¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

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Redacción +COMUNIDAD
Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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Hasta hace poco, el Puente de Colores era un punto evitado en Santiago de Cali. Con arte, mobiliario y mejor conectividad peatonal, una intervención lo transformó en un lugar de orgullo barrial. Chicas y chicos hoy lo usan para reunirse, cruzar con seguridad y desplegar actividades que antes quedaban restringidas por la percepción de riesgo.

“Ahora puedo moverme sin miedo a que me pase nada, a que me roben o que pase una moto rápido. Ahora mi mamá me deja salir, siento que puedo moverme sola”, cuenta con alivio Kelly, de 10 años. 

Una situación similar se da ahora en una zona que antes era eludida en el barrio de El Poblado II, en Cali. Allí, un terreno baldío funcionó durante años como un vacío urbano. Hoy es el Aula Vivo Mi Calle: un espacio abierto con huerta, juegos y una pequeña pista de baile donde se programan talleres y encuentros. La activación recuperó un lugar cercano para socializar, aprender y tejer confianza entre vecinos, especialmente para adolescentes.

Algo parecido ocurrió en Palmira, donde en los últimos años se impulsó una cicloruta saludable y la revitalización de un polideportivo, en el barrio de Caimitos. Allí se fortalecieron las prácticas deportivas, se instalaron juegos infantiles tradicionales y alternativos, se pintaron murales y se sumó mobiliario que incentiva la interacción vecinal.

Estos cambios tuvieron lugar en barrios populares de Cali y Palmira, en el Valle del Cauca, donde la falta de infraestructura y oportunidades ha marcado la vida comunitaria. Son territorios atravesados por tensiones cotidianas ligadas a la inseguridad y a una percepción de riesgo que históricamente ha limitado el uso de parques y canchas.

Pero esto está cambiando, y las intervenciones no se explican sólo por la puesta en marcha de obras físicas, sino por un proceso más profundo: diagnóstico, codiseño y activación con las juventudes. ¿El punto en común? Estas activaciones han recuperado lugares cercanos para socializar, aprender y tejer confianza entre vecinos, especialmente para adolescentes.

Vivo Mi Calle: juventudes protagonistas del espacio público

La respuesta está dada por Vivo Mi Calle, una iniciativa implementada desde 2019 por WRI Colombia, Fundación Despacio y la Universidad EAFIT, con apoyo de Fundación Botnar, Ecorys y otras organizaciones. Más de 256 adolescentes participaron de las decisiones y del hacer en territorio. En conjunto, las acciones revitalizaron 10.000 m² y alcanzaron a más de 23.000 personas entre Cali y Palmira.

El proyecto parte de una premisa clara: las juventudes no son sólo beneficiarias, sino protagonistas capaces de incidir en la planificación urbana y en la construcción de comunidades más seguras e inclusivas, por medio del liderazgo y la movilización. Según el monitoreo del proyecto, el sentido de apropiación del espacio creció 65,3% y la comunidad impulsó decenas de iniciativas para mantener activos los nuevos ámbitos.

Para profundizar en el proceso —qué problema se abordó, cómo se trabajó con adolescentes, qué funcionó, qué se ajustaría y en qué condiciones es replicable— +COMUNIDAD conversó con el equipo de WRI Colombia. En concreto, con Jéssica Kisner, gerente de proyectos del programa de Ciudades; Natalia Senejoa, analista técnica; y Diego Gómez, gerente de comunicaciones.

Asimismo, en otro apartado del artículo, se suman los testimonios de Fredy Bustos López y Karen Dayanna Rojas Pulido, del equipo de Movilidad Sostenible de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Los cimientos sobre los que se construyó Vivo Mi Calle

━ ¿Cómo surgió desde WRI Colombia la decisión de priorizar la participación de adolescentes en la planificación urbana de Cali y Palmira, y qué necesidades concretas buscaban atender con Vivo Mi Calle?

WRI Colombia: Desde hace unos años empezó un movimiento que buscaba abrir mayores espacios para que las personas tuvieran voz y decisión sobre cómo querían sus entornos urbanos. Por ello surge el propósito de habilitar lugares para que adolescentes puedan ser partícipes del diseño, planificación, y construcción de su ciudad. Vivo Mi Calle nació en 2019 con el propósito de crear rutas seguras para que adolescentes de Cali y Palmira pudieran acceder a oportunidades recreativas y pedagógicas.

