Por Mariana Foglia, coordinadora de
Ciudades por Seguridad en RIL Argentina

La Provincia de Córdoba, en Argentina, impulsa un modelo de seguridad que reconoce a las ciudades como protagonistas. Desde fines de 2023, una nueva ley provincial consolidó ese giro y estableció un esquema de acompañamiento a los gobiernos locales mediante equipamiento, tecnología, formación y asistencia técnica, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la prevención del delito.

Este enfoque se apoya, a su vez, en una fuerte articulación interjurisdiccional con el Estado nacional, a través de la implementación en la provincia de dispositivos estratégicos como el Plan 90/10, que hoy se despliega en zonas críticas de Córdoba en coordinación entre fuerzas federales y provinciales.

Hoy, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Provincia, los intendentes, las fuerzas provinciales y federales, las guardias locales y la comunidad trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en cada ciudad. En esta nota te contamos cómo funciona el modelo Córdoba, qué resultados está mostrando y por qué puede ser un caso faro para otras provincias. 

La articulación con Nación y una caída histórica de los homicidios

Uno de los pilares del modelo cordobés es su articulación con el Estado nacional. Esa coordinación se expresa fundamentalmente en la implementación del Plan 90/10, una estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación que busca focalizar recursos y operativos en los territorios donde se concentra la mayor parte de los homicidios.

El nombre del plan responde a una evidencia clara: el 90 % de los homicidios intencionales en Argentina ocurren en apenas el 10 % del territorio, lo que permite orientar de manera más eficaz la presencia de fuerzas federales y provinciales en puntos críticos. 

Su implementación en Córdoba implicó un fuerte intercambio de información, planificación conjunta y despliegues operativos coordinados que antes se realizaban de manera fragmentada. Los resultados son históricos: Córdoba cerró 2025 con la tasa de homicidios dolosos más baja de lo que va del siglo, con 90 casos registrados —equivalentes a 2,28 homicidios cada 100.000 habitantes—, lo que representa una reducción del 23 % respecto del año anterior.

Este trabajo conjunto muestra que la seguridad se fortalece cuando los distintos niveles del Estado comparten una misma hoja de ruta, con información compartida, planificación coordinada y presencia territorial complementaria, más allá de las fronteras políticas.

La articulación con los gobiernos locales y la prevención en las ciudades

En diciembre de 2023, Córdoba dio un paso clave al sancionar la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, que creó el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y puso en valor el rol de los municipios y comunas dentro de la estrategia provincial. 

Este nuevo marco no sólo redefinió su lugar en la política de seguridad: también les dio una herramienta concreta para actuar, al habilitarlos a crear sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia. 

Estos cuerpos no fueron concebidos como una fuerza tradicional, sino como dispositivos de cercanía y proximidad que incorporan personal civil al abordaje de la seguridad y actúan como auxiliares de la Policía de Córdoba. Su enfoque pone el acento en la intervención temprana, mediante el trabajo sobre los factores de riesgo que alimentan los conflictos y el fortalecimiento de la convivencia en cada territorio.

Un enfoque que se refleja también en la formación de los agentes. Bajo la coordinación del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) y con el apoyo de la Universidad Nacional de Villa María, cientos de integrantes de las Guardias Locales se capacitaron a través del Diplomado Universitario en Seguridad y Convivencia, orientado a la prevención, la vinculación comunitaria y la gestión de conflictos.

A su vez, el vínculo construido entre los gobiernos locales y la Provincia, a través de la Secretaría de Prevención y Articulación Institucional, permitió alinear la conducción del Programa de Guardias Locales y sostener un canal permanente de acompañamiento a los municipios en el interior provincial. 

A dos años de su puesta en marcha, el alcance del modelo es inédito: 320 municipios y comunas adheridos a la ley, Guardias Locales en 215 ciudades, equipadas con vehículos y armas de letalidad reducida,  más de 2.100 agentes formados, 49 localidades con Ojos en Alerta y 65 que participaron del programa Ciudades por la Seguridad de RIL, recibiendo asistencia y formación para diseñar sus planes locales de prevención.

