La relación entre muchas ciudades latinoamericanas y sus ecosistemas periféricos ha estado marcada por la degradación. La Ciénaga de Mallorquín, un humedal costero de 741 hectáreas donde confluyen el río Magdalena y el mar Caribe, no fue la excepción. Durante décadas, este rincón colombiano recibió aguas servidas sin tratamiento, acumuló residuos sólidos y perdió calidad ambiental.

Esa degradación tuvo consecuencias económicas y sociales. La comunidad dejó de ver la ciénaga como fuente de sustento y la percibió como un espacio inseguro y sin proyección. La pérdida de biodiversidad y los malos olores alejaron cualquier posibilidad de uso recreativo o turístico.

A partir de 2020, en el marco del Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla”, la ciudad adoptó el enfoque de “biodiverciudad”: integrar los activos naturales a la competitividad urbana. Con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros organismos, se puso en marcha el proyecto de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín (RICM). El objetivo fue doble: restaurar el ecosistema y convertirlo en un nuevo eje de desarrollo turístico sostenible. Esta transformación ha generado resultados tangibles que le valieron el Premio AVA 2025 – Bienestar Social, por ser una iniciativa que mejora la calidad de vida, promueve la equidad y fortalece el desarrollo humano en colaboradores y comunidades locales.

Una solución basada en la naturaleza

La intervención apostó por una Solución Basada en la Naturaleza: la biorremediación con microalgas nativas. En alianza con SSS Technologies y bajo supervisión de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, se implementó un proceso que utiliza el metabolismo de estos microorganismos para remover contaminantes sin generar lodos tóxicos ni emplear químicos agresivos.

El procedimiento incluyó cuatro etapas: muestreo y selección de microalgas resistentes, fortalecimiento en laboratorio, escalamiento en planta de ficocultivo e inoculación en puntos estratégicos del humedal. Una vez liberadas, las microalgas consumen materia orgánica y liberan oxígeno mediante fotosíntesis, mejorando la calidad del agua.

Los resultados iniciales mostraron una reducción significativa de nitratos, enterococos y coliformes totales. La carga orgánica —principal contaminante— se redujo en más de 98%. En paralelo, aumentaron los niveles de oxígeno disuelto, condición clave para reactivar los ciclos biológicos de peces y manglares.

La mejora ambiental fue la base para habilitar un nuevo uso del territorio: el turismo de naturaleza.

Infraestructura verde para un nuevo destino

Sobre el ecosistema recuperado se diseñó el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín. El proyecto contempla 4,5 kilómetros de senderos elevados construidos con estructuras palafíticas de madera, que permiten el flujo de mareas y fauna por debajo de las pasarelas. Esta infraestructura busca minimizar el impacto sobre el suelo y preservar la dinámica del manglar.

El ecoparque incluye miradores para el avistamiento de aves —se registran más de 155 especies en la zona—, espacios para deportes náuticos sin motor y programas de educación ambiental. También prevé la recuperación de la playa de Puerto Mocho y la incorporación de un tren turístico eléctrico para reducir la huella de carbono del acceso al mar.

La inversión supera los 200.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 53 millones de dólares) y forma parte de una estrategia que vincula infraestructura verde con dinamización económica. Según estimaciones oficiales, el proyecto podría movilizar alrededor de 1,14 billones de pesos colombianos en la próxima década, con un flujo anual proyectado de entre 667 mil y 1,4 millones de visitantes.

El turismo aparece así como resultado de la restauración ecológica, no como actividad extractiva, sino como experiencia vinculada a la conservación.

Impacto: turismo comunitario y empleo local

Uno de los ejes del proyecto es el turismo comunitario. La iniciativa promueve la formalización de empleos vinculados a la conservación, mantenimiento y gestión del parque. Además, impulsa experiencias culturales y gastronómicas, como la propuesta de “Las Curramberas”, que integra tradición caribeña y oferta turística.

El enfoque busca que la comunidad sea protagonista del nuevo destino. La recuperación del ecosistema se plantea como una oportunidad para diversificar ingresos, fortalecer la identidad local y reducir la informalidad.

Desde la Secretaría de Planeación de Barranquilla sostienen que la ciénaga puede convertirse en uno de los principales catalizadores económicos de la ciudad en la próxima década. La lógica es que la infraestructura verde genera retornos al ofrecer servicios ecosistémicos y atraer visitantes interesados en experiencias de naturaleza.

 “La intervención aportó evidencia sobre el origen de la contaminación, asociada con la descarga que hace el arroyo León. La concentración contaminante es más alta en la desembocadura del mismo, y disminuye a medida que se aleja de este sitio”, explican desde SSS Tecnhologies. 

“La bioaumentación por fitorremediación logró una reducción significativa de los parámetros de nitratos, enterococos y coliformes totales, y de manera notable de la carga orgánica, que era el principal contaminante en la ciénaga, y se redujo en más de 98.3%”, agregan. En el arroyo León, el oxígeno disuelto registró un aumento de 1 mg/L, mientras que en diversos puntos monitoreados de la ciénaga el incremento osciló entre 0.5 y 4 mg/L, lo cual es vital para reactivar los ciclos biológicos de las especies nativas.

Desafíos para consolidar el modelo

El proceso también enfrenta desafíos. En 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia identificó 21 hallazgos críticos sobre el estado de la ciénaga y la ejecución del proyecto. Entre ellos, la necesidad de priorizar la solución estructural de los vertimientos del arroyo León, mejorar la gestión de residuos sólidos y revisar inconsistencias en los límites territoriales.

