Por Javier E. Varani,

Gerente de Relaciones Institucionales del Banco Hipotecario (*)

El proceso de urbanización operado en todo el planeta es ya una realidad irreversible y consolidada. Más de la mitad (55%) de la población mundial vive en ciudades, y se estima que dentro de 25 años ese porcentaje ascenderá al 70%.

En Latinoamérica ya hemos alcanzado esa marca, gracias a un proceso que no siempre ha sido virtuoso, ni mucho menos planificado. Por su importantísimo impacto en la vida cotidiana (nuestro hábitat son las ciudades, nos guste o no) no es extraño comprobar que en las últimas décadas, desde diversas disciplinas, se estudie este fenómeno en sus causas y en sus consecuencias.

Habitar y gobernar las ciudades abarca la totalidad del obrar humano: el abastecimiento, la pobreza, la seguridad, el tránsito, la planificación urbana, el medio ambiente, son sólo algunos de los desafíos de nuestras comunidades. Siempre es útil, por lo tanto, detectar y conocer experiencias exitosas en ciudades vecinas, o de otros países, entender cómo se gestionan problemas y tareas que, en el fondo, son comunes a todas las ciudades.

Aunque a la hora de trasladar experiencias, cada comunidad deberá adaptar lo aprendido a su propia realidad, a su propia cultura. No se trata de copiar. Sí de inspirar.

Las experiencias de Bogotá y Medellín

Dos ciudades colombianas se destacan en Latinoamérica como ejemplos de gestión local: Bogotá y Medellín han llevado adelante procesos similares de mejora de la vida ciudadana en las últimas dos décadas.

Hay mucho para señalar al respecto, pero vale destacar tres conceptos que ambas ciudades aplicaron exitosamente y que pueden ser replicados, al modo de cada ciudad, en nuestro país. Todos apuntan a un principio rector: la integración. Todos somos parte de la misma ciudad.

1. Priorizar las áreas más desprotegidas

El trabajo de las autoridades municipales debe focalizarse en los más vulnerables, los más desprotegidos. Si la idea es gobernar a todos, está claro que el mayor esfuerzo debe hacerse en los que aún no acceden al nivel de vida promedio.

Si lo hacemos bien, el progreso será continuo para la mayoría de los vecinos de nuestra ciudad.

Priorizar estas poblaciones significa no sólo dotar de presupuestos a los barrios marginados, sino también de los mejores profesionales, los mejores servicios (educación, salud, cultura, etc.).

Los casos de Ciudad Bolívar, en Bogotá; o Comuna 13, en Medellín, son emblemáticos al respecto.

Tendemos a calificar a las ciudades por sus logros, aunque éstos no lleguen a todos; deberíamos aplicar, en verdad, el popular axioma: “una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”.

2. Seguridad vs. Inseguridad

Junto a la pobreza, es uno de los grandes desafíos de las urbanizaciones.

Medellín fue la ciudad con más muertes violentas en el mundo. En 1991, llegó a la escalofriante cifra de 382 cada 100000 habitantes (Rosario, en su peor momento, tuvo 23).

El remedio tradicional al flagelo de la inseguridad es más seguridad, más equipamiento, más personal policial, más control.

Sin descartar estas herramientas, que Medellín usó en abundancia, me impactó el concepto (y los resultados de su aplicación) al que se abrazaron las autoridades medellinenses: “lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia”.

Y volcaron ingentes recursos, humanos, organizacionales y económicos, a la integración social, el deporte y la cultura comunitarios.

En el año 2024, la tasa de homicidios descendió a 11,3 casos cada 100000 habitantes.

3. Transporte urbano

No hay verdadera integración sin un transporte urbano de calidad que vincule a cada uno de los barrios con el resto de la ciudad.

Ambas ciudades colombianas crearon sistemas de transporte público integrado con recorridos que cruzan a todo el ejido urbano, conectando los vecindarios centrales con los periféricos, las zonas acomodadas con las vulnerables, a través de diversos sistemas de transporte, principalmente buses y telesféricos.

Estos últimos resultan imprescindibles para las barriadas populares asentadas en cerros y zonas de altura.

Un desafío en común: encontrar el “equilibrio”

En definitiva, se trata de integrar a toda una ciudad.

En general, desde el poder, se ve la integración de un modo radial, como una rueda de bicicleta, con sus rayos desplegados desde un centro proveedor.

En verdad, una comunidad es un tejido, donde todas las partes se conectan entre sí, se relacionan, y también se proveen, logrando de ese modo una reducción permanente de la brecha entre desiguales, buscando equilibrios que, en cada etapa, sean superiores al anterior.

(*) Esta columna fue publicada originalmente el 29 de mayo de 2026 en Infoban, un medio de comunicación digital bonaerense. Javier Varani,  quien fue invitado por la Red de Innovación Local (RIL), a visitar las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín en el marco de una visita de capacitación para autoridades municipales de Argentina y Latinoamérica, autorizó a +COMUNIDAD su republicación

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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En 2022, la zona central de Chile enfrentaba una de sus mayores crisis hídricas tras 14 años de sequía consecutiva. En la comuna de Vitacura, perteneciente a la Región Metropolitana de Santiago, el desabastecimiento estuvo a pocas semanas de traducirse en cortes programados de agua potable para la población. Datos técnicos revelaron que el 71% del consumo de agua potable de la localidad provenía del sector residencial, impulsado por el riego de grandes extensiones de césped.

Esta problemática hídrica coincidía con una pérdida progresiva de biodiversidad urbana y la degradación de hábitats naturales, lo que redujo de forma drástica la presencia de fauna y flora nativa en la localidad. Al detectar que los jardines, patios y balcones privados representaban una superficie muy significativa del territorio, la gestión local identificó la necesidad urgente de transformar estos espacios en aliados de la sostenibilidad, modificando las pautas tradicionales de manejo de la vegetación.

Frente a este escenario, en 2021 se lanzó el programa piloto “Certificación de Jardines por la Biodiversidad”, una iniciativa pionera en el país enmarcada en la estrategia Mi Jardín Sustentable. El proyecto busca transicionar hacia una estética de bajo consumo hídrico mediante un sistema integral de auditorías residenciales, capacitación ciudadana y patrones de manejo respaldados por evidencia científica para convertir los entornos privados en refugios ecológicos.

Mi Jardín Sustentable, una metodología con base científica y comunitaria

El programa se articula de manera directa con el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Vitacura, un territorio de 28,9 kilómetros cuadrados y 97.000 habitantes. “Al detectar que más del 70% del consumo de agua potable de la comuna provenía del sector residencial, entendimos que el cambio debía ser no solo en las áreas verdes municipales, sino también dentro de los hogares”, explica a +COMUNIDAD Daniela Casanello, asesora de Áreas Verdes y Sustentabilidad de la Municipalidad de Vitacura.

El diseño del programa requirió traducir el conocimiento académico y botánico complejo en herramientas sencillas, lúdicas y accesibles para la ciudadanía. Para lograrlo, la Municipalidad consolidó una alianza estratégica con el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y el Jardín Botánico Chagual. Según detalla Casanello, el proceso “fue un esfuerzo conjunto con la academia, con quienes codiseñamos una certificación de jardines utilizando a la Municipalidad como piloto”.

La convocatoria se abrió de forma inclusiva para los vecinos y vecinas de la comuna, abarcando tanto a propietarios como a arrendatarios. Además, la plataforma extendió su alcance territorial al permitir que personas residentes fuera de Vitacura accedan libremente a los recursos educativos, cursos y manuales formativos dispuestos de forma virtual en la página web municipal.

El sistema de certificación residencial se organiza de manera secuencial a través de las siguientes tres etapas:

• Inscripción: vecinos se suman voluntariamente al programa y acceden a talleres prácticos, cursos específicos y material educativo diseñado por los expertos.

• Autoevaluación: inscriptos miden las prácticas de manejo existentes en sus hogares mediante una plataforma digital simple. Si alcanzan un puntaje mínimo estipulado, quedan habilitados para solicitar una visita técnica presencial.

• Seguimiento: personal técnico del municipio realiza inspecciones posteriores en el terreno para evaluar los avances y, cuando corresponde, otorgar una certificación de rango superior.

Evidencia y resultados medibles en el territorio

La combinación entre la regulación del espacio público y la apertura del programa residencial generó resultados cuantitativos verificables. En el sector privado, la asesora señala que “esta articulación entre academia, municipio y vecinos nos permite contar hoy con casi 58 hogares certificados”. Todos completaron el proceso oficial dentro de la comuna en sus tres niveles de avance: semilla, árbol y ecosistema.

Los efectos visibles en el entorno urbano validan el desempeño de la solución:

• Intervención integral de 256.000 metros cuadrados de superficies y áreas verdes públicas.
• Consolidación de más de 43.000 metros cuadrados de jardines biodiversos.
• Plantación de 4.400 árboles en calles y avenidas, complementados con la introducción de 194.000 arbustos y herbáceas nativas.
• Reducción comprobada de aproximadamente un 45% en el consumo de agua en la totalidad de las áreas verdes públicas intervenidas.

Además, Casanello señala que el monitoreo ecológico desarrollado durante los últimos dos años corrobora un incremento significativo de polinizadores e insectos benéficos en los corredores intervenidos. Este aumento es relevante porque estas especies funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas. Su presencia sugiere que los jardines ofrecen alimento y refugio para distintas variedades, lo que contribuye a recuperar la biodiversidad urbana. Al mismo tiempo, los polinizadores cumplen un rol clave en la reproducción de las plantas y ayudan a sostener el equilibrio ecológico local. 

En paralelo, los especialistas analizan las islas de calor urbano para establecer cómo la reconversión paisajística mitiga las temperaturas extremas sobre el suelo pavimentado. Esta red de corredores biológicos urbanos, que ya lleva cinco años construyéndose, posicionó a la comuna como finalista en los premios internacionales AIPH World Green City Awards 2026.

Desafíos y aprendizajes de Mi Jardín Sustentable

El obstáculo principal radica en la velocidad del cambio de paradigma cultural. Daniela Casanello explica que el mayor desafío ha sido enfrentar esa transformación en la comunidad, “lo cual requiere procesos de adopción que suelen ser lentos”. En la localidad, modificar hábitos arraigados requirió de procesos formativos continuos frente a la histórica preferencia por el césped tradicional de alto consumo.

