Por Inés Reineke y Paula Espinosa,
Innovación Global en RIL (*)

Quienes trabajamos en RIL compartimos una característica: tenemos la convicción de que las cosas se pueden cambiar. Que el yugo de una América Latina desigual y con pocas oportunidades no es eterno ni un destino al que debamos resignarnos, sino una realidad que puede ser transformada. Y que nuestra región tiene el talento, los recursos y el mindset para dar vuelta la historia.

Desde ese optimismo y entusiasmo es que salimos a buscar entre las ciudades de la región y el sur global cuáles son las políticas que están logrando transformar la realidad, quiénes son las personas detrás de esas iniciativas, y cuáles son los grandes aprendizajes de cada solución encontrada. Queremos compartir esas victorias, por pequeñas que sean, con toda nuestra red. 

Nuestra ambición es subir la vara de las respuestas públicas. Que una ciudad del corazón de la Amazonia, por ejemplo, no deba empezar de cero a responder a un desafío público complejo y titánico, sino comenzar varios pasos adelante. Así, la experiencia de una ciudad se transforma en el punto de partida de la siguiente. Una iteración constante de conocimiento compartido. 

El despertar de una nueva gestión pública

Buscamos que estas ideas lleguen a  las personas que, día a día, se esfuerzan por resolver los desafíos públicos de sus comunidades. Son quienes entienden que la gestión no es solo administrar, sino liderar el cambio. ¿Qué buscamos lograr en ellas? Queremos que se animen a creer también que las cosas pueden cambiarse, y que tengan todo lo que necesitan para implementar soluciones genuinamente efectivas. 

Pero, ¿qué define una solución “efectiva” en este contexto? Para nosotras, una solución efectiva se caracteriza por:

• Resolver los problemas detectados. Logran abordar la raíz de la cuestión, sin quedarse en la superficialidad.
• Medir su impacto y basarse en evidencia. Pueden demostrar sus resultados con datos, que luego sirven para mejorar el curso de implementación. 
• Considerar a todos los actores involucrados. Desde el diseño hasta la implementación, integran las voces y perspectivas de los protagonistas de cada desafío.
• Fomentar la co-creación y el impacto sistémico. Superan la visión de “silo” para adoptar la colaboración, comprendiendo que los desafíos complejos demandan soluciones conjuntas y transversales, dentro y fuera del gobierno local.
• Capitalizar el conocimiento existente. Evitan la duplicación de esfuerzos, aprovechando la trayectoria de quienes han actuado antes, fortaleciendo y adaptando respuestas que ya han demostrado su valor en contextos similares.

Para impulsar estos cambios, nuestra estrategia es clara: construir una comunidad de quienes hacen en lo local conectada con el conocimiento estratégico. Una red donde las ideas fluyen, los aciertos se comparten (y más aún los fracasos), las herramientas se multiplican, y la experiencia sirve de apoyo y combustible para ir un poquito más lejos. 

En nuestro recorrido de más de 11 años, hemos identificado casi mil desafíos públicos que se manifiestan en nuestras ciudades, en las calles y en los barrios. Ante esta realidad, la figura del liderazgo local — intendentes,  alcaldes o prefeitos— se consolida como la primera línea de respuesta: son quienes encienden la chispa del cambio, impulsan nuevas respuestas y, cuando convocan a los distintos actores clave, son capaces de lograr esa transformación deseada.

Radiografía de la innovación local: lo que detectamos en 2025

Este año compartimos con nuestra red 44 soluciones destacadas que resuelven 12 desafíos públicos, implementadas en 58 ciudades de 11 países. No son solo proyectos; son respuestas a los desafíos más urgentes de la región.

Ciudades sostenibles, resilientes y saludables

• Para mitigar el calor extremo, las ciudades responden con medidas innovadoras: mientras Chile combate las islas de calor con plazas de agua, Brasil apuesta por la recreación saludable durante el verano en San Pablo y la creación de la primera Secretaría del Clima en Niterói.
• Buscando un sistema energético más limpio y justo: Cuenca (Ecuador) transforma residuos en biogás y Curitiba, en Brasil, reconvierte basurales en plantas solares, al tiempo que Temuco (Chile) logra reducir su contaminación y Córdoba, en Argentina, potencia la innovación desde su Instituto de Transición Energética.
• En la gestión de riesgos, varias ciudades marcan el rumbo: Salvador (Brasil) y otras nueve urbes lideran con seguros climáticos, Recife innova con el primer parque inundable y Guaymallén destaca internacionalmente por la eficiencia de su sistema de drenaje.
• En materia de acción climática, las ciudades aceleran sus metas: San Pablo reduce su huella de carbono con comedores escolares saludables, Renca suma más de 80.000 árboles, San Salvador combate el calor con infraestructura verde y Durazno transforma sus residuos en recursos.