Sin embargo, su alcance ha cambiado y hoy en día se presenta como una apuesta para fomentar el uso saludable del espacio público por parte de adolescentes y sus comunidades con un enfoque de género, actividad física y seguridad. Esto se consiguió a través del desarrollo de actividades de formación de liderazgo juvenil, urbanismo participativo e incidencia política y movilización comunitaria, que entre 2022 y 2025 se realizaron en el Parque de la Paz, en Cali, y en el Polideportivo Caimitos de Palmira.

Es importante recalcar que Viva Mi Calle hace parte del programa global de Ciudades Saludables para adolescentes de Fundación Botnar, supervisado por Ecorys, con el que se busca promover la salud y el bienestar de esta población en contextos urbanos en donde se carecen de algunas condiciones para atender sus necesidades. Así, se busca posicionar a la adolescencia como un actor fundamental para lograr un desarrollo urbano justo y sostenible.

━ ¿Qué papel han jugado las diferentes dependencias municipales en el diseño y la implementación de estas intervenciones urbanas?

Trabajamos con distintas dependencias municipales para fortalecer los procesos de apropiación y sostenibilidad de la transformación que iniciamos con Vivo Mi Calle: establecemos memorandos de entendimiento con las alcaldías de ambas ciudades. En Cali tuvimos espacios de intercambio con el Departamento Administrativo de Planeación, específicamente con el Taller de Espacio Público en espacios de intercambio de conocimiento; el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. También con la Secretaría de Integración Social y la Oficina de Cooperación Internacional, que ha servido como un canal para difundir el proyecto y llegar con esta iniciativa a otras dependencias de la administración municipal.

En Palmira trabajamos con la Secretaría General, como principal punto focal para fortalecer las acciones de intervención del proyecto, apalancándonos en iniciativas de la Alcaldía como el programa “Palmira es mi casa” y en espacios de diálogo con la Secretaría de Integración Social. Gracias al trabajo comunitario entre líderes, adolescentes y jóvenes, en Cali se han hecho alianzas para la activación de los espacios públicos con otras dependencias como la Secretaría del Deporte y la Recreación, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y su Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades e instituciones educativas como la Universidad del Cauca.

Adicionalmente, trabajamos con Consejos Municipales de Juventud, grupos de jóvenes de entre 14 y 28 años que son elegidos popularmente por sus pares en todos los territorios de Colombia. Estos consejos son un mecanismo de representación que tiene la juventud colombiana para participar en los espacios de toma de decisiones sobre políticas, programas y proyectos que impactan esta población.

━ ¿Cómo se ha coordinado el trabajo con la comunidad y organizaciones de la sociedad civil como Despacio?

Vivo Mi Calle ha sido una iniciativa implementada por WRI Colombia, Fundación Despacio y la Universidad EAFIT con apoyo de Fundación Botnar, Ecorys y otras organizaciones que se han aliado al proceso de trabajo con aliados locales para fortalecer su impacto. Para lograr la mejora del bienestar de adolescentes y comunidades a partir de la revitalización del espacio público, identificamos organizaciones locales, instituciones educativas, líderes, líderesas y a un grupo de adolescentes con experiencia para adelantar las actividades del proyecto.

Este trabajo colaborativo e involucramiento constante son fundamentales, pues el corazón del proyecto es contribuir al bienestar de la adolescencia y de sus comunidades a partir de la transformación de sus espacios públicos más cercanos.

Contar con la participación de la comunidad y organizaciones aliadas locales nos permite comprender sus expectativas y alinear nuestros esfuerzos para contribuir a la visión que tienen de sus territorios.

Todas las personas involucradas que participan en distintos momentos son parte clave del proyecto y tienen voz y voto de las decisiones más relevantes, como el diseño de la intervención física del espacio público. Así, promovemos espacios de diálogo y toma de decisiones del proyecto que integren las perspectivas de todas las partes implicadas.

━ ¿Cómo evalúan el impacto de estas intervenciones en la percepción de seguridad, la apropiación del espacio público y el bienestar de adolescentes de la ciudad?

La evaluación de las intervenciones es realizada por un socio del proyecto externo a nuestra organización, pero que es parte esencial del mismo y acompaña el proceso desde el inicio. En la fase II de Vivo Mi Calle contamos con el acompañamiento de la Universidad EAFIT, quien lideró el proceso de monitoreo, evaluación y lecciones aprendidas. Esta institución mide el impacto a través del análisis de información recolectada con métodos mixtos como entrevistas individuales y grupales, grupos focales, cuestionarios y observaciones. 

