La primera vez que Danila estuvo cara a cara con el fuego fue en los incendios forestales que se produjeron en Sierras Chicas, en Córdoba, Argentina, en 2020. Un informe elaborado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) aseguró que, de enero a octubre de ese año, se relevaron 289.494 hectáreas quemadas en la provincia.

La última semana de septiembre de 2024 el fuego volvió a arder en las sierras cordobesas. Danila estuvo nuevamente frente a frente, piel a piel, con las llamas fuera de control. “Sentir el calor del fuego y oler el monte quemado no es algo que se pueda explicar fácilmente: duele, angustia y deja una sensación de impotencia muy grande”, describe.

Esta situación no se dio sólo en Córdoba. Múltiples territorios enfrentan desafíos similares respecto a las causas y efectos que provocan los incendios forestales en la comunidad. Frente a esta realidad, diferentes municipios crean estrategias para mitigar su impacto, que van desde la concientización comunitaria a la restauración de los ecosistemas.

El fuego que modera y arrasa el paisaje

Antes de hablar de los incendios forestales, Agustín Mezzabotta, experto en Manejo del Fuego y Restauración Ambiental, reconoce al fuego como un elemento de la naturaleza. “Es un agente moderador del paisaje, que genera disturbios muchas veces necesarios para mantener la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas”, explica. 

¿Qué cambió para que el fuego pase de ser un moderador del paisaje beneficioso para muchos ecosistemas terrestres, a ser un causal de grandes impactos negativos? Mezzabotta, miembro de la Fundación Bosques Nativos Argentinos, responde: “Por un lado, hay un cambio significativo en la relación entre el hombre y la naturaleza”. 

“Esos cambios traducidos en sistemas y procesos productivos, sobre explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, cambios de uso del suelo. O mismo en un aumento exponencial de la población humana; sus formas y modos de vida fueron disociando en cierta forma la conexión del hombre con su entorno”, resalta.

Mezzabotta agrega que, por otro lado, estos cambios derivan o aceleran el cambio climático, generando condiciones favorables para que los incendios o fuegos sean de mayor intensidad y de comportamientos extremos o difícilmente controlables, como también sucede con inundaciones, huracanes o erupciones volcánicas entre otros. 

Los incendios forestales no dan tregua en la región. En lo que va del año, en Sudamérica afectaron más de cuatro millones de hectáreas en Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina. Desde hace meses, otros países de América Latina que están en la misma situación son Colombia y Venezuela, seguidos en menor medida por Ecuador, Chile y Uruguay.

Sobre las causas que generan los incendios forestales, Agustín Mezzabotta comenta que sus inicios pueden ser naturales, por ejemplo, producto de una tormenta eléctrica. “Sin embargo la mayoría de estos desastres (más del 95%) en los últimos tiempos son de origen antrópico, ya sean intencionales, accidentales o por negligencia”, especifica.

Ciudades que se anticipan al fuego

El calor y la sequía provocaron cientos de incendios en el norte argentino durante 2022. Con más de 800.000 hectáreas quemadas, Corrientes fue la provincia más afectada. Ignacio Maldonado Yonna, entonces secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contó a +COMUNIDAD las estrategias que impulsaron para prevenir futuros desastres.

“En la Municipalidad de Corrientes llevamos adelante una mesa de trabajo entre la Secretaría de Ambiente y de Infraestructura para no sufrir el impacto de los incendios. Se trabajó mucho en los diferentes espacios verdes, limpiando para reducir la mayor cantidad posible de material verde incendiable”, explicó entonces a este medio. 

Dentro de la estrategia se destacó la creación local de mapas de riesgo, operativos de acción rápida y esquemas de colaboración aceitados entre el sector público y privado. Sobre estas medidas que tomó el gobierno local, Maldonado Yonna señaló que esto derivó a que  “la ciudad sea mucho más resiliente ante este tipo de catástrofes”. 

Después de una serie de incendios forestales desoladores, la comunidad de El Soncoyo, en Costa Rica, decidió tomar acciones para revertir lo que había causado. Empezaron a reforestar la cuenca del río que atraviesa las fincas, preparar abonos orgánicos para darles vida y a frenar los incendios que ellos mismos causaban.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) inició el proyecto en 2018, para mejorar la cobertura de bosque y la capacidad de la fauna de moverse entre dos parques nacionales. Para lograrlo incluyeron en los planes a las y los funcionarios y usuarios de 40 comunidades ubicadas entre estas áreas silvestres protegidas estatales.

Si bien aún pasó muy poco tiempo para saber realmente cuál es el impacto en la comunidad durante los últimos años, aseguran que la calidad del agua ha mejorado. Además, comentan que el pasto de las llanuras se ha mantenido verde durante más tiempo, ha mejorado la calidad del aire y pasaron de los incendios a la reforestación.

Incendios forestales: el rol de los gobiernos locales

Especialistas coinciden en que el rol de los gobiernos locales es clave para la prevención y control de incendios. En esa línea,  Agustín Mezzabotta destaca la prevención como principal estrategia por impulsar. “Fomentando campañas de comunicación, concientización y educación a la comunidad sobre los incendios forestales”, comenta.