Por otra parte, el aumento demográfico continuo dentro de los 28,9 kilómetros cuadrados de la comuna presiona constantemente los indicadores de espacio verde por habitante. Manuela Iglesias, encargada de Áreas Naturales y Biodiversidad, advierte que esta población en constante aumento desafía directamente los indicadores locales, obligando a una permanente optimización de los recursos hídricos y del suelo urbano disponible para mantener los parámetros de bienestar ambiental recomendados de nueve metros cuadrados por habitante.

Respecto a los aprendizajes, Casanello refuerza la idea del liderazgo institucional: “Nuestra principal estrategia fue liderar con el ejemplo a través del espacio público. El hecho de que las áreas verdes municipales ya hubiesen comenzado su transformación bajo estos mismos lineamientos sustentables fue clave”. Al ver los resultados reales y atractivos en sus propias plazas y parques, los vecinos comenzaron a comprender el valor de la propuesta y replicar estas prácticas en los jardines de sus casas. 

Condiciones para replicar experiencias como Mi Jardín Sustentable

Casanello enfatiza la relevancia del ordenamiento institucional: “Para cualquier municipio de América Latina que busque replicar este modelo, el componente mínimo viable no es un programa aislado, sino la planificación estratégica. El primer paso fundamental es crear una hoja de ruta técnica e institucional; en nuestro caso, el Plan de Infraestructura Verde actúa como el gran paraguas normativo”.

Disponer de este marco institucional consolidado ha garantizado a Vitacura que las metas socioambientales trasciendan los cambios de gestión política y se articulen de manera directa con el presupuesto municipal. Asimismo, la inserción en redes internacionales como ICLEI y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía facilita el intercambio de conocimientos y fortalece las capacidades técnicas locales para sostener la infraestructura ecológica urbana.

El reconocimiento internacional de Vitacura pone de manifiesto que la mitigación del cambio climático en las ciudades requiere un cambio metodológico profundo. Modificar la fisonomía urbana no depende exclusivamente de las grandes obras de infraestructura pública, sino de la capacidad institucional para involucrar a la ciudadanía en la gestión de sus propios entornos. 

Al transformar los patios privados en nodos de biodiversidad, los gobiernos locales pueden descentralizar la resiliencia hídrica y construir comunidades preparadas para los desafíos ambientales del futuro.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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Por María Eugenia Cavagliato,

Lic. en Comunicación Social 

La Patagonia enfrenta una de las tasas más altas de desertificación del país. El avance del sobrepastoreo, la pérdida de cobertura vegetal, los incendios forestales y la presión sobre especies emblemáticas como el huemul y el choique han puesto en riesgo ecosistemas completos. En varias zonas del sur, menos del 10% del territorio cuenta con protección efectiva, lo que deja enormes extensiones expuestas a un deterioro acelerado.

En este contexto, la creación de la Reserva Natural Patagonia Azul, que resguarda más de 295.000 hectáreas de ambientes terrestres y marinos, aparece como una respuesta concreta para revertir ese proceso. El proyecto, impulsado por organizaciones conservacionistas y los gobiernos provincial y nacional, combina modelos de donación de tierras, planificación científica y presencia estatal en zonas donde antes no existía control.

^{Imagen: Bichos de Campo.}

La propuesta de restauración ambiental de Patagonia Azul

La nueva área protegida integra estepas, acantilados, humedales y sectores costeros que funcionan como corredores biológicos clave para aves marinas, mamíferos y especies en peligro de extinción. Allí conviven colonias de cormoranes, guanacos, cóndores, elefantes marinos y una biodiversidad que hasta ahora permanecía dispersa y vulnerable.

Aunque la iniciativa es reciente, ya muestra indicadores de impacto. Guardaparques reportan el retorno de guanacos y cóndores en sectores donde hace años no se registraban avistajes, y equipos científicos comenzaron los primeros monitoreos de flora nativa y restauración de suelos. En experiencias previas desarrolladas en predios cercanos, modelos de manejo similares permitieron aumentar la cobertura vegetal entre 15% y 30% en cinco años, un dato que el equipo toma como referencia para evaluar el potencial de recuperación del área.

La reserva también habilitó el ingreso de investigadores y organizaciones locales para estudiar ciclos de reproducción de aves y realizar catastros de flora. “El simple hecho de tener presencia territorial ya cambia la dinámica de conservación”, señalan desde el cuerpo de guardaparques, que hasta ahora no contaba con infraestructura ni bases operativas en la zona.

^{Imagen: Bichos de Campo.}

Desafíos, aprendizajes y próximos pasos a seguir

El proyecto enfrenta, sin embargo, desafíos importantes: asegurar financiamiento estable para vigilancia y mantenimiento, fortalecer la capacitación local en manejo ambiental y mejorar los accesos a un territorio de difícil movilidad. Los impulsores coinciden en que la sostenibilidad a largo plazo dependerá de integrar a las comunidades cercanas, promover turismo responsable y ampliar gradualmente las áreas bajo protección para conformar un corredor ecológico regional.

La experiencia deja varios aprendizajes: que la colaboración entre el sector público y organizaciones ambientales permite avanzar más rápido en la creación de áreas protegidas; que la planificación basada en evidencia científica reduce riesgos y costos; y que la protección de grandes extensiones no solo conserva biodiversidad, sino que crea oportunidades de desarrollo sostenible para la región.

Mientras se proyectan los próximos pasos —más senderos, nuevos puntos de monitoreo, incorporación de guardaparques y acuerdos para sumar territorios colindantes—, Patagonia Azul ya representa una de las iniciativas ambientales más ambiciosas de los últimos años en Argentina, y un caso testigo sobre cómo las políticas de conservación pueden convertirse en una herramienta eficaz frente a la degradación ambiental.

Este artículo se publica en el marco de la participación de la autora en el Programa Periodismo de Ciudades 2025, una iniciativa de la Red de Innovación Local (RIL) y +COMUNIDAD que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de comunicación constructiva de periodistas y comunicadores locales en América Latina. Las opiniones, interpretaciones y datos presentados en el artículo son responsabilidad exclusiva de su autora y no representan necesariamente la posición institucional de +COMUNIDAD ni de RIL. 

Imagen principal: Lautaro March para El País

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América Latina concentra el 8,8% de la población mundial y el 6,6% del producto bruto global, pero recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en inteligencia artificial, según la CEPAL. El dato resume una paradoja: mientras la región debate el futuro de la IA, la mayoría de sus gobiernos locales ━los más cercanos a la vida cotidiana de las personas━ avanza sin acceso a experiencias comparables, con equipos técnicos reducidos y sin un vínculo directo con quienes desarrollan tecnología.

La brecha no está solamente en la inversión. En Brasil, el ecosistema GovTech más maduro de la región, el 76% de las startups dice querer trabajar con el sector público, pero apenas el 1,2% lo logra, según la Asociación Brasileña de Startups. “¿Por qué? A veces hay desconfianza con el Estado por la forma de trabajo, porque es más lento, más difícil”, explica Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. El resultado es predecible: una ciudad encuentra una solución que funciona; otra, a 200 kilómetros, enfrenta el mismo problema y no se entera.

De Stanford a las primeras diez ciudades argentinas

Para algunas ciudades argentinas, esa realidad tuvo un quiebre luego de un viaje a la Universidad de Stanford organizado por Bloomberg Philanthropies, donde un grupo de intendentes conoció la GovAI Coalition de San José, California. Inspirados por ese modelo de cooperación, adoptaron su premisa: enfrentar desafíos locales comunes mediante respuestas colectivas.

“El tema más destacado de las capacitaciones fue el impacto de la IA y cómo los intendentes podemos imponer esa agenda. Volví con esa idea y decidí que había que volcarlo sobre cosas concretas”, señaló Diego Valenzuela, entonces intendente de Tres de Febrero y uno de los principales impulsores de lo que surgiría poco tiempo después. 

En noviembre de 2024, diez ciudades ━Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén, Pilar, Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de Tucumán y Tres de Febrero━ crearon la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR). La Red de Innovación Local (RIL) fue convocada para coordinar y facilitar el proceso.

Para los intendentes fundadores, la decisión respondía a urgencias concretas de gestión. En Córdoba, el intendente Daniel Passerini planteó la adopción de IA como una necesidad para abordar los desafíos de la ciudad, con foco en inclusión y sostenibilidad. En Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk puso el acento en el desafío ético y social que implica construir una ciudadanía preparada para convivir y producir en un entorno digital. Y así se multiplican los casos. 

Los desafíos que enfrentaban eran institucionales, regulatorios y culturales antes que tecnológicos. Las ciudades carecían de marcos normativos para adoptar IA con criterios éticos y de transparencia. Los sistemas de compra pública no estaban diseñados para contratar startups o innovación de manera ágil. Los datos municipales se encontraban dispersos en diferentes áreas, en formatos no estandarizados. Los equipos técnicos no contaban con perfiles especializados en ciencia de datos y los presupuestos limitaban la posibilidad de competir con los salarios del sector privado. 

Y a eso se sumaba una dificultad transversal: identificar en qué áreas de la gestión la IA podía aportar valor real y no convertirse en una implementación impulsada por la novedad.

Experimentar, formar, regular

El trabajo de la coalición se estructuró en tres líneas. La primera fue la experimentación: vincular gobiernos con soluciones tecnológicas en contextos reales. Una vez consolidada la red, las ciudades abrieron el juego a empresas tecnológicas, startups, organizaciones y universidades, que encontraron un canal directo para presentar y testear soluciones.

La segunda fue la formación. Un ciclo de capacitaciones desarrollado junto a la Liga de la Inteligencia Artificial por el Bien alcanzó a más de 500 agentes públicos en todo el país.

La tercera fue la regulación. Equipos legales de Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén y Rosario trabajaron en conjunto para desarrollar marcos normativos que acompañen la adopción de IA, con al menos cinco ordenanzas en proceso o en implementación.

De forma paralela, los municipios priorizaron áreas comunes ━atención ciudadana, movilidad, seguridad y salud━ y avanzaron en procesos de experimentación conjunta. En algunos casos, esas conexiones se tradujeron en implementaciones concretas. 

En Tres de Febrero, la IA se incorporó a la gestión de expedientes para reducir tiempos administrativos. Escobar formó un asistente virtual llamado Flora amplió la capacidad de atención ciudadana. En Pilar, el análisis de más de 1,5 millones de turnos permitió anticipar ausencias en el sistema de salud. Mendoza creó un comité municipal de inteligencia artificial permitió integrar la tecnología en la toma de decisiones.