La articulación con la ciudadanía como eslabón clave del sistema de seguridad

La estrategia cordobesa de seguridad se apoya en un entramado más amplio que las fuerzas policiales y los organismos de gobierno: incorpora activamente a la ciudadanía como aliada estratégica a través del programa Ojos en Alerta. 

Córdoba fue la primera provincia en firmar un convenio con el programa, nacido en San Miguel, y en escalarlo de manera sostenida en su territorio. En la actualidad, 49 municipios cordobeses —incluida la ciudad de Córdoba— lo implementan, lo que representa casi la mitad de las 98 ciudades de Argentina que cuentan con este sistema. Esto posiciona a la provincia como uno de los principales nodos de participación ciudadana en seguridad a nivel nacional.

En Córdoba capital, donde el programa funciona como “Cordobeses en Alerta”, el despliegue alcanza 144 barrios y tiene más de 100.000 vecinos adheridos, con más de 25.000 alertas procesadas durante 2025 (un promedio de 170 por día). Ese flujo de información comunitaria ya se traduce en resultados concretos: en 2025 se registraron 1.897 casos positivos, con 623 detenciones y secuestros de armas y estupefacientes a partir de avisos ciudadanos.

En el interior provincial, el programa también crece: se realizaron más de 1.000 capacitaciones, y San Francisco y Río Cuarto superan en conjunto los 45.000 vecinos adheridos y 28.900 alertas.

Más allá de los números, el valor del programa está en su lógica de proximidad. La evidencia de la criminología y las ciencias del comportamiento muestra que muchos delitos no son planificados, sino oportunistas. Por eso, dispositivos como Ojos en Alerta actúan como un verdadero modificador del entorno de decisión: reducen el tiempo entre el hecho y la respuesta, refuerzan el control social y convierten al vecino en un actor activo de la prevención. 

No es casual que el 80 % de las alertas registradas en Córdoba, fueron preventivas, es decir que permitieron intervenir antes de que el delito ocurriera. Y todo esto se logra sin tecnología sofisticada, sino con algo tan simple y poderoso como un WhatsApp al alcance de la mano de los vecinos.

El aporte de RIL al fortalecimiento de la seguridad local

La estrategia cordobesa de seguridad entendió que no alcanza con sumar patrulleros o cámaras. También es clave fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para planificar, gestionar y evaluar sus políticas con datos y evidencia. 

En ese marco, en 2024 la Red de Innovación Local (RIL) lanzó, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el programa Ciudades por la Seguridad, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana.

El programa acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye o actualiza su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes, a través de talleres participativos con equipos municipales y actores locales.

En 2025, el programa amplió su alcance de 25 a 40 ciudades y alcanzó a más del 70 % de la población de la provincia. Con este crecimiento, se consolidó una red de gobiernos locales que planifican la seguridad desde la evidencia, el intercambio entre pares y la asistencia técnica especializada.

• Una radiografía de las causas del delito

Los talleres de diagnóstico llevados a cabo por RIL permitieron a los municipios construir una mirada mucho más precisa sobre los factores que alimentan la inseguridad en sus territorios. El resultado rompe con una visión puramente policial del problema. En el 100 % de las ciudades aparece el consumo problemático de drogas y alcohol como el principal factor de riesgo, seguido por la violencia intrafamiliar y de género (95 %).

También emergen con fuerza problemáticas estructurales que inciden directamente en la conflictividad: el desempleo y la informalidad juvenil (74 %) y los problemas de salud mental (69 %). A estos se suman dificultades escolares —como ausentismo y conflictos de convivencia— y condiciones territoriales como economías ilegales y déficit habitacional.

Esta evidencia permite pasar de políticas reactivas a estrategias de prevención basadas en datos, que abordan no sólo los hechos delictivos sino también las causas que los generan, con una mirada de mediano y largo plazo sobre la seguridad y la convivencia en cada comunidad.

• De los datos a la acción

Los diagnósticos integrales se transformaron en Planes Locales de Seguridad Ciudadana que funcionan como una brújula de gestión: evitan que la urgencia diaria desdibuje las prioridades y permiten hacer seguimiento de metas e indicadores a lo largo del tiempo.