“Estas campañas deben estar dirigidas particularmente a las comunidades de mayor exposición a incendios de interfaces y productores del sector agro-forestal”, precisa. “Otras acciones son los sistemas de alerta temprana, ya que cuanto más rápida y eficiente sea la respuesta, aumentan las probabilidades de controlar el incendio”. 

Mezzabotta explica que el ordenamiento territorial y la planificación de las ciudades y su interfaz natural, rural y urbana, también son elementos clave para la prevención. “Permiten evaluar de forma previa los riesgos, amenazas y oportunidades de cada territorio, y la posibilidad de establecer planes de reducción de riesgos”, concluye. 

Lluvia de ideas: posibles soluciones

En los incendios de la última semana de septiembre en Córdoba, Danila Pagano combatió el fuego junto a la Brigada Forestal Isquitipe de la localidad de Río Ceballos. Hacía un tiempo que no lo hacía, pero ante la urgencia de ver que todo se estaba prendiendo fuego, le escribió a sus “compis” y se sumó como algo excepcional. 

Conversando con sus amistades, muchas de ellas brigadistas y guardaparques, le preguntó qué políticas públicas podrían sumar para prevenir los incendios forestales. “Educación ambiental, promoción de la vida en función al monte, capacitaciones en prevención de incendios forestales a brigadistas y bomberos voluntarios”, respondieron.

Entre otras respuestas que recibió se destacan: “Detección temprana, campañas de información, puntos vigías con gente y recursos para hacer un primer ataque rápido”. También fueron mencionados los mapeos de riesgos y el reconocimiento estatal a las brigadas comunitarias como un eslabón más de la cadena que previene estos desastres.

Participación ciudadana, clave para prevenir incendios

Los incendios forestales son fuegos que avanzan de manera descontrolada, y a su paso generan impactos ambientales, sociales y económicos negativos. Algunos de sus efectos son la pérdida del suelo y cobertura vegetal. También la destrucción del hábitat de animales y plantas y aumento de la emisión de carbono y gases de efecto invernadero.

Es importante como vecinos y vecinas tener en cuenta que muchos de estos desastres naturales se pueden prevenir, siendo más cuidadosos con el entorno que les rodea. Frente a esta problemática, la participación ciudadana puede ser fundamental para prevenir o reducir las posibilidades de incendios forestales, algunas formas de ayudar:

• No arrojar material inflamable o encendido
• No tirar basura
• No hacer fogatas en espacios no autorizados
• En caso de hacer una fogata, que sea en un sitio alejado de árboles, pasto y hojas secas. Evitar fumar alrededor y al finalizar apagar totalmente el fuego 

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Imagen ilustrativa de portada: Unsplash

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Por Red Latam de Jóvenes Periodistas

Los jóvenes latinoamericanos dejan las casas de sus padres, en promedio, a los 28 años. Enfrentados a la realidad de la vida adulta, las preocupaciones de las nuevas generaciones se van acumulando una sobre la otra: falta de trabajos, salarios precarios, fenómenos asociados al cambio climático, salud mental, violencia, migración. Y una pregunta común: ¿podremos tener casa propia algún día?

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 el 82% de la población latinoamericana vivía en zonas urbanas. Esto convierte a nuestra región en una de las más urbanizadas del mundo. Sin embargo, también es una de las que más retos presenta para acceder a una vivienda, especialmente para las personas jóvenes.

Por ejemplo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostró que para 2010 apenas un 42% de las personas entre 15 y 39 años eran propietarios de su casa. En algunos países, como Colombia, solo un 21% de los jóvenes tenía una vivienda propia. Y quienes sí tienen, muchas veces viven en condiciones precarias.

«América Latina y el Caribe tiene un problema estructural de acceso a la vivienda. Se estima que hay un 45% de la población que todavía tiene deficiencias», explica Tania Gallegos, directora de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.

Para Carla Escoffie, investigadora de vivienda y autora del libro «País sin techo», «la vivienda es un derecho base para el ejercicio de otros derechos». Tener un espacio seguro, dice, es indispensable para los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, al descanso y a otros. En algunos casos, incluso, es un factor determinante para aspirar a un trabajo. El acceso a la vivienda no es solo una comodidad, sino una necesidad.

Desde hace décadas, gobiernos y organismos de la región han implementado mecanismos, proyectos y leyes para solventar el déficit de vivienda. El problema es que la mayoría de estos proyectos se centran en la adquisición de vivienda nueva y brindan apoyo al sector formal o bancarizable: personas con un trabajo fijo, en una empresa con cierto nivel de organización, fuera del sector agrícola, con seguros y garantías laborales, etc.

A continuación, te contamos sobre dos proyectos gubernamentales de Costa Rica y Colombia que, con sus luces y sus sombras, han ayudado a miles de jóvenes, generalmente con ingresos medios, para financiar y adquirir una casa propia.

Costa Rica: un proyecto que beneficia a miles de jóvenes

El Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica no estaba orientado a beneficiar jóvenes. Sin embargo, eso es justamente lo que ha terminado haciendo. Este proyecto surgió en 2019 como parte de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y diversas entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, como mutuales, bancos y cooperativas. Básicamente, otorga créditos bancarios para la compra y construcción de terrenos e inmuebles, así como bonos familiares de vivienda.

