La sequía que vivió Uruguay durante tres años consecutivos (2020-2023) fue la peor en setenta años. Sus efectos golpearon tanto al campo como a la ciudad, según un informe del Instituto Nacional de Meteorología publicado en enero de 2024. Un mes antes, autoridades y técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) confirmaban que el sector agropecuario registró, entre 2022 y 2023, pérdidas equivalentes al 3% del Producto Bruto Interno nacional, unos 1.880 millones de dólares.

Frente a este escenario, la Intendencia de Colonia entendió que la respuesta no podía plantearse desde el asistencialismo, sino desde el abordaje del verdadero problema: la falta de sistemas de captación hídrica y almacenamiento eficientes. Así nació Agua para el Desarrollo, una política pública que busca transformar la administración del recurso hídrico a través de una alianza estratégica entre el gobierno local, el Banco República (BROU) y la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana.

El programa implementado propone un acompañamiento técnico personalizado para profesionalizar la mirada sobre el territorio. Entender dónde está el agua, cómo captarla de forma sostenible y cómo distribuirla con eficiencia energética. 

Alfredo Martínez, director de Cooperación Internacional y de proyectos de la Intendencia de Colonia, dice a +COMUNIDAD que la clave fue buscar tecnología adecuada y generar condiciones crediticias para mejorar la situación de pequeños productores. 

Tecnología verde y diagnóstico georreferenciado

Colonia está rodeada de ríos, arroyos, cañadas y diferentes tipos de cursos de aguas que desembocan en el Río de la Plata. En esa línea, Martínez explica que el departamento es uno de los “más regados hidricamente”. Para llegar a los productores, el funcionario explica que les ofrecen planes y estrategias que les permitan convertir el agua en un recurso que impulse el desarrollo de sus propiedades, garantizando que este se use de manera eficiente en las zonas productivas.

Una vez que el productor se inscribe, técnicos especializados realizan un plan y proyecto de riego ejecutivo, que consta de un mapeo hídrico georreferenciado de su unidad productiva. En esa instancia el equipo estudia las curvas de nivel, identifica fuentes superficiales y acuíferos, y evalúa junto al productor las condiciones hídricas para diseñar un plan a medida de sus necesidades. Eso es lo que, al final, permite mejorar el perfil de financiamiento de ese trabajador en particular. 

Kira Potowski, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, cuenta en un video institucional que trabajan junto con una delegación alemana del estado Baden-Württemberg. “Llegan con varias empresas del sector Smart Farming, que vienen con tecnología de Inteligencia Artificial. Una de ellas es Lorenz, y se encarga de toda la parte de consultoría técnica enfocada en riego”, detalla. 

La tecnología que utilizan se trata de sistemas de bombeo y gestión de agua que funcionan bajo cuatro criterios de sostenibilidad:

• Bombas solares: utilizan energía renovable y permiten la extracción de agua sin costos operativos de combustible o electricidad tradicional.

• Sistemas de riego eficientes: optimizan el uso del caudal disponible para evitar el desperdicio.

• Infraestructura adaptada: incluye la limpieza y habilitación de tajamares y arroyos existentes según las características de cada suelo.

• Sostenibilidad ambiental: al ser tecnología “verde”, el impacto en el ecosistema es mínimo, preservando el recurso para el futuro.

Ventanilla única, un puente hacia el financiamiento

Uno de los mayores obstáculos para acompañar a los productores rurales desde un enfoque técnico y personalizado es el financiamiento para las intervenciones y sostenerlas en el tiempo. Para sobrellevar este desafío, la iniciativa gestionó con el Banco República la creación de una ventanilla única, una herramienta administrativa que logró simplificar los trámites de fomento y permitió que los proyectos técnicos se tradujeran rápidamente en obras concretas para el sector.

“El asesoramiento técnico se financia a través de la empresa alemana dueña de la

tecnología y el grupo técnico es contratado por la intendencia. Además, en el último tramo del proyecto apareció el apoyo técnico de la dirección de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), del Ministerio Ambiente del Gobierno Nacional”, explica Martínez. 

Para asegurar que este beneficio llegue efectivamente su público objetivo, el esquema financiero se estructuró bajo condiciones que reducen la barrera de entrada:

1. Asesoramiento gratuito: todo el respaldo técnico y los planes de gestión son financiados por la intendencia y la cooperación internacional. El productor no abona el costo del diagnóstico inicial.
2. Financiamiento del 90%: el BROU cubre casi la totalidad de la inversión necesaria para la infraestructura.
3. Plazos de financiamiento: las líneas de crédito se extienden hasta los 20 años, permitiendo un repago acorde a los ciclos productivos.
4. Período de gracia: se otorgan entre 1 y 3 años de gracia para comenzar el pago de las cuotas.
5. Tasa preferencial: al ser proyectos vinculados a la sustentabilidad, la tasa efectiva anual en dólares ronda el 4.5%.

Impacto de Agua para el Desarrollo

Hasta el momento, 60 productores lograron transformar sus campos bajo este modelo. Sin embargo, para la gestión de Colonia, el éxito no se mide únicamente por la cantidad de obras realizadas, sino por el cambio en la cultura de la administración del agua. 