Se trabaja con un marco de resultados que presenta distintos indicadores sobre los productos y los resultados de mediano y largo plazo incluidos en nuestra teoría de cambio. Estos resultados se enfocan en conseguir que las y los adolescentes conozcan su entorno y que tomen un rol de agentes de cambio en sus comunidades, promoviendo actividades saludables en el espacio público, y posicionando sus necesidades en las discusiones de la administración pública local y la comunidad.

En cuanto a la apropiación del espacio público, las intervenciones realizadas en el Parque de la Paz, en Cali, y en el Polideportivo Caimitos, en Palmira, aumentaron en un 65,3% el sentido de apropiación de la comunidad y su disposición para involucrarse en el cuidado y activación de los espacios revitalizados. Luego de la intervención, la comunidad lideró 15 iniciativas para promover la actividad física y el uso constante del espacio público.

En el caso de Palmira, el 62% de los usuarios encuestados del Polideportivo Caimitos (revitalizado en la fase II) valoraron positivamente las mejoras que se hicieron en el espacio, un dato que ascendió a 86,5% entre adolescentes. También se registró un aumento de su uso general en un 33,2% entre la comunidad, con un 26,7% entre los adolescentes (45,7% en niñas y 54,3% en niños). La seguridad general percibida aumentó un 54,2%, con un 46,2% para las niñas y un 63,6% entre los niños. 

Medir, evaluar e inspirar

━ ¿Cómo y a través de qué metodologías miden los resultados de estas intervenciones, tanto a nivel de infraestructura como en el fortalecimiento del tejido social y la salud mental juvenil?

WRI Colombia: Para los temas de infraestructura se mide el total del espacio recuperado o intervenido: para la fase II, incluyendo las intervenciones en Palmira, se intervinieron 10.800 m2 de espacio público. También se mide el uso de ese espacio en las activaciones que se realizan para mantenerlo vivo, en las que más de 1.200 personas participaron. Adicionalmente, se realizaron 15 iniciativas comunitarias para promover la actividad física y uso del espacio público (que incluyen las realizadas en Palmira).

Con relación al tejido social se trabajó con los líderes comunitarios, como comités vecinales y miembros de la Junta de Acción Comunal, junto con los adolescentes del programa y jóvenes del barrio. La mitad de los y las participantes jóvenes manifestó que los miembros de la comunidad y las autoridades locales están más dispuestos a oír sus ideas. Y por su lado, el 53,4% de los encuestados adultos mejoró la percepción de las capacidades y habilidades de los jóvenes para incidir y tomar decisiones. 

Se busca que haya una integración intergeneracional y diálogos entre los diferentes actores, por lo cual es esencial que existan espacios donde puedan compartir sus ideas de forma segura para lograr consolidar ese tejido social sano al que enfocamos nuestros esfuerzos.Los eventos y activaciones, que los definen de manera conjunta entre los miembros de la comunidad, buscan también ser espacios de socialización que ayuden a fortalecer los lazos comunitarios. Estos datos se recopilan con las estrategias trabajadas para el monitoreo, evaluación y aprendizaje del proyecto.

━ ¿Qué recomendaciones darían a otras ciudades u organizaciones interesadas en implementar procesos de diseño urbano liderados por jóvenes?

La urbanización creciente implica retos en términos de accesibilidad y bienestar para poblaciones como adolescentes y jóvenes que usualmente no participan en los procesos de planificación urbana. Por ello, es muy importante que se creen espacios donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) puedan interactuar con quienes toman las decisiones en las ciudades y en las comunidades. 

Para enriquecer estos espacios de discusión, también es fundamental contar con procesos de formación y fortalecimiento de capacidades de liderazgo de los y las jóvenes. Mejorar sus habilidades de comunicación y negociación, así como compartir conocimiento acerca de sus ciudades, les permite tener conversaciones más horizontales con distintos tomadores de decisiones, conocer sus contextos y expresar sus ideas para abordar las problemáticas que enfrentan en sus entornos cercanos.

Estos procesos con la comunidad, donde se busca la integración de varias voces, y el fortalecimiento de capacidades, conllevan más tiempo, pero a la larga son procesos que realmente construyen ciudad y ciudadanía. No es solo intervenir un espacio, es trabajar en conjunto con la gente, los vecinos, los niños, niñas y los adolescentes para que juntos podamos crecer, aprender y transformarnos.

