Por Guadalupe Cabrera (*)

La seguridad alimentaria, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental son desafíos que atraviesan a todas las ciudades del mundo. Darles una respuesta requiere una mirada integral y la colaboración entre distintos sectores. Un ejemplo de este enfoque es el Ecomercado Solidario de San Fernando (Región de O’Higgins, Chile). Allí, una iniciativa nacional fue adaptada a la realidad local para recuperar alimentos no comercializados y redistribuirlos entre quienes más lo necesitan.

A nivel global, la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA) es un problema creciente. El concepto abarca la disminución en la cantidad de alimentos en cualquier punto de la cadena productiva, desde la producción hasta el consumo final. Se estima que un tercio de la comida producida no llega a ser consumida, lo que representa entre el 8% y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo que millones de personas sufren de hambre, millones de toneladas de alimentos van a parar a la basura. 

El panorama en Chile

En Chile, la inseguridad alimentaria afecta al 17,4% de la población. Es decir, más de tres millones de personas no tienen acceso regular a alimentos nutritivos. De ellas, 700.000 enfrentan inseguridad alimentaria severa, lo que implica pasar uno o varios días sin comer.

En paralelo, el país enfrenta otro reto: el envejecimiento de la población. Según un estudio del Observatorio del Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 3 de cada 10 personas estará por sobre los 80 años en 2050. 

“Es un desafío y un camino especialmente complejo. Ya que a pesar de que esta realidad es conocida, las personas mayores de manera frecuente son invisibilizadas, minimizadas e incluso ignoradas sus problemas. Es fundamental realizar esfuerzos conjuntos entre el sector público, privado, la academia y diferentes fundaciones de la sociedad”, analizó el rector Ignacio Sánchez en una columna para el diario La Tercera. 

Ecomercados Solidarios como respuesta

Los Ecomercados Solidarios forman parte de un programa impulsado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social Chileno (FOSIS). Busca mejorar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables de las comunas de Chile, recuperando, almacenando y distribuyendo alimentos que, aunque no serán comercializados por supermercados o ferias, se encuentran en buenas condiciones para el consumo. La iniciativa ya se implementa en distintas comunas del país, y San Fernando fue una de las primeras. 

El programa está dirigido a familias que viven en territorios donde, al menos, el 40% de los hogares se encuentran en el 70% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). La selección de beneficiarios se basa en criterios definidos por la Municipalidad con participación del FOSIS, priorizando a quienes tengan mayores niveles de vulnerabilidad (hasta 60% RSH).

La gestión de cada Ecomercado Solidario cuenta con el protagonismo de las comunidades organizadas, que coordinan con la Municipalidad y otros actores público-privados del territorio. En primer lugar, se recuperan productos alimenticios que, por diversas razones, no serán vendidos en establecimientos comerciales, pero que aún son aptos para el consumo humano. Luego, se almacen adecuadamente los alimentos recolectados y se distribuyen de manera gratuita a las familias beneficiarias, contribuyendo a paliar el encarecimiento de la canasta básica.

San Fernando: adaptación a la realidad local

La Municipalidad de San Fernando puso en marcha el programa en 2023, ajustándolo a su contexto local. ¿Cómo? Poniendo el foco en tres áreas clave: seguridad alimentaria, reducción del desperdicio e inclusión de personas mayores. 

Para llevar adelante el programa, se conformó el Consejo Local del Programa Ecomercados Solidarios. Este reúne a diversos actores de la comunidad comprometidos con la sustentabilidad y el apoyo a las familias de escasos recursos de la comuna. Integran el Consejo representantes de ferias libres, verdulerías y supermercados locales, miembros de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor (UCAM),y establecimientos educacionales, entre otras organizaciones.