Estos puntos son relevantes para la sostenibilidad turística del destino. Sin mejoras en la calidad del agua y en la gobernanza ambiental –sostienen en la Alcaldía–, la infraestructura podría perder sentido. La experiencia muestra que el turismo basado en la naturaleza depende, ante todo, de la salud del ecosistema.

Una hoja de ruta para ciudades intermedias

El caso de Barranquilla dialoga con una agenda más amplia. En 2025, Colombia sancionó la Ley de Ciudades Verdes, que obliga a integrar los activos ambientales en el ordenamiento territorial y priorizar soluciones basadas en la naturaleza.

La recuperación de la Ciénaga de Mallorquín ofrece aprendizajes transferibles: combinar restauración ecológica con planificación urbana, articular financiamiento internacional, diseñar infraestructura de bajo impacto y vincular a la comunidad en la cadena de valor turística.

Más que un parque, la ciénaga se proyecta como un laboratorio urbano donde la competitividad y la conservación dejan de ser agendas opuestas. El desafío será sostener en el tiempo ese equilibrio, para que el crecimiento del turismo vaya de la mano con la recuperación ambiental que le dio origen.

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Además de incrementar el consumo energético (y con él la huella de carbono), este calor extremo limita el uso de los espacios públicos y afecta la salud de niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

A esta situación se suma una vulnerabilidad geográfica y climática particular. Con una densidad de 313 habitantes por km², y más de 2.700 en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), el país enfrenta lluvias cada vez más intensas que provocan inundaciones y deslizamientos de tierra. 

“Los deslizamientos se llevan los cultivos de toda la zona. Hay que reinvertir una y otra vez, y los recursos ya son escasos”, relata Héctor Velásquez, caficultor y padre de dos niños. La impermeabilización del suelo urbano agrava el problema: el agua de lluvia no se infiltra y los riesgos se multiplican.

Una “esponja” que respira y absorbe

Frente a este doble desafío —calor extremo e inundaciones—, San Salvador adoptó la estrategia de “ciudad esponja”, que busca aumentar la cobertura vegetal y mejorar la capacidad de absorción de agua y calor. El proyecto comenzó en 2021 tras ser seleccionado en el desafío “Ciudades para Todos” del Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde entonces, la capital salvadoreña impulsa un cambio estructural en la forma de relacionarse con el entorno.

La iniciativa combina infraestructura verde y participación ciudadana. Con una metodología de Design Thinking, se desarrollaron módulos de vegetación en techos, fachadas, parklets y quioscos verdes, con monitoreo ambiental constante. El proyecto reúne a la Universidad Don Bosco, viveros locales, el Jardín Botánico, organismos internacionales como el PNUMA (a través de su programa CityAdapt) y al Consejo de Alcaldes del AMSS (COAMSS/OPAMSS), junto con la comunidad.

La visión de “esponja urbana” también se extendió hacia las zonas rurales: CityAdapt restauró 1.150 hectáreas de bosques y cafetales en las laderas del volcán de San Salvador. “La adaptación basada en ecosistemas es una estrategia de eficacia comprobada, tanto en ciudades como en áreas rurales”, destaca Jessica Troni, jefa de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático del PNUMA.

Una ciudad más fresca y resiliente

El proyecto piloto muestra los siguientes resultados: 

• Reducción térmica. Los módulos de cobertura vegetal lograron reducir la temperatura interior de las edificaciones entre 10°C y 17°C, y en espacios públicos, entre 7°C y 11°C. 
• Captura de carbono. Cada metro cuadrado de módulo demostró la capacidad de capturar aproximadamente 13,6 kg de CO₂ al año, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático. La cantidad equivale a lo que captura un árbol joven en varios meses.
• Gestión del agua. La estrategia de “ciudad esponja” ha fortalecido la capacidad de San Salvador para absorber las precipitaciones, lo que es vital para prevenir inundaciones y deslizamientos. La iniciativa CityAdapt ha ayudado a unas 16.000 personas a reducir el riesgo de inundaciones, con una proyección de alcanzar a 115.000 en los próximos años. 

Un aprendizaje clave, coinciden los actores involucrados, es que la colaboración interinstitucional y la participación ciudadana son esenciales para sostener una transformación ambiental duradera. “Fue muy importante la participación de las alcaldías en el diseño e implementación del proyecto piloto, pues son ellas las que tienen que dar mantenimiento y quienes replicarán estos elementos en otros espacios públicos”, destaca Alexander Chávez, especialista ambiental de COAMPS/OPAMSS. De hecho, la apropiación es tal que personas de negocios aledaños a los módulos apoyan con el riego de las plantas.

Desafíos pendientes: consolidar la transformación verde

Aunque los avances son significativos, San Salvador aún enfrenta el reto de escalar la experiencia, garantizar el mantenimiento de los módulos y actualizar los códigos de construcción, que siguen reproduciendo un modelo urbano “gris”.

Sin embargo, los resultados ya están generando nuevas medidas. La Universidad Don Bosco planea replicar los techos verdes en su campus y la OPAMSS busca incorporar el diseño en su Guía de Hábitats Urbanos Sostenibles (HAUS). También se prevé ampliar los estudios sobre retención de escorrentía, aislamiento acústico y captura de carbono.

Los organismos internacionales destacan el caso como ejemplo de cómo una ciudad puede convertir un problema crítico —el calor urbano— en una oportunidad para innovar y mejorar la vida cotidiana.

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Redacción +COMUNIDAD

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Ubicada en el sur del Valle del Cauca, en Colombia, Palmira combina su rol como centro agrícola ━con grandes ingenios azucareros━ con una creciente actividad industrial y comercial. Desde hace años enfrenta un problema común a muchas ciudades intermedias de Latinoamérica: garantizar un transporte público accesible y eficiente en un territorio donde conviven dinámicas urbanas, rurales e intermunicipales.