Adicionalmente, el trabajo en red con organizaciones e iniciativas con intereses comunes fortalece el mensaje que se busca transmitir sobre la relevancia de la adolescencia como una población clave para el diseño de las ciudades. Vivo Mi Calle se ha consolidado como una metodología que puede ser replicable en otros contextos urbanos. Tenemos publicaciones que recopilan el proceso de implementación desde 2019 hasta 2025 y plasma los aprendizajes, así como el paso a paso que sugerimos para llevar a cabo un proceso participativo de transformación del espacio público para mejorar el bienestar de los y las jóvenes.

Ciudades con y para las juventudes

━ ¿Qué ganan aquellas ciudades que trabajan por posicionar a adolescentes como protagonistas en la planificación urbana y en la formulación de políticas públicas orientadas a construir ciudades más saludables para la juventud?

Contar con una ciudadanía activa que esté interesada en el desarrollo de la ciudad y que tenga las capacidades y herramientas para poder incidir es una base fundamental para un desarrollo urbano que beneficie a la sociedad. Si esa base se trabaja y se comienza desde una edad temprana, fortalece la capacidad futura de los próximos líderes y fortalece las comunidades con liderazgos sólidos.

Dentro de nuestro Decálogo de ciudades saludables el primer punto es la inclusión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de planificación. Incluir las voces de esta población, cuyas necesidades han sido desatendidas, es clave teniendo en cuenta que su participación activa es un primer paso para la construcción de espacios públicos y entornos saludables e inclusivos que les brindan bienestar al poder relacionarse con sus pares, comunidades y realizar actividad física.

Trabajar en políticas públicas orientadas a la atención de la población joven implica entender, oír, conocer y colaborar con ellos para que las propuestas realmente estén orientadas a sus necesidades y respondan a los desafíos que enfrentan, integrando sus ideas para abordarlos. Una ciudad gana al crear escenarios para el desarrollo (social, físico y emocional) y disfrute de esta población, se construye una ciudadanía comprometida y apropiada de sus territorios, y se fomenta el fortalecimiento de los próximos líderes que ayudarán a transformar y diseñar ciudades con un desarrollo justo y sostenible.

El efecto de Vivo Mi Calle en la Alcaldía de Cali

En julio de 2025 se cerró la segunda fase de implementación de Vivo Mi Calle. Actualmente, WRI Colombia no está realizando actividades en las ciudades donde se implementó la iniciativa durante las fases previas, pero permanece a la espera de la eventual aprobación para extender el proyecto por un año adicional.

Tal como se anticipó en la apertura, tras las respuestas de WRI Colombia se presenta la mirada municipal. En este marco, John Fredy Bustos López (especialista en movilidad sostenible) y Karen Dayanna Rojas Pulido (arquitecta en movilidad sostenible), integrantes de la  Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, profundizaron a pedido de +COMUNIDAD sobre aprendizajes e impactos en políticas públicas orientadas a adolescentes y jóvenes en la ciudad.

━ ¿Qué aprendizajes deja para la Alcaldía de Cali la experiencia de Vivo Mi Calle sobre el papel de la juventud en la transformación del espacio público?

El proyecto Vivo Mi Calle ha dejado valiosos aprendizajes para la Alcaldía de Cali al destacar el rol crucial que la juventud desempeña en la creación de un espacio público más accesible y en paz. Esta iniciativa reveló que los jóvenes no son meros receptores de políticas, sino agentes activos con la capacidad de transformar su entorno. Durante la pandemia, Vivo Mi Calle desarrolló una metodología innovadora para planificar la cicloinfraestructura considerando las necesidades y dinámicas específicas de la juventud, esta metodología ha permitido que los documentos técnicos generados sean hoy día la base para generar una intervención en la calle 8.

Además, el proyecto facilitó alianzas estratégicas con organizaciones de renombre internacional como el World Resources Institute (WRI) y Bloomberg, que permitieron reconectar el Parque 72w, revitalizándolo con nuevos conceptos urbanísticos que no solo mejoran la estética, sino que también fomentan la cohesión social. 

━ ¿Cuál dirían que ha sido el mayor impacto y por qué?

El mayor impacto de este proyecto ha sido la capacidad de desarrollar y validar metodologías de escucha a la juventud, traduciéndolas a un lenguaje institucional comprensible y aplicable. Tradicionalmente, las instituciones públicas han tenido dificultades para conectar con las inquietudes y propuestas de los jóvenes de manera estructurada, pero Vivo Mi Calle entiende este obstáculo y lo trabaja al crear un puente entre las ideas de la juventud y el marco de acción institucional.