“Considero que el mejor indicador fue que se pusiera el tema sobre la mesa. Que el gobierno nacional, departamental y la Cooperación Extranjera dirijan mejor los esfuerzos que ya se venían realizando en la ciudad”, reflexiona Alfredo Martínez.

Los indicadores de impacto definidos por el programa para evaluar su desempeño son:

• Asistencia financiera efectiva: cuántos productores lograron acceder al crédito del BROU gracias al proyecto técnico.
• Ejecución de planes técnicos: la implementación real de las inversiones siguiendo el diseño de los expertos.
• Valoración del recurso: la capacidad de los productores para reflexionar y ejecutar planes de mejor manejo hídrico por cuenta propia.

La importancia de tener agua

Héctor Laca es un pequeño productor rural de la zona. En un video institucional de Colonia, cuenta que el sistema de agua “está bueno” y que le permite hacer uso del recurso en todo el establecimiento, principalmente en la parte dedicada a la ganadería. Alejandra Nebu, una trabajadora de Paraje Costas del Colla, con un pequeño niño en brazos, explica: “Hoy en día, nosotros por ejemplo, para las vacas usamos el agua que tenemos en aquel tanque que está allá, y para nuestro consumo nos trae agua la Intendencia”.

Daniel Schenck, otro productor cercano a Camino La Capilla, comenta que el tema del agua es muy importante, porque llegado el momento que “se te planta una seca” y falta el agua para el ganado. Fernando Babon, de Paraje Piedra Chata, dice que el Proyecto Agua para el Desarrollo ayuda a pequeños productores como él que, antes, tenían que hacer un pozo con un particular “que cuesta mucha plata”. 

Héctor agrega que el proyecto está muy bien organizado: “La intendencia ha tenido una actitud proactiva, buenos modales, excelente explicación sobre cómo funciona el sistema para tener el agua en tu casa, y eso es muy bueno, me gustó”.

Los relatos de estas personas permiten dimensionar la relevancia de estabilizar el acceso al agua tanto en el desarrollo de la actividad agropecuaria como en el bienestar del hogar. Es, nada más y nada menos, que un pilar de la previsibilidad productiva y personal.

Aprendizajes del modelo de Colonia

Desde la intendencia de Colonia aseguran que una de sus máximas es acompañar a los productores rurales para detectar sus necesidades y acompañar su desarrollo. Sobre esa línea, el director anticipa que en los próximos meses lanzarán el proyecto Portera a Portera. Esta iniciativa buscará crear comisiones vecinales rurales que funcionen como un tejido de cercanía y que permitan asegurar que la solución trascienda la duración del proyecto original.

La experiencia de este departamento uruguayo deja lecciones para otros territorios que enfrenten problemas similares. Una de las principales es que la falta de agua no puede abordarse sólo con medidas de emergencia, sino que requiere construir una arquitectura financiera y técnica que permita a la producción rural sostenerse en el tiempo.

• Eliminar barreras de entrada: la gratuidad del conocimiento técnico puede ser vital. Si el productor debe pagar por el diagnóstico, es probable que no inicie el proceso de mejora.
• Alianzas público-privadas: la tecnología de punta combinada con el brazo financiero estatal otorga al proyecto una solidez y proyección a futuro.
• Simplificación administrativa: la ventanilla única es clave para reducir la burocracia y asegurar que el productor no abandone el trámite.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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Las ciudades conviven de manera permanente con desastres y crisis que afectan la vida de millones de personas. Incendios, inundaciones y eventos climáticos extremos impactan sobre viviendas, servicios públicos y redes comunitarias, y exponen las limitaciones de la respuesta estatal cuando la planificación llega tarde.

El inicio de 2026 volvió a poner este escenario en primer plano en distintos puntos de América Latina. En el sur de Argentina, los incendios forestales en la Patagonia obligaron a evacuar poblaciones y a desplegar operativos de emergencia en localidades de Chubut y Río Negro. En el norte del país, las lluvias intensas provocaron desbordes de ríos y anegamientos en ciudades y pueblos de Salta y Jujuy, con impacto en rutas y servicios básicos.

En el Caribe, en tanto, episodios de tormentas e inundaciones afectaron a ciudades de República Dominicana, donde varios municipios activaron alertas y dispositivos de asistencia ante el avance del agua.

Frente a este contexto, los gobiernos locales enfrentan un desafío central: fortalecer su capacidad de preparación. Aunque no es posible evitar los desastres, sí es posible reducir su impacto mediante decisiones anticipadas, reglas claras y una mejor articulación entre actores públicos y comunitarios. En otras palabras, pasar de una gestión del riesgo reactiva hacia una constructiva. 

En distintas ciudades del mundo ya se ensayan respuestas en esa dirección. Sistemas de alerta temprana, esquemas de coordinación municipal y mecanismos financieros específicos muestran que la preparación requiere decisiones concretas.

Estas estrategias se apoyan en tecnología, organización comunitaria y planificación urbana para construir redes de protección más sólidas. Desde procesos de empoderamiento científico en Medellín hasta el uso de seguros paramétricos en ciudades de Estados Unidos, los casos que se presentan a continuación muestran que la gestión del riesgo es una tarea multidimensional, sostenida en políticas, instrumentos y capacidades que fortalecen la resiliencia. 