• Impulsando la movilidad sostenible, la región avanza con paso firme: Niterói consolida su gobernanza en transporte activo, mientras Hermosillo lidera en electromovilidad en México. En paralelo, Godoy Cruz optimiza sus rutas peatonales con un Mapa de Caminabilidad y Palmira renueva su transporte público hacia un modelo más sostenible.

• Priorizando el bienestar, diversas urbes generan entornos saludables: Fortaleza lidera como la única ciudad brasileña en cumplir los estándares de aire de la OMS, mientras Pelotas integra a la comunidad en sus centros médicos. En paralelo, Córdoba promueve la seguridad alimentaria en kioskos de escuelas y Vitacura, en Chile, implementa un programa pionero para el alivio de cuidadores y la autonomía de pacientes.

Ciudades que utilizan la tecnología con propósito

• Mediante gestión urbana inteligente, la tecnología transforma los servicios públicos: San Pablo emplea IA e Internet de las Cosas para monitorear la calidad del asfalto, mientras Luján de Cuyo optimiza la recolección de residuos con seguimiento ciudadano en tiempo real. En la misma línea, Quito vigila emergencias con drones y Guatemala utiliza IA para prevenir plagas y planificar su reforestación mediante el primer censo forestal tecnológico.

• Impulsando la gobernanza y la transparencia, la inteligencia artificial redefine la gestión pública: Maipú y Las Condes la utilizan para optimizar procesos administrativos, mientras Recife reduce el ausentismo médico y unifica sus sistemas de salud. Por su parte, Bogotá fortalece la participación ciudadana mediante su asistente “Chatico” y Escobar establece el primer marco normativo en Argentina para asegurar un uso ético de la IA.

Soluciones para la educación, la juventud y la equidad.

• La innovación redefine el aprendizaje con herramientas modernas y entornos naturales: en Brasil, Dourados optimiza la nutrición escolar mediante plataformas inteligentes y Marilia potencia el aula con juegos educativos de excelencia. En paralelo, localidades bolivianas trasladan la enseñanza a la naturaleza, mientras Medellín consolida su Centro de Innovación para transformar la formación docente.
• Las ciudades impulsan el protagonismo y el cuidado de la juventud: Cali y Palmira involucran a los adolescentes en la transformación de sus barrios, mientras Medellín potencia su talento mediante el arte y la cultura. En Argentina, San Miguel logró el hito de alcanzar tasa cero de suicidio juvenil en 2024 gracias a su red de acompañamiento, al tiempo que Quevedo integra a los jóvenes en la co-creación de sus planes de ciudad.
• Situando a las mujeres en el corazón de la gestión, las ciudades promueven su protección y autonomía con innovación y datos: Coroico lidera en Bolivia con la primera ley contra el ciberacoso y guías de prevención escolar, mientras Manizales monitorea las brechas de género para tomar decisiones basadas en evidencia. En Argentina, Despeñaderos fortalece este compromiso vinculando la independencia económica con la sostenibilidad mediante su programa de empleo verde.

• Resolver la crisis de la vivienda: En Uruguay, Montevideo reconvierte inmuebles abandonados en Centros de Estadía Transitoria; Guatemala genera incentivos para facilitar el acceso a viviendas; Rosario en Argentina y Recoleta en Chile diseñaron estrategias para promover el alquiler social.

Los cuatro pilares de una innovación genuina

Pero, ¿cómo identificamos estas soluciones que realmente marcan la diferencia? ¿Cómo distinguimos la verdadera innovación de un mero cambio superficial? Para nosotras, una solución innovadora a un problema público debe cumplir con cuatro condiciones fundamentales, que constituyen la brújula en nuestra búsqueda de las iniciativas más inspiradoras.

1. Novedad y enfoque transformador

Una innovación se distingue por su capacidad de romper con paradigmas establecidos. No se trata de optimizar lo existente, sino de abordar un desafío público desde una perspectiva inédita, generando soluciones que no solo son diferentes, sino que redefinen la forma en que se concibe y resuelve un problema. Esto puede manifestarse en el uso estratégico de nuevas herramientas, metodologías o la reconfiguración inteligente de recursos existentes para lograr un impacto superior. Es el catalizador de una nueva senda.