• Seguridad alimentaria. Desde mayo de 2023, el Ecomercado Solidario de San Fernando ha entregado más de 30 toneladas de alimentos, beneficiando a cerca de 400 familias de la comuna. Además de la entrega de alimentos, se realizaron talleres de seguridad alimentaria. En ellos se brindan consejos sobre alimentación saludable y aprovechamiento de los productos entregados.
• Reducción en PDA. A través de convenios con supermercados, ferias y comercios locales, se reciben productos próximos a vencer que ya no serán comercializados, pero sí pueden ser consumidos todavía. Además, productores de animales locales reciben los restos orgánicos de alimentos, evitando que se conviertan en residuos.
• Inclusión de personas mayores. Se incorporó a través de la articulación con la UCAM a adultos mayores al programa como voluntarios, ocupando un rol central en la gestión del mismo. Semanalmente se reúnen en el mercado para contribuir en las tareas de recepción, embolsado y distribución de alimentos.     

El Ecomercado Solidario de San Fernando es una experiencia que demuestra cómo la colaboración entre comunidades organizadas, municipalidades y actores público-privados puede generar soluciones efectivas para enfrentar desafíos complejos. Mientras, se promueve el cuidado del ambiente, la equidad e inclusión de las familias más necesitadas, así como de las personas mayores. 

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(*) Guadalupe Cabrera es parte del equipo de Certificaciones en la Red de Innovación Local (RIL).

^{Foto principal: FOSIS, Chile.}  

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Por Kátia Mello (*)

Vivimos tiempos de profundas incertidumbres, donde los riesgos ambientales, sociales, geopolíticos y tecnológicos se entrelazan, exigiendo de nosotros, como sociedad, una respuesta urgente y eficaz. 

Es imperativo que nos convirtamos en una sociedad informada, capaz de comprender y comunicar, de manera accesible para todos, independientemente de la escolaridad, ingresos, cultura, raza, ideología o género, qué acciones debemos adoptar como seres humanos y qué debemos exigir de nuestros líderes electos. Para ello, es crucial no perdernos en la polarización exacerbada por las redes sociales.

El informe de la Encuesta Anual de Percepción de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, que reúne la inteligencia de casi 1500 líderes globales y más de 200 expertos, refleja una visión predominantemente pesimista sobre el futuro inmediato y a largo plazo. En los próximos dos años, el 54 % de los encuestados anticipa una inestabilidad moderada, con riesgo de catástrofes globales, mientras que el 30 % espera condiciones aún más turbulentas. A 10 años, la mayoría prevé un futuro sombrío.

Cuando se les preguntó sobre las crisis globales más probables en 2024, la mayoría destacó el clima extremo con la principal preocupación, seguido por la desinformación y el desorden causado por la Inteligencia Artificial (IA), la polarización social y el alto costo de vida. En un horizonte de dos años, la desinformación asociada a la IA lidera las preocupaciones, mientras que, a largo plazo, los riesgos ambientales son los más críticos, amenazando la propia estabilidad de los sistemas terrestres. 

La interconexión de estos riesgos revela la complejidad de las amenazas a las que nos enfrentamos. A corto plazo, la polarización social se destaca por su centralidad e influencia; a largo plazo, los riesgos ambientales ganan protagonismo. Necesitamos comunicar eficazmente la magnitud del peligro que el cambio climático representa, exacerbado por la polarización social y la desinformación propagada por la IA, colocando en riesgo la supervivencia de la humanidad.

¿Qué acciones podemos adoptar en nuestra vida diaria?

La transformación comienza con la educación para la sostenibilidad, esencial para cambiar el paradigma predominante en la sociedad. Necesitamos replantearnos nuestros hábitos alimentarios, modos de consumo, estilo de vida, formas de transporte, maneras de trabajar y de entretenernos, y nuestra relación con la naturaleza.

La preservación y expansión de los espacios naturales deben ser una prioridad. Además, es crucial estar conscientes de los riesgos en los lugares donde vivimos y trabajamos, dado que los desplazamientos involuntarios de personas serán inevitables.

Por otro lado, debemos reconocer que las poblaciones más vulnerables, muchas veces, ocupan áreas de riesgo en las ciudades y no tienen condiciones para trasladarse a lugares más seguros. Para estas personas, el Estado debe actuar de manera proactiva, ofreciendo soluciones habitacionales seguras y programas sociales que promuevan la emancipación.