Medellín: la ciencia como lenguaje común para la prevención y resiliencia

En Medellín, Colombia, la gestión del riesgo va más allá de la mera recopilación de datos de las 17 alarmas que integran los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC). Estas alarmas surgieron en 2015 como una iniciativa ciudadana en el municipio de San Antonio de Prado, ante la necesidad de prepararse frente a posibles inundaciones provocadas por las quebradas de la zona. Con el tiempo, el proceso se consolidó como una pieza clave del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

Los SATC funcionan como estrategias territoriales que colocan a la comunidad en el centro de la gestión del riesgo. En este esquema, el SIATA actúa como soporte técnico que brinda información oportuna y confiable a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En articulación con los organismos de gestión del riesgo, el sistema fortalece capacidades locales de respuesta y prevención, con el objetivo de reducir daños personales, pérdidas de vidas y afectaciones sobre viviendas, infraestructura y ambiente.

Esta apuesta por la apropiación social del conocimiento se expresa en iniciativas complementarias. Los Semilleros de Ciudadanos Científicos promueven el uso comunitario de herramientas tecnológicas y saberes ambientales. Territorio al Aire acerca información clave sobre el entorno de forma accesible. A su vez, los Cuentos SIATA traducen contenidos técnicos —como hidrología, meteorología, calidad del aire y cambio climático— en relatos pensados para públicos diversos.

^{Reunión de vecinos, vecinas y equipo del SIATA. Imagen: SIATA.}

Infraestructura y fondos de resiliencia en Recife y Salvador

La planificación urbana en Brasil avanza hacia un enfoque que busca convivir con la naturaleza, con especial atención en la protección de los sectores más expuestos al riesgo climático. En Salvador, donde cerca del 50 % de la ciudad se localiza en zonas con riesgo por sequías o deslizamientos, el gobierno local formalizó una alianza con el Fondo Financiero C40 (CFF) para identificar áreas críticas. De ese trabajo surge Bairro Novo, un proyecto orientado a fortalecer la resiliencia de 8.500 habitantes de Vila Mar mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Las intervenciones incluyen la rehabilitación de cauces naturales, el uso de vegetación para estabilizar el suelo, la creación de áreas verdes y el pavimentado de taludes. El objetivo es reducir al 30 % la proporción de población que vive en zonas de riesgo hacia 2049. Estas acciones combinan infraestructura física y planificación territorial con una mirada de largo plazo.

Recife complementa esta estrategia con una herramienta de seguridad financiera aplicada a la gestión del riesgo. La ciudad evalúa sus activos y zonas clave para ajustar la cobertura del Fondo de Seguro de Infraestructura Urbana, administrado porLocal Governments for Sustainability (ICLEI). Este esquema permite acceder con mayor rapidez a recursos tras una catástrofe.

El principal aporte de este instrumento es la disponibilidad inmediata de fondos para la recuperación, lo que reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. Así, las comunidades de menores ingresos pueden iniciar antes la reconstrucción de viviendas y medios de vida. Esta solución financiera se articula con otras iniciativas urbanas, como el primer parque inundable de la ciudad, diseñado para retener y drenar el agua de lluvia mientras ofrece espacios públicos de uso recreativo y educativo.

^{Recife inaugura el primer parque diseñado para inundarse durante la temporada de lluvias. Imagen: g1.}

Protocolos y reingeniería: el modelo de respuesta en Corrientes y Guaymallén

La resiliencia urbana en Argentina está encontrando sus pilares en la combinación de una organización municipal clara y obras de infraestructura de alta precisión. En la ciudad de Corrientes, el principal desafío era enfrentar una multiplicidad de riesgos, que iban desde inundaciones y tormentas severas hasta incendios forestales y emergencias sanitarias. Frente a ese escenario, el municipio creó el Comité de Emergencias (COE), un espacio de coordinación entre áreas clave para garantizar una respuesta rápida ante situaciones críticas.

Un paso central fue la elaboración, por primera vez en la historia de la ciudad, de un Manual de Protocolo. Este instrumento define procedimientos y responsabilidades para cada actor municipal y establece pautas de actuación ante emergencias, en particular las de origen hídrico. El objetivo es asegurar intervenciones ordenadas y reducir tiempos de respuesta en contextos de alta presión operativa.

La efectividad de la gestión del riesgo se manifestó recientemente, en enero de 2026, tras una precipitación de 85 milímetros que, gracias a la previsión operativa, no dejó personas evacuadas y permitió un escurrimiento ágil del agua en las zonas críticas. Este resultado –según la evaluación de las autoridades– fue producto de un estricto protocolo coordinado por el COE, que activó tareas de limpieza de canales y mantenimiento de ductos de desagüe en los días previos a la tormenta. 

Ignacio Maldonado Yonna, secretario de Servicios Públicos de Corrientes, explicó que la  estrategia incluyó la instalación de bombas de escurrimiento en puntos estratégicos apenas se recibieron las alertas meteorológicas. Esto permitió que las áreas anegadas fueran atendidas de manera inmediata y eficiente.

A esta experiencia se suma el caso de Guaymallén, en Mendoza, donde el crecimiento urbano acelerado y las lluvias intensas habían superado la capacidad del sistema de drenaje tradicional. La respuesta fue una reingeniería integral a través del Plan de Drenaje Municipal (PMDU), que incluyó la construcción de 400 kilómetros de canalizaciones y la optimización de cauces existentes.