Con una población que ronda los 350.000 habitantes, la movilidad de la ciudad ha estado marcada por la concentración de servicios en ciertos puntos, la congestión vehicular y la fragmentación de rutas que no siempre responden a las necesidades de la población. De hecho, en 2020, la ciudad llegó a perder su servicio de transporte público formal tras el colapso de la empresa que proporcionaba el servicio. Este escenario llevó al auge del mototaxismo informal y a un desorden generalizado. 

Ante ese escenario, Palmira decidió diseñar y poner en marcha el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). Se trata de un plan integral que busca reorganizar la movilidad de la ciudad y proyectarla hacia un modelo más sostenible, seguro e inclusivo. 

El sistema busca recuperar el transporte público colectivo, optimizar las rutas y complementarlas con la bicicleta y la caminata. Al mismo tiempo, sienta las bases de un modelo intermodal que promueve la equidad en el acceso y reduce el impacto ambiental en la ciudad.

De este proceso se desprenden proyectos que ya marcan un antes y un después, como Palmibus y Palmibici. Ambas iniciativas combinan transporte sostenible con innovación tecnológica, y posicionan a la ciudad como referente regional en movilidad intermodal.

El camino del Sistema Integrado de Transporte Público

Entre 2020 y 2023, Palmira enfrentó la suspensión del transporte público colectivo, un marcado aumento del transporte informal y un encarecimiento de los viajes. Ante este escenario, la Alcaldía de Palmira –con el apoyo de ProMOVIS, un proyecto financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– impulsó un estudio para la recuperación integral del sistema.

En diálogo con +COMUNIDAD, el equipo municipal explicó que este trabajo sentó las bases del Sistema Integrado de Transporte Público y se desarrolló en tres fases:

1. Diagnóstico. Se analizó la situación actual de los componentes técnico, tecnológico, financiero y legal del servicio de transporte público vigente, haciendo énfasis en dos rutas del sistema de transporte público.
2. Formulación. En esta etapa se presentó el modelo operativo de rutas. Incluyó el componente tecnológico, los instrumentos legales, el esquema financiero y sus fuentes, los indicadores de seguimiento y los recursos municipales para la operación.
3. Evaluación. Se realizó el seguimiento y monitoreo de las dos rutas seleccionadas. También se elaboraron propuestas de ajuste y recomendaciones finales junto al operador de transporte.

Los principales resultados que la Alcaldía resalta hasta el momento son:

• Adopción del Sistema Integrado de Transporte Público.
• Creación del Fondo de Estabilización y Subvención Tarifaria del Sistema Integrado de Transporte Público.
• Puesta en marcha del piloto de operación del sistema de transporte público, Palmibus, desde el 15 de abril del 2024, con dos rutas por medio de 24 vehículos con Gas Natural Vehicular (GNV), cubriendo el 40% del área urbana. 
• Instalación y operación del componente tecnológico, junto con su integración con el sistema de bicicletas públicas, Palmibici. 

Además, la operación de este sistema en estos tres años ha generado:

• Movilización de 5.000 pasajeros y pasajeras diarias en promedio.
• 40% usuarios con tarjeta recibiendo un subsidio por parte de la alcaldía
• 1,2 millones de pasajeros movilizados al 30 de junio de 2025.
• 330.000 viajes con tarifa diferencial al 30 de junio de 2025. 
• 8.000 préstamos de bicicletas.

El impacto en la población de Palmira

Aunque la carencia de un transporte público accesible y eficiente afectaba a toda la población, el Ayuntamiento observó que las mujeres y personas adultas mayores eran los grupos más vulnerables en su dinámica de movilidad cotidiana. En esa línea, uno de los mayores impactos que destaca el gobierno local es que, al reducir tiempos y costos de desplazamiento, más mujeres acceden a empleos en zonas estratégicas, beneficiando así a trabajadoras formales e informales de la ciudad. 

“En cuanto a seguridad, la incorporación de cámaras, GPS y validadores electrónicos ha disminuido los riesgos de acoso e inseguridad, lo que se refleja en la confianza femenina. Hoy el 74,5% de las personas usuarias son mujeres”, indican desde el equipo. “La aplicación de subsidios y tarifas diferenciales permitió que mujeres cabeza de hogar y de bajos ingresos accedan a un transporte digno y asequible. Además, el 40% de los pasajeros son personas adultas mayores, muchas de ellas mujeres, lo que garantiza la equidad entre diferentes generaciones”, agregan.

Sobre cómo hacen frente al financiamiento de estrategias de movilidad inclusiva y sostenible, la Alcaldía de Palmira comenta que, a diferencia de otras iniciativas, esta estrategia se sostiene con recursos propios del municipio, que provienen de la contraprestación de la tasa aeroportuaria. “En 2024 se invirtieron 905 millones de pesos colombianos en la operación y subsidios de tarifa, garantizando la continuidad del servicio sin afectar las finanzas públicas”, explican dede el equipo de gobierno (la cifra representa unos U$S 234.000). 

Garantizar un modelo de movilidad sostenible e inclusiva

El Plan de Desarrollo Palmira 2024-2027 afirma que la ciudad formula un modelo de movilidad caracterizado por la intermodalidad y la integración. ¿Qué quiere decir esto exactamente y cómo se ha traducido en la implementación de políticas públicas? 

Para la Alcaldía esto significa que una persona pueda usar varios medios de transporte en un mismo viaje, de forma fácil y contínua. Pero que, a la vez, esos diferentes modos de transporte funcionen como un solo sistema, no como servicios aislados. De ahí la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público.