La Alcaldía ahora cuenta con herramientas concretas y probadas para replicar este modelo en otras áreas de la ciudad, asegurando que la voz de los jóvenes siga siendo un componente esencial en la toma de decisiones sobre el espacio público. En lugar de una simple consulta, se ha establecido un proceso de cocreación que dota de poder a la juventud y brinda a la administración pública un modelo de gestión más inclusivo y eficiente.

━ ¿Ha cambiado el enfoque de la Alcaldía en políticas públicas?

Si bien el enfoque de las políticas públicas de la Alcaldía de Cali no ha cambiado en su esencia, la experiencia de Vivo Mi Calle ha tenido un efecto significativo en la toma de decisiones públicas. El proyecto ha servido como un catalizador, orientando las acciones de la administración municipal de manera más directa hacia el cumplimiento de los objetivos ya establecidos en las políticas públicas.

Anteriormente, la visión de implementación de políticas públicas podía carecer de un vínculo claro con las necesidades reales de los jóvenes. En este sentido, el proyecto Vivo Mi Calle ha enriquecido el proceso de toma de decisiones, garantizando que se base en evidencia y en una comprensión más profunda de la realidad de la comunidad, lo que a largo plazo fortalece la efectividad y pertinencia de las políticas públicas existentes, así como la implementación y apropiación de los proyectos. Articulación comunitaria, la clave para generar impacto.

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Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con base en fotos de Vivo Mi Calle / Despacio.

Redacción +COMUNIDAD

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datos

Por Agustina Randazzo, Jimena Álvarez (RIL),
Sarah Farooqi y Arielle Diamond (DIAL)

Las ciudades de América Latina y el Caribe representan más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, según datos de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este fenómeno se debe a la rápida urbanización, que ha provocado una expansión descontrolada del transporte, la industria y la deforestación. Además, estas ciudades albergan a más del 80 % de la población regional, lo que las convierte en puntos clave para implementar soluciones eficaces para hacer frente al cambio climático. 

Sin embargo, el reto es aún mayor. Las ciudades están cada vez más expuestas a fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías, que afectan a millones de personas. 

En este contexto, la Red Innovación Local (RIL), que trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos locales de toda América Latina, se unió a la Red de Aprendizaje Conjunto sobre Datos Climáticos (JLN) y ha aportado ideas clave a su investigación consultiva. Convocada por Digital Impact Alliance (DIAL), la JLN reúne a diversas organizaciones comprometidas con el avance del uso de datos para la acción climática.

DIAL y RIL trabajarán  juntos a través de la JLN de datos climáticos, en colaboración con otros 23 socios y con ciudades de todo el mundo, para explorar los retos y oportunidades únicos a los que se enfrentan las zonas urbanas en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Los gobiernos municipales se enfrentan a retos a la hora de aprovechar los datos para elaborar planes de acción climática

A través de una investigación realizada el año pasado, clasificamos los obstáculos para desbloquear el uso de data para la acción climática en cuatro categorías: datos, confianza, finanzas y capacidad. ¿Cómo se traduce esto para los gobiernos subnacionales?

• Datos

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los gobiernos locales es la falta de información sistematizada y de alta calidad que permita tomar decisiones basadas en datos empíricos. Aunque los datos pueden existir, a menudo están dispersos, son demasiado técnicos o están desactualizados, lo que dificulta convertir la información en conocimientos claros y accesibles que sirvan de guía para las decisiones sobre los servicios públicos, el transporte o la gestión de las infraestructuras. 

• Finanzas

Al mismo tiempo, los presupuestos limitados y las barreras para acceder a la financiación climática a menudo dificultan la implementación de acciones concretas. Especialmente en las ciudades latinoamericanas, que se enfrentan a una amplia gama de retos urgentes a diario. Del mismo modo, estos retos relacionados con las finanzas hacen que los gobiernos subnacionales a menudo no dispongan de los presupuestos necesarios para acceder a las últimas tecnologías o adquirir conjuntos de datos útiles que puedan impulsar soluciones innovadoras.

• Capacidad

Muchos equipos técnicos y responsables de la toma de decisiones siguen careciendo de las herramientas necesarias para comprender cómo la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están afectando a la vida cotidiana en sus territorios. Integrar esta perspectiva en la gestión pública no es un lujo, sino una necesidad urgente. Para ello se requiere personal capacitado para analizar e interpretar datos, acceso constante a Internet de alta velocidad y, en última instancia, una cultura ágil de toma de decisiones basada en datos.