De acuerdo con el medio costarricense CRHoy, en 2020 este Programa Integral financiaba hasta 65 millones de colones (126 mil dólares), aunque en promedio sus créditos rondaban los 30 millones de colones (59 mil dólares, aproximadamente), con una tasa de interés del 6.5%.

Para acceder al programa, es necesario contar con un núcleo familiar ya establecido, no tener propiedades a su nombre, no haber recibido bonos de vivienda y mantener una estabilidad laboral de al menos un año para las personas asalariadas o una antigüedad de tres años para personas no asalariadas. La mayoría de estos requisitos se repiten en programas similares.

Pues bien: para junio de 2023, este proyecto había ejecutado más de 200 millones de dólares en créditos. Lo curioso es que el 70% de los beneficiarios eran personas entre 18 y 35 años, según datos proporcionados por la Dirección del Fondo Nacional de Vivienda de Costa Rica. Hablamos de 3.100 jóvenes, de los cuales 507 tienen menos de 25 años.

Sin dudas este es un referente para futuros programas latinoamericanos que quieran impulsar el acceso de personas jóvenes a una vivienda propia. Sin embargo, este todavía queda debiendo a la hora de beneficiar a los jóvenes de menos recursos, seguramente los que más lo necesitan. Como lo indica su nombre, este está pensado para personas de clase media.

En efecto: el grupo objetivo de este programa son familias con un ingreso mensual bruto entre los 414 mil (808 USD) y 1 millón 657 mil colones (3.233 USD). El problema es que para julio de 2023, el ingreso per cápita del 60% de los hogares costarricenses estaba por debajo de los 253 mil colones (490 USD), según el Instituto Nacional de Estadística de Costa Rica. Esto excluye a gran parte de la población, incluyendo la joven, de acceder a este programa.

De acuerdo con Franklin Solano, especialista del sector costarricense de vivienda, el 40% de los hogares del país no tienen posibilidades de acceder a este programa por no tener los ingresos mínimos necesarios. Otro 20% apenas cumple con los montos, aunque también carga con otras deudas.

Por el momento, la falta de soluciones para los sectores con menos ingresos se mantiene como una de las principales críticas al Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica. «Los subsidios deben ser para una población que demuestre que realmente tiene una condición de vulnerabilidad muy extrema y los otros sectores jugar con las condiciones de mercado», dice Franklin Solano.

Pese a esto, el Programa ha demostrado un gran éxito entre personas jóvenes con ingresos superiores. La mayoría de los beneficiados son parejas sin hijos y muestran una relativa equidad de género en la distribución de los créditos, con 45.1 % de mujeres beneficiadas, según información del Banhvi.

Colombia: Cómo un país de alquileres intenta que los jóvenes compren su primera vivienda

En Colombia las personas alquilan más que en cualquier otro lugar de América Latina. Para 2011, cuatro de cada diez colombianos era inquilino en la casa donde vivía, cifra que ha ido en aumento desde la década de 1980. Según un estudio del BID, para 2019 el 34% de las casas en Colombia eran para alquilar, mientras que el promedio en América Latina era del 21%. 

Los efectos en la población son conocidos: hay quienes pagan más del 45% de su sueldo solo en arrendamiento. Para abril de 2023, los precios en los arriendos alcanzaron su mayor alza en los últimos cuatro años, por lo que miles de colombianos vieron cómo su dinero rendía cada vez menos.

«El 50% de los bogotanos viven en arriendo. Eso quiere decir que cada vez las propiedades que hay en el stock de disponibilidad son menos y los habitantes de las grandes ciudades tienen que acceder más a figuras como el arrendamiento», dice Carlos Benavides, activista colombiano por el acceso a la vivienda.

Uno de los grupos más golpeados por esta realidad es el de los jóvenes. Para empezar a cambiarla, el Estado colombiano implementó el programa Jóvenes Propietarios, lanzado como respuesta al estallido social de 2021. Hablamos de un programa del Estado y el Fondo Nacional del Ahorro que busca facilitar la compra de una vivienda a jóvenes entre 18 y 28 años, brindándoles opciones de financiamiento adecuadas a sus necesidades.

Para aplicar a este programa, las personas solo deben cumplir con el rango etario. Tener ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos vigentes, no ser propietario de una vivienda y no ser beneficiario de otro programa gubernamental con subsidio de vivienda. El monto crediticio depende de la capacidad de pago de la persona y del costo del inmueble. No obstante, suele cubrir hasta el 80-90% del valor de este último. La tasa de interés del programa puede llegar hasta el 12.3% en algunos casos. Aunque suele ser del 6.8%, menos de la mitad de la que ofrecen los bancos privados.

Estas son algunas de las razones que explican que Jóvenes Propietarios, que en 2023 pasó a llamarse Generación FNA, haya tenido resultados exitosos. Y es que para agosto de 2022, un año después de su lanzamiento, la iniciativa ya había aprobado 17.078 créditos.

