sector privado.

Pilar, Buenos Aires

En el norte del conurbano, Pilar combina industria, salud y construcción en una estrategia de desarrollo con foco en la innovación. Con 165 puestos cada mil habitantes, por encima de la media nacional, su desafío es sostener y calificar ese entramado productivo.

La herramienta central es la articulación con la formación. El municipio trabaja junto a la Universidad Nacional de Pilar (UNIPILAR) —que estrenó campus propio— para alinear la oferta académica con la demanda del sector privado, y la complementa con un portal de empleo que conecta puestos y perfiles. 

El programa Pilar Emprende suma herramientas para que los negocios locales incorporen tecnología. Esa estrategia obtuvo el Sello de Ciudad del Desarrollo Económico de RIL con un puntaje del 78%. El puente entre la universidad y el sistema productivo —el mismo que recorre, del lado humano, la tercera entrega de esta serie— es el corazón del modelo: formar el talento donde se lo necesita.

Laboulaye, Córdoba

En el sur cordobés, el diagnóstico surgió del trabajo cotidiano de la Oficina de Empleo y de una encuesta a todos los estudiantes que terminaban el secundario. Apareció una brecha entre la oferta laboral local y las capacidades de buena parte de la población: muchas personas, sobre todo jóvenes y adultos que buscaban reinsertarse, no tenían formación en los oficios que el sector productivo demandaba.

La estrategia se ordenó en tres ejes: formación para el trabajo, articulación con el sector privado y fortalecimiento del ecosistema productivo. La Universidad Popular, creada por convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, y el Programa de Formación en Oficios dictan capacitaciones gratuitas en demandas concretas: electricidad, instalaciones sanitarias, herrería, cocina profesional, marketing digital. El Punto Digital y la Oficina de Empleo completan el circuito, y en paralelo avanza el ordenamiento del Parque Industrial. 

Hasta el momento, según datos de la Municipalidad:
• Más de 850 personas participaron en cursos y capacitaciones.
• Se desarrollaron 42 cursos y talleres.
• 90 % de los participantes manifestó haber mejorado sus oportunidades laborales o iniciado una actividad económica propia luego de capacitarse.
• 62 empresas participaron de acciones de vinculación con la Oficina de Empleo.
• El Parque Industrial cuenta con 95% del ára ocupado y 55% empresas instaladas y generó aproximadamente 145 puestos de trabajo directos.

El proceso obtuvo el Sello de Ciudad del Desarrollo Económico de RIL con un puntaje del 91%, el más alto del grupo. Los datos de alcance están en elaboración.

Rada Tilly, Chubut

Rada Tilly enfrentaba una limitación concreta: quería diseñar un programa estratégico de desarrollo económico, pero no tenía el presupuesto para financiar siquiera su etapa de diseño. La oportunidad de articular al sector público con el privado existía; faltaban la hoja de ruta y el capital inicial.

La solución fue, en sí misma, una innovación de gestión. El municipio diseñó su Programa de Desarrollo Económico Local con la articulación público-privada como pilar, y creó SINCRO RT, una herramienta de vinculación y capacitación con empresas y PyMEs. 

Lo más destacable es cómo lo financió: en lugar de esperar fondos propios, movilizó 180.780 dólares de patrocinadores privados para costear el diseño del programa. El dato importa más allá de Rada Tilly, porque muestra un mecanismo replicable. Para Jorge Mérida, secretario del área, SINCRO RT busca “alinear a las empresas locales con nuevas tendencias de crecimiento”. Un municipio chico demostró que la falta de presupuesto no siempre es el final del camino.

Qué hace falta para que se repita

Recorridos en conjunto, los once casos comparten una estructura, más allá de la categoría o el tamaño. Primero, una decisión política sostenida en el tiempo: casi todas estas políticas llevan años y atravesaron más de una gestión. Segundo, articulación público-privada: ninguna avanzó sin universidades, empresas, instituciones de crédito u organizaciones de la comunidad empujando en la misma dirección. Tercero, una lectura fina de la demanda local, para formar en los oficios y sectores que el territorio realmente necesita. Y cuarto, la decisión de medir y registrar, para sostener la política con evidencia.

El propio equipo de Laboulaye, al pensar cómo replicar su experiencia, resumió varias de esas condiciones: decisión política, articulación entre actores, escucha de las necesidades productivas y seguimiento de los participantes más allá del dictado de cursos. “La principal enseñanza de nuestra experiencia es que incluso en ciudades de tamaño intermedio es posible generar oportunidades de empleo y desarrollo económico cuando la capacitación, la articulación institucional y el sector productivo trabajan con objetivos comunes”, resume a +COMUNIDAD Martín Villalonga, secretario de Promoción de Desarrollo Económico de la Municipalidad. 

Este es un primer mapa, no uno definitivo. En varios casos la información todavía está en construcción y podrá ampliarse con más datos y precisiones. Y la lista no se cierra aquí: hay muchos más municipios trabajando en esta dirección, y la intención es seguir reconociéndolos en próximas entregas.

El Banco Mundial define dos prioridades para la Argentina que viene: crear empleo —en particular para jóvenes, mujeres y trabajadores informales— y fortalecer el capital humano. Estas once ciudades, cada una a su escala, trabajan exactamente sobre esos dos frentes. No mueven el promedio nacional. Pero, como muestra la tercera y última entrega de esta serie, mueven algo más concreto: la vida de las personas que viven en ellas.

Nota de metodología. El indicador de empleo de esta nota corresponde a puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado cada mil habitantes, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía sobre registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cruzados con las estimaciones de población del INDEC con base en el Censo 2022, para el promedio de enero a noviembre de 2023. El dato se mide por departamento o partido; donde esa unidad no coincide con el municipio, la cifra local se omite. La selección de ciudades se construyó junto a los coordinadores de RIL Argentina Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico) y Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras); la información de cada política proviene de los gobiernos locales y de RIL, y en varios casos está en construcción y podrá ampliarse. El diagnóstico nacional y la comparación regional provienen del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, vía Data360, y su Informe Anual 2025). Las visualizaciones se construyeron con un método auditable, con soporte de Claude Code.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina.

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

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Doce minutos. Ese es el tiempo promedio que tarda la Ciudad de Mendoza en responder cuando un vecino envía un reporte de seguridad a través de su teléfono celular. La alerta llega por WhatsApp al Centro de Visualización y Monitoreo, un algoritmo categoriza la urgencia, y el sistema despacha los recursos más cercanos. Detrás de esa respuesta se encuentra Ojos en Alerta. Incluye una red de más de 16.000 ciudadanos capacitados, 740 cámaras integradas y un software de analítica que cruza datos en tiempo real.

Esa velocidad de reacción no es un caso aislado. Es la expresión visible de una decisión que el municipio tomó hace varios años: construir su gestión sobre datos, no sobre intuiciones. El problema de partida era común a muchas ciudades de la región. La información estaba fragmentada entre áreas que no se comunicaban entre sí, trámites diseñados para el papel que se replicaban en lo digital sin ganar eficiencia, y una toma de decisiones basada más en la urgencia que en la evidencia.

Para revertir esa lógica, Mendoza diseñó una estrategia de datos municipal estructurada en cinco dimensiones: gobernanza y administración de la información, infraestructura segura y estandarizada, desarrollo de capacidades institucionales, rutinas de uso de datos para la toma de decisiones, y vinculación con la ciudadanía. 

Esa arquitectura, formalizada a través de decretos y una ordenanza de inteligencia artificial que es la primera de su tipo en el país, ordena hoy buena parte de la agenda del municipio. ¿El objetivo? Construir una “cultura irreversible de datos”. 

“En Mendoza estamos consolidando una cultura de gestión basada en datos e inteligencia artificial, con marcos institucionales y normativos que nos permiten innovar con responsabilidad, mejorar procesos y fortalecer la toma de decisiones”, explica Cristian Chavarini, director de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El reconocimiento como Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL distingue ese recorrido. Lo que la certificación valida es la capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener los procesos en el tiempo. Las cinco políticas que siguen permiten observar cómo esa lógica se traduce en la práctica.

1. Gobernanza de datos e inteligencia artificial: el sistema operativo de la gestión

En muchos gobiernos locales, la incorporación de tecnología se reduce a digitalizar expedientes o lanzar una aplicación. En Mendoza, el enfoque fue distinto: antes de aplicar inteligencia artificial, construyeron la infraestructura institucional para que esa tecnología funcionara con reglas claras.

El mecanismo opera a través de tres piezas articuladas:

• El Comité de Gobernanza de Datos (Decreto N° 181/2024) funciona como el órgano de coordinación que diseña inventarios de datos por área, establece protocolos de intercambio y supervisa la calidad de la información.  
• El Comité Local de Inteligencia Artificial o CLIA (Decreto N° 832/2024) actúa como espacio de planificación y experimentación, conectando al gobierno con expertos tecnológicos, académicos y representantes del sector privado para diseñar soluciones aplicadas a problemáticas urbanas. 
• Y la Ordenanza N° 4221/2025 cierra el circuito con un marco normativo que regula el uso estratégico, ético y responsable de la IA en la gestión pública, alineado con estándares internacionales de la UNESCO y la OCDE en materia de transparencia, protección de datos, no discriminación y supervisión humana.