• Confianza

Cuando se trabaja con datos, la confianza es esencial. Para romper los silos de datos se necesitan marcos sólidos de privacidad y gobernanza de los datos que protejan a los propietarios de los datos e inspiren confianza entre los usuarios. Muchos países carecen de los marcos normativos necesarios para regular los datos y, cuando estos marcos existen, a los municipios más pequeños les puede resultar complicado sortear las diversas barreras legales y técnicas necesarias para minimizar los riesgos al compartir y acceder a los datos. 

El año pasado, exploramos el potencial de nuevos e innovadores modelos de gobernanza y financiación de datos para ofrecer soluciones a estos retos. Superando estos obstáculos, podemos crear un mundo en el que más departamentos gubernamentales tengan acceso a datos de alta calidad y relevantes para el clima, necesarios para informar sus planes de acción climática.

Pueden acceder a los artículos destacados de Climate Data JLN sobre fideicomisos de datos, redes de transacciones abiertas, espacios de datos y datos abiertos.

Los gobiernos locales pueden allanar el camino hacia una resiliencia y adaptación climáticas centradas en las personas

Lejos de ser meros ejecutores de políticas nacionales, los gobiernos locales son cada vez más reconocidos como actores estratégicos en la lucha contra la crisis climática. Iniciativas como el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y las plataformas CitiesWithNature y RegionsWithNature están situando las acciones urbanas y subnacionales en el centro de las estrategias medioambientales globales. 

Cada vez se reconoce más que los gobiernos locales se encuentran en una posición única para conectar a las personas con la naturaleza, fomentar la innovación y obtener resultados concretos, siempre que tengan acceso a los datos, las capacidades y las alianzas adecuadas.

Ciudades de todo el mundo ya están liderando el desarrollo de estrategias a largo plazo para construir sociedades resilientes al clima. Este es el caso de Cali, Colombia, que se ha convertido en líder en biodiversidad urbana y participación comunitaria en América Latina. La ciudad promueve diversas iniciativas que integran la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible, desde la mejora de los espacios verdes urbanos hasta la elaboración de directrices para la construcción sostenible. 

Muchas de estas iniciativas están financiadas por el Fondo Cali, un mecanismo multilateral diseñado para compartir de forma equitativa los beneficios derivados del uso de datos. Creado durante la celebración de la COP16 en Cali en 2024, el Fondo exige a las empresas que hacen uso comercial de los datos de secuenciación genética de los recursos naturales en sectores como la cosmética, la agricultura y la biotecnología que contribuyan con una parte de sus ingresos para apoyar los esfuerzos de conservación. 

Modelos de financiación innovadores como este demuestran cómo los datos abiertos, cuando se aprovechan de forma equitativa, pueden generar un apoyo financiero sostenido para la conservación y la resiliencia climática.

Del mismo modo, la ciudad de Mendoza, en Argentina, está integrando la biodiversidad urbana como un componente esencial de su gestión local. La ciudad ha creado islas de biodiversidad, bosques de bolsillo e iniciativas de ciencia ciudadana para transformar el territorio urbano en un entorno más resiliente y sostenible. Mendoza también está buscando modelos de financiación innovadores a través de bonos verdes, que apoyan el desarrollo de proyectos sostenibles.

Estos avances abren una ventana de oportunidad única: pasar de proyectos piloto aislados a transformaciones sistémicas, en las que la acción climática, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación se integren plenamente en la planificación local, la elaboración de presupuestos y la gestión cotidiana. Las ciudades que adoptan este paradigma están demostrando que la transformación no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. 

El reto está en ampliar y acelerar estas iniciativas para que más ciudades puedan sumarse a este cambio con el apoyo, los datos y los recursos que necesitan

A medida que Climate Data JLN continúa su investigación colaborativa, nos entusiasma ampliar nuestro trabajo directamente con las ciudades. Al asociarnos con estas ciudades, todas ellas con geografías, contextos culturales y necesidades diversas, esperamos poder aprender lecciones que luego podamos ampliar.

Estamos muy agradecidos de contar con las siguientes ciudades como colaboradoras:

• Despeñaderos, Argentina.
• Freetown, Sierra Leona.
• Condado de Nairobi, Kenia.