Con una inversión cercana a los 6 millones de dólares, el plan permitió captar más del 70 % del agua de lluvia y eliminar inundaciones en más de 40 barrios. Incluso durante tormentas de alta intensidad registradas en los últimos cinco años, el sistema mostró mejoras sostenidas en la seguridad hídrica local.

^{Parte del Plan de Drenaje Municipal (PMDU). Imagen: Municipalidad de Guaymallén.}

^{Personal del COE trabaja durante las últimas lluvias en Corrientes. Imagen: El Litoral.}

El modelo estadounidense: de la alerta temprana al blindaje financiero

En ciudades de Estados Unidos, la gestión del riesgo combina preparación tecnológica, organización comunitaria y herramientas financieras aplicadas a la prevención. En  Nueva York, las campañas Know Your Zone (Conoce tu zona) buscan ordenar y agilizar las evacuaciones ante emergencias. A través de una plataforma digital, las personas pueden identificar su zona de evacuación según el domicilio y acceder a guías prácticas para actuar antes y durante un evento crítico.

En la costa oeste, en Malibú, California, el enfoque se centra en la respuesta temprana frente a incendios forestales. Allí funciona el programa piloto Brigada Comunitaria, que actúa como un puente entre los bomberos profesionales y la población local. Sus integrantes realizan tareas clave que no incluyen la extinción directa del fuego, como coordinar evacuaciones puerta a puerta e inspeccionar viviendas para detectar vulnerabilidades frente al avance de las llamas.

El componente financiero adquiere especial relevancia en el caso de Fremont, también en California, donde el municipio contrató un seguro paramétrico contra inundaciones. A diferencia de los seguros tradicionales, este instrumento activa pagos automáticos cuando el nivel del agua supera un umbral predefinido, sin necesidad de evaluaciones posteriores de daños. La principal ventaja es la disponibilidad inmediata de recursos, que permite iniciar la reconstrucción sin demoras administrativas que suelen profundizar los efectos de una crisis.

La gestión del riesgo como eje de la Nueva Agenda Urbana

El recorrido por estas experiencias en el continente americano muestra que la resiliencia urbana es un proceso dinámico, como plantea la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Integra tecnología, organización social, planificación territorial y herramientas financieras. En todos los casos, la gestión del riesgo deja de pensarse como una respuesta posterior al desastre y se consolida como una política pública orientada a la anticipación y la prevención.

Este cambio de enfoque se apoya, además, en una ampliación de los actores involucrados. Cuando el conocimiento técnico se traduce en información accesible y capacidades locales, la comunidad pasa a cumplir un rol activo en la reducción del riesgo. La preparación ya no depende solo de sistemas expertos, sino también de redes sociales organizadas y de reglas claras para actuar ante una emergencia.

La previsión económica completa este esquema. La incorporación de instrumentos financieros específicos permite contar con recursos inmediatos tras un evento crítico y reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. 

En conjunto, estas experiencias confirman que construir resiliencia implica asumir que los desastres y las crisis urbanas son una realidad persistente, pero también que su impacto puede ser gestionado por los gobiernos locales con anticipación, planificación y decisiones sostenidas en el tiempo.

Imagen principal: diseño Florencia Luján. 

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La crisis climática, de la atmósfera a la calle, revela que la proximidad es una ventaja estratégica. La primera barrera para actuar frente a ella suele ser la distancia: la idea de que “el planeta” es algo lejano, ajeno a lo cotidiano. Sin embargo, la evidencia es contundente. Las ciudades concentran más del 70% de las emisiones globales y, en América Latina, donde el 80% de la población vive en entornos urbanos, esta vulnerabilidad es evidente: siete de cada diez ciudades ya sufren impactos climáticos que deterioran su infraestructura y su calidad de vida, según datos del BID.

La realidad es que el cambio climático es, ante todo, un problema de proximidad. No es un castigo abstracto que ocurre “allá afuera”; es una alteración directa de nuestra gestión cotidiana. Es la ola de calor que satura el sistema de salud en una ciudad con poco arbolado urbano. Una inundación recurrente en un barrio donde la planificación urbana falló. Es la crisis hídrica en una cuenca que nos obliga a repensar de manera integral su gestión.

Estos eventos ya no pueden ser considerados “shocks exógenos” o “mala suerte”. Son, de facto, determinantes cíclicos del presupuesto local. Así como la sequía de 2022/23 en Argentina generó una caída de 3 puntos del PBI nacional, según datos de la Presidencia de la Nación, la inundación local genera costos recurrentes en reconstrucción de infraestructura y asistencia social que erosionan la estabilidad fiscal del municipio.

La innovación climática como oportunidad local

Pero aquí el riesgo se convierte en oportunidad. Porque así como los procesos globales impactan de lleno sobre el territorio, es en el gobierno local donde se presenta la oportunidad concreta de incidir directamente sobre la adaptación y la mitigación. La gran ventaja de la escala municipal es que la proximidad es directamente proporcional a la capacidad de incidencia real.

