La relación entre muchas ciudades latinoamericanas y sus ecosistemas periféricos ha estado marcada por la degradación. La Ciénaga de Mallorquín, un humedal costero de 741 hectáreas donde confluyen el río Magdalena y el mar Caribe, no fue la excepción. Durante décadas, este rincón colombiano recibió aguas servidas sin tratamiento, acumuló residuos sólidos y perdió calidad ambiental.

Esa degradación tuvo consecuencias económicas y sociales. La comunidad dejó de ver la ciénaga como fuente de sustento y la percibió como un espacio inseguro y sin proyección. La pérdida de biodiversidad y los malos olores alejaron cualquier posibilidad de uso recreativo o turístico.

A partir de 2020, en el marco del Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla”, la ciudad adoptó el enfoque de “biodiverciudad”: integrar los activos naturales a la competitividad urbana. Con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otros organismos, se puso en marcha el proyecto de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín (RICM). El objetivo fue doble: restaurar el ecosistema y convertirlo en un nuevo eje de desarrollo turístico sostenible. Esta transformación ha generado resultados tangibles que le valieron el Premio AVA 2025 – Bienestar Social, por ser una iniciativa que mejora la calidad de vida, promueve la equidad y fortalece el desarrollo humano en colaboradores y comunidades locales.

Una solución basada en la naturaleza

La intervención apostó por una Solución Basada en la Naturaleza: la biorremediación con microalgas nativas. En alianza con SSS Technologies y bajo supervisión de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, se implementó un proceso que utiliza el metabolismo de estos microorganismos para remover contaminantes sin generar lodos tóxicos ni emplear químicos agresivos.

El procedimiento incluyó cuatro etapas: muestreo y selección de microalgas resistentes, fortalecimiento en laboratorio, escalamiento en planta de ficocultivo e inoculación en puntos estratégicos del humedal. Una vez liberadas, las microalgas consumen materia orgánica y liberan oxígeno mediante fotosíntesis, mejorando la calidad del agua.

Los resultados iniciales mostraron una reducción significativa de nitratos, enterococos y coliformes totales. La carga orgánica —principal contaminante— se redujo en más de 98%. En paralelo, aumentaron los niveles de oxígeno disuelto, condición clave para reactivar los ciclos biológicos de peces y manglares.

La mejora ambiental fue la base para habilitar un nuevo uso del territorio: el turismo de naturaleza.

Infraestructura verde para un nuevo destino

Sobre el ecosistema recuperado se diseñó el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín. El proyecto contempla 4,5 kilómetros de senderos elevados construidos con estructuras palafíticas de madera, que permiten el flujo de mareas y fauna por debajo de las pasarelas. Esta infraestructura busca minimizar el impacto sobre el suelo y preservar la dinámica del manglar.

El ecoparque incluye miradores para el avistamiento de aves —se registran más de 155 especies en la zona—, espacios para deportes náuticos sin motor y programas de educación ambiental. También prevé la recuperación de la playa de Puerto Mocho y la incorporación de un tren turístico eléctrico para reducir la huella de carbono del acceso al mar.

La inversión supera los 200.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 53 millones de dólares) y forma parte de una estrategia que vincula infraestructura verde con dinamización económica. Según estimaciones oficiales, el proyecto podría movilizar alrededor de 1,14 billones de pesos colombianos en la próxima década, con un flujo anual proyectado de entre 667 mil y 1,4 millones de visitantes.

El turismo aparece así como resultado de la restauración ecológica, no como actividad extractiva, sino como experiencia vinculada a la conservación.

Impacto: turismo comunitario y empleo local

Uno de los ejes del proyecto es el turismo comunitario. La iniciativa promueve la formalización de empleos vinculados a la conservación, mantenimiento y gestión del parque. Además, impulsa experiencias culturales y gastronómicas, como la propuesta de “Las Curramberas”, que integra tradición caribeña y oferta turística.

El enfoque busca que la comunidad sea protagonista del nuevo destino. La recuperación del ecosistema se plantea como una oportunidad para diversificar ingresos, fortalecer la identidad local y reducir la informalidad.

Desde la Secretaría de Planeación de Barranquilla sostienen que la ciénaga puede convertirse en uno de los principales catalizadores económicos de la ciudad en la próxima década. La lógica es que la infraestructura verde genera retornos al ofrecer servicios ecosistémicos y atraer visitantes interesados en experiencias de naturaleza.