Al trabajar más directamente con los gobiernos municipales, estableceremos conexiones entre las necesidades de datos y las soluciones de datos, poniendo a prueba modelos de gobernanza de datos en entornos reales. Este trabajo tendrá dos vertientes: en primer lugar, trabajar con las ciudades para comprender sus ecosistemas existentes, sus necesidades específicas de datos y sus casos de uso prioritarios. Y, a continuación, profundizar en los casos de uso comunes de los datos climáticos en las ciudades para descubrir información útil.

Esperamos seguir trabajando en las propuestas de todo el año, que incluirá mesas redondas con presentaciones de cada una de nuestras ciudades asociadas y un informe final de investigación con los resultados compartidos en la COP30 en Brasil.}

(*) Este artículo fue coescrito entre RIL y DIAL. Participaron Agustina Randazzo, vicedirectora de Aceleración en RIL Argentina; Jimena Álvarez, coordinadora del programa Ciudades de la Biodiversidad en RIL Argentina; Saraah Farooqi, Product Owner en DIAL; y Arielle Diamond, Senior Communications Manager en DIAL. Puedes encontrar la versión en inglés del artículo aquí.

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La misma escena se repite en 762 comedores comunitarios que forman parte del Programa Corazón Contento, una iniciativa que desde 2016 lidera la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Bienestar Social, en articulación con la arquidiócesis local. 

El programa tiene como propósito garantizar el acceso a la alimentación a su población más vulnerable, como las infancias y las personas de la tercera edad, en particular a aquellas vecinas y vecinos que se encuentran en situación de pobreza extrema.

Comedores que acompañan a la población

Desde sus comienzos a la fecha, el programa tuvo un crecimiento considerable: en 2016 contaban con 47 comedores comunitarios que atendían a 4.400 personas, mientras que en 2023 tienen 762 comedores comunitarios, donde a diario reciben a 85 mil personas.

Se destaca además el aumento de gestores sociales que trabajan dentro del programa, quienes reciben, preparan y entregan los alimentos a sus beneficiarios; el número pasó de 100 al comienzo del proyecto a 2.600 al día de la fecha, que hacen parte del mismo.

María Fernanda Penilla Quintero, Secretaria de Bienestar Social, expresa respecto a los y las gestoras sociales: “Con sus acciones atienden las necesidades e inquietudes de nuestra población, brindando acompañamiento en formación integral y psicosocial”.

Quintero detalla que los y las gestoras sociales  siguen todos los parámetros establecidos por el programa, que incluyen la capacitación y certificación en Buenas Prácticas de Manejo-BPM y la implementación de protocolos de bioseguridad.

Liliana Vente, gestora del comedor Semillas de Mostaza cuenta en Revista Semana, que siempre tuvo el deseo de servir a la gente pero que no sabía cómo hacerlo: “Aquí aprendí que uno puede servir de cualquier manera, por eso me siento contenta y útil”.

Por su parte Claudia Collazos, del comedor Hechos, al igual que Liliana se siente a gusto con aportar un granito de arena, poniendo a disposición su cuerpo, tiempo y esfuerzo cotidiano para mejorar la calidad de vida de las personas de su ciudad. 

De ollas a comedores comunitarios

La historia del programa comenzó a escribirse hacia el final del año 90, cuando el entonces arzobispo Isaías Duarte Cancino inició el modelo bajo el nombre de Ollas Comunitarias, con el mismo objetivo: calmar el hambre de las personas en Cali. 

Por esos días la Arquidiócesis de Cali fortaleció más de 20 ollas comunitarias permanentes en los barrios más vulnerables de la ciudad, y acompañó a 20 más que, a pesar de ser intermitentes, también acercaban un plato de comida a su población.

Su impacto llamó la atención de la Alcaldía de Cali, que decidió apoyar la iniciativa con los recursos indispensables (alimentos y mobiliario), para que perdure en el tiempo, lo que impulsó a transformar las ollas comunitarias en comedores comunitarios. 

Calmar el hambre y pasar la posta

La articulación entre la alcaldía, arquidiócesis y comunidad de Cali hace posible que este programa avance a paso firme en su objetivo de disminuir el hambre en la ciudad, al mismo tiempo en que fortalece los escenarios de construcción de tejido social.

Esta iniciativa que comenzó con sólo 20 ollas comunitarias y mutó a 762 comedores comunitarios, es una de las apuestas más importantes de la Alcaldía de Cali en la última década, que no sólo ha logrado mitigar el hambre, sino también sostener el propósito.

Pese al cambio de gobierno, dos mandatarios locales de diferentes corrientes y estilos de liderazgo, decidieron mantener el Programa Corazón Contento, porque también les ha ayudado a fortalecer las dinámicas de solidaridad y participación ciudadana. 