La combinación de estos tres instrumentos permite que el municipio automatice procesos administrativos y que lo haga bajo principios verificables. La ordenanza, además, creó el Programa Municipal de Innovación con IA, que tiene la responsabilidad de identificar oportunidades de aplicación, implementar proyectos piloto y publicar informes anuales con resultados.

El ecosistema tiene una dimensión colaborativa que trasciende los límites del municipio. La Ciudad de Mendoza es una de las diez fundadoras de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), una red de gobiernos locales que comparten experiencias, estándares y estrategias para el uso de IA en la gestión pública. La coalición, coordinada por RIL, se expandió en 2026 hacia más ciudades y países. 

El modelo mendocino se distingue porque la IA no llegó como un agregado cosmético: se instaló sobre una gobernanza de datos previamente ordenada. Esa secuencia —primero los datos, después los algoritmos— es una condición que los técnicos del municipio identifican como necesaria para que la automatización sea útil y no genere distorsiones.

2. Inteligencia artificial aplicada en seguridad: de la vigilancia pasiva a la prevención activa

En el ámbito de la seguridad urbana, el desafío estructural no era solo la cantidad de cámaras o dispositivos, sino la incapacidad de procesar esa información en tiempo real para anticiparse a los hechos. Mendoza tenía un esquema de vigilancia fragmentado: cámaras municipales por un lado, cámaras provinciales por otro, y reportes ciudadanos que se gestionaban de forma manual.

La solución fue un sistema integrado que combina el Anillo Digital de Seguridad, el Centro de Operaciones y Videovigilancia y el programa de participación ciudadana Ojos en Alerta, adoptado a partir de un convenio con la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires), donde fue creado.

El Anillo Digital está compuesto por 115 cámaras perimetrales, entre las que se incluyen 60 cámaras TANDEM con visión 360° y 30 lectoras de patentes (ANPR) capaces de identificar vehículos con pedidos de captura en los accesos a la ciudad. El Centro de Operaciones y Videovigilancia, una infraestructura nueva ubicada dentro del edificio municipal, centraliza el monitoreo de 740 cámaras —300 municipales y 440 del Ministerio de Seguridad provincial—un espacio con varias pantallas de última generación que permite la visualización simultánea. La inversión, íntegramente municipal, fue cercana a los 1.400 millones de pesos (aproximadamente USD 1.000.000).

Ojos en Alerta completa el circuito con una lógica diferente: convierte al vecino en un sensor activo que, a través de WhatsApp, reporta situaciones sospechosas o emergencias. La inteligencia artificial interviene para categorizar y priorizar esos reportes, lo que permite que el despacho de recursos sea eficiente. “Se trata de tecnología pero también es participación vecinal. Actualmente, más de 15.000 vecinos son parte de este programa, que nos permite tener información en tiempo real”, señala el intendente Ulpiano Suárez.

El impacto del componente de seguridad se mide en tres indicadores: más de 16.000 usuarios capacitados y activos en Ojos en Alerta, un tiempo promedio de respuesta de 12 minutos ante reportes, y la integración total de 740 dispositivos de video bajo una misma unidad de control con personal municipal y provincial trabajando de forma articulada.

3. Datos abiertos para atraer inversión: la plataforma “Invertir en Mendoza”

Para quien evalúa un proyecto productivo, la seguridad no se limita a la prevención del delito; se extiende a la seguridad jurídica y a la disponibilidad de información que otorgue previsibilidad. Mientras muchas ciudades lidian con la opacidad de sus datos económicos y la dispersión de trámites, Mendoza transformó su eficiencia administrativa en un activo económico.

El instrumento es la plataforma digital Invertir en Mendoza, que centraliza indicadores de desempeño económico actualizados, herramientas de análisis territorial y servicios de acompañamiento para inversores. Su herramienta más distintiva es el Explorador Urbano, que permite consultar parcela por parcela la zonificación, los usos de suelo permitidos y los niveles de competencia comercial de cada zona. El servicio de asistencia al inversor agiliza trámites como permisos de obra, factibilidad urbanística y habilitaciones comerciales.

La plataforma no funciona de forma aislada. Se inscribe en un ecosistema de innovación más amplio que incluye al Hub de Impacto Huella Mendoza, un programa de aceleración de emprendimientos tecnológicos impulsado por la Municipalidad junto con la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. En tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, con foco en innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos. La lógica es la misma que articula las demás políticas: abrir datos, generar condiciones y conectar actores.

Los números del entorno económico reflejan una dinámica activa: 

• 106 desarrollos inmobiliarios por año.
• 18.6% Producto Bruto Geográfico Provincial.
• 56.967 empleos privados registrados.
• 8.691 establecimientos habilitados.
• 667 pedidos de nuevas habilitaciones comerciales por año.

4. Presupuesto Participativo: la tecnología al servicio de la democracia

Los mecanismos de democracia participativa existen en muchas ciudades argentinas. El diferencial de Mendoza radica en la digitalización integral del proceso y en su validación legal. La Ciudad institucionalizó el Presupuesto Participativo como una herramienta que permite a los vecinos proponer, seleccionar y decidir el destino de una parte del presupuesto anual a través de la plataforma de Gobierno Abierto.

El mecanismo funciona en etapas. Cualquier vecino puede presentar un proyecto —infraestructura barrial, luminarias, talleres, equipamiento— mediante un formulario digital. Cada iniciativa tiene un tope de costo equivalente al 20% del presupuesto total asignado. Las propuestas pasan por un análisis de factibilidad técnica y económica, y las que resultan aptas se publican para la votación ciudadana, abierta a mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en la ciudad.

Lo que distingue al modelo es su capa de transparencia: el ciclo 2025-2026 contó con certificación notarial de los resultados, lo que otorga respaldo legal al orden de mérito surgido del voto ciudadano. Además, el diseño administrativo garantiza que las obras ganadoras se incorporen al presupuesto del ejercicio siguiente, cerrando el circuito entre la decisión ciudadana y la ejecución estatal.

“El presupuesto participativo expresa una convicción central de nuestra gestión: la innovación pública también consiste en abrir decisiones, escuchar mejor y convertir la participación ciudadana en una herramienta concreta de planificación”, explica María Lourdes Gabrielli, subdirectora de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El modelo fue reconocido internacionalmente con una mención de honor de la Open Government Partnership (OGP) en el marco del Open Gov Challenge, que destacó el uso de herramientas tecnológicas para la construcción de políticas públicas colectivas. En el último ciclo, un total de 29 proyectos superaron la votación y pasaron a la etapa de ejecución técnica.

^{Proceso de votación ciudadana. Imagen: Municipalidad de Mendoza.}

5. Operativos 360: eficiencia territorial y respuesta basada en datos

Tradicionalmente, el mantenimiento del espacio público en los municipios opera de forma fragmentada: una cuadrilla repara las luminarias, otra se encarga del bacheo y una distinta realiza la poda, muchas veces en semanas diferentes. Para mejorar esta dinámica la Ciudad de Mendoza implementó los Operativos 360, un modelo de gestión integral que sincroniza todas las áreas operativas en un único despliegue territorial.

El sistema funciona bajo una lógica de intervención total. En lugar de atender reclamos aislados, el municipio identifica zonas prioritarias mediante el cruce de datos de la plataforma Muni Digital y tableros de gestión interna. Una vez definida el área, desembarcan simultáneamente equipos de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras y Alumbrado. Se realizan tareas de poda preventiva con hasta cinco cuadrillas equipadas con hidrogrúas, reparación y reposición de luminarias, bacheo de calzadas, limpieza profunda de acequias, eliminación de microbasurales, desmalezado y demarcación vial.

Durante cada operativo se instalan además puestos de cercanía: estaciones de atención vecinal para recibir reclamos presenciales y brindar servicios de salud y zoonosis, como la vacunación de mascotas. Este despliegue permite atender no solo a los 130.000 habitantes estables de la Ciudad de Mendoza, sino a una población pendular de 300.000 personas que circulan diariamente por la capital.

Según Marcos Tohmé, director de Espacios Verdes y Arbolado, la planificación permite abordar un promedio de tres zonas por mes, lo que se traduce en 36 sectores intervenidos al año. El criterio de priorización se basa en los reclamos vecinales articulados con la información de los tableros de gestión, lo que permite definir las áreas y el tipo de acciones de forma específica y optimizar los recursos disponibles.

El compromiso ciudadano es parte del modelo. Para Jaqueline Godoy, vecina del barrio La Favorita, el impacto es directo: “La limpieza de los Operativos 360 es un gran beneficio para la comunidad. Ayudan a que el barrio se vea bien y esté en buenas condiciones. Esperamos que todos los vecinos entiendan que sacar sus residuos los días informados es muy importante para colaborar”.

Datos de impacto y gestión (periodo 2025):

• 3.614 reclamos procesados (23% limpieza de acequias, 18% retiro de escombros).
• 3.647 incidentes gestionados vía Muni Digital (23% ramas sobre techos, 8% ramas quebradas).
• El chatbot municipal ya procesa de forma autónoma más de 200 incidentes mensuales.