 “La intervención aportó evidencia sobre el origen de la contaminación, asociada con la descarga que hace el arroyo León. La concentración contaminante es más alta en la desembocadura del mismo, y disminuye a medida que se aleja de este sitio”, explican desde SSS Tecnhologies. 

“La bioaumentación por fitorremediación logró una reducción significativa de los parámetros de nitratos, enterococos y coliformes totales, y de manera notable de la carga orgánica, que era el principal contaminante en la ciénaga, y se redujo en más de 98.3%”, agregan. En el arroyo León, el oxígeno disuelto registró un aumento de 1 mg/L, mientras que en diversos puntos monitoreados de la ciénaga el incremento osciló entre 0.5 y 4 mg/L, lo cual es vital para reactivar los ciclos biológicos de las especies nativas.

Desafíos para consolidar el modelo

El proceso también enfrenta desafíos. En 2024, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia identificó 21 hallazgos críticos sobre el estado de la ciénaga y la ejecución del proyecto. Entre ellos, la necesidad de priorizar la solución estructural de los vertimientos del arroyo León, mejorar la gestión de residuos sólidos y revisar inconsistencias en los límites territoriales.

Estos puntos son relevantes para la sostenibilidad turística del destino. Sin mejoras en la calidad del agua y en la gobernanza ambiental –sostienen en la Alcaldía–, la infraestructura podría perder sentido. La experiencia muestra que el turismo basado en la naturaleza depende, ante todo, de la salud del ecosistema.

Una hoja de ruta para ciudades intermedias

El caso de Barranquilla dialoga con una agenda más amplia. En 2025, Colombia sancionó la Ley de Ciudades Verdes, que obliga a integrar los activos ambientales en el ordenamiento territorial y priorizar soluciones basadas en la naturaleza.

La recuperación de la Ciénaga de Mallorquín ofrece aprendizajes transferibles: combinar restauración ecológica con planificación urbana, articular financiamiento internacional, diseñar infraestructura de bajo impacto y vincular a la comunidad en la cadena de valor turística.

Más que un parque, la ciénaga se proyecta como un laboratorio urbano donde la competitividad y la conservación dejan de ser agendas opuestas. El desafío será sostener en el tiempo ese equilibrio, para que el crecimiento del turismo vaya de la mano con la recuperación ambiental que le dio origen.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

La entrada Cómo una ciénaga degradada de Barranquilla se convirtió en nuevo polo de ecoturismo se publicó primero en +COMUNIDAD.

La crisis climática, de la atmósfera a la calle, revela que la proximidad es una ventaja estratégica. La primera barrera para actuar frente a ella suele ser la distancia: la idea de que “el planeta” es algo lejano, ajeno a lo cotidiano. Sin embargo, la evidencia es contundente. Las ciudades concentran más del 70% de las emisiones globales y, en América Latina, donde el 80% de la población vive en entornos urbanos, esta vulnerabilidad es evidente: siete de cada diez ciudades ya sufren impactos climáticos que deterioran su infraestructura y su calidad de vida, según datos del BID.

La realidad es que el cambio climático es, ante todo, un problema de proximidad. No es un castigo abstracto que ocurre “allá afuera”; es una alteración directa de nuestra gestión cotidiana. Es la ola de calor que satura el sistema de salud en una ciudad con poco arbolado urbano. Una inundación recurrente en un barrio donde la planificación urbana falló. Es la crisis hídrica en una cuenca que nos obliga a repensar de manera integral su gestión.

Estos eventos ya no pueden ser considerados “shocks exógenos” o “mala suerte”. Son, de facto, determinantes cíclicos del presupuesto local. Así como la sequía de 2022/23 en Argentina generó una caída de 3 puntos del PBI nacional, según datos de la Presidencia de la Nación, la inundación local genera costos recurrentes en reconstrucción de infraestructura y asistencia social que erosionan la estabilidad fiscal del municipio.

La innovación climática como oportunidad local

Pero aquí el riesgo se convierte en oportunidad. Porque así como los procesos globales impactan de lleno sobre el territorio, es en el gobierno local donde se presenta la oportunidad concreta de incidir directamente sobre la adaptación y la mitigación. La gran ventaja de la escala municipal es que la proximidad es directamente proporcional a la capacidad de incidencia real.