“Lo que queremos, principalmente, es que en Palmira la gente no dependa sólo del carro o la moto, sino que pueda combinar la bici, el bus, el taxi, el tren (en un futuro) y caminar sin inconvenientes ni pérdida de tiempo”, remarcan.

Según explican, el Plan de Desarrollo Palmira 2024-2027 busca alinear la movilidad con sostenibilidad y eficiencia, lo que se refleja en acciones como Palmibús y Palmibici, concebidos como sistemas complementarios.

Actualmente la gestión avanza en la expansión de ciclorrutas y espacios públicos conectados con paraderos de buses, estaciones de bicicletas y, sobre todo, con el centro de la ciudad. El objetivo es mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía.

“Estamos discutiendo la transición de parte de la flota de transporte público a eléctricos, lo cual conecta con el proyecto Palmibús Verde. También que Palmira se integre con Cali y el área metropolitana, de modo que un viaje de una ciudad a otra se puede hacer con un mismo esquema de transporte masivo”, anticipan desde el equipo.

Nuevos horizontes con Sistema Integrado de Transporte Público

Desde la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público, Palmira experimentó cambios significativos en su cultura de movilidad. Antes la prioridad eran los autos y motos; hoy crece el protagonismo del transporte público, la bicicleta y la caminata.

La transformación también se refleja en la infraestructura, con nuevas vías y alamedas que incluyen andenes y ciclorutas. En la cultura ciudadana, con campañas de movilidad sostenible y seguridad vial. Y en la gestión ambiental, al alinear la movilidad con metas de reducción de emisiones y mejora en la calidad del aire.

De cara al futuro, la ciudad busca consolidar un modelo de movilidad sostenible con la ampliación de Palmibús Verde, mediante buses eléctricos e incluso de hidrógeno. También proyecta expandir Palmibici y las ciclorutas conectadas con paraderos, poner en marcha la Terminal Intermodal de Transporte e implementar una tarifa integrada y digital que combine distintos medios de viaje en un solo pago.

“Para asegurar la continuidad más allá de las transiciones de gobierno, esta iniciativa se incorporará en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Movilidad Segura y Sostenible, que facilitará el acceso a programas de cooperación técnica y financiera a nivel nacional e internacional”, promete el equipo de la Alcaldía de Palmira. El proceso también contempla la participación de la ciudadanía, la academia y el sector empresarial, de modo que los proyectos trasciendan coyunturas políticas y se conviertan en transformaciones sostenibles para la ciudad.

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Por Mariana Foglia (*)

Mientras que en la década de los 90 el dilema político de los intendentes giraba en torno a si debían o no involucrarse en los asuntos de seguridad, en la actualidad  el interrogante es qué hacer y cómo tener una mejor política local en la materia. 

Si bien la policía, la justicia y el sistema penitenciario dependen de los niveles provincial y nacional, los municipios hoy se han convertido definitivamente en el centro de imputación de la demanda ciudadana por más y mejor seguridad. 

Ubicados en la primera línea de fuego frente a una problemática compleja y multicausal, no hay escapatoria para los gobiernos locales. Sin tener en sus manos la faz punitiva, su principal rol es la prevención del delito y las violencias.

Es más barato prevenir que curar

Durante mucho tiempo la criminología clásica atribuyó el origen de las conductas delictivas a ciertas características físicas o mentales, concluyendo de modo simplista que la delincuencia estaba en la biología de las personas. 

Hoy, desde la criminología moderna, entendemos que se trata de un fenómeno mucho más complejo, sujeto a múltiples causas. Estos factores de riesgo socio-delictuales, van desde el consumo de drogas y alcohol, el abandono escolar y la violencia familiar, hasta la exclusión social y el desempleo, entre muchos otros factores de orden no solo individual sino también comunitario e institucional. 

Ninguna de estas condiciones por sí solas fomentan la delincuencia. Es la presencia simultánea y acumulativa de varios factores de riesgo la que aumenta las probabilidades de que ciertos individuos cometan delitos. Se trata de una distinción importante a la hora de evitar toda estigmatización.

Detrás de todo fenómeno delictual, hay entonces carencias y conflictos sociales irresueltos. Y es allí  donde juegan un rol clave los gobiernos locales a la hora de promover la convivencia ciudadana y políticas generadoras de oportunidades que actúen como barreras protectoras de entrada en la actividad delictiva. 

En tanto primera puerta del Estado, los municipios pueden prevenir la delincuencia a través de sus herramientas de planeamiento urbano, desarrollo social, cultural, deporte, salud y educación para lograr llegar “antes que el delito”. En otras palabras, cuando actúa la policía y se activa todo el sistema de justicia penal, es porque el delito ya ocurrió y por lo tanto la prevención fracasó. 

La literatura especializada evidencia que los programas de prevención son, además de efectivos, más baratos que las medidas tradicionales de control del delito.  Según Rodrigo Serrano-Berthet del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando se comete un delito, el Estado tiene que gastar recursos públicos en policía, justicia, cárceles y atención a víctimas. Si se suman esos gastos y se comparan con el costo de prevenir que el delito ocurra, el análisis es altamente favorable para la prevención: por cada dólar que el estado invierte en prevenir la reincidencia, la sociedad gana más de seis dólares. 

El desafío: fortalecer capacidades municipales  

Al calor del avance de la problemática, en los últimos años en Argentina los municipios empezaron a crear en sus organigramas incipientes áreas para atender la seguridad ciudadana. Sin embargo, se observan varios denominadores comunes que limitan su accionar. 