2. Co-creación y participación activa

La innovación local es inherentemente colectiva. No emana de la genialidad individual, sino que se fortalece a través de la inteligencia compartida. Implica la involucración activa de la ciudadanía y de diversos actores clave –organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y, por supuesto, los equipos municipales–. Este enfoque participativo, que se inicia con un diagnóstico colaborativo y se nutre de la consulta permanente, no solo enriquece la solución con múltiples perspectivas, sino que también construye legitimidad, corresponsabilidad y un sentido de pertenencia en la comunidad. Es la potencia de la acción conjunta.

3. Viabilidad y sostenibilidad

La verdadera innovación trasciende la mera intención. Requiere una implementación efectiva y una proyección a largo plazo que garantice su impacto sostenido. Hablamos de viabilidad cuando una solución demuestra su pertinencia al encontrarse en ejecución, probando su factibilidad en el entorno real y generando resultados tangibles. Y hablamos de sostenibilidad cuando asegura su permanencia a través de la incorporación de una perspectiva integral –social, económica, política y/o ambiental– que le permite adaptarse, evolucionar y generar valor público de forma continua. Es la consolidación de un cambio perdurable.

4. Impacto medible y evidente

El propósito último de la innovación pública es generar un cambio positivo y significativo. Este cambio debe ser concreto y medible, evidenciando una mejora tangible en la calidad de vida de la ciudadanía o en la eficiencia de la gestión pública. La capacidad de cuantificar y cualificar estos cambios es esencial para validar la innovación, aprender de su trayectoria y justificar la inversión de recursos. No se trata solo de actuar, sino de asegurar que la acción produce resultados transformadores. Es la evidencia del progreso.

Un futuro co-construido

Estas cuatro condiciones son el ADN de las transformaciones que buscamos impulsar. Son la hoja de ruta para quienes, como nosotras, creemos en el poder de la acción local para cambiar el rumbo de nuestras comunidades. Cada solución innovadora que identificamos, cada conexión que generamos entre quienes hacen, es un paso más hacia la consolidación de un ecosistema donde el aprendizaje es constante y la réplica de buenas prácticas, una norma.Con cada esfuerzo, buscamos que la innovación se replique y se escale, que trascienda fronteras y se adapte a nuevas realidades. Porque estamos convencidas de que es a través de este trabajo colectivo, potenciado por nuestra expansión global, que nos acercaremos a la región que queremos: una América Latina con oportunidades equitativas para todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento. Una región donde el futuro no es un destino, sino una construcción activa, colaborativa y sostenible.

(*) Inés del Rosario Reineke es directora de Innovación Global en la Red de Innovación Local (RIL) y Paula María Espinosa es coordinadora del Centro de Soluciones de RIL. 

Imagen principal: banco de imágenes freepik.es 

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Por María Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL

Cuando en el verano de 2023 una ola de calor dejó sin luz durante días a miles de vecinos del conurbano bonaerense, las imágenes de comercios cerrados, hospitales colapsados y barrios enteros sin agua recorrieron Argentina. En contraposición, durante las olas de frío de los años venideros, algunas ciudades enfrentaron restricciones en el suministro de gas, lo que significó interrupciones en industrias y estaciones de GNC (gas natural comprimido) para garantizar el abastecimiento residencial. Estas situaciones tienen un denominador común: muestran cómo la seguridad energética tiene impactos profundamente locales.

La seguridad energética se define como la capacidad de un territorio para garantizar el acceso continuo, confiable y asequible a la energía que necesita su población para satisfacer sus necesidades básicas, pero también sociales, económicas y culturales. Si bien las políticas energéticas se definen a nivel nacional, son los gobiernos locales quienes gestionan muchas de las consecuencias cuando esas redes no tienen la capacidad o disponibilidad necesaria, o cuando ocurren contingencias climáticas que generan interrupciones. Y son quienes deben garantizar la prestación de servicios municipales de respuesta incluso en esas condiciones. 

La energía deja de ser una cuestión abstracta cuando el hospital municipal queda a oscuras, cuando los centros de personas mayores no pueden calefaccionarse, cuando las pymes pierden producción por no poder prender sus máquinas, cuando falta combustible en las estaciones de servicio o cuando, frente a una tormenta severa, el área de Defensa Civil no cuenta con generadores para mantener activos los servicios de comunicación. 