Un municipio no necesita un lustro para actuar. Puede decidir sobre criterios de una licitación de transporte o un código de edificación. Esta agilidad es una oportunidad clave: permite vincular la acción climática con beneficios directos e inmediatos para la comunidad (aire más limpio, menos inundaciones, barrios más frescos).

El desafío es adoptar una perspectiva ‘glocal’: usar esta competencia local para implementar los grandes compromisos globales. Por lo tanto, los gobiernos locales retoman la centralidad como el laboratorio principal para la innovación climática y la búsqueda de soluciones. Es en esta escala donde se pueden pilotar, medir y escalar respuestas ágiles. Por ello, la colaboración en redes que comparten lecciones aprendidas y experiencias exitosas se vuelve indispensable.

Gobernar la complejidad climática: de la gestión fragmentada a la innovación institucional

Si la escala es la correcta y la urgencia es clara, el desafío de la implementación es puramente institucional. Este desafío es doble: uno interno (cómo nos organizamos) y otro externo (qué capacidades tenemos).

El primer paso es instalar la agenda climática como un eje estratégico y transversal en toda la administración, superando la gestión fragmentada. Esta visión integral permite gobernar la complejidad y evita la incoherencia administrativa, que no es solo un error de gestión, sino un pasivo fiscal y administrativo insostenible. 

Esto significa entender que las decisiones climáticas más importantes no se toman solo en la secretaría de ambiente. Ocurren en Hacienda, al migrar a luminarias LED dimerizables, reduciendo el gasto eléctrico corriente. Ocurren en Obras Públicas, al exigir eficiencia energética en edificios públicos o instalar techos solares. Estas acciones de Eficiencia Energética generan ahorros fiscales directos. Ocurren en Planificación, cuando se implementan Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) (infraestructura verde) o se fomenta la Economía Circular (EC), que ve los residuos como una oportunidad para impulsar nuevas cadenas de valor, en lugar de un mero desecho a gestionar.

El segundo desafío es la “brecha de capacidades“, resultado de una “descentralización asimétrica” : los municipios asumieron más responsabilidades en los últimos años, pero frecuentemente sin los recursos técnicos o financieros para ejercerlas . La innovación institucional es clave para superar esta brecha. La experiencia sugiere algunos mecanismos fundamentales:

• Aprender en red. Utilizar plataformas como el Pacto Global de Alcaldes , C40 o la Red de Innovación Local (RIL), que facilitan asistencia técnica, metodologías y el intercambio de lecciones aprendidas.
• Colaborar. Impulsar alianzas público-privadas-académicas, reconociendo que el municipio necesita socios para generar datos (universidades) y escalar soluciones (sector privado).
• Medir para gestionar. Adoptar una gestión basada en evidencia, desarrollando diagnósticos (Inventarios GEI, Análisis de Riesgo) y monitoreando resultados para una toma de decisiones adaptativa, no solo reactiva.

El llamado a la acción: la eficiencia como política de Estado local

El argumento final es económico. La acción climática local no es un gasto suntuario; es la inversión más eficiente que un municipio puede hacer. Gestionar el ‘riesgo’ se ha convertido en el paradigma de la administración pública moderna. Este enfoque supera al modelo reactivo de la ‘emergencia’ y se consolida como la estrategia más eficiente para proteger los recursos públicos.

La eficiencia es doble. En adaptación, cada peso invertido en resiliencia temprana ahorra entre cuatro y siete pesos en respuesta a desastres (Banco Mundial, 2019). En mitigación, la Economía Circular genera nuevas oportunidades económicas  y de negocios; la eficiencia energética reduce costos operativos directos; y la generación descentralizada crea nueva infraestructura de valor. Todo esto reduce costos, crea empleos verdes y recorta las emisiones de GEI.

El llamado a la acción es directo a los gestores locales. La crisis climática no es un problema del futuro ni de jurisdicción ajena. Es el desafío central de la gestión pública del siglo XXI. Empezar, se empieza hoy, midiendo el territorio, rompiendo los silos de la administración y reconociendo que cada decisión presupuestaria —desde la recolección de residuos hasta el permiso de obra— no es solo una decisión económica, sino también una decisión climática.

(*) Sebastián Melchor es consultor independiente, exsubsecretario de Ambiente de la Provincia de Mendoza y cofounder de Sustenta Lab.

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Por Kátia Mello (*)

Desde los años 2000, se han registrado cambios en los patrones de lluvias, que ahora son más intensas y frecuentes, aumentando la incidencia de eventos climáticos extremos. No podemos olvidar las tragedias ocurridas en los últimos años en varios estados como Pernambuco, Bahía, São Paulo, Acre y Río de Janeiro (N. de la R.: al momento de la publicación original de este artículo, en 2023, no habían sucedido otros desastres asociados a inundaciones, como las registradas entre abril y mayo de 2024 en Río Grande del Sur).  

En febrero de 2022, en un solo día, se produjeron aproximadamente 775 deslizamientos de tierra y 233 muertes en Petrópolis, un municipio de la región serrana de Río de Janeiro. La crisis climática, resultado de una economía basada en la emisión de gases de efecto invernadero, plantea enormes desafíos para la gestión territorial.