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Imagen principal: Alcaldía de Santiago de Cali

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A medida que la población mundial envejece, las ciudades deben adoptar políticas y programas enfocados en el cuidado de personas mayores. Desde iniciativas para combatir la soledad y el aislamiento hasta programas de actividad física y mental, buscan mejorar su calidad de vida y garantizar que puedan vivir de manera independiente y saludable en sus comunidades. 

En los últimos años, Boston (Estados Unidos) implementó varios programas centrados en el logro de esos objetivos. Entendiendo que para llevar una vida productiva es necesario contar con opciones para movilizarse por la ciudad, la Comisión local de Edad Avanzada creó diferentes opciones de transporte destinadas a personas mayores. Las unidades están acondicionadas para sillas de ruedas y su servicio es gratuito para personas de más de 60 años que deban acudir a citas médicas que no sean de emergencia.

Además, la Comisión ofrece cupones de taxi con descuento que están disponibles para mayores de 65 años y personas con discapacidades. Para todas las opciones de transporte público, la ciudad cuenta con voluntarios/as con preparación para acompañar a quienes lo necesiten. 

Otra de las soluciones innovadoras destacadas mundialmente es la creación de “Cafés de la Memoria” en Boston. Se trata de distintos sitios, como bares, museos y organizaciones comunitarias, pensados como lugares acogedores para personas con olvidos u otros cambios en sus formas de pensar. Algunos cafés invitan a artistas y especialistas para ofrecer educación sobre las alteraciones de la memoria, y otros son sólo para relajarse y conversar. Hay opciones tanto de habla inglesa como hispana. 

La capital de Massachusetts también cuenta con un programa de voluntariado destinado para personas mayores a 55 años que ofrecen su compañía a otras que necesitan cuidados. 

Solidaridad y acompañamiento en Chile

En la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, existe desde 2017 una iniciativa pensada para hacer más fácil la vida de personas mayores. Se trata de lavanderías municipales solidarias, que ofrecen lavado, secado y planchado gratuito de ropa para personas en situación de vulnerabilidad social, tanto autovalentes como con movilidad reducida. Para estos últimos, el servicio es con retiro y entrega a domicilio. 

El objetivo de la política pública, articulada con más de 100 organizaciones civiles dedicadas a la vejez, tiene como objetivo liberar de algunas tareas domésticas a personas mayores, de modo que puedan disfrutar más de tiempo libre. 

En 2021, más de 8.400 familias se beneficiaron de la medida, que trascendió ya a dos gestiones locales. “Nuestra motivación es acompañar un envejecimiento positivo, con dignidad, cariño y respeto para nuestras personas mayores. Por eso, el servicio de la Lavandería Municipal Solidaria se enmarca en un programa de protección de derechos y cuidados para las personas mayores”, planteó Paulina Bobadilla Navarrete, alcaldesa de Quilicura. 

Según el gobierno local, la satisfacción generada entre las personas beneficiarias llevó a que distintos municipios de Chile consulten a la Alcaldía sobre los detalles del proyecto, con el fin de implementarlo en sus ciudades. En especial, afirman que el servicio fue de máxima utilidad durante los momentos más críticos de la pandemia de covid-19.

El envejecimiento como política de Estado

Ante el incremento poblacional de personas mayores en las ciudades, numerosos gobiernos locales alrededor del mundo implementan planes estratégicos pensados para el futuro. Uno de ellos es el de Santiago de Cali (Colombia), que cuenta con una Política Pública de Envejecimiento y Vejez para el período 2017-2027. 

Tras un proceso de participación ciudadana, articulado con distintas organizaciones e instituciones de la sociedad, se plasmó en una serie de documentos la protección, promoción y ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores como política de Estado en la ciudad. 

Tiene un enfoque de ciclo vital que involucra a toda la población de forma indirecta y busca construir una cultura del envejecimiento activo y saludable. Utiliza estrategias como encuentros intergeneracionales, campañas de sensibilización y talleres en institutos educativos de todos los niveles. 

Además, Santiago de Cali cuenta con un observatorio que posee sistemas inteligentes que facilitan la disponibilidad de datos y generan indicadores para seguir las tendencias de envejecimiento de la población. Y, como respuesta al problema de la violencia y los abusos contra personas mayores, la ciudad estableció rutas de atención específicas. 

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^{Foto principal ilustrativa: Candid_Shots.}
Redacción +Comunidad. 

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