Un municipio no necesita un lustro para actuar. Puede decidir sobre criterios de una licitación de transporte o un código de edificación. Esta agilidad es una oportunidad clave: permite vincular la acción climática con beneficios directos e inmediatos para la comunidad (aire más limpio, menos inundaciones, barrios más frescos).

El desafío es adoptar una perspectiva ‘glocal’: usar esta competencia local para implementar los grandes compromisos globales. Por lo tanto, los gobiernos locales retoman la centralidad como el laboratorio principal para la innovación climática y la búsqueda de soluciones. Es en esta escala donde se pueden pilotar, medir y escalar respuestas ágiles. Por ello, la colaboración en redes que comparten lecciones aprendidas y experiencias exitosas se vuelve indispensable.

Gobernar la complejidad climática: de la gestión fragmentada a la innovación institucional

Si la escala es la correcta y la urgencia es clara, el desafío de la implementación es puramente institucional. Este desafío es doble: uno interno (cómo nos organizamos) y otro externo (qué capacidades tenemos).

El primer paso es instalar la agenda climática como un eje estratégico y transversal en toda la administración, superando la gestión fragmentada. Esta visión integral permite gobernar la complejidad y evita la incoherencia administrativa, que no es solo un error de gestión, sino un pasivo fiscal y administrativo insostenible. 

Esto significa entender que las decisiones climáticas más importantes no se toman solo en la secretaría de ambiente. Ocurren en Hacienda, al migrar a luminarias LED dimerizables, reduciendo el gasto eléctrico corriente. Ocurren en Obras Públicas, al exigir eficiencia energética en edificios públicos o instalar techos solares. Estas acciones de Eficiencia Energética generan ahorros fiscales directos. Ocurren en Planificación, cuando se implementan Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) (infraestructura verde) o se fomenta la Economía Circular (EC), que ve los residuos como una oportunidad para impulsar nuevas cadenas de valor, en lugar de un mero desecho a gestionar.

El segundo desafío es la “brecha de capacidades“, resultado de una “descentralización asimétrica” : los municipios asumieron más responsabilidades en los últimos años, pero frecuentemente sin los recursos técnicos o financieros para ejercerlas . La innovación institucional es clave para superar esta brecha. La experiencia sugiere algunos mecanismos fundamentales:

• Aprender en red. Utilizar plataformas como el Pacto Global de Alcaldes , C40 o la Red de Innovación Local (RIL), que facilitan asistencia técnica, metodologías y el intercambio de lecciones aprendidas.
• Colaborar. Impulsar alianzas público-privadas-académicas, reconociendo que el municipio necesita socios para generar datos (universidades) y escalar soluciones (sector privado).
• Medir para gestionar. Adoptar una gestión basada en evidencia, desarrollando diagnósticos (Inventarios GEI, Análisis de Riesgo) y monitoreando resultados para una toma de decisiones adaptativa, no solo reactiva.

El llamado a la acción: la eficiencia como política de Estado local

El argumento final es económico. La acción climática local no es un gasto suntuario; es la inversión más eficiente que un municipio puede hacer. Gestionar el ‘riesgo’ se ha convertido en el paradigma de la administración pública moderna. Este enfoque supera al modelo reactivo de la ‘emergencia’ y se consolida como la estrategia más eficiente para proteger los recursos públicos.

La eficiencia es doble. En adaptación, cada peso invertido en resiliencia temprana ahorra entre cuatro y siete pesos en respuesta a desastres (Banco Mundial, 2019). En mitigación, la Economía Circular genera nuevas oportunidades económicas  y de negocios; la eficiencia energética reduce costos operativos directos; y la generación descentralizada crea nueva infraestructura de valor. Todo esto reduce costos, crea empleos verdes y recorta las emisiones de GEI.

El llamado a la acción es directo a los gestores locales. La crisis climática no es un problema del futuro ni de jurisdicción ajena. Es el desafío central de la gestión pública del siglo XXI. Empezar, se empieza hoy, midiendo el territorio, rompiendo los silos de la administración y reconociendo que cada decisión presupuestaria —desde la recolección de residuos hasta el permiso de obra— no es solo una decisión económica, sino también una decisión climática.

(*) Sebastián Melchor es consultor independiente, exsubsecretario de Ambiente de la Provincia de Mendoza y cofounder de Sustenta Lab.