Ciudades brasileñas en riesgo

Según un estudio de MapBiomas, por cada 100 km² de aglomerados subnormales —como el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) denomina a las favelas—, 15 km² fueron construidos en áreas de riesgo (N. de la R.:  a partir de 2024, el IBGE volvió a utilizar el término “favelas” en los censos). Estas áreas se caracterizan por ubicarse en pendientes pronunciadas, tener suelos inestables y carecer de infraestructura adecuada de drenaje, como escaleras hidráulicas. MapBiomas indica que las ciudades con más áreas de riesgo en Brasil son Salvador (Bahía), Ribeirão das Neves (Minas Gerais), Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco), São Paulo (São Paulo) y Recife (Pernambuco).

Todos los años, el agua cae por callejones y laderas, y encuentra un camino para descender. Hoy son necesarias intervenciones en esos territorios para controlar el flujo del agua, evitando que arrastre viviendas y personas, se infiltre en fisuras, provoque erosión y, en última instancia, deslizamientos en las laderas e inundaciones en las zonas bajas.

Las consecuencias son todavía más graves para las poblaciones que habitan en áreas vulnerables sin infraestructura adecuada. En especial, comunidades negras, indígenas y quilombolas, lo que refleja un escenario de desigualdad social y racismo ambiental. De acuerdo con el Instituto Locomotiva, en colaboración con Data Favela y la Central Única de Favelas (CUFA), la población negra representa el 67 % de los habitantes de las favelas, una cifra significativamente mayor que el 55 % estimado a nivel nacional.

Para promover la justicia climática, el respeto y la inclusión, el urbanismo social, combinado con un enfoque de gestión social integral, resulta clave para impulsar soluciones creativas e inmediatas que permitan una adaptación efectiva frente a la crisis climática.

Gestión integrada para una respuesta eficaz

Para enfrentar estos desafíos, es fundamental garantizar obras de infraestructura, implementar sistemas de drenaje y saneamiento básico, y realizar transformaciones que proporcionen seguridad y mejoren las condiciones de vida. Por ejemplo, instalar canaletas para dirigir el agua y reducir los riesgos de filtraciones, tapar baches para evitar infiltraciones y llevar a cabo otras mejoras relacionadas con el drenaje superficial.

El reto para la gestión del territorio radica en la ejecución de un planeamiento urbano preventivo y emergencial de forma sistemática y continua a lo largo del año, en varios frentes de actuación interligados y que están asociados a la gestión urbana, gestión de riesgos y social. 

Una visión integrada permite rediseñar los proyectos de urbanización de favelas para abordar de manera holística las demandas urgentes de cada territorio. Esto incluye el mapeo de riesgos, mantenimiento, obras estructurales e intervenciones para el reasentamiento, cuando sea necesario.

Las intervenciones en los territorios a través de alianzas público-privadas en Brasil necesitan ser actualizadas para crear soluciones de adaptación a la crisis climática que superen barreras burocráticas como presupuestos limitados para obras menores, discontinuidad política y demoras en la entrega de resultados.

Experiencias de urbanismo social

En 2016, la Municipalidad de Recife lanzó el programa “Mais Vida nos Morros“, una iniciativa para reurbanizar comunidades ubicadas en las colinas mediante la implementación de paisajismo, áreas de recreación y espacios de convivencia. En esta colaboración, la Municipalidad se encargó del equipo técnico de ingeniería, arquitectura y urbanismo. Los patrocinadores, por su parte, aportaron los materiales; y la comunidad asumió la mano de obra a través de sistemas de grandes “mutirones” (actividades grupales solidarias). 

Las 56 comunidades atendidas convirtieron este programa en una de las experiencias de urbanismo social de mayor escala territorial en Brasil, impactando directamente a más de 40.000 personas.

La Municipalidad de São Paulo, a través de la Secretaría Municipal de Vivienda (Sehab), ha realizado un trabajo significativo en áreas de vivienda precaria con obras de saneamiento destinadas a ampliar el acceso a agua potable y alcantarillado. Este proyecto incluye la gestión social y la educación ambiental junto a las comunidades, a cargo de la empresa Diagonal. El trabajo evidencia la importancia de las alianzas para la implementación de metas orientadas al desarrollo sostenible de los territorios.

La ciudad de Medellín (Colombia) se ha convertido en un referente gracias a su modelo de gestión basado en las Empresas Públicas para servicios de mantenimiento urbano, donde se implementó un modelo de gobernanza que busca unidad en la toma de decisiones. La mesa directiva está compuesta por el alcalde o alcaldesa de Medellín, cinco personas vinculadas al gobierno y tres especialistas que representan a los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Este modelo ha generado inversiones y enormes transformaciones positivas en las favelas de la ciudad.

Un trabajo de mantenimiento proactivo

Existen caminos para la adaptación de los territorios en situación de vulnerabilidad ambiental frente a la crisis climática. Sin embargo, es urgente que la gestión pública adopte un enfoque más contundente y prioritario en el monitoreo de las áreas de riesgo. Integrar los procesos de urbanización de favelas, el seguimiento de riesgos y las acciones de mantenimiento urbano, junto con la implementación de equipamientos sociales estratégicos que permitan articular proyectos sociales integrados y fomentar la cocreación entre los diversos actores involucrados, constituye una estrategia de urbanismo social capaz de ofrecer respuestas más efectivas para lograr justicia ambiental en las grandes ciudades.