¿Y qué debemos exigir a nuestros gobernantes?

En primer lugar, creo que es esencial no elegir a líderes que nieguen el cambio climático. Negar sus efectos devastadores es poner en riesgo la vida de todos nosotros.  El cambio climático es una realidad innegable. Además, debemos exigir a los municipios la implementación de planes de reducción de riesgos, con el objetivo de eliminar las situaciones de peligro existentes. 

En Brasil, casi 2000 municipios tienen poblaciones en áreas de riesgo geotécnico e hidrológico mapeadas. En São Paulo, por ejemplo, cerca de 65.000 viviendas están en riesgo elevado o muy elevado, de las 221.000 situadas en áreas de riesgo en la ciudad. Es urgente que los gobiernos implementen, en paralelo, soluciones habitacionales seguras para las familias que necesitan ser reubicadas.

También necesitamos nuevas soluciones de infraestructuras basadas en la naturaleza, e incentivos para formas de transporte que reduzcan el uso de combustibles fósiles. La plantación masiva de árboles para mitigar el estrés térmico causado por las altas temperaturas es igualmente fundamental. Todas estas soluciones deben estar presentes en los planes de gobierno y en las propuestas en todas las esferas: federal, estadual/provincial y municipal.

Frente a los riesgos, un compromiso con el futuro

Creo en el cambio de conciencia colectiva a través de la unión y movilización de toda la sociedad, utilizando todas las tecnologías y herramientas disponibles para el bien común. Debemos unir esfuerzos, independientemente de ideologías, creencias religiosas o personales, para despertar las conciencias adormecidas o manipuladas y proteger a las futuras generaciones de los problemas aún mayores que están por venir.

En mayo de 2024, fuimos testigos de la catástrofe en Rio Grande do Sul. Muchos de nosotros no creíamos que algo de tal magnitud pudiera suceder tan cerca. Sucedió. Y todavía sufrimos las graves consecuencias. ¿Qué haremos para protegernos de las próximas crisis? Estas son cada vez más frecuentes y devastadoras. ¿Y los incendios forestales? También nos afectan profundamente.

Este es el compromiso por asumir: contribuir a la reducción de las desigualdades sociales y a la promoción de una conciencia ambiental. Me pregunto diariamente qué más puedo hacer, mientras esté aquí en la Tierra, para reavivar la esperanza de que es posible alcanzar un nuevo nivel de conciencia como humanidad. Somos todos uno.

(*) Kátia Mello es ingeniera civil, especialista en urbanismo social. Es copresidente de Diagonal y fue funcionaria en los gobiernos de Pernambuco y Recife, en Brasil. 

Este artículo fue escrito originalmente en portugués y traducido al español por el equipo de +COMUNIDAD.
^{Foto principal: vista aérea de las inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, en mayo de 2024. Fuente: Shutterstock.}

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Por Guilherme Rocha Formicki (*)

Con lluvias cada vez más intensas y olas de calor más frecuentes, el debate sobre la necesidad de transformar nuestras ciudades en lugares más resilientes ante el cambio climático ha ganado fuerza. Otro debate, el de las ciudades sostenibles, es más antiguo y cobra nuevo impulso con los eventos climáticos recientes observados en Brasil, como la ola de calor de fines de 2023 que afectó a más de 2.700 municipios en unos 15 estados y la tormenta del 3 de noviembre de 2023 que golpeó a São Paulo, dejando a miles de hogares sin luz durante días.

Todas estas discusiones tratan sobre la urgencia de alcanzar un nuevo y más sofisticado nivel en nuestras ciudades. Hablamos de inversiones multimillonarias en el soterramiento de cables, discutimos la compra de autobuses eléctricos y abordamos muchas otras medidas necesarias, pero costosas. 

Defiendo que, además de todos estos pasos, debemos centrarnos en garantizar que todos puedan vivir en viviendas ambientalmente cómodas, fuera del riesgo de inundaciones y deslizamientos, y conectadas al saneamiento básico. Las ciudades resilientes y sostenibles son aquellas que, por encima de todo, ofrecen viviendas dignas a todos sus residentes.