La entrada La innovación climática: de la agenda global al municipio se publicó primero en +COMUNIDAD.

Iniciada la década de 2010, el gobierno local decidió implementar programas que pudieran reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el archipiélago y mejorar la calidad del ambiente. Justamente, por su condición insular el departamento es parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) y siempre abasteció su demanda energética con fuentes que emiten una alta cantidad de gases de efecto invernadero. 

Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que acompaña a San Andrés y Providencia en la transición, se necesitan 16 millones de galones de diésel al año para abastecer las 22 unidades locales de generación. Todo el combustible llega en buques que viajan directamente desde el continente, con elevados costos de logística y distribución.

Mediante la asistencia internacional, la estrategia apunta hacia una reconversión general en los sectores residencial, comercial –especialmente el hotelero– y los organismos públicos. ¿Los pilares? Lograr una gestión eficiente de la demanda y extender el uso de energías renovables, como la solar y la eólica. Y, en consecuencia, reducir los costos de las facturas del servicio de electricidad.

Cambiar desde lo más chico hasta lo más grande

“Una transición energética, camino a una gobernanza más fuerte, conlleva el reto de poder desenvolver cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y del Acuerdo de París para descarbonizar la economía. Requiere de actitudes diferentes para alcanzar la eficiencia energética, que demanda de una transformación estructural como desafío al cambio social y político del archipiélago”, analiza Ricardo Arquez Benavides, especialista en política energética de Colombia. 

Como parte de su estrategia de energía para América Latina y el Caribe, el BID diseñó el programa piloto “Be Energy” para mejorar la eficiencia energética en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Junto con el Ministerio de Minas y Energía, y financiamiento del Fondo de Tecnología Limpia por U$S 10 millones, la iniciativa busca reducir la emisión de 26.000 toneladas de dióxido de carbono en las islas. 

Para lograrlo, el plan dispuso varios proyectos clave: la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en edificios públicos, la implementación de sistemas de iluminación LED y la sustitución de equipos de aire acondicionado antiguos por otros más eficientes. Además, procura promover la educación y concientización sobre la importancia de la eficiencia energética y la transición en la comunidad local.

Para el sector residencial, el recambio de luminarias y equipos de refrigeración es financiado para todos los niveles de ingresos. Ya para el rubro comercial, industrial y el sector público, el apoyo cubre aparatos de aire acondicionado e iluminación de alta eficiencia. 

Avances prometedores en las islas

El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) es el encargado de ejecutar el programa y coordinar los aspectos técnicos. Según sus cifras, hasta 2022 más de 18.000 usuarios del archipiélago han logrado percibir un ahorro de entre el 20% y el 57% en su factura de energía eléctrica. Además, se redujo considerablemente el consumo energético (20 GWh), lo que equivale a 13.100 toneladas de CO2 menos en el aire. 

“Con este proyecto avanzamos una parte del camino de la transición energética justa. Seguiremos trabajando para transformar la matriz energética de las islas, y especialmente con la población más vulnerable para que puedan ver en futuras facturas los beneficios del ahorro”, afirmó Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo del Fondo. 

Durante los años del programa piloto, se capacitó a 460 personas en el uso de sistemas solares fotovoltaicos. Con los resultados, equipos del BID y de Colombia busca escalar la política pública en la región y extenderla hacia otros sitios aislados del país, como ser comunidades rurales en zonas selváticas. 

¿Tenés una historia para contar sobre tu pueblo o ciudad? En +Comunidad nos gustaría conocerla y publicarla. Contactanos.

^{Imagen principal: vista de San Andrés. Ministerio de Turismo de Colombia.}
Redacción +Comunidad.

La entrada Las islas del Caribe colombiano migran hacia las energías renovables se publicó primero en +COMUNIDAD.

Tener una idea, aportarle creatividad y transformarla en un bien o servicio innovador. Esta es la idea detrás de la llamada Economía Naranja, el conjunto de industrias culturales basadas en el talento, el conocimiento y la propiedad intelectual. En un mundo que camina hacia la automatización de los trabajos, su desarrollo se asoma como el futuro de las ciudades. 

“Si los países de América Latina quieren alcanzar un crecimiento balanceado de sus economías e incrementar su competitividad en este ambiente de constante cambio, es vital que fomenten las industrias de la creatividad y del conocimiento”, sentencia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que lleva una década definiendo a la Economía Naranja o Creativa –son sinónimos– como “una oportunidad infinita”.