La propuesta es que las áreas urbanas en riesgo ambiental reciban inversiones y atención constante, al mismo nivel que los centros urbanos y las áreas turísticas. Estas son zonas y poblaciones que necesitan mayor cuidado. Es precisamente en las periferias donde se requiere un trabajo de mantenimiento proactivo. Desde esta perspectiva, se podrá abordar la urbanización de las favelas con la profundidad necesaria y la visión holística que permita a la población enfrentar la crisis climática con mayor seguridad.

(*) Kátia Mello es ingeniera civil y sanitaria, graduada en la UFPE, y fundó Diagonal junto con Álvaro Jucá en 1990. Como Responsable Técnica de la empresa, desarrolló propuestas innovadoras que contribuyeron a la formulación de políticas públicas, así como de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. También ha ocupado cargos de dirección y gestión en el gobierno de Pernambuco y en la Municipalidad de Recife, destacándose por su experiencia en gestión social integrada, gestión territorial y desarrollo territorial sostenible.

El artículo fue publicado originalmente en portugués en NexoJornal. Kátia Mello autorizó a +COMUNIDAD su traducción y publicación. 

^{Imagen principal: deslizamientos en Morro da Oficina, Petrópolis, en el verano de 2022. Foto: Tomás Silva / Agência Brasil.} 

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Por Kátia Mello (*)

Vivimos tiempos de profundas incertidumbres, donde los riesgos ambientales, sociales, geopolíticos y tecnológicos se entrelazan, exigiendo de nosotros, como sociedad, una respuesta urgente y eficaz. 

Es imperativo que nos convirtamos en una sociedad informada, capaz de comprender y comunicar, de manera accesible para todos, independientemente de la escolaridad, ingresos, cultura, raza, ideología o género, qué acciones debemos adoptar como seres humanos y qué debemos exigir de nuestros líderes electos. Para ello, es crucial no perdernos en la polarización exacerbada por las redes sociales.

El informe de la Encuesta Anual de Percepción de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, que reúne la inteligencia de casi 1500 líderes globales y más de 200 expertos, refleja una visión predominantemente pesimista sobre el futuro inmediato y a largo plazo. En los próximos dos años, el 54 % de los encuestados anticipa una inestabilidad moderada, con riesgo de catástrofes globales, mientras que el 30 % espera condiciones aún más turbulentas. A 10 años, la mayoría prevé un futuro sombrío.

Cuando se les preguntó sobre las crisis globales más probables en 2024, la mayoría destacó el clima extremo con la principal preocupación, seguido por la desinformación y el desorden causado por la Inteligencia Artificial (IA), la polarización social y el alto costo de vida. En un horizonte de dos años, la desinformación asociada a la IA lidera las preocupaciones, mientras que, a largo plazo, los riesgos ambientales son los más críticos, amenazando la propia estabilidad de los sistemas terrestres. 

La interconexión de estos riesgos revela la complejidad de las amenazas a las que nos enfrentamos. A corto plazo, la polarización social se destaca por su centralidad e influencia; a largo plazo, los riesgos ambientales ganan protagonismo. Necesitamos comunicar eficazmente la magnitud del peligro que el cambio climático representa, exacerbado por la polarización social y la desinformación propagada por la IA, colocando en riesgo la supervivencia de la humanidad.

¿Qué acciones podemos adoptar en nuestra vida diaria?

La transformación comienza con la educación para la sostenibilidad, esencial para cambiar el paradigma predominante en la sociedad. Necesitamos replantearnos nuestros hábitos alimentarios, modos de consumo, estilo de vida, formas de transporte, maneras de trabajar y de entretenernos, y nuestra relación con la naturaleza.

La preservación y expansión de los espacios naturales deben ser una prioridad. Además, es crucial estar conscientes de los riesgos en los lugares donde vivimos y trabajamos, dado que los desplazamientos involuntarios de personas serán inevitables.

Por otro lado, debemos reconocer que las poblaciones más vulnerables, muchas veces, ocupan áreas de riesgo en las ciudades y no tienen condiciones para trasladarse a lugares más seguros. Para estas personas, el Estado debe actuar de manera proactiva, ofreciendo soluciones habitacionales seguras y programas sociales que promuevan la emancipación.

¿Y qué debemos exigir a nuestros gobernantes?

En primer lugar, creo que es esencial no elegir a líderes que nieguen el cambio climático. Negar sus efectos devastadores es poner en riesgo la vida de todos nosotros.  El cambio climático es una realidad innegable. Además, debemos exigir a los municipios la implementación de planes de reducción de riesgos, con el objetivo de eliminar las situaciones de peligro existentes. 

En Brasil, casi 2000 municipios tienen poblaciones en áreas de riesgo geotécnico e hidrológico mapeadas. En São Paulo, por ejemplo, cerca de 65.000 viviendas están en riesgo elevado o muy elevado, de las 221.000 situadas en áreas de riesgo en la ciudad. Es urgente que los gobiernos implementen, en paralelo, soluciones habitacionales seguras para las familias que necesitan ser reubicadas.