El rol de las ciudades

El desafío se vuelve aún más complejo en el contexto actual. Por un lado, el crecimiento urbano aumenta la demanda y tensiona sistemas eléctricos y gasíferos diseñados, en otros contextos, para ciudades con otras demandas inferiores a las actuales. Por otro lado, el cambio climático genera eventos extremos que ponen a prueba los sistemas energéticos locales: olas de calor que disparan el uso de sistemas de climatización, inviernos más fríos que lo habitual que saturan el consumo de gas, tormentas que dañan líneas eléctricas. 

Frente a este escenario, algunas ciudades empiezan a ensayar un cambio de paradigma: pasar de ser simples consumidoras de energía a convertirse en gestoras activas de su seguridad energética. Eso implica, en primer lugar, conocer su propia demanda y consumos, para poder anticipar riesgos y necesidades frente a distintos escenarios, pero también gestionar de manera eficiente los recursos energéticos. 

Conlleva, además, avanzar en la diversificación de fuentes, incorporando generación renovable distribuida como la solar fotovoltaica o el biogás, que no solo reducen emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pueden sostener servicios críticos ante cortes en la red. 

El entramado de servicios que sostienen la ciudad

Los servicios de distribución de electricidad y gas son muchas veces dados por sentado en lo que respecta al funcionamiento de una ciudad. Solo notamos su importancia cuando  no contamos con ellos. El foco no está puesto en el servicio, sino en lo que nos permite hacer cuando funciona correctamente. Es por esto que la prevención de daños en redes y tendidos se vuelve un factor fundamental pero silencioso. 

La electricidad y el gas han cumplido roles complementarios para satisfacer las necesidades energéticas de una población. Sin embargo, también será necesario acelerar una electrificación progresiva de los usos finales, sumando más energía limpia y reforzando redes locales, para disminuir la dependencia de un único vector energético.

Este camino exige planificación e inversión, pero también coordinación. Los municipios pueden cumplir un rol articulador: tender puentes entre empresas de servicios públicos, comercios, usuarios residenciales y sectores clave como salud o educación, para alinear inversiones, regulaciones y hábitos de consumo. Incluso acciones aparentemente pequeñas —como mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos, o instalar sistemas de respaldo en escuelas y hospitales— pueden marcar la diferencia ante una emergencia.

El caso de la localidad cordobesa de Ticino es un claro ejemplo de cómo invertir en proyectos de autoabastecimiento de energía aumentan la resiliencia de una ciudad frente a determinadas contingencias. La generación de energía a partir de biomasa obtenida de los restos de la industria manicera permitió que los 2.500 habitantes de la localidad tuvieran energía mientras 50 millones de argentinos y uruguayos vieran restringido el suministro por horas. Un pequeño destello entre tanta oscuridad. 

Cambio climático y seguridad energética

El cambio climático intensifica los desafíos de la seguridad energética, exponiendo a las comunidades a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las olas de calor, por ejemplo, no sólo disparan la demanda eléctrica por el uso masivo de sistemas de climatización, sino que también incrementan el riesgo de incendios domésticos debido al sobrecalentamiento de sistemas eléctricos, conexiones inseguras o el uso inadecuado de aparatos.

De manera similar, durante las olas de frío, la necesidad de calefaccionar los hogares puede llevar a la utilización de métodos peligrosos y precarios, como el uso de materiales inflamables o sistemas de calefacción improvisados, aumentando el riesgo de incendios y de intoxicación por monóxido de carbono. Estos escenarios evidencian cómo la falta de acceso a energía segura y asequible, o la dependencia de infraestructuras poco resilientes, puede tener consecuencias directas y graves para la salud y la seguridad de las personas en sus propios hogares.

Ante esta realidad, los gobiernos locales tienen un rol fundamental en educar a la ciudadanía sobre el uso seguro de la energía, promover la eficiencia energética y fomentar la adopción de sistemas de calefacción y refrigeración más seguros y sostenibles.

El municipio de Malargüe, en la provincia de Mendoza, cuya gran parte de la población no se encuentra conectada a la red de distribución de gas natural, comenzó con la distribución de briquetas construidas con restos de la poda municipal. El uso de este tipo de combustible por parte de las familias para calefacción resulta más eficiente (ya que posee mayor poder calorífico que la leña seca), una combustión menos contaminante del aire domiciliario (ya que por su densidad reducen el humo visible y los depósitos de hollín) y más seguro para su almacenamiento y manipulación.