Entre ellos, la falta de una institucionalidad robusta  para planificar y evaluar iniciativas, la ausencia de mandos políticos y técnicos debidamente formados; un limitado acceso a información estadística criminal y a encuestas regulares de victimización y percepción que impiden  conocer el cuándo, dónde y cómo se producen los delitos en los barrios y qué sentimientos movilizan en la ciudadanía. A  ellos se suma la escasez de recursos, sobre todo en una temática considerada tradicionalmente como campo de acción de los gobiernos provincial y nacional. 

De la mano de la falta de diagnósticos sobre los cuales erigir la estrategia de seguridad, es muy común el diseño de medidas aisladas, mayormente de corte situacional, con eje en los síntomas cortoplacistas del delito más que en sus causas más profundas. A su vez, se suelen ejecutar políticas sociales amplias con poco impacto con relación a los niveles de victimización de un determinado territorio en lugar de programas de prevención social del delito focalizados en la población en riesgo. 

Se trata de un desafío público que requiere capacidades administrativas y políticas sólidas. No sólo para gestionar, sino también para dialogar con todos los actores intervinientes –desde el sector policial y judicial hasta la sociedad civil–para el trabajo en red que amerita. 

El reto: “llegar antes que el delito”

La clave es entonces “llegar antes” y, para ello, se requiere de una estrategia de seguridad local pensada  por “fuera de la caja”. Es decir, abordar este desafío público más allá de la cuestión criminal para poner el foco en reducir aquellos factores de riesgo que están detrás de toda persona que delinque. Ello implica algunos puntos de partida para la acción: 

• Voluntad y liderazgo político para asumir una agenda municipal que tenga a la seguridad entre sus principales ejes estratégicos.

• El plan de seguridad local debe ser integral, no sólo inversión en cámaras y tecnología, herramientas necesarias y fundamentales para el abordaje a corto plazo. También debe incluir programas focalizados de prevención social, comunitaria de la mano de recursos humanos y presupuestarios específicos con mirada en el mediano y el largo plazo.
• En la tarea de prevenir, ninguna secretaría del municipio escapa al abordaje de la seguridad y debe formar parte de la respuesta desde sus competencias afines a la gestión de la conflictividad social.
• Toda estrategia de seguridad debe partir de información fiable para  diagnosticar, planificar, dar seguimiento y evaluar políticas basadas en evidencia y no en la intuición.

• La participación de la ciudadanía es clave si se quiere alcanzar impacto y resultados sostenibles en el tiempo.
• Revisar qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad en los territorios locales es fundamental para implementar políticas basadas en evidencia.

Profundicemos un poco más sobre seguridad

Sobre este último punto, una herramienta valiosa y fuente de aprendizaje e inspiración es la plataforma desarrollada por el BID que promueve el uso de evidencias científicas en las decisiones sobre seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. En la misma se pueden encontrar iniciativas concretas con resultados e impacto evaluados como exitosos en temas como prevención de la violencia infanto-juvenil, seguridad urbana, policiamiento, justicia criminal, reinserción social y violencia contra las mujeres. Hacer una buena revisión de estos programas es un primer paso fundamental para idear una política de seguridad local.

En definitiva, las ciudades son seguras no sólo ante la ausencia de delito y el temor de ser victimizados. Son seguras si sus ciudadanos gozan de calidad de vida en términos de libertad, disfrute de los espacios públicos y acceso a oportunidades. No hay seguridad sin desarrollo humano como condición indispensable del derecho a la ciudad de todos sus habitantes.

Políticas faro para gobiernos locales

La Municipalidad de Peñalolén, en Chile, implementó una destacada política integral de prevención social del delito, enfocada en abordar la delincuencia desde un enfoque social y comunitario. Esta estrategia se basa en la prevención y en el fortalecimiento del tejido social, involucrando tanto a actores comunitarios como a instituciones locales para enfrentar factores como la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades.

La política incluye una variedad de programas diseñados para prevenir el delito. Entre ellos, destaca el Programa de Mediación vecinal y comunitaria, que fomenta la participación vecinal a través de redes de apoyo comunitario. Este programa se articula con el Plan Integral de Barrios Seguros, que promueve la formación de líderes barriales responsables de co-gestionar y fomentar la convivencia pacífica en sus barrios. 

Otro programa relevante es el Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, que identifica a niños y adolescentes en riesgo de abandonar el sistema educativo o sufrir vulneraciones de derechos. Esta iniciativa permite detectar y atender situaciones críticas, garantizando una respuesta rápida y adecuada.

Todos estos programas se basan en diagnósticos detallados de los factores de riesgo y protección en la comunidad. Esto permite focalizar las políticas en las problemáticas específicas del municipio. La clave ha sido la colaboración interinstitucional, involucrando áreas como educación, salud y deportes, además de la cooperación con organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Esta política integral de prevención está diseñada para generar soluciones sostenibles a largo plazo con foco en el trabajo en red.

Otro programa exitoso de prevención del delito, articulando la Prevención situacional con participación comunitaria es “Ojos en Alerta”, de la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su objetivo principal es mitigar la inseguridad e involucrar a los vecinos y vecinas en la prevención del delito. A través del Whatsapp, los ciudadanos pueden reportar situaciones de emergencia, actividades sospechosas, siniestros viales, violencia por motivos de género y otros incidentes relevantes en tiempo real. 

Este programa llevó al municipio de San Miguel a recibir el premio RIL a la Ciudad Inspiradora 2024, otorgado en la Noche de los Intendentes. Ojos en Alerta hoy se replica en 50 localidades. En ellas logró activar y mejorar la calidad de los mapas del delito, habilitando una mejor planificación de los operativos públicos de control para la prevención y el posicionamiento inteligente de las patrullas policiales en sus respectivas cuadrículas. 