“La mejor ciudad no será la que tenga más tecnología, sino aquella donde la gente elija vivir, trabajar y envejecer. Esa frase resume la filosofía que guía la transformación digital mendocina: la tecnología como medio, nunca como fin”, reflexiona Ulpiano Suárez, intendente de Mendoza.

Durante 2025 se desarrollaron 17 proyectos en distintas ciudades. Cada experiencia fue diferente, pero todas compartieron un mismo punto de partida: construir sobre aprendizajes colectivos en lugar de empezar desde cero.

GovTech Connect: cerrar la brecha entre startups y gobiernos

En diciembre de 2025, RIL y el BID Lab lanzaron GovTech Connect en el marco del GET Forum. El programa parte de un diagnóstico concreto: la oferta tecnológica existe en la región, pero no se conecta con la demanda de los municipios.

“Lo que busca nuestro programa es trabajar con las startups, acompañarlas. Vamos a tener un proceso de acompañamiento y aceleración que espera trabajar con al menos 100 startups de la región para explicarles cómo ocurren las compras públicas, qué necesitan las ciudades, cómo trabajar con ellas y cómo pilotear con ellas”, describe Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. 

El programa posee un horizonte de 36 meses y opera en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con asistencia técnica de Gobe Ventures. Se organiza en tres componentes: aceleradoras nacionales para startups GovTech (oferta), las ciudades de CIIAR como demanda, y un eje transversal de bienes públicos digitales de código abierto.

A la fecha, los resultados son tangibles. Cuatro aceleradoras nacionales están en funcionamiento: Universidad Austral en Argentina, Impact Hub en Brasil, Start-Up Chile/CORFO en Chile y ANII en Uruguay.

“Estamos convencidos de que la transformación digital del Estado no empieza con tecnología: empieza con colaboración. GovTech Connect es el puente que convierte ese potencial en mejores servicios, mejores políticas y mejores oportunidades”, señaló Javier Madariaga, especialista senior del BID Lab, en el lanzamiento del programa.

A la convocatoria regional se postularon 365 startups, de las cuales 44 fueron seleccionadas para participar en los Demo Days. Se realizaron 13 de esos encuentros en los cuatro países: jornadas donde las startups presentaron sus soluciones directamente a tomadores de decisión municipales frente a desafíos previamente priorizados por las propias ciudades. En Argentina, por ejemplo, más de 40 funcionarios de 12 ciudades evaluaron propuestas en dos ejes: atención ciudadana e infraestructura urbana.

CIIAR: por qué importa la gobernanza

Para Luciano Crisafulli, director de CIIAR, estos espacios son parte de un mecanismo más amplio. Según su experiencia, la colaboración entre ciudades puede ser tan importante como los pilotos para reducir el riesgo de adopción tecnológica. Cuando los gobiernos comparten información sobre proveedores, resultados y procesos de contratación, se reduce la asimetría de información con el sector privado. En la práctica, eso permitió que algunas ciudades avanzaran directamente hacia la contratación de soluciones ya validadas por otros municipios de la coalición.

“El verdadero desafío para la adopción de IA en gobiernos locales no está en la tecnología, sino en la gobernanza: priorización política, capacidades institucionales, marcos regulatorios eficientes y articulación real con el ecosistema GovTech”, sostiene Crisafulli.

Natalie González subraya que estos espacios de conexión directa son centrales: “Pasa mucho que los intendentes, alcaldes, cuando ven que otro lo hizo, se atreven ellos. Entonces, si logramos mostrar diez ejemplos buenos de la región, un alcalde dice: si ellos pudieron, yo también”.

De 10 a 58 ciudades: una iniciativa que cruzó fronteras

La experiencia de la coalición traspasó las fronteras argentinas. En los primeros meses de 2026 se sumaron nuevas ciudades en Brasil, Chile y Uruguay, ampliando la red y la base de experiencias disponibles. Hoy 58 ciudades forman parte de este proceso: 22 en Argentina, 13 en Chile, 10 en Brasil y 13 en Uruguay.

En el plano regulatorio, González señala que la región avanza en la creación de marcos legales de compras públicas innovadoras, aunque la implementación aún es incipiente. “En Chile lleva más de un año la ley aprobada, pero todavía no sale ninguna compra innovadora porque hay reticencia. Por eso estos encuentros son tan importantes y por eso estas coaliciones son tan importantes”, afirma.

GovTech Connect aspira en los próximos tres años a promover pilotos de alto impacto en los cuatro países. A la vez, sentar las bases de nuevas capacidades institucionales para la adopción de soluciones digitales en la gestión pública.

Conecta IA: la próxima cita

El viernes 5 de junio de 2026, Buenos Aires será la sede de Conecta IA. Se trata de un foro internacional organizado por RIL y BID Lab que reunirá a equipos de las 58 ciudades, startups GovTech seleccionadas y referentes internacionales. Entre ellos, Mariana Mazzucato (UCL), Idoia Ortiz de Artiñano Goñi (Gobe Ventures), Javier Madariaga (BID Lab) y Delfina Irazusta (RIL).

El objetivo del encuentro es convertir las conexiones de la red en proyectos concretos. Que las ciudades abran conversaciones con startups y con pares, y que esas conversaciones se transformen en iniciativas implementables en los próximos 12 meses.

En poco más de un año, lo que eran esfuerzos aislados se transformó en una forma de trabajo compartida. La inteligencia artificial dejó de ser un tema exploratorio para empezar a integrarse en la gestión cotidiana. La experiencia de CIIAR busca demostrar que la clave, además de tecnológica, depende de la capacidad de construir espacios donde el conocimiento circule, las experiencias se compartan y las decisiones se tomen de manera colectiva.

“Creemos profundamente en el poder de las ciudades para liderar procesos de cambio. Nuestro trabajo diario con los municipios nos demuestra que no hay mejor lugar para la experimentación que las propias ciudades”, reflexiona Delfina Irazusta, directora ejecutiva de RIL Global.

RIL es facilitadora y coordinadora de CIIAR, y co-organizadora de GovTech Connect y del foro Conecta IA junto al BID Lab. 

Redacción +COMUNIDAD

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Existe una versión en portugués de este artículo aquí. 

En agosto de 2024, +COMUNIDAD publicó por primera vez un especial sobre sandboxes regulatorios: esos entornos donde un gobierno permite probar, durante un tiempo y bajo supervisión, innovaciones que ninguna norma todavía contempla. Entre los casos destacados estaba el de Río de Janeiro, la primera capital brasileña en montar uno a escala municipal.

En aquel momento, el Sandbox.Rio era sobre todo una promesa con buenos primeros resultados. Su equipo nos contaba que la ciudad ya alojaba estaciones de recarga para autos eléctricos, robots de entrega circulando por las veredas, drones repartiendo bebidas y hasta los primeros pasos de un auto volador. Todo eso ocurría sin que la ciudad hubiera tenido que reescribir su normativa de antemano.

Casi dos años después, volvimos a tocar la puerta. La pregunta principal era qué había pasado con todo aquello: ¿quedó en experimento o se transformó en algo más? Y, sobre todo, una pregunta que ordena esta edición del Boletín Ideas & Inspiración: ¿cómo se traduce un “laboratorio regulatorio” en desarrollo económico concreto para una ciudad?

Las respuestas las dio, como aquella vez, Carina de Castro Quirino. Es la subsecretaria de Regulación y Ambiente de Negocios de la Prefeitura de Río (SUBRAN), cuya área conduce el programa. Y dejan ver un cambio de etapa: el sandbox dejó de ser una vitrina de pilotos para empezar a producir lo que más le cuesta generar a cualquier gobierno frente a la innovación: normas con base en evidencia.

Una caja de arena, para quien llega por primera vez

La metáfora que le da nombre viene del mundo del software. Cuando una persona dedicada a la programación quiere probar un código nuevo, no lo libera directo al sistema: lo corre en un entorno aislado, una “caja de arena”, donde puede fallar sin contaminar al resto. En 2015, reguladores financieros del Reino Unido tomaron prestada la idea para dejar que las fintech probaran sus productos en un espacio acotado, sin exigirles de entrada todas las reglas pensadas para los bancos.

Un sandbox regulatorio es eso: un permiso acotado en el tiempo, en el territorio y en su alcance, para probar algo nuevo en la vida real. No suspende los controles de seguridad ni las protecciones al ciudadano. Suspende, de forma temporal, normas menores que bloquean una innovación que todavía nadie reguló. Lo que cambió Río fue la escala. Una cosa es un sandbox financiero, con dos reguladores y un puñado de empresas. Otra muy distinta es una ciudad entera, con calles, vecinos, tránsito y comercios.

Río creó su programa en 2022 mediante el Decreto Municipal 50.697. Cualquier empresa, startup o instituto de investigación puede presentar un proyecto. Si la innovación no encaja en la normativa vigente, el municipio la evalúa y, si tiene mérito, le otorga una autorización temporal para operar con usuarios reales y bajo monitoreo. Al cerrar el ciclo, la Prefeitura produce un informe técnico. Y ahí empieza lo interesante.

Del experimento a la norma: el caso de los patinetes

Si hay un aprendizaje que el equipo de Quirino rescata de estos casi cuatro años es que “una regulación eficaz necesita evidencia, no anticipación”. 

La subsecretaria lo plantea como una inversión de la lógica habitual del Estado. “El poder público suele regular nuevas tecnologías a partir de proyecciones y suposiciones”, explica. El sandbox propone el camino opuesto: primero se prueba en escala real, después se regula a partir de los datos.

El caso que mejor completa esa trayectoria es el del Proyecto Patinete Rio, de la empresa Whoosh. Durante 19 meses de operación experimental, la Prefeitura midió de forma continua patrones de uso, perfil de usuarios e impactos en la movilidad y el ambiente. Al cerrar el ciclo, los números eran contundentes: 2,9 millones de viajes, 972.000 usuarios activos y unos 230 empleos directos e indirectos generados.

Ese volumen de datos resultó decisivo para dos movimientos que tuvieron que ocurrir en paralelo. Por un lado, la articulación con las áreas municipales, que pasaron a conocer los riesgos reales —y no hipotéticos— de los patinetes en el espacio urbano. Por el otro, el respaldo político para avanzar hacia una regulación permanente. El resultado fue el Decreto Municipal 57.657, del 9 de marzo de 2026, que regula de forma definitiva los patinetes eléctricos compartidos en la ciudad, tras un proceso que incluyó consulta pública, informes de monitoreo y diálogo con los organismos involucrados.