El impacto del proceso ya es visible. En 2025, las 40 ciudades que participaron del programa mejoraron en promedio 24 puntos en la medición del Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana: pasaron de un 40 % inicial a un 64 %. Los mayores avances se dieron en planificación y seguimiento y en gestión de la información, con más municipios que analizan datos de manera periódica y registran sistemáticamente incidentes y conflictos para tomar mejores decisiones.

• Victorias rápidas y la fuerza del aprendizaje entre pares

En paralelo a la hoja de ruta del programa, se impulsaron mejoras de rápida implementación y alto impacto, apoyadas en asistencia técnica, intercambio entre ciudades y buenas prácticas.

Algunos ejemplos lo muestran con claridad. En Alicia, la Guardia Local incorporó un sistema digital de registro de actuaciones y mejora la gestión basada en datos y la rendición de cuentas. 

En La Falda, el municipio puso en marcha su primera Encuesta de Victimización, que servirá como base para crear una Oficina de Atención a la Víctima con enfoque basado en evidencia al igual que Jesús María donde la integrarán a la Encuesta Permanente de Hogares. Almafuerte inició el proceso de creación de su Dirección de Seguridad Ciudadana,  y localidades como Mina Clavero, Coronel Moldes o Capilla del Monte fortalecieron sus Centrales de Monitoreo y sistemas de videovigilancia.

En esta misma lógica, se acompañó la expansión de Ojos en Alerta a través de encuentros regionales en Alta Gracia, San Francisco y Río Cuarto, donde RIL sistematizó y compartió experiencias como la de Las Varillas, que desplegó una estrategia comunitaria con centros de jubilados, jóvenes promotores y actividades barriales para sumar vecinos y fortalecer la participación.

Uno de los diferenciales del programa es justamente el trabajo en red entre ciudades. A través de estos espacios, los equipos locales comparten problemas reales, contrastan experiencias y construyen soluciones de manera colectiva. 

Por ejemplo, Corral de Bustos presentó su experiencia sobre ruidos molestos, picadas y conflictos vinculados al uso de motocicletas para recibir aportes de otras ciudades. Jesús María y General Pico (La Pampa) intercambiaron prácticas sobre la gestión de eventos masivos; y Río Primero y Villa del Rosario revisaron de manera conjunta la implementación de Ojos en Alerta.

Así, el intercambio entre pares permite que las soluciones no se construyan en soledad, sino a partir de la experiencia de otros territorios, transformando prácticas aisladas en políticas más sólidas y sostenibles en el tiempo.

Un modelo para replicar

El modelo Córdoba muestra que la seguridad se vuelve más efectiva cuando se construye como un sistema y no como una suma de esfuerzos aislados. La articulación entre fuerzas de seguridad, gobiernos locales, el Estado provincial y nacional, universidades, organizaciones de la sociedad civil y los propios vecinos permite abordar el delito y las violencias desde una lógica colaborativa, basada en datos, cercanía territorial y coordinación operativa.

Esta arquitectura multinivel —que combina liderazgo provincial, cooperación nacional, gestión local y participación ciudadana— explica los resultados alcanzados en Córdoba y, al mismo tiempo, ofrece una hoja de ruta replicable para otras provincias que busquen fortalecer la seguridad desde el territorio, con datos, innovación y trabajo en red.

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Imagen principal: jornada de Capacitación en Ojos en Alerta en la Municipalidad de San Francisco. Imagen de la Secretaría de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

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Por Mariana Foglia y Sofía Castro,
Ciudades por la Seguridad en RIL (*)

En 2024, la provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo paradigma en seguridad ciudadana que promueve la articulación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y el sector privado para desarrollar soluciones más eficientes. El cambio normativo tiene como eje central a los municipios y comunas: ya son 107 los que crearon sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia, y más de 300 los que adhirieron a la nueva Ley de Seguridad Pública (Ley N° 10.954), sancionada a fines de 2023. La cifra representa el 85% de la población provincial. 

Lejos de deslindar responsabilidades, esta política reconoce el rol clave que tienen los gobiernos locales como primera línea en la prevención del delito. A través de la ley, se facilita la provisión de recursos provinciales como tecnología de videovigilancia, equipamiento y vehículos para los nuevos cuerpos de seguridad. También se fomenta la adopción de programas de participación ciudadana exitosos como Ojos en Alerta.