Cinco políticas públicas y una lógica común

Las cinco políticas difieren en su escala técnica, en las problemáticas que abordan y en su impacto territorial. Tienen, sin embargo, una lógica que las conecta: el municipio identifica un déficit estructural, diseña un marco normativo o institucional para abordarlo y utiliza la evidencia para medir su efectividad.

La gobernanza de datos y la regulación de la inteligencia artificial construyeron la infraestructura institucional que sostiene todo lo demás. La seguridad ciudadana se asumió mediante un sistema integrado que combina analítica de video con participación vecinal. 

La atracción de inversiones se vinculó a la apertura de datos estratégicos y a un ecosistema de aceleración de emprendimientos. La democracia directa se digitalizó y se blindó con certificación notarial para asegurar que el presupuesto responda a necesidades reales de los barrios. Y el mantenimiento del espacio público se unificó en un despliegue territorial que optimiza cada recurso disponible.

La certificación de Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, obtenida en 2026, distingue ese recorrido. Lo que esta validación reconoce es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterios de innovación y sostener los procesos en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como la Ciudad de Mendoza, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Venado Tuerto, Jesús María, Junín, Santa Rosa, San Miguel y San Nicolás de los Arroyos.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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En 2013, el municipio enfrentaba un escenario complejo: limitaciones financieras, debilidades administrativas y una escasa capacidad para monitorear metas de gobierno o comprender, con precisión, las necesidades de su población. La falta de datos sistematizados dificultaba la toma de decisiones y alejaba a la ciudadanía de los procesos de planificación urbana.

Frente a ese diagnóstico, la ciudad optó por un cambio de enfoque. En lugar de gestionar a partir de intuiciones o respuestas fragmentadas, Niterói apostó por construir una planificación de largo plazo apoyada en evidencia y participación social. Así nació el plan estratégico Niterói que Queremos 2013-2033, lanzado en 2014, que define una hoja de ruta para los próximos 20 años en áreas clave como salud, educación, desarrollo económico y ambiente.

Puedes leer este artículo en portugués aquí: 

Una arquitectura de planificación y evaluación basada en datos

El proceso de elaboración del plan Niterói que Queremos involucró a más de 7.000 personas, entre referentes políticos, equipos técnicos municipales y actores de la sociedad civil. Lejos de ser un documento cerrado, el plan buscó desde el inicio articular visiones compartidas sobre el futuro de la ciudad y sentar las bases para una gestión más transparente, medible y orientada a resultados.

Ese mismo año comenzó a desarrollarse el Sistema de Gestión de la Geoinformación (SIGeo), una herramienta para ordenar y analizar datos geoespaciales del municipio. A través del Geoportal Público y del Portal de Datos Abiertos, la información comenzó a ponerse a disposición tanto de los equipos de gobierno como de la ciudadanía, facilitando el acceso, la reutilización de datos y la integración con otros sistemas mediante APIs.

Con el tiempo, esta infraestructura se consolidó con la creación del ObservaNit (Observatorio de Indicadores de Niterói), una plataforma que reúne indicadores de desempeño de las políticas públicas y permite seguir de cerca sus resultados sociales. A esto se sumó el Plan de Metas Anual (PMA), alineado con el Plan Plurianual (PPA), la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) y la Ley Presupuestaria Anual (LOA), como parte de un sistema de planificación que articula objetivos, presupuesto y evaluación.

En 2021, la institucionalización del uso de datos dio un paso más con la creación del SIMAGI (Sistema de Evaluación y Gestión de la Información), que establece evaluaciones periódicas de programas y proyectos en cada secretaría municipal. El objetivo: que la información no sólo se produzca, sino que efectivamente oriente decisiones, correcciones y prioridades de política pública.

Institucionalizar el uso de datos en la gestión municipal

Desde entonces, la alcaldía de Niterói continúa institucionalizando la cultura data-driven (orientada por datos) en su gestión, con la incorporación de tecnologías y prácticas destinadas a mejorar la eficiencia administrativa y la toma de decisiones. En ese marco se definió la Estrategia de Gobierno Digital (EGD), que establece principios, lineamientos, una estructura de gobernanza y objetivos estratégicos para guiar el proceso de transformación digital del municipio.

En 2023, la ciudad dio un paso inédito al convertirse en la primera de Brasil en realizar una encuesta municipal por muestreo a gran escala. El relevamiento Niterói que Somos visitó 15.000 hogares con el objetivo de mapear la calidad de vida y las principales demandas en áreas como salud, movilidad, cultura y asistencia social. La encuesta, que se repetirá cada cuatro años, produce información actualizada para orientar políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, y cubre vacíos dejados por el Censo nacional.

Para la elaboración del cuestionario se conformó un consejo consultivo integrado por especialistas y representantes de todas las secretarías municipales. Esta instancia permitió definir indicadores relevantes y asegurar que los datos recolectados reflejen las necesidades reales de la población y se traduzcan en acciones concretas de política pública.

Inspirada en experiencias previas, como el programa de Renta Básica de Ciudadanía de Maricá, la alcaldía de Niterói creó la Moneda Social Arariboia. Se trata de una política permanente de transferencia de ingresos, ejecutada a través de la Secretaría Municipal de Asistencia Social y Economía Solidaria (SMASES), que forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo local y reducción de la pobreza y la extrema pobreza. Es utilizada por cerca de 100.000 personas. 

La iniciativa surgió en respuesta al aumento acelerado de personas bajo la línea de pobreza durante la pandemia de COVID-19. En junio de 2021 se puso en marcha el Banco Comunitario Arariboia en Vila Ipiranga, en el barrio de Fonseca, una de las zonas más pobladas de la ciudad. En diciembre de ese mismo año, la moneda social —de circulación exclusiva dentro del municipio— fue lanzada oficialmente y alcanzó a cerca de 27.000 familias en situación de vulnerabilidad.

Niterói y una gestión orientada por datos replicable

Las herramientas y planes desarrollados por Niterói ponen en evidencia la importancia de consolidar una cultura de datos, sostener una visión de largo plazo y garantizar continuidad y transversalidad en la gestión. Desde 2013 hubo un liderazgo político consistente para invertir en sistemas y alianzas que mejoraran la gestión. 

La participación ciudadana en la planificación aportó legitimidad a las decisiones y permitió definir metas claras, con una metodología centrada en las personas. A su vez, proyectos focalizados como EcoSocial mostraron que el uso de datos intersectoriales permite dirigir recursos hacia quienes más lo necesitan y evaluar el impacto de las intervenciones.

Como caso de estudio, la experiencia de Niterói subraya la importancia de contar con equipos técnicos especializados, capacidades institucionales sostenidas y un ecosistema de integridad y transparencia que genere confianza en el uso de los datos. Ciudades de tamaño medio, con una gestión financiera ordenada, pueden encontrar en este modelo una referencia adaptable a sus propias realidades.

El carácter innovador de la encuesta Niterói que Somos también ofrece un aprendizaje clave: los municipios no necesitan depender exclusivamente de los datos producidos a nivel federal. La realización de relevamientos propios resulta especialmente relevante para ciudades de más de 200.000 habitantes que buscan conocer con mayor precisión a su población. La integración progresiva de sistemas —como geoprocesamiento, participación social y gestión estratégica— y la participación en redes y rankings, como Connected Smart Cities, completan un enfoque que combina mejora continua, visibilidad y estímulos para fortalecer la gestión pública basada en evidencia.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar mejoras públicas.

^{Imagen principal: Cartão da Moeda Social Arariboia. Divulgação.}

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Río de Janeiro encendió la alerta roja cuando, hacia fines de la década de 2000, se vio golpeada por deslizamientos e inundaciones, un tránsito caótico y altos niveles de violencia. Pero el mayor problema no era sólo la magnitud de las crisis, sino la dificultad del gobierno local para responder con rapidez. La falta de coordinación entre los distintos organismos de la administración pública evidenció la necesidad de una transformación profunda.

Fue entonces cuando la ciudad dio un paso pionero: firmó una alianza público-privada con IBM para crear el Centro de Operações Rio (COR) —hoy Centro de Operaciones y Resiliencia—. Concebido como un “corazón tecnológico”, el COR integró en una sola plataforma toda la información sobre seguridad pública, tránsito, medioambiente y servicios urbanos. Desde allí, más de 30 organismos municipales coordinan acciones de monitoreo y respuesta conjunta.

El sistema permite identificar emergencias en tiempo real, activar alertas preventivas y movilizar equipos en minutos. Con el tiempo, el COR se convirtió en el centro de comando oficial de la ciudad, especialmente durante eventos de gran escala o situaciones críticas.

Enfrentar el riesgo climático y la exclusión social en Río de Janeiro

En simultáneo, los desafíos climáticos y sociales seguían siendo enormes. Las lluvias intensas y los deslizamientos afectaban con frecuencia a comunidades vulnerables, muchas de ellas en zonas de difícil acceso y fuera de los registros oficiales. Aunque Río contaba con una amplia red de servicios públicos, miles de personas permanecían “invisibles” para el Estado, sin acceso estable a salud, educación o vivienda.