La lección que deja Quirino es directa: sin el sandbox, el debate regulatorio se habría trabado en intuiciones y en comparaciones con otras ciudades, sin práctica propia. Con él, se discutió sobre evidencia recogida en un entorno controlado. “Datos que no dejaban margen para cuestionar la relevancia del servicio para la ciudad”, resume.

Qué se regula y qué no: el mecanismo detrás

El caso de los patinetes es el producto de un método. Al final de cada ciclo, de unos doce meses, el Sandbox.Rio produce un informe técnico consolidado que orienta la decisión entre tres caminos posibles: regulación definitiva, continuidad experimental o cierre ordenado del proyecto.

Los patinetes ya recorrieron ese camino completo. Otros están en pleno trayecto. El más avanzado es el Eletroposto Carioca, la primera estación de recarga de vehículos eléctricos del país, inaugurada en febrero de 2025 en Barra da Tijuca. En su primer año registró 21.179 sesiones de recarga, consumió 522.373 kWh y evitó 406 toneladas de dióxido de carbono.

Esos datos, según la Prefeitura, ya están orientando una decisión de política pública más amplia. Río es la tercera ciudad de Brasil en cantidad de vehículos eléctricos patentados, y la demanda crece más rápido que la oferta de infraestructura: la flota electrificada brasileña aumentó 28% solo en el primer semestre de 2025, y las ventas crecieron 65,5% en los dos primeros meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. El país tenía unas 21.000 estaciones de recarga en febrero de 2026, pero los conductores siguen señalando la falta de infraestructura como el principal cuello de botella de la electromovilidad.

Por eso la ciudad avanza en el diseño de un Plan Municipal de Electromovilidad, que prevé sumar 15 nuevas estaciones públicas de recarga hasta 2028. El sandbox fue el instrumento que permitió acumular datos reales sobre demanda, perfiles de uso, localización estratégica y viabilidad económica. Datos que ahora sostienen ese plan. En palabras de Quirino, “el programa no existe solo para liberar innovación, sino para producir el conocimiento que permite al Estado actuar con precisión”. 

^{Bicicleta acuática recolectora de residuos en la Laguna Rodrigo de Freitas. Imagen: Proyectdo Biclean.}

La innovación también para las periferias

En todo el camino hubo, sin embargo, un punto sensible que el propio equipo detectó. Los dos primeros ciclos habían dado resultados sólidos, pero concentrados en zonas con mejor acceso a infraestructura urbana: la Zona Sur y Barra da Tijuca. La innovación llegaba donde ya existía en cierto modo, no donde más falta hacía.

El tercer ciclo, lanzado en agosto de 2025, buscó corregir ese sesgo. Por primera vez, los proyectos orientados a comunidades cariocas y a áreas fuera de ese eje reciben hasta diez puntos adicionales en la selección. El cambio se notó: 58 proyectos inscriptos, según la Prefeitura, un récord para un sandbox municipal en Brasil, con participación inédita de iniciativas pensadas para territorios periféricos y un jurado integrado por instituciones como la Firjan y la UFRJ.

Entre los diez proyectos del ciclo, dos muestran con claridad ese giro. Uno es Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. El otro, de mayor alcance social, es un CEP Digital —un sistema de direcciones digitales— para las comunidades de Mangueira y Caju, desarrollado por la logtech de impacto social naPorta junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría Municipal de Salud.

La idea es sencilla, pero no por eso  menos potente. En territorios donde el sistema postal tradicional no funciona, se crean direcciones digitales precisas para cada vivienda. Eso permite, por ejemplo, que los agentes comunitarios de salud localicen a los vecinos con exactitud, mejora el seguimiento de pacientes, la cobertura de vacunación y la eficacia de los programas de atención primaria.

La tecnología de direcciones digitales ya venía aplicándose en favelas cariocas desde fines de 2024; lo que aporta el sandbox es articularla con los servicios públicos de salud del municipio. Es el tipo de resultado, señala Quirino, que convierte al programa en un instrumento de reducción de desigualdad urbana, y no solo de fomento al emprendimiento. 

^{Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. Imagen: 10viajes.com} 

Límites y diálogo con otros niveles del Estado

La experiencia carioca también deja ver dónde están las tensiones. Un sandbox municipal solamente puede mover normas municipales, y los límites aparecen cuando una innovación toca competencias de otros niveles del Estado. El propio equipo lo reconoce: puede dialogar con reguladores federales, como la agencia de aviación que interviene en el caso de los drones o los eVTOL, pero no modificar sus reglas.

Ese roce de competencias se hizo visible en abril de 2026, cuando la Prefeitura publicó un decreto más amplio —distinto del de los patinetes compartidos— para ordenar la circulación de toda la micromovilidad eléctrica en la ciudad. El Ministerio Público del Estado de Río cuestionó parte de esa norma y pidió su suspensión, al considerar que el municipio no puede modificar clasificaciones de vehículos ya definidas por la legislación federal de tránsito. 

El decreto afectado, el número 57.823, no tiene relación con el programa Sanbox.Rio (el de los patinetes compartidos es el número 57.657 y se encuentra vigente). El episodio, todavía abierto, ilustra un aprendizaje que excede a Río: experimentar en el ámbito local es posible y fértil, pero llevar esos aprendizajes a una regulación duradera exige coordinar con los demás niveles del Estado.

Qué puede aprender otra ciudad de la región

Para los gobiernos locales que leen este Boletín, la pregunta práctica es si todo esto se puede replicar. La recomendación de Quirino es no esperar a tener el modelo perfecto. “El mayor error que puede cometer una ciudad es creer que necesita regular el futuro antes de entenderlo”, afirma.

El programa carioca, recuerda, no demandó recursos del erario ni una estructura compleja: necesitó voluntad política, un instrumento jurídico claro y un equipo dispuesto a aprender junto con las empresas. Se apoya, además, en una base normativa nacional —el Marco Legal de Startups, la ley complementaria 182 de 2021— que habilita expresamente a estados y municipios a crear estos entornos de prueba.

En la región, ciudades como Porto Alegre, Goiânia, Maceió, Criciúma, Teresópolis y Volta Redonda, además del estado de São Paulo, ya armaron sus propios sandboxes. En la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley desde 2021, y municipios como Escobar empezaron a transitar caminos regulatorios similares, inspirados en parte por la experiencia de Río.

El decreto que dio origen al Sandbox.Rio está disponible como modelo adaptable para cualquier municipio que quiera empezar. Porque el problema que resuelve, dice Quirino, es universal: “Si tu ciudad enfrenta tecnologías que llegan más rápido que la capacidad de regularlas —y todas las enfrentan— el sandbox no es una opción sofisticada reservada a las grandes metrópolis. Es la respuesta práctica a un problema común”.

Casi dos años después de aquella primera nota, la caja de arena de Río demostró algo que va más allá de los drones y los autos voladores que la hicieron famosa: que un permiso temporal, bien diseñado, puede convertirse en infraestructura, en empleo, en servicios de salud que llegan a una favela. Y, sobre todo, en una forma distinta de que el Estado se relacione con lo que todavía no sabe regular.

Contacto con Sandbox.Rio: https://www.sandboxrio.com.br/

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En diciembre de 2024, la capital del estado de Paraná, en Brasil, tenía 201.578 personas en espera por una consulta o un examen especializado en la red pública municipal de salud. Diez meses después, en octubre de 2025, esa cifra había caído a 123.090 pacientes: una reducción del 40%.  El tiempo medio de espera pasó de 60 a 49 días. Para dimensionar la referencia, en el sistema público británico (NHS) la espera promedio por una primera consulta con especialista es de alrededor de 95 días.

El resultado se apoya en una política específica —el Programa Especialidades en Acción, lanzado en abril de 2025—, pero no se explica sin una infraestructura que la ciudad viene construyendo desde mucho antes. 

“Curitiba ha construido, a lo largo de los años, una trayectoria consistente en salud digital que posiciona al municipio como referencia nacional dentro del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil. La Secretaría fue pionera en adoptar soluciones tecnológicas que ampliaron el acceso, organizaron los flujos y cualificaron el cuidado”, dice a +COMUNIDAD la secretaría municipal de salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

El programa que ordenó la demanda

Especialidades en Acción forma parte de un paquete más amplio. La Secretaría Municipal de Salud de Curitiba lo construyó articulando cuatro frentes: adhesión a los programas federales Más Acceso a Especialistas y Ahora Hay Especialista del Ministerio de Salud; ampliación de la oferta entre los prestadores contratados; inauguración del Centro Curitibano de Atención Especializada en 2024, administrado por la Fundación Estatal de Atención a la Salud (Feas); y, sobre todo, la expansión de la telerregulación de filas.

La telerregulación funciona así: el médico de la unidad básica de salud comparte la situación clínica del paciente con un médico especialista telerregulador, que analiza la historia clínica electrónica y define si el caso puede resolverse en la atención primaria o requiere derivación. La decisión es íntegramente clínica y humana.

Con ese mecanismo, la Secretaría amplió de 15.000 a 27.000 las consultas mensuales en las cinco especialidades con mayor demanda —oncología, oftalmología, otorrinolaringología, ortopedia y cardiología—, un crecimiento del 80%. La oferta mensual de ultrasonografías, endoscopías y colonoscopías pasó de 11.743 a 17.283: un 47% más.

Dentro del balance general, algunos indicadores se movieron más rápido que otros. La fila de ultrasonografía cayó 96%, la de oftalmología 61,5% y la de tomografía de cráneo se redujo a cero. Los tiempos de agendamiento dejan ver el cambio en casos concretos. 

María Aparecida Duarte Vilela, pedagoga de 59 años, consiguió un turno para un examen de ultrasonografía en 15 días. “No imaginaba que saldría tan rápido”, declaró a la prensa oficial de la Prefeitura de Curitiba. Hélio de Souza, jubilado de 70 años operado de cataratas en enero de 2025, esperaba una consulta de revisión recién para el año siguiente. Fue llamado en agosto: “Ni esperaba ser llamado tan pronto”, dijo.

El ecosistema digital que hizo posible la política

La telerregulación no es posible sin un prontuario electrónico unificado y accesible. Curitiba lo tiene—el sistema e-Saúde— desde 1999.

Sobre esa base, la ciudad construyó dos puertas de entrada digitales que son parte central del Sistema Único de Salud local (SUS). La primera es el aplicativo Saúde Já Curitiba, que permite agendar consultas clínicas y odontológicas en las 109 unidades básicas de salud, consultar el historial del paciente, la carteira de vacunación, resultados de exámenes laboratoriales y confirmar turnos con especialistas. Hoy supera los 2 millones de usuarios.