La prevención es la parte que les compete a los gobiernos locales en la coproducción de seguridad ciudadana. Para que sea sostenible, necesitan algo más que recursos materiales: requieren también de herramientas para profesionalizar a sus equipos técnicos, realizar diagnósticos más certeros y diseñar planes estratégicos para ordenar, priorizar y tomar decisiones basadas en evidencia.

Por eso, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Seguridad de la Provincia implementó junto con RIL el programa Ciudades por la Seguridad. En 2024, la propuesta acompañó a 25 gobiernos locales, incluidas ciudades grandes como Córdoba Capital, Villa María, San Francisco y Río Cuarto. Se trata de un recorrido donde los equipos locales reciben asistencia técnica desde el diagnóstico a la planificación y el monitoreo de metas de seguridad, con el foco puesto en generar capacidad instalada y el trabajo en red. En 2025, el programa se expandirá a 40 ciudades más.

Para cualquier gobierno local que busque fortalecer su estrategia local de seguridad, esta experiencia ofrece una guía valiosa. ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos? ¿Qué aprendieron en el camino? ¿Qué logros alcanzaron? Estas preguntas nos ayudan a entender y compartir las claves de su transformación.

Innovación y planificación en seguridad

A través del recorrido del programa Ciudades por la Seguridad, los municipios participantes dieron un gran paso hacia una gestión de la seguridad más estratégica y eficiente al crear sus propios Planes de Seguridad Local. Esta hoja de ruta, pensada a cuatro años, incluye la visión del intendente, ejes estratégicos, objetivos, metas claras e indicadores para medir los avances en el tiempo.

Para dar seguimiento al Plan, los municipios crearon un tablero de monitoreo que les permite medir el progreso, identificar demoras y ajustar la gestión. Mantenerlo actualizado asegura que las estrategias de seguridad no queden sólo en planes, sino que se traduzcan en mejoras reales, sostenibles y transparentes.

El punto de partida para que cada gobierno local participante alcance su Plan de Seguridad fue un autodiagnóstico de capacidades locales. Se trata de una herramienta de autoevaluación diseñada con un panel de expertos, que les permitió medir su estado o línea de base en materia de gestión de la seguridad local. 

¿Cuentan con un área de seguridad en su estructura orgánica? ¿Realizan encuestas de victimización y percepción sobre seguridad? ¿Promueven instancias de participación ciudadana en la materia? Estas son sólo algunas de las 58 preguntas en seis grandes temas que permitió a cada equipo identificar fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora. Esta herramienta es de carácter abierto y  accesible a través del portal de  RIL, y procura identificar cuales “No” podemos transformar en “Sí”.

La experiencia en ciudades de Córdoba

Transformar los “No” en “Sí” implica reconocer lo que falta y animarse a construirlo. Así lo hicieron, por ejemplo, en Arroyito, donde crearon una Secretaría de Seguridad Ciudadana, separando sus funciones de las de seguridad vial para abordar de manera más focalizada la prevención del delito y la protección comunitaria. O en Estación Juárez Celman, donde el equipo municipal creó una Dirección de Seguridad Ciudadana que integra dispositivos de emergencia y estrategias preventivas para fortalecer la respuesta ante incidentes. Se trata de aprendizajes que surgen al revisar capacidades institucionales y poner de relieve la importancia de contar con  áreas municipales especializadas y equipos formados en las mejores prácticas. 

En la siguiente etapa del programa, el desafío fue mejorar la recolección y análisis de datos sobre seguridad. Para ello, se asistió a los equipos para identificar los principales factores de riesgos socio-delictuales y qué programas municipales funcionan como factor de protección. La verdadera innovación del proceso radicó en acelerar la articulación multiagencial dentro de cada municipio, facilitando un trabajo conjunto para definir prioridades y abordar la seguridad de manera más integral. 