Una de las personas beneficiadas fue Mónica Rivera, quien logró comprar su primer apartamento a los 28 años. «Siempre digo que es una muy buena oportunidad. Pero también influyó mucho mi condición de tener un salario que me diera la oportunidad de estar en el lugar donde estoy», dice.

En efecto: si bien el programa está disponible para jóvenes de escasos recursos, esto no significa que todos tengan la misma posibilidad de acceder a su crédito. Como explica el experto en vivienda Axel Murillo, más que un programa social, Jóvenes Propietarios es un producto financiero. Por lo que «los jóvenes van a encontrar barreras para acceder».

Estas barreras suelen dejar atrás a una gran cantidad de jóvenes con empleos informales o autónomos. Por eso, Murillo señala la necesidad de construir un marco jurídico que reconozca abiertamente las necesidades específicas de los jóvenes. Así como incluir en el programa a más entidades financieras que brinden tasas preferenciales a los jóvenes. Además, plantea que la Ley de Vivienda y Hábitat amplíe el rango de personas jóvenes hasta los 35 años.

Esto último beneficiaría a un número importante de personas entre los 29 y los 35 años. Que pese a ser jóvenes también, ahora mismo cuentan con menos recursos para acceder a una vivienda. Como William Botia, un joven trabajador independiente que aplicó a créditos hipotecarios dos veces, sin suerte.

Pese a estas áreas de mejora, lo cierto es que Jóvenes Propietarios / Generación FNA ha impactado positivamente la vida de miles de jóvenes colombianos. Que, como Rivera, ya son dueños de sus propias casas. Pero sobre todo, puede haber abierto un camino a la hora de pensar programas sociales desde el Gobierno o el Estado. Como explica Carlos Benavides, este proyecto logró «focalizar una política pública para incluir en una solución de vivienda a un grupo específico, en este caso a los jóvenes. Eso no se había visto anteriormente».

Sentando las bases de la vivienda del futuro

En los últimos años se ha escrito ampliamente sobre el problema de la falta de acceso a la vivienda para las personas jóvenes, sus causas, impactos y consecuencias a futuro. Aun así, organismos internacionales, gobiernos y expertos en vivienda reconocen que existe un vacío de información oficial y contrastada sobre el tema.

Por eso, Tania Gallegos, del BID, señala la importancia de recabar información que permita entender el problema como algo regional y establecer objetivos conjuntos. «A veces esos objetivos comunes que deberíamos tener en nuestras políticas no siempre son coherentes. Y la calidad de la información no siempre es adecuada», dice.

Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), coincide con Gallegos. Considera que «es difícil hacer políticas cuando no conoces un problema». No obstante, Emanuelli ve esperanza más allá de los modelos tradicionales de acceso a la vivienda. Que endeudan a las personas por 30 años e imaginan la vivienda únicamente como un producto financiero.

Desde su experiencia, organizaciones comunitarias, barrios y los mismos ciudadanos han encontrado muchas respuestas a la crisis basadas en la organización y la autonomía. En vez de esperar a que el Estado intervenga. «Las políticas y las leyes que se han logrado son fruto de muchos esfuerzos, de mucha movilización, de mucha pelea», dice.

Porque sí. La evidencia de estos proyectos muestra que la respuesta a la falta de vivienda para jóvenes, mujeres, personas LGBTI+ y otras poblaciones vulnerables no está en la experiencia de casos aislados, sino en un ejercicio constante y colectivo de pensar dónde y cómo queremos vivir.

(*) Esta investigación fue realizada por la 7ma Generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y ya está disponible en la web.

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Por César Arroyo Castro  de La Voz de Guanacaste (*)

La comunidad de El Soncoyo está sobre la carretera principal que va desde Santa Cruz hasta Tamarindo, dos cantones en Costa Rica. Es apenas una hilera de casas a orillas del camino donde habitan algunas familias emparentadas entre sí. 

El árbol del cual tomaron el nombre para bautizar el pueblo ahora es casi imposible de observar en la zona. El Soncoyo fue durante muchos años conocido, porque la comunidad quemaba los terrenos para preparar la tierra para las siembras agrícolas. 

Las llamas se salían de control y terminaban destruyendo las llanuras, cerros y lo que había en ellos. “Se veía un ambiente desolador”, recuerda Stephanie Rodríguez, una de las vecinas. No había árboles, los cerros estaban muertos y muchas vacas no sobrevivieron las sequías de aquellos años. “Como dicen: de los golpes aprende uno”, añade.

Hace cinco años la comunidad de El Soncoyo empezó a tomar acciones para revertir lo que había provocado. Empezaron a reforestar la cuenca del río que atraviesa las fincas, preparar abonos orgánicos para darles vida y a frenar los incendios que ellos mismos causaban.

Es por eso que hoy es posible ver una bandada de pericos gritones cruzar el cielo y la sombra de los cerros amarillos acostándose sobre los potreros verdes que aún no ha podido secar el verano.Esta recuperación del ambiente le ha tomado años a la comunidad y han necesitado de apoyo para lograrla.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) inició un proyecto en el año 2018, para mejorar la cobertura de bosque y la capacidad de la fauna de moverse entre el Parque Nacional Marino Las Baulas y el Parque Nacional Diriá. Para lograr este puente entre ambos parques incluyeron en los planes a las y los funcionarios y usuarios de las asadas de 40 comunidades ubicadas entre estas áreas silvestres protegidas estatales. 