La segunda es la Central Saúde Já, creada en 2020 durante la pandemia y transformada desde entonces en canal permanente. En abril de 2023,Curitiba se convirtió en la primera ciudad de Brasil en ofrecer teleatendimiento virtual para casos leves por SUS. La central acumuló 1,5 millones de atenciones al 11 de abril de 2025, con una evaluación promedio de 4,5 en escala Likert (equivalente a 9 sobre 10). Desde que arrancaron las consultas por teléfono o video, se registraron 281.500 atenciones médicas y 516.000 de enfermería.

“Cuidar de la salud de una ciudad es, antes que todo, cuidar de las personas. Es comprender que cada decisión tomada en el ámbito de la gestión pública impacta directamente en la vida de miles de ciudadanos. Y no sólo en el acceso a servicios, sino también sobre su calidad de vida, dignidad y bienestar”, expresa la secretaría municipal de Salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

^{Sitio web de Saúde JÁ. Imagen: Prefeitura de Curitiba.}

El rol de la inteligencia artificial

En diálogo con +COMUNIDAD, la funcionaria cuenta que la entidad utiliza un agente de inteligencia artificial para cualificar las derivaciones desde las unidades de salud hacia la telerregulación. “El objetivo es asistir a los profesionales de atención primaria en el completado de las solicitudes de telerregulación con todo el detalle necesario para cada especialidad”, explica. 

Esta IA se utiliza durante la consulta médica, con el paciente presente, para que el profesional pueda resolver dudas con el usuario sobre cualquier información necesaria para la derivación. “La herramienta fue desarrollada para agilizar las solicitudes y evitar el retrabajo: cada vez que un médico especialista solicita información extra que no figuraba en el pedido original, el proceso se estanca”, destaca Filipak.

La IA lee los flujos y orienta al médico, ayudando a mejorar la descripción de la derivación. De esta forma, el médico regulador puede optimizar el análisis y dar las indicaciones correctas.

En marzo de 2026, durante la Smart City Expo Curitiba, la Prefeitura presentó el Curitiba App: un superapp que integra en un solo entorno digital cerca de 800 servicios municipales, entre los cuales Saúde Já es uno de los más consultados. 

La novedad central es una inteligencia artificial municipal propia, alimentada con bases de datos oficiales de la ciudad, que permite al usuario hacer preguntas en lenguaje natural y recibir orientación para encontrar el servicio que necesita.

El desarrollo se enmarca en la Ley Municipal de Inteligencia Artificial (Lei 16.321/2024), sancionada por Curitiba en 2024, que fija principios de transparencia, privacidad, responsabilidad clara del uso y protección de datos en toda aplicación de IA municipal.

Un ecosistema digital de cuidado

“La innovación ocupa un lugar central (en la trayectoria de Salud de Curitiba). Innovar, para la salud pública, significa incorporar nuevas tecnologías, mejorar procesos de gestión, fortalecer la inteligencia en salud y desarrollar soluciones capaces de responder de forma cada vez más ágil, eficiente y humanizada las demandas de la población”, reflexiona  Correa da Silva Filipak. “Más que modernizar estructuras, innovar significa cualificar el cuidado y ampliar la capacidad del sistema de proteger y promover la vida”, añade. 

Los próximos pasos del modelo de salud de Curitiba se orientan a profundizar la transformación digital, integrar aún más los puntos de la red y situar al ciudadano en el centro de las decisiones con más inteligencia y tecnología.

“Lo más innovador en este momento es la construcción de un ecosistema digital de cuidado, donde todos los puntos de atención a la salud cuentan con un brazo de Salud Digital que auxilia a los profesionales a agilizar y mejorar la calidad del servicio”, remarca Tatiane Filipak a +COMUNIDAD. 

Financiamiento, aprendizajes y transferibilidad

Curitiba destina el 19,52% de susrecaudaciones corrientes a Salud, por encima del mínimo constitucional brasileño del 15%. El presupuesto presupuestado para 2025 alcanzó los R$ 3,34 mil millones (aproximadamente U$S 575 millones al cambio de fines de 2025). En el año también se sumaron 628 nuevos profesionales a la atención primaria y se ejecutaron R$ 6,6 millones (cerca de U$S 1,1 millón) en 48 obras de equipamiento sanitario.

Respecto a qué condiciones considera la Secretaría imprescindibles para que otra ciudad latinoamericana pueda replicar o adaptar este modelo de reducción de esperas y salud digital, Filipak es precisa. “El punto fundamental para cualquier municipio es contar con una historia clínica electrónica sistematizada, que concentre toda la información de los usuarios y brinde al gestor un panorama de todo el sistema de salud enfocado en las necesidades de la población”, aconseja.

“La incorporación de nuevas tecnologías en la salud pública de Curitiba es un proceso de mejora continua. Desde la implantación de la primera historia clínica electrónica en 1999 hasta el estadio actual de Saúde Já Curitiba, se ha avanzado significativamente en ofrecer servicios de salud al alcance de la mano para los usuarios del sistema público”, concluye la secretaria. 

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Una sóla pregunta: “¿cómo va tu vida?” 

Está impresa en un banner publicitario ubicado en un parque de San Salvador de Jujuy, Argentina. La pregunta es la puerta de entrada para que vecinos y vecinas logren poner en palabras las violencias o padecimientos que sufren en sus hogares o trabajos. Violencia de género, consumos problemáticos y situaciones vinculadas a la salud mental, incluyendo riesgo suicida adolescente, son las tres grandes problemáticas que se detectaron a partir de esa intervención e interrogante sobre la vida cotidiana.

La pregunta surge en El Escuchadero, un dispositivo situado en espacios públicos, que ofrece una infraestructura de escucha territorial, y busca conectar actores, detectar problemáticas y activar respuestas comunitarias e institucionales. Emerge en 2021, después de un diagnóstico desarrollado en el marco del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, implementado por la Fundación Crear Vale la Pena, en alianza con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y el acompañamiento de la Fundación Cambio Democrático.

En 2024 este dispositivo pasó de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Desarrollo Humano, específicamente a la Dirección de Salud Integral de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo que generó un cambio en la modalidad de trabajo. “A partir de este giro se orientó la iniciativa hacia un enfoque centrado en la Promoción de la Salud Integral y Prevención de diferentes problemáticas”, explica a +COMUNIDAD la referente actual de El Escuchadero, Mariana Vargas.

Escucha activa para la promoción de la salud integral 

A partir del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, se identificaron indicadores críticos: Jujuy registraba una tasa de femicidios de 2,82 en 2020, superior al promedio nacional (1,09). Existían 11 causas judiciales por femicidio en 2020 y 6.500 denuncias acumuladas entre 2016 y 2019 en el sistema de seguridad provincial. Se registraban altos niveles de embarazo adolescente, incluyendo casos en niñas de 10 a 14 años en contextos de abuso.

En ese contexto Vargas, licenciada en Psicología, comenta que El Escuchadero es un dispositivo innovador por “irrumpir en espacios comunitarios, sociales, deportivos y comerciales, con herramientas lúdicas que tienen como base la sensibilidad para una escucha creativa”. “Por ejemplo, se estableció un punto fijo en el Mercado Central 6 de Agosto, un lugar estratégico y accesible donde circula la vida cotidiana. Ahí, en medio del movimiento diario, cualquier persona puede detenerse y ser escuchada”, agrega.

Otro dato innovador que destaca la referente es la implementación de capacitaciones anuales (en las que se han capacitado 83 personas por año), para la transmisión de conocimientos generales y adquisición de herramientas, con el fin de formar facilitadores lúdicos para replicar en sus espacios de trabajo. “El impacto se mide por la cantidad de escuchas realizadas: 435 en 2024 y 582 en 2025. Además de las cerca de 3.000 personas al año que participan de las implementaciones lúdicas”, comenta.

El impacto de la articulación público-privada

Patricia Taboada, responsable de Desarrollo Institucional y Gerenta Operativa de Crear Vale la Pena, cuenta a +COMUNIDAD que el “diagnóstico no sólo permitió dimensionar la magnitud del problema sino evaluar la respuesta institucional”. La Fundación destacó la falta de articulación sostenida entre niveles (nacional, provincial, municipal), la fragmentación entre sectores (salud, justicia, desarrollo social, comunidad) y la baja integración de la información para la toma de decisiones.

En ese contexto se identifica la necesidad de un nuevo tipo de intervención, lo que dio lugar a una articulación entre la Municipalidad y la Fundación para desarrollar una metodología capaz de operar sobre el vínculo, la escucha y la construcción comunitaria. “El principal resultado del proyecto no se expresa en un único indicador cuantitativo consolidado, sino en la instalación de una infraestructura de escucha y orientación en territorio, articulada entre Estado y comunidad”, explica Taboada.

Tras los primeros dos años de implementación (2021–2022), para Crear Vale la Pena uno de los aspectos más relevantes fue su capacidad de traducir los hallazgos en respuestas concretas. En especial, a partir de espacios de escucha personalizada con agentes de salud. La orientación directa sobre recursos disponibles y derivación a dispositivos existentes, las actividades artísticas y lúdicas habilitaron formas de expresión que ampliaron la comprensión del malestar más allá de los lenguajes institucionales tradicionales.

Además, destacan el fortalecimiento de capacidades locales para la detección temprana, la mejora en la articulación entre áreas de gobiernos y actores comunitarios, la generación de redes de contención que reducen el aislamiento social. “En este sentido, el mayor impacto de El Escuchadero no es sólo la atención de casos, sino la construcción de condiciones para una respuesta comunitaria más integrada y sostenida”, sostiene Taboada. 

Sensibilidad, creatividad y articulación institucional

El Escuchadero se distingue por introducir una innovación conceptual y operativa: la transformación de la escucha en una infraestructura pública activa, abierta a la comunidad y capaz de articular dimensiones sociales, culturales y sanitarias. El dispositivo funciona simultáneamente en varios niveles: como espacio de escucha privada, como plataforma de acceso a información y recursos, y como entorno colectivo de expresión a través de propuestas artísticas y lúdicas. 

Para Taboada esta combinación amplía las posibilidades de detección y abordaje de problemáticas, especialmente aquellas que no emergen fácilmente en contextos institucionales formales. Por eso el proceso formativo se centró en el desarrollo de habilidades de escucha activa, en la comprensión de problemáticas complejas y en el uso de lenguajes artísticos como herramientas de mediación. En particular, la formación estuvo orientada a abordar los indicadores detectados en el diagnóstico —violencia de género, consumos problemáticos y salud mental— dotando a los equipos de herramientas específicas para la detección temprana, la escucha situada y la derivación adecuada.