Para ello, las áreas de Seguridad trabajaron en conjunto -muchas por primera vez- con otras dependencias como Desarrollo Social, Cultura, Espacios Públicos o Educación para pensar la problemática desde su complejidad. También unificaron estadísticas dispersas para tener una visión más clara considerando no sólo la información criminal, sino múltiples datos que permiten entender el problema desde sus causas.

En algunas ciudades como San Francisco y Malagueño esta búsqueda por unificar datos delictuales dispersos derivó en la creación y fortalecimiento de sus propios Observatorios de Seguridad Municipales. Estos espacios contribuyen a la profesionalización técnica y continua del análisis de datos para la planificación de políticas locales. 

En la ciudad de Córdoba, en tanto, se realizó un arduo trabajo en la unificación de registros provenientes de diversas áreas municipales. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género, la identificación de espacios con presencia de personas en situación de calle y el mapa de intervenciones de la Guardia Urbana Municipal. 

En municipios como Marcos Juárez y Villa Allende, los espacios de diálogo multiagencial fomentaron la cooperación entre distintos niveles gubernamentales y actores comunitarios. En ciudades como Cosquín, incluso se sumó personal policial a estos talleres, aportando su mirada y debatiendo con secretarios municipales de distintas áreas.

Aprendizajes para una gestión más eficiente: formación y trabajo en red

Convencidos de que la innovación va de la mano de la inspiración, los referentes de seguridad ciudadana comenzaron a formar parte de la “Comunidad Seguridad”. Se trata de un espacio de aprendizaje entre pares que ya se extendió a 84 ciudades de 14 provincias argentinas. El objetivo: una red colaborativa nacional que acelere el intercambio de buenas prácticas y soluciones para desafíos comunes. Allí se canalizan capacitaciones con expertos nacionales e internacionales, siendo la formación para la acción a través de la Academia de Seguridad de RIL un pilar del programa.

A la hora del balance, una de las grandes lecciones de esta experiencia es que una planificación más efectiva demanda pensar la seguridad más allá del delito para que los gobiernos locales puedan llegar antes de que el mismo ocurra. Integrar datos sobre acceso a la salud, consumos problemáticos, deserción escolar, desarrollo humano, denuncias por violencia de género y condiciones del espacio público hace la diferencia entre la prevención temprana y la reacción tardía. 

Otro aprendizaje clave fue la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la prevención del delito. Morteros, por ejemplo, llevó a cabo un Taller de Medidas Preventivas de Seguridad dirigido a personas mayores, demostrando la importancia de integrar a la comunidad en las estrategias de seguridad, promoviendo la corresponsabilidad de la seguridad y fortaleciendo la cohesión social.

La planificación estratégica demostró ser un factor determinante en la efectividad de las políticas de seguridad. En municipios como Tanti y Río Cuarto, la implementación de tableros de monitoreo ha permitido seguir en tiempo real la evolución de los programas en curso y realizar ajustes en función de los resultados obtenidos.

Este enfoque ayuda a medir resultados y, al mismo tiempo, permite que lo urgente no le quite tiempo a lo importante. Al contar con información clara, los equipos de gobierno pueden tomar decisiones estratégicas con mayor precisión, priorizar intervenciones efectivas y asegurar que la seguridad ciudadana sea abordada con planificación, datos y resultados concretos.

Un camino de mejora continua para todos los municipios 

Los avances registrados en Córdoba confirman que la seguridad local exige un enfoque integral y colaborativo, donde confluyen la planificación basada en datos, la articulación multiagencial y la participación comunitaria. Si bien planificar implica un cambio cultural y enfrentar resistencias de áreas de gobierno que tienden a funcionar como compartimentos estancos, es posible avanzar hacia una lógica más coordinada y estratégica. 

La experiencia de estos municipios demuestra que, incluso con recursos limitados, se pueden impulsar transformaciones significativas cuando se trabaja con información, se promueve la cooperación entre sectores y se invierte en la formación continua de los equipos. Todo esto con el horizonte de dejar un legado duradero de mayor seguridad para la ciudadanía. La clave radica en la implementación de metodologías basadas en evidencia, el fortalecimiento de la gobernanza local y la construcción de redes de colaboración sostenibles en el tiempo.