De cenizas a corredor biológico

Antes de empezar el proyecto, la bióloga e investigadora de la UNED a cargo del proyecto, Gabriela Jones-Román, revisó el paisaje mediante fotografías de Google Maps para observar dónde se interrumpió la conectividad.

En Santa Cruz los cerros están bien cubiertos de vegetación, pero en la llanura donde se han desarrollado las actividades productivas, la vegetación se cortaba en cuatro sectores: uno de ellos era una finca ganadera llamada El Soncoyo. Los otros eran la finca Josema, Las Garzas y La Leona. 

Con el panorama claro, se plantearon tres objetivos, cuenta Gabriela. El primero fue generar información sobre las especies de aves y mamíferos de la zona capaces de dispersar semillas. Así, sembrarían los árboles nativos de la zona y que de los que se alimentan esas especies, que a su vez podrían cumplir su función de dispersar las semillas en otros lugares.

Lograron contabilizar 64 especies de insectos polinizadores, 95 especies de aves residentes y migratorias y 16 especies de mamíferos. El segundo objetivo fue regenerar la cobertura del bosque en los márgenes de los ríos sembrando 10 mil árboles. 

La tercera parte estuvo enfocada en que la comunidad entendiera la importancia de conservar su biodiversidad mediante talleres de prácticas sostenibles en sus fincas como la capacitación sobre agroecología, biodiversidad y adaptación al cambio climático. Y también en evitar los incendios que puedan perturbar el bosque que estaban recuperando.

“Vos podés hacer muchas acciones de reforestación de bosques y todo, pero si seguís dejando que los incendios lleguen y detengan ese proceso natural de regeneración estás ralentizando todo y vas perdiendo muchas especies”, explica la bióloga.

La actualidad de El Soncoyo

Hoy el camino de tierra que conduce hasta la finca El Soncoyo está tapizado de jocotes rojos y antes de llegar a los potreros de la finca hay que cruzar el río Arenales, que tuvo agua hasta mediados de febrero.

Según Stephanie, que además de vivir en la comunidad también trabaja como secretaria de la asada, el hecho de que el río tuviera agua tan entrado el verano era algo impensable hace algunos años.

Comúnmente nosotros en enero ya no teníamos agua en el río, quiere decir que está funcionando todas las cosas que se han venido haciendo”, comenta. El río seco parece un camino pedregoso a la sombra de árboles grandes y arbustos pequeños que han ido creciendo en su ribera. Muchos de ellos fueron sembrados por la comunidad.

Cuidar el agua del fuego

Es muy complicado poder medir el impacto real de todos estos esfuerzos, asegura Gabriela Jones-Román. A pesar de que consiguieron donaciones para comprar 65 especies distintas de árboles, la crudeza de la época seca y las inundaciones de la época lluviosa arrasaron con muchos de estos árboles y les impidieron alcanzar su meta de sembrar 10.000.

La bióloga considera que un impacto positivo del proyecto fue la asistencia y el interés de las personas durante el proyecto. Que siguen activas en la comunidad y haciendo trabajos de conservación.

En su búsqueda por seguir aportando a la comunidad, Stephanie se sumó a campañas de reforestación y de limpieza del río. Sabe que ha sido un proceso muy lento y complejo. También sabe que un incendio forestal puede significar un retroceso enorme en el trabajo que han logrado hasta ahora.

Hoy Stephanie incluso integra la Brigada de Bomberos Voluntarios Bridena – Las Delicias, que se encarga de proteger el cauce del río Nandamojo y las comunidades vecinas desde hace seis años.

Ha pasado muy poco tiempo para saber realmente cuál ha sido el impacto en la comunidad durante los últimos años. Pero asegura que la calidad del agua ha mejorado. El pasto de las llanuras se ha mantenido verde durante más tiempo y ha mejorado la calidad del aire.

“Mi charco es El Soncoyo. Desde pequeñita ha sido mi lugar y pude haber salido de acá. Estudié, hice muchas cosas. Pero siempre decidí regresar a mi tierra a servir. A por lo menos dar un poquito de lo que me retribuyó en algún momento”, confiesa.

(*) Este reportaje fue publicado originalmente en La Voz de Guanacaste.

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En Curridabat (Costa Rica), abejas, murciélagos, colibríes y mariposas son literalmente parte de la ciudadanía. Desde 2015, este municipio de 75.000 habitantes mantiene un plan estratégico que propone integrar al máximo la naturaleza con las áreas urbanas. Como una forma de mejorar notoriamente la calidad de vida, los espacios verdes son prioridad en la infraestructura y la biodiversidad es protagonista en cada rincón posible. 

Rebautizada como una “Ciudad Dulce”, Curridabat sigue una visión basada en cinco dimensiones: productividad, convivencia, hábitat, infraestructura y biodiversidad. La “dulzura” proviene del fomento de polinizadores, creando hábitats adecuados para ellos y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles. Además, el concepto apunta al ideal inspiracional de generar ciudadanía por medio de la coexistencia pacífica de todos los seres vivos.