La capacitación de los actores involucrados fue clave para sostener esta innovación.

Asimismo, la especialista cuenta que se trabajó en fortalecer la capacidad de articulación intersectorial, permitiendo que actores diversos operen desde una lógica compartida. “En este sentido, lo innovador de El Escuchadero no reside únicamente en el dispositivo en sí, sino en el modelo de intervención que propone: una forma de acción pública que integra sensibilidad, creatividad y articulación institucional”, resalta. 

Aprendizajes y transferibilidad de El Escuchadero

El trabajo conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy permitió consolidar un aprendizaje central: los problemas complejos requieren recursos, sí, pero también capacidades de articulación, escucha y construcción de sentido compartido. Vargas considera que el mayor aprendizaje es reconocer al dispositivo como una modalidad de trabajo en sí misma, que les permite a la institución profundizar en las inquietudes y acercarse a la comunidad desde la orientación e información. 

“Uno de los principales aprendizajes es que la escucha no puede ser concebida como una instancia aislada, sino como un proceso continuo que requiere institucionalización, formación y sostenimiento en el tiempo”, reflexiona Patricia Taboada. “También se comprobó que la construcción de confianza en el territorio es una condición indispensable para que las personas accedan a estos espacios y para que los dispositivos logren efectividad”, agrega a partir de la experiencia en Jujuy.

En términos de transferibilidad, la profesional cree que el componente crítico para replicar la experiencia no es únicamente el diseño del dispositivo, sino la combinación de tres elementos. Por un lado un diagnóstico territorial profundo que permita comprender el sistema en su conjunto. Por el otro, un proceso de formación multiactoral que construya capacidades compartidas, y una articulación efectiva entre Estado y comunidad que garantice la sostenibilidad de la iniciativa.

Respecto a los desafíos y limitaciones que encontraron en el proceso de implementación de la iniciativa, Mariana Vargas reconoce que no han sido significativas, dado que es un dispositivo que tiene trayectoria. Aún así señala que actualmente el desafío al que se enfrentan es el de la “construcción de legitimidad en el territorio”. Buscando ser reconocidos desde otro lugar: “es una propuesta de interacción diferente, no parte de lo conocido en el ámbito de la salud”.

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La siesta en Los Charrúas se caracteriza por el silencio. En este pequeño municipio de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, la vida pasa con esa quietud propia de los pueblos donde a menudo se escucha decir que “Dios está en todas partes, pero atiende sólo en Buenos Aires”. En 2021 ese silencio cambió de naturaleza. Ya no era por la calma del descanso, sino por el peso de lo que no se nombra. Ese año, en la comunidad de cerca de 5.000 habitantes, se detectaron cinco casos y varios intentos de suicidio.

Mientras el mundo intentaba rearmarse tras la pandemia, Los Charrúas registró una tasa de suicidios seis veces superior al promedio provincial. Entre Ríos ya era la provincia del país con la mayor tasa de suicidio: 15,3 casos cada 100 mil habitantes (según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2024 se situó en 19,8; la cifra provincial está 10 puntos por encima de la tasa nacional).

Entre los casos de 2021, se supo que tres fueron adolescentes o jóvenes, y uno de ellos, menor de 15 años. Fue entonces cuando un grupo de familias, docentes, pedagogos, líderes religiosos y especialistas coincidieron para revertir esta situación. 

“La evolución desde aquella emergencia de 2021 ha sido muy positiva: se ha registrado un solo caso desde ese periodo. Es decir, hace más de tres años que la ciudad no tiene casos de suicidios”, explica a +COMUNIDAD el psicólogo Sergio Brodsky. A partir de su intervención, la Municipalidad de Los Charrúas conformó una Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio para trabajar con casos que les permitan entender las distintas miradas, roles y modos de articular redes para resolver esta problemática. 

Una comunidad unida para frenar una crisis de salud mental

El programa implementado en Los Charrúas se estructuró en dos ejes. Por un lado, la prevención comunitaria, a través de charlas, capacitaciones y talleres de concientización. Por el otro, un abordaje clínico de los casos de riesgo. En ambos frentes se desarrollaron estrategias comunitarias “que fueron útiles para enfrentar este fenómeno multicausal, que tiene dimensiones sociales, subjetivas, económicas, laborales y culturales”, explica Brodsky.

En esa línea, Andrea Imoberdorff, intendenta de Los Charrúas, señala a +COMUNIDAD que su trayectoria previa en el ámbito sanitario le permitió involucrarse desde el inicio en el desarrollo del programa: “Vengo del ambiente de salud, conozco la problemática, y he participado en esta formación del programa de salud mental de la Municipalidad”. 

Además, remarca que la iniciativa se apoya en una articulación constante entre actores locales. “Al involucrar a toda la comunidad, la iniciativa tiene un sistema de comunicación constante entre el Centro de Integración Comunitaria (CIC), el área de salud mental municipal a cargo de Sergio, y un WhatsApp a disposición de cualquier vecino que quiera comentar algo”, agrega.

Como parte de la estrategia preventiva, se impulsan actividades en las escuelas. Se organizaron encuentros de salud mental con estudiantes y acciones de sensibilización. Una de las iniciativas que destaca Brodsky es “una folleteada con información preventiva en distintas problemáticas de la salud mental”, como bulimia, anorexia, adicciones, bullying, suicidio y depresión. Los temas fueron seleccionados por estudiantes, con el acompañamiento de docentes y del equipo de Prevención del Suicidio de la Municipalidad de Los Charrúas.

“La efectividad central del programa sigue siendo el estar”, resume el psicólogo. Y agrega: “Percibimos una conciencia de parte de los jóvenes, sobre todo en la franja de los adolescentes, que conocen mucho más acerca de la salud mental”. “Derribaron mitos en relación al acceso a la atención terapéutica a través de un psicólogo, los mitos de que el que va al psicólogo no está loco. Se trabajó mucho en la escuela para acceder al plano de la asistencia”, reflexiona el líder del Programa de Prevención del Suicidio. 

La salud emocional de la juventud de Los Charrúas

En relación con los intentos de suicidio, Brodsky señala que, desde que comenzó la intervención multiactor, se registraron algunas tentativas y que varias personas accedieron a atención psicológica a partir de situaciones de vulnerabilidad, principalmente en el Centro de Integración Comunitaria (CIC). “Gran parte de la prevención pasa por la posibilidad de una detección temprana de esas situaciones, lo que evaluamos como datos de integración de los jóvenes y que reflejan que el modelo de abordaje del suicidio sigue siendo efectivo”, explica.

Esa detección se apoya, en gran medida, en las instituciones de la comunidad. Las señales de alerta —vinculadas a contextos de vulnerabilidad o riesgo— suelen ser identificadas en ámbitos como la escuela, que cumple un rol central. A partir de esos indicios, se activa una respuesta asistencial inmediata, como resultado del trabajo sostenido de información y sensibilización realizado en los últimos años.

La intendenta Imoberdorff destaca el papel de las tres radios de la ciudad, donde se promovió la figura del “chismoso solidario” como herramienta para visibilizar la problemática y acercar información a la comunidad. En ese marco, sostiene que “las diferentes estrategias empleadas a partir de la Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio estos últimos tres años y medio le devolvieron a Los Charrúas la esperanza de un presente y futuro en donde sus jóvenes estén a salvo”. 

La mesa continúa en funcionamiento, aunque enfrenta nuevos desafíos. Brodsky advierte que la ausencia de casos en el último tiempo, si bien es un dato positivo, también complejiza la continuidad de los espacios de encuentro: “Al no producirse afortunadamente casos de suicidio, es más complejo poder sostener los encuentros que se hacían, por eso estamos intentando actualmente volver a reunirnos”.

Los próximos pasos

Después de un trabajo “muy intenso y fructífero” de varios encuentros en los que todos los representantes de las instituciones se reunían para trabajar y comprender el rol de cada una en la prevención del suicidio, a Los Charrúas le toca reforzar la apuesta. 

A fines de abril de 2026 se realiza una charla abierta a la comunidad para lanzar nuevamente el proceso de trabajo de la mesa, que tuvo como uno de sus grandes hitos la implementación del programa y la respuesta comprometida de la comunidad.

En ese camino el psicólogo Brodsky destaca, como uno de los aspectos más innovadores de esta iniciativa, el trabajo articulado con la escuela a través de talleres y cursos donde se trabaja con estudiantes sus preocupaciones, angustias y miedos. “El trabajo de capacitación con la institución es innovador porque, si bien está en algunos desarrollos teóricos, se ha realizado muy poco de manera sostenida y sistemática este tipo de proyectos, y nosotros hicimos nuestro propio camino al andar”, remarca.

Un modelo posible para pensar en otras localidades

Con el recambio generacional, surge un nuevo desafío: sostener los aprendizajes en el tiempo. Muchos de los actuales adolescentes eran niños durante la crisis que dio origen al programa. Sobre este punto, Brodsky plantea que la prevención requiere continuidad. “El trabajo de aprendizaje y prevención es permanente, sobre todo en la escuela secundaria, que es donde hacemos foco. La escuela sí ha sido, a diferencia de otras instituciones, un trabajo permanente, sistemático. Todas las semanas se trabaja allí y eso hace que todos estos mecanismos de prevención estén siempre presentes”, explica.

Consultado sobre la posibilidad de replicar la experiencia en otras ciudades, el especialista considera que es viable, siempre que se adapten las estrategias a cada contexto. “Aquí el programa ha tenido muy buenos resultados por el compromiso de la comunidad y por la metodología de capacitación de todos los actores institucionales en el aprendizaje de por qué el suicidio se puede prevenir, qué es la prevención primaria, cómo se promueven los factores protectores del suicidio, entre otras variables”, afirma.

En ese sentido, subraya la importancia de clarificar los roles de cada actor —docentes, referentes religiosos, entrenadores, vecinos— y de fortalecer la articulación en red ante situaciones de riesgo. Se trata de un enfoque sencillo en su formulación, pero exigente en su implementación, dice Brodsky. Esa combinación, sostiene, es la que permitió sostener la experiencia en Los Charrúas y la que puede ofrecer aprendizajes valiosos para otras comunidades, siempre con las adaptaciones que cada contexto y cada idiosincrasia requiera.

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¿Funciona el sistema de salud? 