El cierre del programa 2024 no marca un punto final, sino un nuevo punto de partida para seguir fortaleciendo la experiencia que vivirán 40 nuevos gobiernos locales de Córdobaen 2025. Es una experiencia que invita a otras provincias del país a nutrirse de este enfoque de seguridad basada en la corresponsabilidad entre niveles de gobierno para alcanzar comunidades más seguras, resilientes y participativas.

Lecciones desde Colombia sobre la planificación en seguridad local  

Como parte del programa, una de las expertas invitadas en 2024 fue Melissa Franco García, consultora internacional en planificación de políticas de seguridad y exsecretaria del Interior de Bucaramanga, Colombia. Durante un webinario, compartió una experiencia muy valiosa desarrollada en su país. 

En Colombia, desde 1993, a partir de la sanción de la Ley Nacional N.º 62, se estableció la obligación de que alcaldes y gobernadores, en conjunto con la Policía Nacional, diseñen y ejecuten planes integrales de seguridad en sus territorios. Estos planes, conocidos como Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), son requisitos indispensables para acceder a recursos logísticos y financieros por parte del gobierno nacional.

Esta política resalta la importancia de la planificación estratégica en materia de seguridad, y para ello, a lo largo de los años, Colombia ha desarrollado una guía metodológica común que permite a todos los municipios formular sus planes de manera homogénea, utilizando un mismo formato en todo el país. 

Además, los planes deben cargarse en un sistema nacional de seguimiento. Esto obliga a los municipios a mantener la información actualizada y accesible, tanto para otros funcionarios como para la ciudadanía. Esto refuerza la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. Los PISCC incorporan buenas prácticas internacionales y están diseñados para trascender gestiones políticas, combinando metas de corto y largo plazo que pueden sostenerse entre administraciones.

La experiencia de Colombia, así como la de Córdoba, demuestra que cuando existe voluntad política, acompañada por herramientas normativas claras y sistemas de seguimiento eficientes, es posible lograr una transformación profunda en la manera en que se gestiona la seguridad desde lo local.

(*) Mariana Foglia es coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad en la Red de Innovación Local (RIL). Sofía Castro se desempeña como facilitadora en el mismo programa. 

Fuente ilustración principal: Pinterest. 

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Por Mariana Foglia (*)

Mientras que en la década de los 90 el dilema político de los intendentes giraba en torno a si debían o no involucrarse en los asuntos de seguridad, en la actualidad  el interrogante es qué hacer y cómo tener una mejor política local en la materia. 

Si bien la policía, la justicia y el sistema penitenciario dependen de los niveles provincial y nacional, los municipios hoy se han convertido definitivamente en el centro de imputación de la demanda ciudadana por más y mejor seguridad. 

Ubicados en la primera línea de fuego frente a una problemática compleja y multicausal, no hay escapatoria para los gobiernos locales. Sin tener en sus manos la faz punitiva, su principal rol es la prevención del delito y las violencias.

Es más barato prevenir que curar

Durante mucho tiempo la criminología clásica atribuyó el origen de las conductas delictivas a ciertas características físicas o mentales, concluyendo de modo simplista que la delincuencia estaba en la biología de las personas. 

Hoy, desde la criminología moderna, entendemos que se trata de un fenómeno mucho más complejo, sujeto a múltiples causas. Estos factores de riesgo socio-delictuales, van desde el consumo de drogas y alcohol, el abandono escolar y la violencia familiar, hasta la exclusión social y el desempleo, entre muchos otros factores de orden no solo individual sino también comunitario e institucional. 

Ninguna de estas condiciones por sí solas fomentan la delincuencia. Es la presencia simultánea y acumulativa de varios factores de riesgo la que aumenta las probabilidades de que ciertos individuos cometan delitos. Se trata de una distinción importante a la hora de evitar toda estigmatización.

Detrás de todo fenómeno delictual, hay entonces carencias y conflictos sociales irresueltos. Y es allí  donde juegan un rol clave los gobiernos locales a la hora de promover la convivencia ciudadana y políticas generadoras de oportunidades que actúen como barreras protectoras de entrada en la actividad delictiva. 