La misión del municipio fue entonces usar los datos para combatir la exclusión y orientar las políticas públicas hacia las áreas de mayor riesgo. En 2017, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) —establecido en 1998— y del Instituto Pereira Passos (IPP), la ciudad creó el Programa Territórios Sociais.

Su propósito fue identificar y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en los diez mayores complejos de favelas, como Alemão, Rocinha, Cidade de Deus, Maré y Jacarezinho. En 2022, la iniciativa se amplió a toda la ciudad.

Un programa con método y resultados

El protocolo del Territórios Sociais se estructura en tres fases: búsqueda activa, plan de acción integrado y monitoreo. En la primera, agentes de campo contratados por el programa visitan cada vivienda y aplican un cuestionario basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Naciones Unidas, que evalúa privaciones graves en salud, educación y nivel de vida.

Las familias con un IPM igual o superior al 33% son incorporadas al Módulo Integrado de Monitoreo, que las vincula con servicios básicos de salud, asistencia social o educación según sus necesidades. Al cabo de un año, se vuelve a aplicar el cuestionario inicial para medir avances y evaluar la efectividad del programa.

Entre 2017 y 2018 se identificaron 2.316 familias en situación de vulnerabilidad, cerca del 13% del total de hogares en los 145 sectores relevados. Entre 2019 y 2022 se realizaron 139.113 entrevistas y 39.558 familias fueron clasificadas para seguimiento (aproximadamente el 28% del total).

En enero de 2025, los resultados ya hablaban por sí mismos: casi 32.000 familias habían sido atendidas por la Secretaría Municipal de Salud y unas 26.000 recibieron apoyo de la Secretaría de Asistencia Social.

Gestión inteligente: datos e integración contra desigualdades persistentes

En marzo de 2025, Río de Janeiro recibió la Certificación Oro del programa What Works Cities, impulsado por Bloomberg Philanthropies y Results for America. La distinción reconoce a los gobiernos que aplican estándares avanzados en el uso de datos y evidencia para mejorar sus políticas públicas.

¿Qué lección dejó ese reconocimiento internacional? Las experiencias del COR y de Territórios Sociais muestran que los datos, por sí solos, no bastan: deben ir acompañados de presencia territorial y confianza comunitaria. En Río de Janeiro, las tecnologías funcionan porque detrás de ellas hay agentes comunitarios que recorren las calles, visitan hogares y ganan la confianza de las familias. Ese vínculo humano valida y complementa la información digital, asegurando que ninguna persona quede fuera por falta de registro.

Otra lección clave fue romper los silos burocráticos. Para compartir información y planificar acciones conjuntas, la municipalidad creó un comité intersecretarial junto al IPP, que permitió coordinar políticas y evitar duplicaciones.

También se fortaleció la transparencia pública: la difusión periódica de resultados —familias atendidas, niños escolarizados, mejoras en los indicadores— aumentó la confianza ciudadana y reforzó la rendición de cuentas.

Desde Río de Janeiro, inspiración para otras ciudades

El modelo del COR inspiró a capitales como São Paulo, Salvador y Belo Horizonte, que ya cuentan con centros de monitoreo similares. Su replicación exige inversión y liderazgo político, pero demuestra que la coordinación institucional y las alianzas tecnológicas pueden transformar la gestión urbana.

Por su parte, el enfoque de Territórios Sociais puede adaptarse a municipios medianos mediante la selección de barrios prioritarios y el uso de herramientas digitales de recolección de datos, muchas de ellas apoyadas por organismos internacionales como ONU-Hábitat o Unicef.

Otra iniciativa replicable es el uso de observatorios urbanísticos, como el Instituto Pereira Passos (IPP), para centralizar la inteligencia de datos de la ciudad. Varios municipios han creado unidades similares, dedicadas al análisis de indicadores y al seguimiento de políticas públicas.

En la práctica, Río de Janeiro aprendió que los datos pueden salvar vidas, pero su valor real aparece cuando se traducen en decisiones, coordinación y cercanía. Una ciudad más resiliente no se construye solo con tecnología, sino con información útil, vínculos de confianza y voluntad política sostenida.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar mejoras públicas.

Imagen principal: Centro de Operaciones y Resiliencia de Río de Janeiro. Foto: COR Río.

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La Ciudad de Guatemala se expande entre barrancos, volcanes y pendientes a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Con más de 1,2 millones de habitantes, es la capital política y administrativa del país, y el territorio urbano más poblado de Centroamérica. En 2019 y 2021, la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas contra el Cambio Climático (CC35) la reconoció como “Capital Verde de las Américas” por sus políticas ambientales orientadas a la recuperación y restauración de áreas verdes.

Uno de los ejes de ese reconocimiento es el Cinturón Ecológico Municipal: 95 kilómetros cuadrados de áreas naturales, que representan el 41,4 % del territorio local y tienen como objetivo conservar los ecosistemas y su biodiversidad. En 2019 el cinturón albergaba seis parques ecológicos en funcionamiento, cuatro en fase de diseño y más de 300 parques lineales y barriales.

Estos parques funcionan como nodos de la Red Urbana Verde, que busca conectar parques ecológicos, barriales y lineales mediante un arbolado continuo a lo largo de las principales calles de la ciudad. Todas estas estrategias se apoyan en el Programa de Reforestación Municipal, lanzado en 2017, con el que se sembraron un total de 12.251 árboles, y en el primer censo forestal inteligente del país que el gobierno municipal puso en marcha en 2024. 

^{Un hombre y una mujer censan el arbolado público. Imagen: Municipalidad de Guatemala.}

Un censo forestal para poner en valor el arbolado urbano

Para la Ciudad de Guatemala, los árboles son más que simples ornamentos: protegen, refrescan y transforman el entorno. Así, el censo forestal digital del país registra cada árbol con precisión, utiliza inteligencia artificial, imágenes satelitales y sensores remotos para anticipar podas, plagas y zonas sin sombra, convirtiendo el arbolado en un activo ambiental clave.

Griscelda Cruz, directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala, cuenta a +COMUNIDAD que esta herramienta surgió como una oportunidad para modernizar y unificar el mantenimiento y gestión del arbolado urbano. El proceso contó con el apoyo de City Data Alliance de Bloomberg Philanthropies, que brindó acompañamiento en formato de coaching. 

“El objetivo inicial del proyecto fue rediseñar la lógica de trabajo de las distintas dependencias responsables de cada etapa de la gestión del arbolado, y desarrollar una herramienta unificada basada en datos para coordinar las intervenciones”, explica.  “Este proceso se inició con un proyecto piloto en la zona 15, en el que se realizó una estimación del arbolado ubicado en el espacio público a través de una imagen LiDAR, con la intención de poder replicarlo en las 22 zonas de la ciudad”, añade Cruz. 

En pocas palabras, las imágenes LiDAR (Light Detection and Ranging) actúan como un escáner láser desde el aire: lanzan pulsos de luz, captan su rebote y construyen modelos 3D que muestran con detalle dónde está cada árbol y cuán alto y frondoso es.

^{Proceso de censo forestal digital del arbolado urbano. Imagen: Municipalidad de Guatemala.}

Tecnología al servicio del medio ambiente

Para levantar y procesar la información, el equipo recurrió a un combo de soluciones digitales. La columna vertebral del censo forestal fue ArcGIS Survey123, una aplicación que permite capturar las coordenadas de cada ejemplar, su estado fitosanitario, las necesidades de mantenimiento y sus características físicas. Con esos datos luego se calcula el valor de los servicios ecosistémicos mediante la plataforma i-Tree Eco.

Las ventajas que ofrece este enfoque digital –explica la directora– consisten en conocer y priorizar el mantenimiento que requieren los árboles, visualizar en tiempo real su cuantificación y los servicios ecosistémicos que proporcionan. “Este enfoque ofrece una respuesta más rápida y mejor distribución de los equipos de trabajo, así como una prevención de riesgos. Al realizar el censo forestal se visualiza si el árbol presenta algún problema y eso nos permite generar acciones preventivas”, dice.

Lecciones del piloto de censo forestal en la zona 15

El ensayo inicial cubrió la zona 15 y arrojó un inventario de más de 9.000 árboles pertenecientes a 120 especies, de las cuales cerca del 90 % presentaba una condición fitosanitaria excelente. “El levantamiento de campo empleado permitió conocer a fondo la estructura del arbolado, reforzar el criterio técnico y recopilar datos confiables mediante la observación individualizada de cada árbol”, describe Griscelda Cruz sobre el proceso.

La exploración de métodos alternativos —entre ellos el censo “en gabinete”— permitió acelerar el trabajo y ganar eficiencia. Respecto a cómo se evalúan sus impactos en términos de salud ambiental, Cruz revela: “Se estimó una producción de oxígeno anual de 214.65 tn/año, una retención de 2,799.40 m3/año de escorrentía pluvial, así como 1,803.53 kg/año de eliminación de contaminantes, reflejando impactos significativos en mitigación del cambio climático”. 