“Históricamente, América Latina ha importado modelos de desarrollo urbano que no corresponden ni a su realidad ni a sus necesidades. Se han quedado atrás ante desafíos globales como el cambio climático, la inequidad y la seguridad. Ante estos retos, es necesario adoptar un modelo de ciudad que considere las necesidades de cada uno de los seres y elementos que nos encontramos involucrados en el ecosistema urbano”, sostiene el gobierno de Curridabat. 

De esta manera, la visión de desarrollo de este cantón costarricense, ubicado a la par de San José (la capital nacional), es “eliminar el antagonismo histórico que ha existido entre ciudad y naturaleza”. En términos urbanísticos, se trata de ser una auténtica ciudad biofílica: aquella que reconoce a la naturaleza como una parte esencial de la vida urbana. Pero la idea va mucho más allá de la mera presencia de parques o jardines. Es entenderse “como un bosque, como un ecosistema”. 

La dulzura como política local

“Cuando Curridabat era sólo un suburbio desconocido de San José, las reuniones de su Concejo Municipal se centraban en temas como el agua potable y no había espacio para el ambientalismo”, recuerda Irene García, ingeniera en Biotecnología y asesora de la Alcaldía, en una entrevista con el sitio Atlas of the Future. Pero todo cambió hace ocho años, cuando se decidió adoptar un enfoque biofílico que traspase las generaciones. 

El gobierno local, empresas y organizaciones comunitarias hoy trabajan en conjunto para multiplicar la “dulzura” en Curridabat. Se siembran especies nativas para atraer polinizadores, se transforman los espacios vacíos en huertas locales y se crean proyectos para recuperar los ríos urbanos, entre otras iniciativas de transformación. Todo con una alta dosis de participación ciudadana. 

“En la visión multidimensional de Ciudad Dulce, los polinizadores como abejas, mariposas y colibríes, así como las plantas, árboles y el resto de organismos con los que se encuentran ligados son reconocidos como seres catalizadores de los procesos ecosistémicos que garantizan bienestar para todos”, afirman en la Municipalidad. 

Desde su lanzamiento, el plan de Curridabat recibió varios reconocimientos internacionales por sus esfuerzos para crear una ciudad más sostenible y amigable con las personas (y los demás seres vivos). Entre ellos, se encuentran el “Mejor Plan de Ciudad”, del Congreso de Nuevo Urbanismo; el “Premio de Ciudades del Bienestar”, de New Cities; y el “Premio Internacional de Guangzhou para la Innovación Urbana”.  

Parques Naturales Urbanos

A pesar de su reducida superficie, Costa Rica alberga más del 5% de la biodiversidad del planeta. Como su capital es un centro demasiado urbanizado con poco espacio para la naturaleza, la vecina Curridabat se convirtió en un “biocorredor” que permite el paso seguro de la vida silvestre entre el cemento, los bosques y la selva.

Para mejorar la conservación y la salud en las ciudades, el gobierno nacional creó en 2021 la categoría de Parques Naturales Urbanos (PANU) que posibilita la conectividad biológica. Por su ubicación estratégica, la “Ciudad Dulce” juega un papel fundamental en la política, que apunta hacia una economía más descarbonizada y una limitación de la expansión urbana descontrolada en el país. 

Las áreas verdes protegidas también buscan ofrecer experiencias al aire libre para que la población pueda disfrutar la naturaleza. Con senderos, áreas de descanso y actividades recreativas, la intención es crear una mayor conciencia ecológica entre la ciudadanía.

“La calidad del aire y la diversidad de especies y espacios verdes no son los únicos aspectos mejorados, sino que el espíritu de la población también se ha levantado”, aseguran en la Municipalidad de Curridabat. Durante el proceso, las autoridades se comprometieron a hacer de cada polinizador “un ciudadano de honor”. 

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Imagen principal: Giancarlo Pucci / PNUD Costa Rica

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Esta problemática puede ser causada por fenómenos naturales como lo son las tormentas, las inundaciones o los derrumbes. También producto de la actividad humana, como la deforestación, construcción o el parcelamiento de los territorios. 

Una alternativa para preservar la biodiversidad y dar respuesta frente a la pérdida o falta de continuidad de hábitats naturales es la creación de corredores biológicos, que se encargan de conectar áreas naturales con características ambientales similares. 

La importancia de promover la creación de corredores biológicos

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo comprende como corredor biológico al espacio geográfico delimitado que conecta paisajes, ecosistemas y hábitats naturales o artificiales, con el propósito de conservar su biodiversidad. 

La importancia de los corredores biológicos, también conocidos como “corredores ecológicos o de conservación”, radica en garantizar la oportunidad de la continuidad de los procesos biológicos, es decir el desplazamiento de las especies de flora y fauna.

Además estas áreas mitigan la endogamia o consanguinidad, un problema ocasionado por el apareamiento de animales emparentados entre sí, beneficiando a especies emblemáticas de la región como las que se destacan al principio de esta publicación.