Tandil es una ciudad con 150.000 habitantes con un sistema de salud robusto -al que se le asigna casi el 40% del presupuesto municipal- denominado Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

Dentro de sus fortalezas podemos mencionar un sistema de información integrado en todos los puntos de atención, implementado desde el año 2010. Este sistema nos permite conocer que los 15 Centros de Salud Comunitaria y las cuatro postas rurales atienden cerca de 200000 consultas por año. 

¿Esto es suficiente? ¿Significa que estamos brindando buenos servicios? ¿Estamos previniendo enfermedades y muertes evitables? ¿La población está satisfecha con este sistema?  ¿El uso de recursos es eficiente? 

Medir lo que importa en los Centros de Salud

Las evaluaciones tradicionales de los Centros de Atención Primaria en Argentina siguen centradas en la medición de consultas. Con la incorporación de sistemas de información electrónica estas mediciones en vez de madurar, se exacerbaron; ahora se miden las agendas: ocupación, ausentismo, duración de la consulta, demora en la asignación de turnos, etc. Pero poco nos dicen sobre el desempeño del sistema. 

Es el equivalente a una escuela que nos informa la cantidad de estudiantes y los días que asisten a clases pero no nos dice nada sobre su aprendizaje. ¿Acaso la escuela no está para enseñar y favorecer el aprendizaje? Los días de clase son sin duda algo necesario, pero son insuficientes para dar cuenta del desempeño o para impulsar procesos de mejora. 

Asumiendo la conocida frase “no se puede mejorar lo que no se mide” y reconociendo que lo que medíamos estaba resultado insuficiente, emprendimos este desafío de medir lo que importa. Esto implicó discutir para qué están los centros de salud -la misión institucional- y nos sorprendimos de lo heterogéneo de las miradas. 

Teniendo este desafío en nuestra agenda de gestión, aceptamos la invitación que nos hizo el IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), un organismo afiliado a la Universidad de Buenos Aires, de impulsar una investigación vinculada a la detección y atención de personas con diabetes. 

Con ellos logramos desarrollar un tablero para medir cómo nos estaba yendo en cuanto a detección, seguimiento, tratamiento y control adecuado de personas con diabetes en cada uno de los barrios de Tandil. Luego extendimos este análisis a otras problemáticas como hipertensión arterial, coberturas de vacunación y estamos en este momento trabajando en la incorporación de otras variables. Lo que iniciamos fue una cultura de medición y mejora contínua.

Hacerse cargo de los resultados -impulsar la mejora contínua. 

Los números que estos tableros nos mostraron nos preocuparon. 

Si bien en algunas dimensiones teníamos buenos resultados, como coberturas de vacunación, que supera las medias provinciales -a modo de ejemplo la cobertura contra Hepatitis A en el 2024 fue del 75,8 en la provincia de Buenos Aires, contra el 93,6 en Tandil-. En otros, estábamos tan mal como la mayor parte de los sistemas de salud de América Latina: el Primer Nivel de Atención no estaba logrando un control adecuado de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

En nuestro caso, menos del 10% de las personas con Hipertensión Arterial logra un control adecuado de su problema -se considera que una persona hipertensa tiene bien controlada su presión cuando la última medición de presión arterial tiene menos de 6 meses y está por debajo de 140/90 mmHg-. Estamos hablando del principal factor de riesgo para las dos primeras causas de muerte en el mundo que son la enfermedad coronaria y el Accidente Cerebro Vascular.  

Hace 3 años comenzamos con estas mediciones, que se reportan regularmente a los equipos. Los reportes incluyen desde Escuelas visitadas por Centro de Salud, hasta cantidad de usuarias de métodos anticonceptivos, porcentaje de mujeres que realizaron prácticas como rastreo de cáncer de cuello de útero o de mama contrastado contra la población esperable que debería acceder a esa práctica entre otros Se envían listados nominalizados de pacientes que requieren algún tipo de vacuna o monitoreos de indicadores estratégicos. 

Esto permite realizar planificaciones locales en los Centros de Salud y a nivel del Sistema Integrado de Salud Pública Municipal. 

En relación a las ECNT  identificamos lo que se denomina “cascada de la hipertensión” -y algo similar para diabetes- por lo que comenzó una estrategia multicomponente para intervenir sobre cada una de las caídas. La primera oportunidad de mejora está en detectar a quienes no conocen su diagnóstico -la primera caída de la cascada-. Para esto comenzamos a realizar “Rondas Sanitarias”, con agentes sanitarias que se capacitaron y están recorriendo los barrios, casa por casa, para detectar problemáticas prevalentes y facilitar el acceso al sistema de salud. 

La segunda oportunidad de mejora estuvo en el control adecuado de quienes ya se estaban atendiendo. Para esto se definió un protocolo unificado de tratamiento de la Hipertensión y se capacitó a todos los médicos de los Centros de Salud. Este protocolo fue una adaptación  del propuesto por la “iniciativa HEARTS” de la Organización Panamericana de la Salud. 

¿Cómo seguimos? 

Tenemos todavía muchas oportunidades de mejora. Una de ellas, en la que ya comenzamos a trabajar, es en el seguimiento de las personas a las que se les detecta alguna de las condiciones crónicas. 

Para esto armamos un programa de capacitación destinado a enfermería para desarrollar competencias en el abordaje de las ECNT. La capacitación aún no comenzó a dictarse pero se presentó como curso de postgrado y ya cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Más allá de esta propuesta, y de los resultados que vayamos obteniendo, lo que es claro es que queremos seguir por este camino, un camino de mejora contínua, con medición de indicadores sanitarios que contribuyan a un sistema de salud cada vez más efectivo. 

(*) Tomás Baliña es médico, especialista en medicina general / familiar y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como titular de Salud Comunitaria IV en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde publicó su último libro: Manual de Gestión de Centros de Atención Primaria de la Salud.

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En San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense, alguien puede ver algo extraño en la calle y escribirlo en un chat de WhatsApp. En segundos, ese mensaje ingresa al Centro de Operaciones del municipio, donde un operador lo cruza con las cámaras cercanas y despacha a la patrulla más próxima. La respuesta llega en menos de cinco minutos. El sistema es cada vez más conocido y se llama Ojos en Alerta, empezó en 2016 con un grupo de choferes de remis y hoy integra a más de un millón de personas distribuidas en 103 ciudades argentinas.

La herramienta no funciona sola. Detrás de cada mensaje hay un cuerpo de Policía Municipal que también cumple 10 años, un Centro de Operaciones que integra cámaras y denuncias, patrullas distribuidas por cuadrículas y una decisión política: asumir la prevención del delito como una competencia propia.

Esa combinación —tecnología accesible, inversión en infraestructura, voluntad institucional y Policía Municipal— ordena buena parte de la agenda de gestión del distrito. Es también parte de lo que permitió a San Miguel obtener, en 2026, la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

Encabezada por el intendente Jaime Méndez, la gestión local construyó en la última década un modelo que se proyecta más allá de la seguridad. En paralelo, el municipio sostuvo una política de primera infancia que empieza antes del nacimiento, convirtió un predio judicial abandonado en una reserva natural con salida al Río Reconquista, lanzó un hub tecnológico que forma programadores en barrios vulnerables y consolidó un calendario cultural con eventos que ya cumplieron diez años. 

Se trata de un modelo que atraviesa áreas distintas pero se sostiene sobre una misma premisa: el municipio es la primera ventanilla a la que llega la demanda ciudadana y, por lo tanto, tiene que responder. Y, para que eso ocurra, debe haber eficiencia en procesos internos. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese conjunto se integra en una manera de gestionar.

1. Ojos en Alerta: el vecino como primer sensor

En San Miguel, como en buena parte del conurbano bonaerense, la inseguridad se manifestaba en robos, siniestros viales, violencia de género y delitos contra el comercio. Había una particularidad local: pocos de quienes presenciaban un hecho llamaban al 911. La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la cultura del “no te metas” convivían con la percepción cotidiana del delito.

La respuesta municipal combinó dos decisiones. La primera fue institucional: en julio de 2015 se creó formalmente la Policía Municipal, una fuerza jerarquizada que depende del Intendente y opera sobre el espacio público, con binomios compartidos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda decisión fue tecnológica. Concebida por Cristian “Piojo” Méndez, entonces secretario de Comunicación del distrito, la herramienta nació en 2016 como prueba piloto y se abrió al público general en 2018. El punto de entrada fue WhatsApp, la aplicación que los vecinos ya usaban a diario. La convocatoria empezó por quienes más circulan —choferes de remises y colectivos— y luego sumó comerciantes, encargados de edificios y cualquier vecino capacitado.

La lógica de fondo fue recolectar información que el sistema tradicional no estaba captando. “En Argentina, el 60% de los delitos no se denuncian”, explica Méndez. “Si no tenés datos, no podés prevenir”, insiste.

Los mensajes llegan al Centro de Operaciones Municipal, donde convergen también las imágenes de las cámaras de la vía pública. El operador activa la patrulla de la cuadrícula correspondiente y, en promedio, un móvil llega al lugar en menos de cinco minutos. Es decir, se activa la Policía Municipal. Las alertas procesadas anualmente en San Miguel alcanzan las 41.000, los usuarios activos del sistema en el distrito superan los 120.000 y el 85% de los reportes son para ayudar a otra persona.

El impacto sobre el delito responde a la suma de varios instrumentos: Ojos en Alerta, aplicación de inteligencia artificial, lectores de patentes, renovación de móviles y armas no letales. Méndez señala que en delitos con registro confiable —robo automotor, hurto, robo de motos y homicidios— el descenso en la última década se ubicó entre el 50 y el 75%. También refuerza que todo esto funciona porque está la Policía Municipal detrás.

El modelo se exportó sin franquicias ni costos de licenciamiento. Las 103 ciudades argentinas que lo replican tienen cada una su propio WhatsApp y su propio Centro de Operaciones, con capacitación de los equipos locales a cargo de San Miguel. En 2024, RIL reconoció al distrito como Ciudad Inspiradora por este programa. En julio de ese mismo año, la provincia de Córdoba firmó un convenio para adoptarlo. 

Lo que parece un gesto simple —escribir tres líneas en un chat de WhatsApp— se sostiene sobre una infraestructura pensada, financiada y operada por el municipio.

2. Primera infancia: del embarazo al jardín, sin que nadie quede afuera

La mortalidad materno-infantil y la prematurez tienen un denominador común: la falta de controles prenatales. La Subsecretaría de Primera Infancia de San Miguel diseñó un sistema escalonado que empieza antes del nacimiento y se extiende hasta que el niño ingresa al jardín de infantes.