¿Qué quiere decir esto en números de la vida diaria? Significa que los árboles de la zona 15 producen el oxígeno que respiran unas 1.100 personas durante todo un año; absorben y almacenan algo más de una piscina olímpica de agua de lluvia, aliviando el sistema pluvial; y retiran del aire cerca de 1,8 toneladas de contaminantes, un peso comparable al de un automóvil mediano, antes de que lleguen a nuestros pulmones. Estas equivalencias fueron calculadas por +COMUNIDAD a partir de referencias abiertas y conversiones directas.

En síntesis, indica Cruz, el censo forestal se traduce en beneficios tangibles para la ciudad: más superficies sombreadas y, por lo tanto, menos islas de calor; mayor producción de oxígeno; y una barrera natural frente a la erosión y las inundaciones. Los datos recabados –añade– nutren una gestión municipal más eficiente: guían decisiones basadas en evidencia, optimizan recursos financieros y humanos, fomentan una planificación sostenible a largo plazo y respaldan cada intervención ante la ciudadanía.

^{Una trabajadora realiza el censo forestal digital del arbolado público. Imagen: Municipalidad de Guatemala.}

Los avances, sin embargo, trajeron sus propios desafíos. En el plano técnico, advierte: “Elaborar un censo forestal requiere personal de campo capacitado y metodologías estandarizadas, ya que no tener criterios generales para la planificación de intervenciones podría resultar en podas y/o talas innecesarias”. En el institucional, reconoce: “La gestión del arbolado involucra múltiples dependencias municipales, en esa línea la falta de información sistematizada genera conflictos y descoordinación”.

Hacer parte a la comunidad hace la diferencia

En la estrategia de reverdecimiento urbano, Cruz expresa que la ciudadanía juega un rol fundamental. No sólo como beneficiaria de un entorno urbano más verde, sino como agente activa en la transformación del espacio público sostenible y resiliente. En esa línea explica que su participación va más allá de la observación: se busca

que las personas también sean protectores del arbolado a través de actividades de monitoreo y reporte, en las que puedan identificar y reportar problemas y alertas. 

No obstante, la funcionaria identifica algunos desafíos culturales: muchas personas desconocen las ventajas del arbolado urbano y desconfían de las nuevas tecnologías aplicadas al espacio público. “La ausencia de canales efectivos de comunicación entre la institución y la población puede generar un ambiente de desconfianza  debido a que se perciben las acciones sin entender el propósito”, comenta sobre una de las dificultades que han atravesado.

Para contrarrestar esa brecha, la Municipalidad invita a la ciudadanía a sumarse de forma concreta. “Cualquier ciudadano puede participar en jornadas de reforestación para incrementar la infraestructura verde de la ciudad, o bien aportar ideas innovadoras para el diseño de nuevos espacios verdes o la ubicación de nuevos árboles”, dice Griscelda Cruz. 

Por último,  la directora comparte una breve hoja de ruta para otras ciudades interesadas en replicar el modelo y asegurar que la comunidad sea parte activa del cambio colectivo:

• Establecer canales de comunicación efectivos con la población.
• Establecer un plan piloto para identificar y analizar el territorio a intervenir.
• Priorizar el censo forestal ejecutado en campo con el apoyo de tecnología.
• Formar de forma constante el personal.
• Desarrollar un marco normativo de ordenanzas municipales relacionadas con el arbolado. 
• Fomentar la coordinación interinstitucional. 
• Promover la participación ciudadana.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Por Luciano Crisafulli, director
de la Coalición de Ciudades por
la IA en Argentina (CIIAR)

El discurso sobre transformación digital en el sector público ha madurado. Ya no se trata sólo de adoptar tecnología, sino de gobernar con inteligencia. En este nuevo paradigma, la inteligencia artificial (IA) no es una promesa futurista, sino una herramienta estratégica que redefine la capacidad del Estado para alcanzar objetivos complejos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, entre la fascinación por el algoritmo y la realidad institucional, persisten vacíos críticos que el enfoque GovTech puede ayudar a llenar.

IA y desarrollo sostenible: más allá de la eficiencia

Aplicar IA al desarrollo sostenible va mucho más allá de automatizar procesos o reducir costos. Implica habilitar al Estado para anticipar necesidades, distribuir recursos con mayor equidad y diseñar políticas públicas basadas en evidencia dinámica. Desde modelos predictivos de deserción escolar hasta algoritmos para la gestión inteligente del agua o la vigilancia ambiental, la IA permite que las decisiones públicas sean más precisas, oportunas y personalizadas.

Sin embargo, incorporar IA al servicio del desarrollo sostenible no puede entenderse como una simple mejora técnica, sino que exige una nueva gobernanza de datos, una cultura institucional basada en la interoperabilidad, y una comprensión ética del impacto algorítmico en la vida de las personas más vulnerables.

Obstáculos estructurales y dilemas éticos

De esta manera, la implementación de IA en el sector público enfrenta importantes restricciones. Muchas instituciones carecen de datos estructurados, talento especializado y marcos regulatorios adecuados. A ello se suma el riesgo de opacidad algorítmica, sesgos en los modelos de predicción y una posible concentración tecnológica en pocos proveedores, lo que puede generar nuevas formas de dependencia o exclusión.

El desafío no es menor: ¿cómo evitar que la IA profundice brechas sociales si los datos de entrenamiento están sesgados? ¿Qué ocurre cuando un modelo automatizado niega un subsidio o prioriza una intervención urbana sin mecanismos claros de apelación? La IA puede amplificar las capacidades del Estado, pero también sus errores y desigualdades si no se diseña con una ética pública robusta.

En este punto, el enfoque GovTech — como ecosistema de innovación público-privada, con startups cívicas, talento digital y políticas de datos abiertos — se convierte en un marco necesario.

GovTech como habilitador de IA cívica

A diferencia de los grandes proyectos tecnológicos tradicionales, el enfoque GovTech promueve soluciones modulares, escalables y centradas en el ciudadano. En lugar de plataformas monolíticas, impulsa algoritmos entrenados en problemas públicos concretos: prever la contaminación del aire, optimizar rutas de recolección de residuos, detectar fraudes en programas sociales o priorizar obras en territorios con riesgo climático.

Este ecosistema govtech puede articular a gobiernos, emprendedores, universidades y sociedad civil en torno a desafíos sostenibles, haciendo de la IA una herramienta de impacto, no solo de eficiencia. Además, facilita la incorporación de modelos de gobernanza algorítmica, auditoría cívica y marcos normativos que aseguren que el uso de IA sea transparente, justo y alineado con los valores democráticos y del desarrollo sostenible.

IA para el bien público: hacia una agenda estatal de inteligencia aplicada

El sector público necesita una estrategia de inteligencia artificial con foco en desarrollo sostenible, no solo como habilitador técnico, sino como instrumento de justicia distributiva y resiliencia institucional. Esto implica inversiones sostenidas en infraestructura de datos, alianzas GovTech con proveedores locales e internacionales, y marcos normativos que garanticen derechos ciudadanos en entornos digitales.

No se trata de tener más IA, sino de tener mejor IA: centrada en problemas reales de los ciudadanos, controlada democráticamente y alineada con los principios del desarrollo sostenible.

Imagen principal ilustrativa. Fuente: SasinParaksa, Getty Images. 

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Cuando Nicolás Müller decidió habilitar su casa para alquiler temporario, lo hizo entre cafés, sin pisar la Municipalidad: cargó los datos en Mi Luján Digital, firmó de manera electrónica y obtuvo la habilitación en pocas horas. “No perdí un día de trabajo”, cuenta satisfecho.

La experiencia de este vecino de Luján de Cuyo (Mendoza, Argentina) condensa la promesa que repite el intendente Esteban Allasino: “Que lo que antes llevaba meses, que hoy lo hagas en días; que lo que te llevaba días, que hoy lo hagas en minutos. Simplificar la vida para todas las familias, hacérsela más fácil, que ahorren tiempo y ese tiempo lo disfruten en su ciudad”. 

En Luján de Cuyo, la eficiencia en la gestión pública dejó de ser una aspiración abstracta para convertirse en una práctica sistemática. A través de una combinación de planificación territorial en 3D, digitalización de trámites, gestión inteligente del agua y los residuos, e incorporación de inteligencia artificial, entre otras políticas, el municipio construyó un nuevo estándar de atención y administración pública.

Esa transformación le valió, en 2025, la certificación como Ciudad Faro en la categoría Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL). La distinción reconoce a los gobiernos locales que administran los recursos públicos con responsabilidad, innovación y enfoque estratégico, y que logran traducir esos esfuerzos en mejoras tangibles para su comunidad.

Cinco políticas –entre varias más– permiten observar cómo se implementa esa lógica en distintos frentes de gestión. En otras palabras, dan cuenta de cómo se traduce la eficiencia en la práctica. Las repasamos a continuación. 

1. Planificación territorial: la ciudad en capas

Durante décadas, los trámites vinculados a la planificación urbana —como obtener un informe urbanístico o evaluar el potencial constructivo de un lote— implicaban recorrer oficinas, cruzar datos fragmentados y esperar semanas para acceder a una respuesta. Esa lógica cambió con la implementación de dos herramientas clave: Luján 3D y CityCompass.