El aporte de la planificación urbana a la seguridad energética 

La planificación urbana emerge como un gran canalizador para  integrar la seguridad energética a la escala local. Los gobiernos locales, al conocer su propia demanda y capacidad instalada, pueden anticipar riesgos y diseñar estrategias efectivas. Joaquín Rotman, coordinador de Ciudades Planificadas de RIL Argentina, señala algunos de los puntos donde la planificación urbana contribuye a la seguridad energética de una ciudad: 

• Conocer la demanda y oferta local presente y futura. Mapear el consumo energético por sector (residencial, comercial, industrial, público) y la infraestructura existente (redes de gas, subestaciones eléctricas, generación distribuida), así como tener en cuenta las proyecciones de crecimiento de la ciudad, tanto demográficas como territoriales y de usos productivos, permite anticipar nuevas necesidades energéticas y planificar la inversión en redes e infraestructura. En este punto, involucrar y alinear al sector privado e inmobiliario será clave para una gobernanza energética.
• Conocer los riesgos asociados a servicios energéticos. Mapear la localización de infraestructura energética clave, tendidos eléctricos y gasoductos. Conocer el estado y su antigüedad, sus amenazas y la expansión urbana no planificada, el arbolado urbano deteriorado, o contingencias climáticas. También las zonas propensas a cortes de suministros e identificar poblaciones vulnerables expuestas a estos riesgos. 
• Integrar los servicios energéticos al ordenamiento territorial. Incorporar criterios de eficiencia energética y resiliencia climática en el Código de Edificación, en la planificación de nuevos desarrollos urbanos y en la gestión de espacios públicos. Por ejemplo, priorizar la instalación de paneles solares en nuevas construcciones o asegurar la provisión de energía de respaldo para servicios esenciales.

El caso de Alderetes, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, ejemplifica un caso de articulación público- privada con foco en la prevención de daños sobre la infraestructura energética a partir de la intervención urbana. 

La empresa TGN encontró en el gobierno local un aliado para adoptar medidas de contención que evitaran contingencias en la zona de los gasoductos -caños de grandes dimensiones que transporta el gas natural a alta presión enterrados y que abastecen a numerosas localidades. 

Los gasoductos construidos en las décadas de 1960 y 1980 se trazaron en zonas con poca infraestructura cercana. El objetivo era evitar su paso por áreas pobladas y reducir riesgos para la seguridad pública. Sin embargo, la densidad poblacional creció alrededor del ducto. Esto aumentó la posibilidad de asentamientos informales dentro de la franja de seguridad y de obras sin supervisión. También se registraron excavaciones, circulación de maquinaria pesada, plantaciones de árboles y estructuras fijas sobre el trazado. Todas estas intervenciones elevan el riesgo de cortes de suministro, pérdidas de presión e incluso incendios o explosiones.

A partir de este escenario, se diseñó un proyecto de ordenamiento urbano para reducir riesgos y ordenar el uso del suelo. La iniciativa consistió en construir calles paralelas a los ductos, ubicadas en los márgenes de la franja de seguridad. Estas vías funcionan como barrera física para frenar el avance de nuevas construcciones. En total, se ejecutaron 2.668 metros lineales de cordón cuneta. El proyecto disminuyó el riesgo para la población, eliminó microbasurales presentes en la traza y permitió instalar una plazoleta con fines recreativos.

La seguridad energética, una agenda de oportunidades

El camino hacia una mayor seguridad energética es, entonces, un viaje de transformación que comienza en cada localidad. Implica pasar de ser meros consumidores a gestores activos, conociendo en profundidad las demandas y vulnerabilidades propias. Cada acción local cuenta. Es en esta capacidad de planificar, coordinar y anticipar donde reside el verdadero poder de los gobiernos locales para construir territorios más robustos, equitativos y preparados. 

Al final del día, fortalecer la seguridad energética no es sólo una cuestión de infraestructura, sino de garantizar el bienestar, y el futuro de cada ciudadano. Es construir ciudades resilientes, donde la energía no sea un privilegio, sino un derecho continuo y accesible para todos. Las ciudades que empiecen hoy a mapear sus vulnerabilidades, diversificar fuentes y fortalecer sus  sistemas energéticos estarán mucho mejor preparadas para garantizar un servicio confiable y justo para sus habitantes, incluso en tiempos de crisis. La seguridad energética se construye localmente, con planificación, inversión y participación ciudadana.

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