La primera pieza es el Camino de la Embarazada (CDLE). Combina rastrillaje casa por casa, operativos con unidades móviles equipadas para controles obstétricos y ecografías, y una línea telefónica —Red Madre— que funciona como puerta de entrada directa. 

“Buscamos a mujeres embarazadas que no tengan algún control y hacemos un par de preguntas para detectar si están realizando los controles en fecha”, describe Alida, encuestadora del programa, en un registro audiovisual del municipio. María José, una madre que ingresó al programa sin saber que estaba embarazada, resume el impacto desde el otro lado del circuito: “Vinieron y me ayudaron con el tema de los turnos. Acá nunca te vas a sentir discriminada”.

En 2018, el dispositivo redujo en un 20% la cantidad de mujeres que llegaban al parto sin controles, y la mortalidad infantil local se ubicó por debajo del promedio provincial. La gestión 2025 muestra que el programa se consolidó: 84 operativos asistieron a 704 embarazadas, y el 94% de los nacimientos acompañados fueron a término.

Cuando el niño nace, comienza Los Primeros Mil Días, dirigido a familias en situación de extrema vulnerabilidad hasta los dos años de edad, con acompañamiento domiciliario que articula salud y desarrollo social. 

“Estamos en contacto por mensaje: cómo están los chicos, cómo van los controles, cuánto pesan”, cuenta Cintia, una de las madres acompañadas, en un registro municipal. Lo que más valora, dice, es “la parte humana: ver que hay personas que se preocupan por las necesidades de otras”. En 2025, el programa alcanzó a 339 niños. El 45% de las intervenciones requirió, en algún momento, la participación del Servicio Local para medidas de protección o seguimiento, un dato que describe la complejidad social sobre la que opera la política.

El tercer eslabón son los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). Los diez centros del distrito atienden a niños de 45 días a 3 años en espacios de estimulación, nutrición y socialización, y hacen seguimiento para que ningún niño “caiga” del sistema al terminar el ciclo. En 2025, de 206 niños seguidos, el 100% se inscribió en el jardín de infantes y el 88,7% asistía de manera regular. Para Macarena, madre de una de esas niñas, el CDIF es “un lugar de contención” que, sobre todo, le da “tranquilidad”.

La política incluye una línea adicional que trabaja sobre el entorno adulto: Proyecto de Vida acompaña a las madres beneficiarias de Mil Días con talleres de oficios y un pilar complementario, Hecho en Casa, orientado al emprendedurismo autogestivo. En 2025, 17 mujeres completaron la formación y participaron en ferias municipales.

“En San Miguel cuidamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”, enfatiza la Municipalidad que encabeza el intendente Jaime Méndez.

3. Reserva Natural Urbana El Corredor: de chatarrero judicial a pulmón verde

En 2010, San Miguel contaba con apenas 1,10 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de los 10 m² recomendados a nivel internacional. En paralelo, en Bella Vista, un predio de 8 hectáreas a orillas del Río Reconquista funcionaba como chatarrero judicial: más de 2.200 vehículos acumulados desde 2004 y un basural clandestino de residuos áridos. El mismo terreno, sin embargo, tenía 290 metros de costa sobre el río y ecosistemas nativos con especies vegetales de más de un siglo.

La decisión del municipio fue recuperar ese pasivo ambiental y convertirlo en un activo público. Trabajar sobre el predio fue, literalmente, partir del cero. “Era un suelo sin nutrientes, sin vida”, resumió en una entrevista con Infobae en 2022 Alejandro Hillar, entonces coordinador de actividades en la reserva y trabajador de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

El diseño se apoyó en dos principios poco frecuentes para una obra de esta escala: uso de recursos existentes y participación comunitaria. El saneamiento pesado se ejecutó aprovechando los tiempos ociosos de los equipos de Obras Públicas e Higiene Urbana. Los restos de poda se compostaron como materia orgánica para mejorar el suelo. Las maderas de descarte se reutilizaron para cartelería y senderos. La reforestación se apoyó en donaciones de otras reservas naturales y en acciones de responsabilidad social empresarial.

Los resultados son tangibles. Se erradicaron 2.400 vehículos y 300 toneladas de chatarra. La superficie de espacios verdes públicos del distrito creció un 30%. La presencia de animales silvestres aumentó un 133%, con más de 200 especies registradas. Cada año se plantan más de 1.000 ejemplares nativos y la reserva recibe más de 40.000 visitantes y voluntarios anuales, con 100 escuelas de la región vinculadas a su programa educativo.

El marco normativo blindó el proyecto contra los ciclos políticos. La Ordenanza 13/2016 creó formalmente la reserva. La Ordenanza 41/2017 estableció un “banco de árboles nativos” alimentado por las sanciones aplicadas a extracciones no autorizadas: los ejemplares talados ilegalmente se transforman en unidades nuevas para la restauración.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación distinguió a San Miguel con la 12° mención en el Concurso de Experiencias Innovadoras de Planificación. En noviembre de 2025, CNN en Español cubrió la transformación del chatarrero en reserva dentro de su especial Día del Llamado a la Tierra, como caso internacional de restauración ambiental urbana.

El indicador menos medible es también el más revelador. Tras cerca de cinco décadas, los vecinos volvieron a remar en las aguas del Río Reconquista a través del festival La Reconquista del Río. Para Hillar, la reserva es, sobre todo, “un espacio para que la gente reconecte con la naturaleza”. Un predio que había sido patio trasero de la ciudad pasó a ser, literalmente, uno de sus frentes.

4. Usina Tecnológica: formar para la economía del conocimiento

La política educativa de San Miguel parte de un diagnóstico operacional: el desacople entre la formación secundaria disponible en el distrito y los perfiles que demanda el mercado laboral tecnológico.

La respuesta es la Usina Tecnológica (UTEC), un hub inaugurado como parte del Plan DECTI (Desarrollo de la Economía del Conocimiento). Combina 178 m² de coworking gratuito con cuatro aulas equipadas con kits de robótica, impresoras 3D y computadoras táctiles de 75 pulgadas. En alianza con la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, se lanzaron carreras cortas en tecnología inéditas en el distrito.

Desde su puesta en marcha, 10.000 personas participaron de iniciativas educativas, con más de 4.000 egresados. Mil jóvenes de barrios vulnerables accedieron a becas en programación y marketing digital. Las sucesivas ediciones del Hackatón convocaron a 1.100 jóvenes. En 2025, 140 alumnos de escuelas técnicas cumplieron las 200 horas obligatorias de prácticas profesionalizantes en áreas municipales, y la Expo Joven “Yo elijo mi Futuro” reunió a 1.820 personas.

La política educativa no se agota en el eje tecnológico. En paralelo, la gestión sostiene dispositivos orientados a fortalecer la identidad educativa del distrito: los Nucleamientos Educativos —encuentros barriales donde las escuelas exponen sus producciones anuales— convocaron en 2025 a 150 escuelas y 6.898 personas; la Promesa a la Bandera en Campo de Mayo reunió a 4.000 alumnos y 10.000 asistentes; las jornadas pedagógicas capacitaron entre 500 y 800 docentes.

“El proyecto Abanderados fue movilizador para toda la comunidad educativa”, sintetiza Cecilia Garrido, del Complejo Educativo Club Atlético San Miguel. “Fue una oportunidad de sumar emoción real a lo simbólico”, agrega.

Sumados todos los dispositivos, 54.167 alumnos se integraron a proyectos de articulación municipal en 2025. Los Nucleamientos Educativos y las prácticas profesionalizantes se realizan desde la Dirección de Experiencias Educativas de la Secretaría de Educación. “No se limita a lo tecnológico. El área reafirma su rol como corazón ejecutor de una política que busca, ante todo, una educación presente, técnica y profundamente humana”, destacan desde la Municipalidad.

5. Un calendario cultural que potencia la vida comunitaria

La fragmentación social y el debilitamiento de los vínculos comunitarios en entornos urbanos son fenómenos que parecen resistirse a la política pública tradicional. En San Miguel, la respuesta fue construir un calendario anual de eventos culturales que ocupan la ciudad con regularidad y se financian con la infraestructura existente.

La Plaza de las Carretas, la catedral del distrito, el corredor aeróbico sobre la avenida Francia y el Centro Cívico alojan encuentros con un formato común: participación activa de la sociedad civil, protagonismo de artistas y ballets locales, y convocatoria intergeneracional. El Carnaval Criollo, que en 2026 cumple diez años, reúne entre 5.000 y 8.000 personas antes del inicio de la cuaresma. La Maratón San Miguel Arcángel convoca a 5.000 inscriptos en sus pruebas aeróbicas. El Festival Criollo y la Fiesta Patronal —heredera de una tradición iniciada en 1896— suman cada uno 4.000 asistentes. La Noche de los Libros, también con diez años de continuidad, es el evento con mayor convocatoria: 10.000 asistentes en diciembre, al aire libre, entre libreros, editoriales y escritores.

El criterio de eficiencia en esta política es menos evidente que en las anteriores, pero está presente. El presupuesto cultural se optimiza al priorizar el protagonismo de ballets, grupos folclóricos y artistas locales por sobre producciones externas de mayor costo. La infraestructura urbana se usa como escenario en lugar de construir recintos específicos. La programación se concentra en fechas ya significativas para la comunidad —carnaval, fiestas patronales, conmemoración del 2 de abril—, lo que multiplica el impacto simbólico sin duplicar el gasto.

Lo que el municipio busca, según el propio plan cultural, es que los vecinos “se sientan parte de algo más grande y se reconozcan entre sí”. La formulación es difícil de medir, pero tiene un correlato visible en los diez años de continuidad que algunos eventos ya acumulan.

Gestionar desde el primer mostrador

Las cinco políticas descritas no son proyectos aislados. Son piezas de una manera de gestionar que asume que el municipio es, como suele decirse en el propio lenguaje interno de la Intendencia, el “primer mostrador” de la demanda ciudadana. Esa premisa lleva al gobierno local a responder incluso cuando la Constitución no le asigna la competencia de manera formal.

En un distrito del conurbano bonaerense que enfrenta los problemas típicos de los gobiernos locales latinoamericanos —demanda creciente, recursos limitados, competencias ambiguas—, San Miguel construyó una agenda que trata de ordenar lo que tiene a mano y medir lo que hace. La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente obtenida en 2026 por el programa 100 Ciudades Certificadas de RIL es la consecuencia institucional de ese recorrido.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Miguel, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Santa Rosa y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron una distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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