Luján 3D traduce el código de uso del suelo en un entorno visual interactivo. Desde su casa, cualquier persona puede seleccionar una parcela y conocer en segundos la altura máxima permitida, los usos habilitados o la ocupación del suelo. CityCompass, por su parte, agrega información georreferenciada sobre precios de suelo, provisión de servicios e indicadores ambientales, facilitando la toma de decisiones para vecinos, inversores y el propio municipio.

Según datos oficiales, el informe urbanístico automático, que antes demoraba 30 días, hoy se obtiene en apenas cinco minutos “Lo que permite la plataforma es muy rápidamente identificar una porción de terreno y saber cuáles son los requisitos y las condiciones que tiene ese terreno”, explica Mercedes Bustamantes, líder del Equipo GIS (sistemas de información geográfica) y de Luján 3D. 

 “Las consultas en el mostrador han bajado. Un trámite que antes llevaba más o menos un mes, hoy se gestiona en dos minutos desde la comodidad de la casa del vecino”, agrega María O’Connor, directora general de Gestión del Territorio.

2. Gestión del agua: cada litro cuenta

Luján de Cuyo se encuentra en una de las regiones más áridas del país, con apenas 200 milímetros de lluvia al año. Además, enfrenta un desafío hídrico mayor ante la proyección de una disminución del 50% en el caudal de su río principal para 2050. En ese contexto, el consumo promedio de agua por habitante, que superaba los 500 litros diarios, se estaba volviendo insostenible. 

El municipio, en colaboración con la empresa Aguas Luján, puso en marcha un Plan Director de Agua. Sus principales objetivos son reducir la pérdida de agua no contabilizada, mejorar la eficiencia del sistema de agua potable y saneamiento, y asegurar un servicio seguro y continuo. El mayor resultado esperado es el ahorro de 30 millones de metros cúbicos de agua al año (en otros términos, esto equivale al consumo anual de agua potable de unas 500.000 personas en Argentina, según parámetros nacionales de uso doméstico).

Así, el plan incluye:

• Macro y microgestión: un sistema de medición hídrica que permite conocer con precisión la oferta y demanda de agua potable.
• Telegestión en tiempo real en pozos y cisternas.
• Detección de fugas con inteligencia artificial, tecnología satelital y algoritmos.
• Instalación de micromedidores en  2.200 domicilios. 
• Campañas de información y concientización. 

Los resultados hasta el momento son evidentes: 

• El consumo bajó de 500 a 344 litros por persona por día en medio año, lo que representa una reducción del 32%. 
• Se entrega 32 % menos agua a la cuenca, lo que implica dejar de bombear un pozo entero y un ahorro estimado de 1.000 millones de pesos anuales (U$S 785.000 aproximadamente). 
• En términos de huella de carbono, el ahorro energético logrado equivale a dejar de consumir 2,4 millones de kilovatios hora al año. Eso representa evitar la emisión de unas 2.160 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), el principal gas responsable del cambio climático. En otras palabras, es como si se dejaran de usar más de 1.000 autos a combustible fósil durante todo un año.
• El uso más racional del agua mejoró la presión en zonas periféricas del sistema y redujo el canon pagado por la explotación de agua subterránea.

“El municipio junto con Aguas Luján tiene tres grandes políticas en agua potable y saneamiento. La primera es la medición hídrica. La gestión eficiente del recurso, la operación y el mantenimiento se enmarcan en obras de infraestructura”, señala Nicolás Bonanno, director de Ingeniería de Aguas Luján.

 “Existe mucho derroche de un recurso tan importante como es el agua y vemos el beneficio de tener medida la cantidad que se consume”, reflexiona María José Santillán, vecina, investigadora y docente.

3. Limpiando Luján: menos reclamos, más respuestas

La higiene urbana también entró en la era digital. Frente a una creciente demanda ciudadana —con hasta 1.800 reclamos por poda o recolección—, el municipio lanzó la plataforma Limpiando Luján, que permite seguir en tiempo real los camiones recolectores, registrar denuncias geolocalizadas y recibir alertas sobre el cronograma de recolección.

Desde su implementación, el cambio fue sustancial:

• Los reclamos por poda pasaron de 1.800 a sólo 62 por año (una reducción del 96 %).
• Los reclamos vinculados a residuos cayeron de 500 a 92 (-82%). 
• La plataforma tiene más de 57. 000 usuarios en el último año y más de 14.000 visualizaciones en el mapa interactivo.

“Se nos ocurrió crear esta plataforma con un seguimiento en vivo de los camiones, tanto de la limpieza de verdes como de la limpieza de los residuos urbanos, de tal forma que el vecino pudiera consultar el estado en el cual el camión estaba por llegar”, explica Mariano Barrera, secretario de Higiene Urbana.

La experiencia de la ciudadanía también se ha visto optimizada: existen notificaciones y recordatorios sobre días y horarios de recolección; y asistencia automatizada con Luji, el chatbot municipal que puede responder consultas sobre residuos. 

Asimismo, los puntos verdes incrementaron su producción de residuos reciclables de 12 a 50 toneladas, y la recolección de residuos de aparatos eléctricos creció de 6.700 unidades en 2023 a 9.800 en 2024, con proyección de más del 15% de aumento para 2025.

“Limpiando Luján es un caso de éxito en el uso de tecnología aplicada a la higiene urbana, demostrando que la eficiencia operativa, el uso de datos en tiempo real y la participación ciudadana digital pueden coexistir en una solución escalable y replicable”, definen desde la Municipalidad. 

4. Mi Luján Digital: trámites que ya no duelen

Volviendo al caso de Nicolás Müller —el vecino que abrió esta nota—, su experiencia se enmarca en un proceso mayor: la creación de un ecosistema digital integral que permite hacer más de 180 trámites desde el celular o la computadora.

El punto de partida es adoptar el principio “de una sola vez”: que los vecinos no necesiten proporcionar repetidamente la misma información o documentos. Esto se consigue cuando una administración puede consultar bases de datos interconectadas, eliminando trámites innecesarios y reduciendo la cantidad de requisitos en procesos administrativos.

Así, la estrategia incluyó el desarrollo de una identidad digital descentralizada (basada en tecnología blockchain que asegura seguridad y transparencia), un sistema de inicio único de sesión (Single Sign-On, SSO) y nodos de integrabilidad con registros provinciales y nacionales.

La pieza clave en el proceso es Mi Luján Digital, una solución de identidad digital descentralizada que permite a los ciudadanos gestionar su información de manera segura y autónoma. Con ella, pueden almacenar y compartir estas credenciales con cualquier organismo o entidad que se haya sumado al protocolo, lo que facilita la verificación de su identidad y elimina la necesidad de presentar documentos físicos.

Los beneficios generales de estos cambios incluyen la reducción de tiempos de trámites, la eliminación de aquellos innecesarios y mayor seguridad. En específico:

• El trámite para obtener aprobación en planos de construcción bajó de 60 días a 4.
• Las habilitaciones comerciales que antes tardaban semanas hoy se aprueban en 72 horas.
• Los tiempos de espera para gestionar licencias de conducir digitalizadas bajaron de 3 horas a sólo 20 minutos. 
• El informe urbanístico automático pasó de 30 días a 5 minutos.

“Mi Luján Digital es una plataforma integral, un gran paraguas bajo el cual conviven muchas soluciones digitales”, sintetiza el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. “Básicamente viene a simplificar, a desburocratizar y a darle más seguridad a las personas, a los documentos y a las transacciones”, acota Matías Meric, jefe de Gabinete de la Municipalidad. 

5. Inspecciones con IA: un circuito más ágil y transparente

La quinta política posee un gran impacto en la dinámica económica local. Se trata de la digitalización del sistema de inspecciones comerciales, que incluyó el diseño de una app específica para los inspectores municipales, la integración con sistemas georreferenciados y el uso de inteligencia artificial para planificar recorridos más eficientes.

En números:

• Se redujo un 80 % el uso de papel en libros de actas, libros de clasificación, planillas de habilitación y partes diarios.
• Se logró auditar en tiempo real el 25 % de las inspecciones.
• Se disminuyeron un 75 % los tiempos y los kilómetros recorridos.
• Las habilitaciones se otorgan ahora en un máximo de 72 horas, lo que significa una reducción de los tiempos en un 75%. 

Así como Nicolás ganó un día de trabajo, los equipos técnicos ganan eficiencia y trazabilidad. La tecnología, en este caso, no reemplaza la labor humana: la potencia. 

“(Hay trámites) que los podemos hacer sencillo, ágil y rápido, aunque también podrían ser engorrosos, burocráticos, lento o muy lentos. En Luján de Cuyo desde hace tiempo se trabaja para la primera opción: facilitar la vida de las familias de Luján con trámites más sencillos”, valora el intendente. 

En conjunto, estas cinco políticas muestran que la eficiencia municipal no es un concepto abstracto, sino una práctica posible cuando se combinan visión estratégica, datos abiertos, seguimiento riguroso y escucha activa a la ciudadanía. En Luján de Cuyo, el tiempo recuperado se traduce en confianza ganada. Y eso, en última instancia, también es hacer ciudad.