Camino a ser una ciudad con una estrategia integral de Seguridad

Este año, la Red de Innovación Local (RIL) lanzó el Programa Ciudades por la Seguridad que acompaña a equipos de gobiernos locales de 27 ciudades del país en el diseño de una planificación integral de seguridad ciudadana. La iniciativa es financiada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Konrad Adenauer Argentina. 

Nuestro objetivo es acompañar a los equipos locales en el fortalecimiento y profesionalización de sus capacidades de planificación y gestión de sus políticas locales de convivencia y seguridad ciudadana. Mediante capacitaciones específicas y talleres en territorio, procuramos dotarlos de herramientas para diagnosticar, pasar a la acción y trabajar en redes colaborativas para implementar estrategias innovadoras y basadas en evidencia que mejoren la calidad de vida ciudadana. 

Desde RIL entendemos que, en materia de seguridad, los líderes locales pueden hacer mucho para garantizar condiciones de vida más seguras para sus comunidades. La clave del éxito en cualquier estrategia de seguridad no es ni la mano dura ni la mano blanda. Sino una política inteligente contra el delito donde el Estado en sus tres niveles, junto al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía formen parte de la solución en una verdadera alianza por ciudades más seguras.

(*) Mariana Foglia es Coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad  de la Red de Innovación Local (RIL)

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Frente a este escenario, en 2017 surgió el Colegio Impacto MAIA, el primero de la región diseñado para conectar los talentos de las jóvenes mayas con las oportunidades del siglo XXI. “Todos los índices de desarrollo mejoran exponencialmente cuando más mujeres asisten al colegio y participan activamente de la sociedad. El mundo no puede esperar más para que las niñas y las mujeres alcancen su máximo potencial”, visualizan en la asociación guatemalteca que impulsa la iniciativa. 

El proyecto apunta hacia la creación de un ecosistema de apoyo que satisfaga las necesidades de las niñas indígenas, históricamente marginadas en las zonas rurales del país. Teniendo como horizonte lograr un efecto sostenible a largo plazo, el Colegio Impacto de MAIA fue reconocido como una de las innovaciones educativas líderes en América Latina y el Caribe, por medio de la organización HundrED y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Liderazgo y empoderamiento

La escuela de MAIA está organizada en torno a un “programa holístico en educación”, que integra los talentos en el entorno académico, familiar y comunitario. A través del desarrollo de la resiliencia, las redes de apoyo y el pensamiento crítico, buscan multiplicar las voces femeninas empoderadas e impulsar una nueva generación de lideresas. 

Según las propulsoras del Colegio Impacto, sus características innovadoras que le permitieron recibir reconocimiento internacional son: 

1. Diseño impulsado por la empatía dirigida por el liderazgo y las educadoras del colegio, siendo ellas de las mismas comunidades y áreas que las estudiantes entienden su contexto ya que provienen de la misma área.

2. Énfasis en contenidos no académicos cruciales como competencias, capital social, educación en salud reproductiva, educación financiera y conciencia cívica.

3. El programa de participación familiar brinda acompañamiento socioemocional a las niñas y sus familias, e incluye visitas domiciliarias regulares.

4. Las aulas están centradas en el estudiante, enfatizando el dominio de siete competencias: pensamiento crítico, excelencia, resiliencia, mentalidad de crecimiento, empoderamiento vocal, cambio de código intercultural y negociación. 

5. Usar la tecnología para mantener el impulso académico a través del aprendizaje remoto cuando sea necesario, como por ejemplo durante la crisis del coronavirus.

6. MAIA escala el impacto a través de asociaciones y comparte las formas más efectivas de liberar el potencial humano.

Niñas con participación activa

“Tzijonem – Voces de Cambio”, una iniciativa de empoderamiento liderada por las “Jóvenes Pioneras”, como llaman en MAIA a sus estudiantes, es un espacio que busca la ruptura de estereotipos en Guatemala y la generación de oportunidades mediante charlas profundas y redes de apoyo. “Tzijonem” significa “conversación” en el idioma maya kaqchikel. 

“Para hacer estos cambios es necesario el involucramiento y la participación activa. Por eso intento conocer e informarme sobre temas y cosas que me ayuden a tener mejor desenvolvimiento. Desarrollar una voz empoderada es una herramienta que se convierte en una acción necesaria”, reflexiona Azucely, una de las primeras jóvenes en graduarse del Colegio Impacto de MAIA. 

En un futuro cercano, el proyecto apunta hacia la escalabilidad mediante la difusión de buenas prácticas y el aprendizaje proactivo con otras organizaciones. MAIA ya compartió capacitaciones con más de 50 escuelas, y es miembro de dos redes globales: One World Network of Schools y She’s the First. También apoyó la creación de colectivos en Guatemala alineados con la inclusión y la prosperidad comunitaria. 

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^{Imagen principal: niñas en la escuela de MAIA. Foto: MAIA.}
Redacción +Comunidad.

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Iniciada la década de 2010, el gobierno local decidió implementar programas que pudieran reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el archipiélago y mejorar la calidad del ambiente. Justamente, por su condición insular el departamento es parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) y siempre abasteció su demanda energética con fuentes que emiten una alta cantidad de gases de efecto invernadero. 

Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que acompaña a San Andrés y Providencia en la transición, se necesitan 16 millones de galones de diésel al año para abastecer las 22 unidades locales de generación. Todo el combustible llega en buques que viajan directamente desde el continente, con elevados costos de logística y distribución.

Mediante la asistencia internacional, la estrategia apunta hacia una reconversión general en los sectores residencial, comercial –especialmente el hotelero– y los organismos públicos. ¿Los pilares? Lograr una gestión eficiente de la demanda y extender el uso de energías renovables, como la solar y la eólica. Y, en consecuencia, reducir los costos de las facturas del servicio de electricidad.