También necesitamos nuevas soluciones de infraestructuras basadas en la naturaleza, e incentivos para formas de transporte que reduzcan el uso de combustibles fósiles. La plantación masiva de árboles para mitigar el estrés térmico causado por las altas temperaturas es igualmente fundamental. Todas estas soluciones deben estar presentes en los planes de gobierno y en las propuestas en todas las esferas: federal, estadual/provincial y municipal.

Frente a los riesgos, un compromiso con el futuro

Creo en el cambio de conciencia colectiva a través de la unión y movilización de toda la sociedad, utilizando todas las tecnologías y herramientas disponibles para el bien común. Debemos unir esfuerzos, independientemente de ideologías, creencias religiosas o personales, para despertar las conciencias adormecidas o manipuladas y proteger a las futuras generaciones de los problemas aún mayores que están por venir.

En mayo de 2024, fuimos testigos de la catástrofe en Rio Grande do Sul. Muchos de nosotros no creíamos que algo de tal magnitud pudiera suceder tan cerca. Sucedió. Y todavía sufrimos las graves consecuencias. ¿Qué haremos para protegernos de las próximas crisis? Estas son cada vez más frecuentes y devastadoras. ¿Y los incendios forestales? También nos afectan profundamente.

Este es el compromiso por asumir: contribuir a la reducción de las desigualdades sociales y a la promoción de una conciencia ambiental. Me pregunto diariamente qué más puedo hacer, mientras esté aquí en la Tierra, para reavivar la esperanza de que es posible alcanzar un nuevo nivel de conciencia como humanidad. Somos todos uno.

(*) Kátia Mello es ingeniera civil, especialista en urbanismo social. Es copresidente de Diagonal y fue funcionaria en los gobiernos de Pernambuco y Recife, en Brasil. 

Este artículo fue escrito originalmente en portugués y traducido al español por el equipo de +COMUNIDAD.
^{Foto principal: vista aérea de las inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, en mayo de 2024. Fuente: Shutterstock.}

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La crisis hídrica es, en julio de 2022, la peor en 70 años. El estado de emergencia se extiende a cinco regiones y el gobierno nacional anunció ayudas extraordinarias hasta que finalice el año. El daño es tal que las aguas del río Po, el principal de Italia, se han salinizado varios kilómetros cerca de su desembocadura en el mar. El caudal se encuentra en mínimos históricos. 

Ante la gravedad de la situación, los gobiernos locales solicitan cambios de comportamiento para afrontar la sequía de verano en las áreas afectadas. Y, en muchos casos, bajo la amenaza de aplicar sanciones severas. 

En Verona se imputan multas de hasta 500 euros por despilfarrar agua y en Milán, el centro financiero de Italia, se prohíbe lavar autos o regar jardines (también se apagaron las fuentes ornamentales). En Castenaso, cerca de Bolonia, las peluquerías ya no pueden lavar dos veces el cabello de sus clientes y en San Severino una ordenanza sugiere usar el agua de cocción de la pasta para limpiar los platos. 

Situación crítica en Europa

Según el Instituto Nacional de Estadística de Italia, el 36% de las reservas de agua del país se pierden por el mal estado de las tuberías y del sistema de almacenamiento. Pero también subyace una cuestión de consumo: con 245 litros diarios por persona, es el segundo país de Europa que más utiliza el bien cada vez más escaso. 

Un tercio de la producción italiana de alimentos está bajo amenaza. Incluso peligra la producción de los típicos quesos parmesanos por la falta de agua para las vacas lecheras. Además, la energía hidroeléctrica ha caído drásticamente.

Otros países europeos severamente afectados por las sequías son España, Portugal y Francia. Según un estudio de Nature Geoscience, el calentamiento global ha afectado al anticiclón de las Azores, el sistema natural que produce lluvias en el oeste del continente. Por ello, se espera que la agricultura de la región se vea resentida.

Cambios de comportamiento: un caso exitoso

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fue en 2017 la primera megaurbe del mundo en quedarse sin agua. La peor sequía de su historia hizo que el gobierno local implementara, entre otras medidas, una estrategia innovadora para cambiar los comportamientos de sus más de 4,6 millones de habitantes.

Gracias a un monitoreo continuo, que incluyó campañas de comunicación basadas en datos, las autoridades constataron que algunas actividades de la ciudadanía, como el riego de jardines y el uso de piletas, eran las que más consumían agua (y no otras que eran difundidas entre la población). Así, en solo tres años lograron reducir en más del 50% el desperdicio.

Sequías en otras naciones

La crisis climática es mundial y afecta a países en todos los continentes. En México, por ejemplo, los estados del norte padecen un nivel de estrés hídrico “extremadamente alto”. “El aumento de la frecuencia de las sequías en zonas que ya son áridas ha puesto en riesgo el acceso al agua potable y de riego. Los gobiernos locales enfrentan grandes retos para garantizarla”, advierte la especialista Lisbeth Camacho Téllez.

En junio de 2022 las contradicciones se hicieron notar: mientras que el sur de México se preparaba para desechar agua dulce de algunas represas por el aumento de lluvias, la sequía persistía en las regiones del norte.

En esta nota de +Comunidad podés conocer distintas estrategias aplicadas para abastecer de agua a comunidades rurales y urbanas en donde su acceso es escaso. 

^{Imagen principal: el lecho del río Po se ha secado. Fuente: AFP.
Redacción +Comunidad.}

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