Corredores biológicos con reconocimiento legal en la región

El Corredor Biológico Urugua-í – Foerster es una apuesta por la conservación y el desarrollo sustentable en la provincia de Misiones, en Argentina, que se inició en 2002, a partir de la voluntad y trabajo de pequeñas reservas privadas y fincas en el territorio.

Este espacio geográfico une dos parques naturales, el Parque provincial Urugua-í y el Parque provincial Guardaparque Horacio Foerster, a lo largo de sus doce años de vida allí se ha trabajado por la regeneración del bosque atlántico, la fauna y flora nativa.

Uno de sus grandes desafíos y logros fue recuperar 25 mil hectáreas que, hasta la creación del corredor, eran dedicadas a la agricultura y ganadería, lo que provocó que especies como corzuelas, cuaruzúes y pitangas vuelvan a habitar el territorio. 

Dos años atrás el Gobierno de Ecuador oficializó el primer Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpu del país, con el propósito de convertirse en un referente para la ejecución de un modelo basado en el desarrollo sostenible y el ordenamiento territorial.

El área comprende una superficie de 567 mil hectáreas de páramo y bosque andino y se distribuye entre las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja y Zamora Chinchipe; 18 municipios y 59 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales. 

La importancia de promover el corredor radica en, además de la diversidad de sus ecosistemas, que el mismo alberga agua que abastece alrededor de 336 mil personas que habitan en la zona, y que también es utilizada para proyectos hidroeléctricos.

Más de 40 corredores biológicos en Costa Rica

Los corredores biológicos son la segunda estrategia de conservación de la biodiversidad en Costa Rica, de hecho con la oficialización en 2018 del Corredor Biológico Amistosa, ya suman 45: un 33% del territorio continental del país.

Dicho corredor está ubicado en Puntarenas, tiene una superficie de 92.913 hectáreas, y abarca parte de los cantones de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus y Golfito, que se encuentran en la región Brunca del país, un paraíso en donde predomina el verde. 

El proceso de restauración de este territorio se hace de la mano de la ciencia, que impulsa el vínculo con las comunidades que lo habitan, por eso Amistosa tiene diferentes proyectos: Viveros Cuna, Finca Cántaros y Refugio Tinti entre otros.

Otros corredores biológicos en América Latina

El reconocimiento legal de los corredores biológicos es una alternativa sostenible clave para conversar la biodiversidad en América Latina, aún así también existen proyectos que aún no han sido oficializados, en países como Ecuador, Perú y Bolivia entre otros.

El Gran Paisaje Binacional Kaa Iya – Defensores del Chaco entre Bolivia y Paraguay, el Corredor de conservación Vilcabamba – Amboró entre Perú y Bolivia, son sólo algunos de los proyectos que buscan establecer un gran espacio de protección de ecosistemas.

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Imagen principal: Corredor Biológico Amistosa.

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De esta manera, el cantón de Tibás (San José, Costa Rica) presentó en 2020 su “Política Cantonal para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores”. Se trata de una estrategia amplia, proyectada a 10 años, que posiciona a la ciudad como referente en el bienestar e inclusión de la comunidad cuya edad supera los 65 años. 

La política consiste en 8 ejes de acción: 1) Protección Social, ingresos y prevención de la pobreza. 2) Abandono, abuso y maltrato. 3) Participación social e integración intergeneracional. 4) Consolidación de derechos. 5) Salud integral. 6) Desarrollo urbano. 7) Transporte público. 8) Información y comunicación. 

“Cada uno de estos ejes cuenta con líneas de acción que se irán desarrollando con el pasar del tiempo. Así podremos abarcar todas las necesidades que la población adulta mayor de nuestro cantón nos expresó mediante talleres, grupos focales y demás acciones que se realizaron. En los últimos años, trabajamos para fortalecer su participación y que su voz se haga sentir”, expresó Mónica Badilla Montes, encargada del Área de la Persona Adulta Mayor en Tibás. 

“Una comunidad amigable con las personas mayores adapta los servicios y estructuras físicas para ser más inclusiva” – + Comunidad

Las personas mayores en el centro

En la ciudad costarricense habitan más de 86.000 personas y el 14% de ellas son personas mayores. Uno de los pilares fundamentales de la política cantonal es la promoción de la participación activa de ellas en la comunidad. Para esto, se han establecido espacios de encuentro y actividades recreativas que fomentan la interacción social, el intercambio de experiencias y la multiplicación de lazos afectivos. Además, los espacios apuntan hacia la integración intergeneracional, fortaleciendo el tejido social del cantón. 

También se implementan programas de capacitación y formación que tienen por objetivo potenciar las habilidades y conocimientos de las personas mayores. Las propuestas, que ya tienen gran acogida entre la comunidad, incluyen talleres de alfabetización digital, cursos de manualidades y clases de ejercicio físico adaptado. 

“Como gobierno local fomentamos la participación de los ciudadanos de oro mediante actividades recreativas y espacios públicos accesibles. Nuestra estrategia de ciudad amigable incluye un convenio con la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias, además de la Red de Atención Integral. Ellos lo dieron todo por nosotros, ahora nos toca a nosotros darlo todo por ellos”, sostienen en la Municipalidad de Tibás. 