Cambiar desde lo más chico hasta lo más grande

“Una transición energética, camino a una gobernanza más fuerte, conlleva el reto de poder desenvolver cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de París para descarbonizar la economía. Requiere de actitudes diferentes para alcanzar la eficiencia energética, que demanda de una transformación estructural como desafío al cambio social y político del archipiélago”, analiza Ricardo Arquez Benavides, especialista en política energética de Colombia. 

Como parte de su estrategia de energía para América Latina y el Caribe, el BID diseñó el programa piloto “Be Energy” para mejorar la eficiencia energética en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Junto con el Ministerio de Minas y Energía, y financiamiento del Fondo de Tecnología Limpia por U$S 10 millones, la iniciativa busca reducir la emisión de 26.000 toneladas de dióxido de carbono en las islas. 

Para lograrlo, el plan dispuso varios proyectos clave: la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en edificios públicos, la implementación de sistemas de iluminación LED y la sustitución de equipos de aire acondicionado antiguos por otros más eficientes. Además, procura promover la educación y concientización sobre la importancia de la eficiencia energética y la transición en la comunidad local.

Para el sector residencial, el recambio de luminarias y equipos de refrigeración es financiado para todos los niveles de ingresos. Ya para el rubro comercial, industrial y el sector público, el apoyo cubre aparatos de aire acondicionado e iluminación de alta eficiencia. 

Avances prometedores en las islas

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) es el encargado de ejecutar el programa y coordinar los aspectos técnicos. Según sus cifras, hasta 2022 más de 18.000 usuarios del archipiélago han logrado percibir un ahorro de entre el 20% y el 57% en su factura de energía eléctrica. Además, se redujo considerablemente el consumo energético (20 GWh), lo que equivale a 13.100 toneladas de CO2 menos en el aire. 

“Con este proyecto avanzamos una parte del camino de la transición energética justa. Seguiremos trabajando para transformar la matriz energética de las islas, y especialmente con la población más vulnerable para que puedan ver en futuras facturas los beneficios del ahorro”, afirmó Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo del Fondo. 

Durante los años del programa piloto, se capacitó a 460 personas en el uso de sistemas solares fotovoltaicos. Con los resultados, equipos del BID y de Colombia busca escalar la política pública en la región y extenderla hacia otros sitios aislados del país, como ser comunidades rurales en zonas selváticas. 

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^{Imagen principal: vista de San Andrés. Ministerio de Turismo de Colombia.}
Redacción +Comunidad.

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Este año, el podio en el Índice Global de Habitabilidad corresponde a Viena (Austria), Copenhague (Dinamarca) y Zúrich (Suiza). Completan el Top 10 ciudades de Canadá, Europa, Japón y Australia. En último lugar, en tanto, se ubican Damasco (Siria), Lagos (Nigeria) y Trípoli (Libia) “debido a las guerras, los conflictos y el terrorismo”. 

Los autores del informe advirtieron que la continuidad de la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania afectaron la evaluación del índice y que lo seguirán haciendo durante los próximos años, especialmente en Europa. También alertaron que las ciudades atraviesan una “crisis preocupante” con respecto al incremento del costo de vida. 

Un concepto amplio

Existen numerosas definiciones sobre la calidad de vida urbana. La demógrafa Andrea Elisa González explica que, en líneas generales, la bibliografía se divide entre dos corrientes: una objetiva y otra subjetiva. Mientras el primer grupo examina una gama de bienes y servicios que deben estar a disposición de la ciudadanía para satisfacer sus múltiples necesidades, el segundo enfatiza el ambiente interno de las personas, dando mayor importancia a los aspectos perceptivos de contento o descontento con el medio. 

“La calidad de vida urbana se refiere a las condiciones presentes en una ciudad que garantizan el confort biológico y psicológico de sus residentes, así como el soporte funcional para el desarrollo de los individuos en la producción y reproducción de la vida”, define la autora en su tesis de maestría. Además, menciona la importancia de contar con un medio ambiente sano y oportunidades tanto institucionales como económicas como “soporte para una vida digna y saludable en cualquier ciudad”.

En América Latina 

Entonces, ¿de qué depende que una ciudad tenga mejor calidad de vida que otra? El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estableció ocho temas que sirven como referencia en la comparativa: equidad de ingresos y servicios; espacios públicos de calidad; conectividad y conexión con la ciudadanía; seguridad; movilidad; resiliencia (para contrarrestar los efectos del cambio climático); conocimiento; y gobernanza. 

“Queremos seguir apelando a que la ciudad continúe siendo un lugar positivo de encuentro, un espacio donde la gente disfrute habitar y trabajar, donde se recrea, se educa y se conecta con otros de manera positiva”, remarca Verónica Adler, economista especializada en asuntos urbanos y autora del artículo blog del BID.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la evaluación de las condiciones ambientales gana cada vez más peso a la hora de definir la calidad de vida urbana. Así, los especialistas coinciden en que el manejo adecuado de los residuos, la reducción de la contaminación y la presencia de espacios verdes determinan, sin lugar a dudas, si en una ciudad se vive mejor que en otra.  

El rol de los gobiernos locales

Los economistas Diego Azqueta y Luis Alfonso Escobar destacan que la calidad de vida urbana está determinada especialmente por las decisiones que tomen los administradores públicos locales, además de aquellos factores naturales determinados por la geografía. Y tiene tanta relevancia –sostienen– que explica una elección tan personal como el lugar donde una persona decide radicar su vida.