¿Y por qué el color naranja? La caracterización actual es de origen latinoamericano y representa la personalidad del sistema creativo, además de que “se lo suele asociar con la cultura y la identidad”. En ese sentido, el BID recuerda que en el Antiguo Egipto se usaban pigmentos naranjas para adornar las tumbas de los faraones o que incluso Dionisio, el dios griego del teatro, vestía con ese color. 

Un término amplio

El concepto se extendió tras la publicación del best seller “La Economía Creativa: cómo las personas hacen dinero de las ideas” (2001), de John Howkins. El autor estableció una conexión estrecha entre la creatividad y los negocios que, con el correr de los años, fue ahondada por múltiples organismos internacionales. 

“La relación entre economía y cultura suele abordarse con antagonismo, cuando en realidad son caras de una misma moneda. Es tal su correspondencia que la moneda en sí misma es una de las creaciones más maravillosas de ambas”, grafica el BID. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco) sostiene que la Economía Naranja o Creativa es un motor de desarrollo cada vez más importante en América Latina y el Caribe. Destaca que contribuye en términos de valor agregado, exportaciones, empleo, inversiones y productividad. 

“Se define como el grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual”, explica el organismo. También distingue tres principales grupos dentro del término: las actividades tradicionales y artísticas, la industria creativa y las acciones que brindan apoyo creativo a las primeras. 

Según un informe de la revista Forbes publicado en 2021, se destinan globalmente U$S 31.000 millones de activos a la inversión cultural sostenible y de impacto, y se prevé que la Economía Creativa representará el 10% de la actividad mundial en los próximos años. En la actualidad, ya genera más de 300 millones de empleos y las industrias creativas aportan más del 3% del Producto Bruto Global. 

Ecosistemas creativos en las ciudades

“La Economía Naranja requiere del debido reconocimiento de los gobiernos por su importante aporte a la actividad económica, el desarrollo social inclusivo y el entendimiento de los pueblos. Para esto, es preciso desarrollar políticas públicas socioculturales que permitan al ecosistema creativo encontrarse en nuevos formatos y modelos de negocios para la recuperación, el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo del sector”, opina Claudia Guardia, experta en industrias creativas y cultura. 

¿Cuál es el rol de las ciudades en esta tarea? Aprovechando la concentración geográfica, la clave está en el fomento de aquellos ecosistemas creativos que incluyan al sector privado, la academia y el gobierno. 

“Particularmente, las ciudades creativas se caracterizan por una alta densidad de profesionales con formación y con antecedentes y preferencias muy diversos. Esta acción colectiva aumenta la innovación y productividad de las empresas, que pueden tener acceso a mejores insumos en forma de trabajadores, conocimiento, tecnologías y nuevas oportunidades”, describen José Miguel Benavente y Matteo Grazzi en “Políticas Públicas para la Creatividad y la Innovación” (2017) del BID.

“Todos estos actores establecen sinergias alrededor de proyectos creativos y llevan a cabo diferentes funciones en el proceso de difundir la cultura y la creatividad dentro del sistema de producción y de la sociedad en su conjunto”, reflexionan. 

Experiencias en marcha

En el Mapa de Soluciones Locales de RIL podés conocer más de 50 experiencias de ciudades que aplican políticas para “exprimir” las naranjas. Con los filtros “Desarrollo Económico” (categoría) y “Economía del conocimiento” (subcategoría), verás casos como los de Londres, Bariloche, Melbourne o Mar del Plata que buscan posicionarse como “ciudades del conocimiento”. O la experiencia de Austin, que procura ser el “mejor sitio para que los cineastas vivan y trabajen”. 

Algunos países ya le otorgan alta prioridad a la Economía Creativa en sus planes de gobierno. Por ejemplo, Colombia creó el Consejo Nacional de la Economía Naranja. 

Ya lo dijo el reconocido cantante Frank Sinatra: “El naranja es el color más feliz”. ¿En tu ciudad se promueven las industrias culturales y de conocimiento ? ¡Compartilo con RIL!

_{Fuente de imagen principal: BID.}

La entrada Economía Naranja: el desarrollo urbano desde la creatividad y el conocimiento se publicó primero en +COMUNIDAD.