En tanto primera puerta del Estado, los municipios pueden prevenir la delincuencia a través de sus herramientas de planeamiento urbano, desarrollo social, cultural, deporte, salud y educación para lograr llegar “antes que el delito”. En otras palabras, cuando actúa la policía y se activa todo el sistema de justicia penal, es porque el delito ya ocurrió y por lo tanto la prevención fracasó. 

La literatura especializada evidencia que los programas de prevención son, además de efectivos, más baratos que las medidas tradicionales de control del delito.  Según Rodrigo Serrano-Berthet del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando se comete un delito, el Estado tiene que gastar recursos públicos en policía, justicia, cárceles y atención a víctimas. Si se suman esos gastos y se comparan con el costo de prevenir que el delito ocurra, el análisis es altamente favorable para la prevención: por cada dólar que el estado invierte en prevenir la reincidencia, la sociedad gana más de seis dólares. 

El desafío: fortalecer capacidades municipales  

Al calor del avance de la problemática, en los últimos años en Argentina los municipios empezaron a crear en sus organigramas incipientes áreas para atender la seguridad ciudadana. Sin embargo, se observan varios denominadores comunes que limitan su accionar. 

Entre ellos, la falta de una institucionalidad robusta  para planificar y evaluar iniciativas, la ausencia de mandos políticos y técnicos debidamente formados; un limitado acceso a información estadística criminal y a encuestas regulares de victimización y percepción que impiden  conocer el cuándo, dónde y cómo se producen los delitos en los barrios y qué sentimientos movilizan en la ciudadanía. A  ellos se suma la escasez de recursos, sobre todo en una temática considerada tradicionalmente como campo de acción de los gobiernos provincial y nacional. 

De la mano de la falta de diagnósticos sobre los cuales erigir la estrategia de seguridad, es muy común el diseño de medidas aisladas, mayormente de corte situacional, con eje en los síntomas cortoplacistas del delito más que en sus causas más profundas. A su vez, se suelen ejecutar políticas sociales amplias con poco impacto con relación a los niveles de victimización de un determinado territorio en lugar de programas de prevención social del delito focalizados en la población en riesgo. 

Se trata de un desafío público que requiere capacidades administrativas y políticas sólidas. No sólo para gestionar, sino también para dialogar con todos los actores intervinientes –desde el sector policial y judicial hasta la sociedad civil–para el trabajo en red que amerita. 

El reto: “llegar antes que el delito”

La clave es entonces “llegar antes” y, para ello, se requiere de una estrategia de seguridad local pensada  por “fuera de la caja”. Es decir, abordar este desafío público más allá de la cuestión criminal para poner el foco en reducir aquellos factores de riesgo que están detrás de toda persona que delinque. Ello implica algunos puntos de partida para la acción: 

• Voluntad y liderazgo político para asumir una agenda municipal que tenga a la seguridad entre sus principales ejes estratégicos.

• El plan de seguridad local debe ser integral, no sólo inversión en cámaras y tecnología, herramientas necesarias y fundamentales para el abordaje a corto plazo. También debe incluir programas focalizados de prevención social, comunitaria de la mano de recursos humanos y presupuestarios específicos con mirada en el mediano y el largo plazo.
• En la tarea de prevenir, ninguna secretaría del municipio escapa al abordaje de la seguridad y debe formar parte de la respuesta desde sus competencias afines a la gestión de la conflictividad social.
• Toda estrategia de seguridad debe partir de información fiable para  diagnosticar, planificar, dar seguimiento y evaluar políticas basadas en evidencia y no en la intuición.

• La participación de la ciudadanía es clave si se quiere alcanzar impacto y resultados sostenibles en el tiempo.
• Revisar qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad en los territorios locales es fundamental para implementar políticas basadas en evidencia.

Profundicemos un poco más sobre seguridad

Sobre este último punto, una herramienta valiosa y fuente de aprendizaje e inspiración es la plataforma desarrollada por el BID que promueve el uso de evidencias científicas en las decisiones sobre seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. En la misma se pueden encontrar iniciativas concretas con resultados e impacto evaluados como exitosos en temas como prevención de la violencia infanto-juvenil, seguridad urbana, policiamiento, justicia criminal, reinserción social y violencia contra las mujeres. Hacer una buena revisión de estos programas es un primer paso fundamental para idear una política de seguridad local.