Estas no son las únicas políticas en marcha, pero sí ofrecen una muestra representativa de un enfoque integral que viene consolidándose en distintas áreas de gestión. Luján de Cuyo hoy forma parte del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local, que reconoce a los gobiernos locales que transforman su manera de gestionar con impacto real.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Esta es la primera de una serie de notas que buscarán visibilizar casos similares en otras ciudades de Argentina y la región, donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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datos

Por Agustina Randazzo, Jimena Álvarez (RIL),
Sarah Farooqi y Arielle Diamond (DIAL)

Las ciudades de América Latina y el Caribe representan más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, según datos de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este fenómeno se debe a la rápida urbanización, que ha provocado una expansión descontrolada del transporte, la industria y la deforestación. Además, estas ciudades albergan a más del 80 % de la población regional, lo que las convierte en puntos clave para implementar soluciones eficaces para hacer frente al cambio climático. 

Sin embargo, el reto es aún mayor. Las ciudades están cada vez más expuestas a fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías, que afectan a millones de personas. 

En este contexto, la Red Innovación Local (RIL), que trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos locales de toda América Latina, se unió a la Red de Aprendizaje Conjunto sobre Datos Climáticos (JLN) y ha aportado ideas clave a su investigación consultiva. Convocada por Digital Impact Alliance (DIAL), la JLN reúne a diversas organizaciones comprometidas con el avance del uso de datos para la acción climática.

DIAL y RIL trabajarán  juntos a través de la JLN de datos climáticos, en colaboración con otros 23 socios y con ciudades de todo el mundo, para explorar los retos y oportunidades únicos a los que se enfrentan las zonas urbanas en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Los gobiernos municipales se enfrentan a retos a la hora de aprovechar los datos para elaborar planes de acción climática

A través de una investigación realizada el año pasado, clasificamos los obstáculos para desbloquear el uso de data para la acción climática en cuatro categorías: datos, confianza, finanzas y capacidad. ¿Cómo se traduce esto para los gobiernos subnacionales?

• Datos

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los gobiernos locales es la falta de información sistematizada y de alta calidad que permita tomar decisiones basadas en datos empíricos. Aunque los datos pueden existir, a menudo están dispersos, son demasiado técnicos o están desactualizados, lo que dificulta convertir la información en conocimientos claros y accesibles que sirvan de guía para las decisiones sobre los servicios públicos, el transporte o la gestión de las infraestructuras. 

• Finanzas

Al mismo tiempo, los presupuestos limitados y las barreras para acceder a la financiación climática a menudo dificultan la implementación de acciones concretas. Especialmente en las ciudades latinoamericanas, que se enfrentan a una amplia gama de retos urgentes a diario. Del mismo modo, estos retos relacionados con las finanzas hacen que los gobiernos subnacionales a menudo no dispongan de los presupuestos necesarios para acceder a las últimas tecnologías o adquirir conjuntos de datos útiles que puedan impulsar soluciones innovadoras.

• Capacidad

Muchos equipos técnicos y responsables de la toma de decisiones siguen careciendo de las herramientas necesarias para comprender cómo la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están afectando a la vida cotidiana en sus territorios. Integrar esta perspectiva en la gestión pública no es un lujo, sino una necesidad urgente. Para ello se requiere personal capacitado para analizar e interpretar datos, acceso constante a Internet de alta velocidad y, en última instancia, una cultura ágil de toma de decisiones basada en datos.

• Confianza

Cuando se trabaja con datos, la confianza es esencial. Para romper los silos de datos se necesitan marcos sólidos de privacidad y gobernanza de los datos que protejan a los propietarios de los datos e inspiren confianza entre los usuarios. Muchos países carecen de los marcos normativos necesarios para regular los datos y, cuando estos marcos existen, a los municipios más pequeños les puede resultar complicado sortear las diversas barreras legales y técnicas necesarias para minimizar los riesgos al compartir y acceder a los datos. 

El año pasado, exploramos el potencial de nuevos e innovadores modelos de gobernanza y financiación de datos para ofrecer soluciones a estos retos. Superando estos obstáculos, podemos crear un mundo en el que más departamentos gubernamentales tengan acceso a datos de alta calidad y relevantes para el clima, necesarios para informar sus planes de acción climática.

Pueden acceder a los artículos destacados de Climate Data JLN sobre fideicomisos de datos, redes de transacciones abiertas, espacios de datos y datos abiertos.

Los gobiernos locales pueden allanar el camino hacia una resiliencia y adaptación climáticas centradas en las personas

Lejos de ser meros ejecutores de políticas nacionales, los gobiernos locales son cada vez más reconocidos como actores estratégicos en la lucha contra la crisis climática. Iniciativas como el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y las plataformas CitiesWithNature y RegionsWithNature están situando las acciones urbanas y subnacionales en el centro de las estrategias medioambientales globales. 

Cada vez se reconoce más que los gobiernos locales se encuentran en una posición única para conectar a las personas con la naturaleza, fomentar la innovación y obtener resultados concretos, siempre que tengan acceso a los datos, las capacidades y las alianzas adecuadas.

Ciudades de todo el mundo ya están liderando el desarrollo de estrategias a largo plazo para construir sociedades resilientes al clima. Este es el caso de Cali, Colombia, que se ha convertido en líder en biodiversidad urbana y participación comunitaria en América Latina. La ciudad promueve diversas iniciativas que integran la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible, desde la mejora de los espacios verdes urbanos hasta la elaboración de directrices para la construcción sostenible. 

Muchas de estas iniciativas están financiadas por el Fondo Cali, un mecanismo multilateral diseñado para compartir de forma equitativa los beneficios derivados del uso de datos. Creado durante la celebración de la COP16 en Cali en 2024, el Fondo exige a las empresas que hacen uso comercial de los datos de secuenciación genética de los recursos naturales en sectores como la cosmética, la agricultura y la biotecnología que contribuyan con una parte de sus ingresos para apoyar los esfuerzos de conservación. 

Modelos de financiación innovadores como este demuestran cómo los datos abiertos, cuando se aprovechan de forma equitativa, pueden generar un apoyo financiero sostenido para la conservación y la resiliencia climática.

Del mismo modo, la ciudad de Mendoza, en Argentina, está integrando la biodiversidad urbana como un componente esencial de su gestión local. La ciudad ha creado islas de biodiversidad, bosques de bolsillo e iniciativas de ciencia ciudadana para transformar el territorio urbano en un entorno más resiliente y sostenible. Mendoza también está buscando modelos de financiación innovadores a través de bonos verdes, que apoyan el desarrollo de proyectos sostenibles.

Estos avances abren una ventana de oportunidad única: pasar de proyectos piloto aislados a transformaciones sistémicas, en las que la acción climática, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación se integren plenamente en la planificación local, la elaboración de presupuestos y la gestión cotidiana. Las ciudades que adoptan este paradigma están demostrando que la transformación no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. 

El reto está en ampliar y acelerar estas iniciativas para que más ciudades puedan sumarse a este cambio con el apoyo, los datos y los recursos que necesitan

A medida que Climate Data JLN continúa su investigación colaborativa, nos entusiasma ampliar nuestro trabajo directamente con las ciudades. Al asociarnos con estas ciudades, todas ellas con geografías, contextos culturales y necesidades diversas, esperamos poder aprender lecciones que luego podamos ampliar.

Estamos muy agradecidos de contar con las siguientes ciudades como colaboradoras:

• Despeñaderos, Argentina.
• Freetown, Sierra Leona.
• Condado de Nairobi, Kenia.

Al trabajar más directamente con los gobiernos municipales, estableceremos conexiones entre las necesidades de datos y las soluciones de datos, poniendo a prueba modelos de gobernanza de datos en entornos reales. Este trabajo tendrá dos vertientes: en primer lugar, trabajar con las ciudades para comprender sus ecosistemas existentes, sus necesidades específicas de datos y sus casos de uso prioritarios. Y, a continuación, profundizar en los casos de uso comunes de los datos climáticos en las ciudades para descubrir información útil.

Esperamos seguir trabajando en las propuestas de todo el año, que incluirá mesas redondas con presentaciones de cada una de nuestras ciudades asociadas y un informe final de investigación con los resultados compartidos en la COP30 en Brasil.}

(*) Este artículo fue coescrito entre RIL y DIAL. Participaron Agustina Randazzo, vicedirectora de Aceleración en RIL Argentina; Jimena Álvarez, coordinadora del programa Ciudades de la Biodiversidad en RIL Argentina; Saraah Farooqi, Product Owner en DIAL; y Arielle Diamond, Senior Communications Manager en DIAL. Puedes encontrar la versión en inglés del artículo aquí.

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Por Juan Martín de Chazal,
coordinador de +COMUNIDAD

El salón principal de la Fundación Navarro Viola, en Buenos Aires, se convirtió en un espacio donde resonaron distintos acentos que reflejaban una amplia diversidad geográfica. Voces de Argentina, Costa Rica, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay confluyeron durante dos días para tratar una preocupación común: la democracia y sus desafíos actuales en América Latina. 