Vivienda digna: una puerta a otros derechos

Ciertamente, ofrecer una vivienda digna para todo el mundo es una política pública costosa y compleja. Una tarea casi imposible. Pero debemos empezar por algún lugar. Recordemos que todos necesitan un lugar para vivir. Además, la vivienda abre la puerta a otros derechos. Por ejemplo, tener un código postal permite recibir correspondencia y paquetes. Vivir en una casa con buena ventilación e iluminación natural fomenta el aprendizaje de un niño al hacer sus tareas escolares.

Necesitamos garantizar lo básico. Las ciudades más resilientes y sostenibles deben ofrecer casas y barrios donde se pueda vivir con dignidad. Cuando miramos a los millones de personas que habitan favelas y otros asentamientos precarios en Brasil, notamos que nuestras ciudades no ofrecen este mínimo indispensable.

La experiencia de São Paulo

A principios de los años 2010, la ciudad de São Paulo implementó una política habitacional que intentaba lograr lo esencial. El Programa de Urbanización de Favelas no era una política exclusivamente habitacional. En su ámbito, se incluía el tratamiento de los arroyos que cruzan las favelas, la reubicación de viviendas en áreas de riesgo (con la previsión de relocalización definitiva en la propia comunidad o en sus cercanías) y la instalación de ciclovías donde el espacio físico lo permitía, entre otras acciones que iban más allá de la vivienda estrictamente.

La priorización de las favelas y sus arroyos en función de la subcuenca hidrográfica en la que se encontraban daba también una lógica ambiental a las intervenciones. El reconocimiento de que algunas familias corrían riesgos inminentes de que sus casas fueran arrasadas por inundaciones o afectadas por deslizamientos llevó a la priorización de esas familias en la asignación de una nueva vivienda. 

La consolidación de las demás casas (mejorando los callejones adyacentes, instalando postes de luz en las calles, etc.) partía del supuesto de que no había recursos suficientes para construir nuevas viviendas para todos los residentes (que, a menudo, no tenían interés en mudarse a conjuntos habitacionales lejos de su comunidad original). Entonces, se buscaba mejorar sus condiciones habitacionales.

Lecciones de un programa imperfecto pero necesario

Es claro que podría haber sido mejor. Faltó que el gobierno incentivara las reformas de las casas en áreas consolidadas, la llamada mejora habitacional. Faltó evitar que las orillas de los arroyos fueran reocupadas por las familias más vulnerables. Y faltó proporcionar viviendas a todas las personas desplazadas, muchas de las cuales llevan años en alquiler social.

Pero el Programa de Urbanización fue al menos un intento de ofrecer lo básico a decenas de miles de familias. Y de hacer que sus comunidades fueran más habitables, más resilientes a las lluvias y más saludables desde el punto de vista del saneamiento.

Hoy en día, se habla mucho de los programas ‘Minha Casa, Minha Vida‘ y ‘Pode Entrar‘. Es claro que deben implementarse. Pero deben integrarse en planes intersectoriales para mitigar los efectos del cambio climático. Deben precisar que nuestras ciudades contaminen menos. Y, antes que nada, necesitan garantizar lo básico.

(*) Guilherme Rocha Formicki es doctorando en Planificación Urbana y Regional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAU USP) e investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Arquitecto y urbanista, también formado en la FAU USP, cursó una maestría en Planificación Urbana en la Universidad de Columbia. Allí, recibió el premio Charles Abrams por su tesis, que mostró un mayor compromiso con la justicia social. Guilherme trabajó en la Secretaría Municipal de Vivienda de São Paulo entre 2014 y 2016, participando en la urbanización de siete favelas en las zonas sur y oeste de la ciudad.

El artículo fue publicado originalmente en portugués en NexoJornal. Guilherme Rocha Formicki autorizó a +COMUNIDAD su traducción y publicación. 

^{Imagen principal ilustrativa: Freepik.}

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