La estrategia pone especial énfasis en garantizar la accesibilidad y el cuidado de la salud de los adultos mayores. Ya se implementaron mejoras en la infraestructura urbana, construyendo rampas y pasos peatonales adaptados para facilitar la movilidad. Para 2030, por ejemplo, una de las metas es haber intervenido el 100% de las aceras del cantón identificadas en malas condiciones. Para ese entonces, la ciudad también debería contar con circuitos de caminabilidad interconectados. 

Espacios públicos amigables

Tras un diagnóstico realizado con la participación de más de 100 personas de edad avanzada, en 2022 Tibás inauguró tres “parques amigables” para la comunidad. Gracias a sus aportes, se realizaron intervenciones como arreglos y creación de aceras, y la instalación de bancos y mesas. Además, quedó prevista la organización periódica de actividades y contenidos especiales. 

“Como adulto mayor nacido en este bellísimo cantón quiero expresar mi más profundo reconocimiento a toda la corporación municipal. No sólo por las ayudas que nos brindan, sino por acordarse de que los adultos mayores existimos y que en su momento dimos lo mejor de nosotros para el progreso de nuestro querido Tibás”, expresó en redes sociales Víctor Hugo Segura Carvajal, residente en la ciudad. 

Otra de las metas que la Municipalidad busca cumplir al 100% para 2030 es la aplicación de una normativa para que las personas adultas mayores cuenten con acceso seguro y sin discrimnación a todos los espacios públicos del cantón. En ese sentido, todas las construcciones deberán contar con diseño universal. 

Así como Tibás, otras ciudades latinoamericanas cuentan con estrategias locales integrales para mejorar la vida de las personas que superan los 60 o 65 años. Santiago de Cali (Colombia), por ejemplo, cuenta con una Política Pública de Envejecimiento y Vejez para el período 2017-2027. En esta nota de +Comunidad podés conocer más sobre el caso y otros más. También te invitamos a conocer más sobre las “Ciudades 8 80”, pensadas para personas de todas las edades. 

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^{Foto principal: Municipalidad de Tibás.} 
Redacción +Comunidad. 

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Como parte de la Red Mundial de Alcaldes por el Desarrollo Inclusivo, de la Fundación Ford y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Quillota y Curridabat establecieron un programa centrado en el desarrollo y fortalecimiento de competencias “para una gobernanza inclusiva y sustentable”. 

“Quillota busca potenciar el área medioambiental y de ciudades inteligentes, temas que en Curridabat van un paso adelante, mientras que desde Costa Rica vendrán a Chile para conocer y replicar iniciativas de la Red de Salud Municipal”, planteaban desde la Alcaldía de la ciudad de Valparaíso, entonces conducida por Luis Mella. 

En 2022, los municipios dieron cierre a más de tres años de cooperación intensiva, que incluso trascendió las administraciones iniciales. “Fue una etapa muy provechosa para nuestras ciudades. Tiene que ver con el primer proceso de análisis y de retroalimentación de la cooperación conjunta para poner (en debate), por sobre muchas cosas, temas como la planificación urbana, la naturaleza y los vínculos entre los mismos ciudadanos”, reflexionó el nuevo jefe comunal de Curridabat, Jimmy Cruz Jiménez. 

Intercambio con el foco en el desarrollo urbano

Los equipos de ambas ciudades intercambiaron numerosas experiencias. Por caso, la comuna chilena mostró los alcances de sus proyectos para dar empleo a profesionales jóvenes, las casas de acogida y su modelo de intervención comunitaria. 

En general, trataron asuntos de desarrollo humano; atención al adulto mayor; ordenanzas y proyectos para personas en situación de discapacidad; pacificación y ordenamiento vial; participación ciudadana; protección y educación ambiental; la incorporación de los jóvenes a la gestión municipal y el mundo del trabajo, entre otras.

“Hemos aprendido en muchas dimensiones y hemos encontrado también muchas coincidencias, que creo que hacen más fuertes las gestiones, proyectos y programas que tenemos, siempre con el eje de inclusión. Eso ha sido una constante: trabajar con poblaciones vulnerables para alcanzar también las metas generales de la población”, valoró Huberth Méndez Hernández, coordinador de Curridabat. 

En 2017, antes de que se formalizaran aún más los lazos entre las ciudades de Chile y Costa Rica, la ciudad mexicana de Mérida intercambió con ellas estrategias contra la desigualdad y generar políticas de inclusión social y desarrollo sostenible. “Somos tres ciudades que apostamos a la modernidad, la innovación y el municipalismo como elementos del desarrollo”, destacó el entonces jefe municipal de Mérida, Mauricio Vila Dosal. 

En aquella instancia, los alcaldes destacaron los puntos que unen sus territorios a pesar de las distancias y sus diferencias demográficas. Además, firmaron una carta para promover encuentros empresariales y gubernamentales, incentivar el desarrollo de negocios, promover el turismo y la difusión cultural, y generar mayor participación ciudadana. 

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^{Foto principal: Encuentro 2017 en Mérida.}
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