“Independientemente del atractivo mediático que tenga la elaboración de distintos índices de calidad de vida urbana, lo cierto es que una construcción sistemática y rigurosa puede proporcionar una herramienta de gran utilidad para el gestor municipal”, exponen los autores acerca de los reconocidos rankings internacionales.

En la Red de Innovación Local (RIL) existen programas y comunidades que apuntan hacia la mejora de la calidad de vida en los centros urbanos. Por caso, el Programa Ciudades de Oportunidades 2022  procura impulsar la creación de soluciones de impacto mediante la innovación sistémica y las redes de cambio entre gobiernos municipales y emprendedores sociales.

¿Cómo gestiona tu ciudad las variables que la hacen un lugar más agradable para vivir? No dejes de compartir la experiencia en el Mapa de Soluciones Locales de RIL y contactarte con +Comunidad.

^{Imagen principal: Viena, la mejor ciudad del mundo para vivir según EIU. Fuente: iStock. 
Fuente: Redacción +Comunidad.}

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Tener una idea, aportarle creatividad y transformarla en un bien o servicio innovador. Esta es la idea detrás de la llamada Economía Naranja, el conjunto de industrias culturales basadas en el talento, el conocimiento y la propiedad intelectual. En un mundo que camina hacia la automatización de los trabajos, su desarrollo se asoma como el futuro de las ciudades. 

“Si los países de América Latina quieren alcanzar un crecimiento balanceado de sus economías e incrementar su competitividad en este ambiente de constante cambio, es vital que fomenten las industrias de la creatividad y del conocimiento”, sentencia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que lleva una década definiendo a la Economía Naranja o Creativa –son sinónimos– como “una oportunidad infinita”.

¿Y por qué el color naranja? La caracterización actual es de origen latinoamericano y representa la personalidad del sistema creativo, además de que “se lo suele asociar con la cultura y la identidad”. En ese sentido, el BID recuerda que en el Antiguo Egipto se usaban pigmentos naranjas para adornar las tumbas de los faraones o que incluso Dionisio, el dios griego del teatro, vestía con ese color. 

Un término amplio

El concepto se extendió tras la publicación del best seller “La Economía Creativa: cómo las personas hacen dinero de las ideas” (2001), de John Howkins. El autor estableció una conexión estrecha entre la creatividad y los negocios que, con el correr de los años, fue ahondada por múltiples organismos internacionales. 

“La relación entre economía y cultura suele abordarse con antagonismo, cuando en realidad son caras de una misma moneda. Es tal su correspondencia que la moneda en sí misma es una de las creaciones más maravillosas de ambas”, grafica el BID. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco) sostiene que la Economía Naranja o Creativa es un motor de desarrollo cada vez más importante en América Latina y el Caribe. Destaca que contribuye en términos de valor agregado, exportaciones, empleo, inversiones y productividad. 

“Se define como el grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual”, explica el organismo. También distingue tres principales grupos dentro del término: las actividades tradicionales y artísticas, la industria creativa y las acciones que brindan apoyo creativo a las primeras. 

Según un informe de la revista Forbes publicado en 2021, se destinan globalmente U$S 31.000 millones de activos a la inversión cultural sostenible y de impacto, y se prevé que la Economía Creativa representará el 10% de la actividad mundial en los próximos años. En la actualidad, ya genera más de 300 millones de empleos y las industrias creativas aportan más del 3% del Producto Bruto Global. 

Ecosistemas creativos en las ciudades

“La Economía Naranja requiere del debido reconocimiento de los gobiernos por su importante aporte a la actividad económica, el desarrollo social inclusivo y el entendimiento de los pueblos. Para esto, es preciso desarrollar políticas públicas socioculturales que permitan al ecosistema creativo encontrarse en nuevos formatos y modelos de negocios para la recuperación, el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo del sector”, opina Claudia Guardia, experta en industrias creativas y cultura. 

¿Cuál es el rol de las ciudades en esta tarea? Aprovechando la concentración geográfica, la clave está en el fomento de aquellos ecosistemas creativos que incluyan al sector privado, la academia y el gobierno. 

“Particularmente, las ciudades creativas se caracterizan por una alta densidad de profesionales con formación y con antecedentes y preferencias muy diversos. Esta acción colectiva aumenta la innovación y productividad de las empresas, que pueden tener acceso a mejores insumos en forma de trabajadores, conocimiento, tecnologías y nuevas oportunidades”, describen José Miguel Benavente y Matteo Grazzi en “Políticas Públicas para la Creatividad y la Innovación” (2017) del BID.

“Todos estos actores establecen sinergias alrededor de proyectos creativos y llevan a cabo diferentes funciones en el proceso de difundir la cultura y la creatividad dentro del sistema de producción y de la sociedad en su conjunto”, reflexionan. 

Experiencias en marcha

En el Mapa de Soluciones Locales de RIL podés conocer más de 50 experiencias de ciudades que aplican políticas para “exprimir” las naranjas. Con los filtros “Desarrollo Económico” (categoría) y “Economía del conocimiento” (subcategoría), verás casos como los de Londres, Bariloche, Melbourne o Mar del Plata que buscan posicionarse como “ciudades del conocimiento”. O la experiencia de Austin, que procura ser el “mejor sitio para que los cineastas vivan y trabajen”. 

Algunos países ya le otorgan alta prioridad a la Economía Creativa en sus planes de gobierno. Por ejemplo, Colombia creó el Consejo Nacional de la Economía Naranja. 

Ya lo dijo el reconocido cantante Frank Sinatra: “El naranja es el color más feliz”. ¿En tu ciudad se promueven las industrias culturales y de conocimiento ? ¡Compartilo con RIL!

_{Fuente de imagen principal: BID.}

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