En definitiva, las ciudades son seguras no sólo ante la ausencia de delito y el temor de ser victimizados. Son seguras si sus ciudadanos gozan de calidad de vida en términos de libertad, disfrute de los espacios públicos y acceso a oportunidades. No hay seguridad sin desarrollo humano como condición indispensable del derecho a la ciudad de todos sus habitantes.

Políticas faro para gobiernos locales

La Municipalidad de Peñalolén, en Chile, implementó una destacada política integral de prevención social del delito, enfocada en abordar la delincuencia desde un enfoque social y comunitario. Esta estrategia se basa en la prevención y en el fortalecimiento del tejido social, involucrando tanto a actores comunitarios como a instituciones locales para enfrentar factores como la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades.

La política incluye una variedad de programas diseñados para prevenir el delito. Entre ellos, destaca el Programa de Mediación vecinal y comunitaria, que fomenta la participación vecinal a través de redes de apoyo comunitario. Este programa se articula con el Plan Integral de Barrios Seguros, que promueve la formación de líderes barriales responsables de co-gestionar y fomentar la convivencia pacífica en sus barrios. 

Otro programa relevante es el Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, que identifica a niños y adolescentes en riesgo de abandonar el sistema educativo o sufrir vulneraciones de derechos. Esta iniciativa permite detectar y atender situaciones críticas, garantizando una respuesta rápida y adecuada.

Todos estos programas se basan en diagnósticos detallados de los factores de riesgo y protección en la comunidad. Esto permite focalizar las políticas en las problemáticas específicas del municipio. La clave ha sido la colaboración interinstitucional, involucrando áreas como educación, salud y deportes, además de la cooperación con organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Esta política integral de prevención está diseñada para generar soluciones sostenibles a largo plazo con foco en el trabajo en red.

Otro programa exitoso de prevención del delito, articulando la Prevención situacional con participación comunitaria es “Ojos en Alerta”, de la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su objetivo principal es mitigar la inseguridad e involucrar a los vecinos y vecinas en la prevención del delito. A través del Whatsapp, los ciudadanos pueden reportar situaciones de emergencia, actividades sospechosas, siniestros viales, violencia por motivos de género y otros incidentes relevantes en tiempo real. 

Este programa llevó al municipio de San Miguel a recibir el premio RIL a la Ciudad Inspiradora 2024, otorgado en la Noche de los Intendentes. Ojos en Alerta hoy se replica en 50 localidades. En ellas logró activar y mejorar la calidad de los mapas del delito, habilitando una mejor planificación de los operativos públicos de control para la prevención y el posicionamiento inteligente de las patrullas policiales en sus respectivas cuadrículas. 

Camino a ser una ciudad con una estrategia integral de Seguridad

Este año, la Red de Innovación Local (RIL) lanzó el Programa Ciudades por la Seguridad que acompaña a equipos de gobiernos locales de 27 ciudades del país en el diseño de una planificación integral de seguridad ciudadana. La iniciativa es financiada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Konrad Adenauer Argentina. 

Nuestro objetivo es acompañar a los equipos locales en el fortalecimiento y profesionalización de sus capacidades de planificación y gestión de sus políticas locales de convivencia y seguridad ciudadana. Mediante capacitaciones específicas y talleres en territorio, procuramos dotarlos de herramientas para diagnosticar, pasar a la acción y trabajar en redes colaborativas para implementar estrategias innovadoras y basadas en evidencia que mejoren la calidad de vida ciudadana. 

Desde RIL entendemos que, en materia de seguridad, los líderes locales pueden hacer mucho para garantizar condiciones de vida más seguras para sus comunidades. La clave del éxito en cualquier estrategia de seguridad no es ni la mano dura ni la mano blanda. Sino una política inteligente contra el delito donde el Estado en sus tres niveles, junto al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía formen parte de la solución en una verdadera alianza por ciudades más seguras.

(*) Mariana Foglia es Coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad  de la Red de Innovación Local (RIL)

Imagen ilustrativa de portada: Unsplash.

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