Desde el inicio, la propuesta fue clara: pensar soluciones con perspectiva local. Elisenda Ballesté Buxó, coordinadora de proyectos de Global Democracy Coalition (GDC), dejó planteada una idea que atravesó todas las conversaciones posteriores. “Este encuentro en Buenos Aires nos permite continuar la conversación global sobre los desafíos democráticos, pero desde nuestra propia realidad. No podemos permitir que las respuestas sean diseñadas desde afuera, desconectadas de nuestras experiencias y necesidades”, planteó. 

En ese contexto, Inés Reineke, directora de Innovación Global en RIL, abrió el foro con una invitación concreta: “En momentos donde la democracia aparece vulnerada, sobran ejemplos inspiradores en la región. Las redes de cambio son una herramienta potente de participación. Nuestra propuesta es pasar a la acción”.

En el centro del escenario principal se destacó una silla intervenida y vacía, símbolo del espíritu participativo del encuentro. Durante las dos jornadas, cualquier persona podía subir espontáneamente y sumar su voz al diálogo. La propuesta surtió efectos y se utilizó en numerosas ocasiones. 

Redes de cambio para pasar a la acción

Precisamente, la metodología “Redes de Cambio”, impulsada por RIL, atravesó distintos momentos del evento. Se trata de espacios que conectan líderes locales con diferentes actores de la sociedad para impulsar la gobernanza colaborativa y la cocreación de soluciones. 

“Gracias a las redes de cambio generamos conversaciones nuevas que no se habrían generado sin una participación estratégica”, valoró Josaphat Jarpa, de la Fundación Crescendo (Chile) durante uno de los talleres dedicados específicamente a esta estrategia. Roberval Almeida, presidente de la ONG Conturia de Brasil, sumó un reto crucial: “El gran desafío no es crear una red, sino mantenerla y hacerla sostenible”. Ambos participaron en ediciones anteriores del Programa de Innovadores Locales. 

Fortalecer la democracia desde lo local

Una idea fundamental del encuentro fue que el fortalecimiento democrático no puede darse exclusivamente desde grandes relatos globales, sino principalmente desde el trabajo diario en comunidades locales. Olgui Caballero, directora ejecutiva de Alma Cívica en Paraguay, reforzó esta perspectiva: “¿Cómo podemos transformar la manera en la que se trabaja la democracia? Rescatando lo local. Hay que poner la lupa sobre lo que está pasando en las localidades. Nuestro foco es potenciar ese tesoro que ya existe, conectarlo”.

Coincidió Florencia Caffarone, directora ejecutiva de Democracia en Red, quien recordó que “quienes trabajan en lo local tienen grandes responsabilidades, y su rol es clave para sostener las agendas democráticas”. 

Durante ese mismo panel, titulado “Empoderando a la ciudadanía en la toma de decisiones”, Natalia Carfi, directora ejecutiva de Open Data Charter, destacó la importancia de la información accesible como condición necesaria para procesos participativos reales. “Si queremos hablar de procesos participativos, debemos hablar de datos abiertos. No es solo publicar un Excel, es un trabajo interno que debe sostenerse”, puntualizó. 

Juventud, confianza y nuevos liderazgos

En el panel inicial “Retos y Oportunidades para las Democracias en América Latina”, Hernán Charosky, coordinador de Dialogando Buenos Aires, alertó sobre la erosión de valores democráticos como un fenómeno que “ya venía ocurriendo”. “Es un proceso que ya estaba en marcha, pero tal vez de manera menos evidente. Hoy se expresa abiertamente. Y vemos que se cuestionan cosas que dábamos por sentado”, apuntó. 

“Lo más valioso de la democracia es que es un modo de vida que nos permite desarrollar nuestra vida, nuestros proyectos, con autonomía, a través de la participación. Eso significa también que siempre es un proyecto incompleto que requiere ser ampliado”, añadió el cofundador del proyecto “Disonante”.  

Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio (Perú), complementó esta visión al recordar que “no hay democracia, ni la mínima ni la participativa, sin confianza”. Además, afirmó la urgencia de “nuevos liderazgos plurales capaces de reconstruir esa confianza perdida”.

“La ciudadanía expresa su descontento o desencanto por diferentes mecanismos, desde votos, tuits, charlas con la familia. Pero quienes tenemos la posibilidad y recursos para iniciar ese círculo virtuoso estamos en la posición de asumir un rol activo en la reconstrucción de la confianza pública y reconstrucción de nuestras democracias”, desarrolló la politóloga. 

Por su parte, Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur, enunció una de las frases más recordadas del evento:“La democracia está en crisis y muy cuestionada. Pero la crisis no es destino. Es un espacio de disputa en el que podemos volver a tomar la iniciativa. El problema es que cuando no avanza, retrocede”.

La participación de jóvenes de diferentes organizaciones y espacios políticos tuvo un espacio protagónico en el panel interactivo “Retos y soluciones para la participación de la juventud”, moderado por Pablo Rolando, coordinador del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública (CAF-Banco de Desarrollo). Allí, Diego Jiménez, politólogo y migrante peruano, sintetizó la discusión: “La persona que piensa distinto a mí no es un enemigo por eliminar”.

Democracia e inclusión real

Repensar la democracia desde lo local también significa reconocer diversidades que históricamente no han tenido suficiente visibilidad ni representación política. Así lo planteó Karina Sánchez, del Gobierno de Junín (Buenos Aires), en referencia a las personas con discapacidad. “La democracia no es sólo una forma de gobierno, es un derecho que nos permite expresarnos y construir. Una persona con discapacidad quiere ser parte de la democracia”, manifestó. 

Durante el taller “Democracia para todos”, liderado por Karina y Roberval Almeida, se trabajó con un “Mapa de Empatía” para reflexionar sobre la participación democrática de personas históricamente excluidas. La funcionaria de Junín enfatizó especialmente que “la inclusión debe ser real, no solo para cumplir cupos”, señalando además que “la principal barrera para la inclusión es actitudinal” y que la “sociedad debe estar abierta”. 

La inclusión digital fue otro eje clave del foro. Magdalena Saieg, directora ejecutiva de Fundación Navarro Viola, durante el panel “Brechas digitales y personas mayores”, afirmó que “los derechos digitales son la puerta para acceder a muchos otros derechos”. 

“Creemos que toda persona tiene derecho a ser autónoma. Para eso hay que trabajar en alianza con organizaciones sociales y el Estado. Hay que transformar los prejuicios en oportunidades”, aportó Verónica Capurro, de Inmigrantes Digitales. Gonzalo Straface, director de Economía Plateada en la Subsecretaría de Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, enfatizó que “la inclusión de personas mayores debe involucrar tanto al sector privado como a la sociedad civil y el Estado, generando incentivos para una verdadera participación”.

Construir democracia desde la creatividad

El evento también abordó experiencias exitosas de participación ciudadana vinculadas a la seguridad. Cristian Méndez presentó el programa “Ojos en Alerta”, nacido en San Miguel (Buenos Aires), y hoy replicado en 59 ciudades argentinas, como un ejemplo concreto de articulación ciudadana para enfrentar desafíos locales.

Pero la participación no se limitó a exposiciones o presentaciones. Mesas redondas equipadas con marcadores, papeles y materiales creativos se convirtieron en pequeños laboratorios para pensar soluciones concretas en tiempo real. Por ejemplo, el ejercicio del “Mapa de Empatía” ayudó a identificar emociones y necesidades ciudadanas en torno a la democracia, y reveló preocupaciones compartidas en la región.

Otra dinámica particularmente significativa consistió en el trazado de redes con cuerdas, simbolizando físicamente la construcción y fortalecimiento de redes de cambio entre distintos actores. Esta actividad hizo visible la importancia estratégica de sostener vínculos colaborativos más allá de eventos puntuales.

Además, en diversos momentos se realizaron votaciones rápidas para priorizar temas, identificar desafíos comunes y definir próximos pasos, generando un clima participativo que mantuvo activamente involucrados a todos los asistentes.

Como broche final y síntesis visual del encuentro, se compartió en pantalla un diseño estilo doodle realizado por la artista gráfica Lucila Sarquis. Este dibujo, que ilustra esta nota, plasmó de manera creativa, clara y colorida los conceptos, debates y conclusiones principales que emergieron durante los dos días del foro.

Un cierre simbólico con alcance global

Como cierre simbólico, Buenos Aires entregó la antorcha al próximo encuentro global de la GDC que se desarrollará en Nairobi (Kenia) el próximo 28 de marzo. Esta iniciativa, que promueve el intercambio global de ideas y estrategias para fortalecer la democracia, comenzó su ciclo 2025 en Milán (Italia, Europa), el pasado 15 de marzo. Continuó luego en Buenos Aires (Argentina, Américas), los días 19 y 20. El recorrido finalizará el próximo 4 de abril en Bangkok (Tailandia, Asia).

En definitiva, el Foro Américas de la GDC reafirmó que pensar la democracia desde lo local no solo es necesario, sino que es una condición esencial para revitalizarla y adaptarla a los desafíos contemporáneos. Como resumió Ballesté Buxó coordinadora de proyectos en la GDC: “No todo es crisis. América Latina también es un laboratorio de innovación democrática”.

^{Ilustración principal: Lucila Sarquis.
Fotos en nota: Danila Pagano Bianchini.}

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