América Latina concentra el 8,8% de la población mundial y el 6,6% del producto bruto global, pero recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en inteligencia artificial, según la CEPAL. El dato resume una paradoja: mientras la región debate el futuro de la IA, la mayoría de sus gobiernos locales ━los más cercanos a la vida cotidiana de las personas━ avanza sin acceso a experiencias comparables, con equipos técnicos reducidos y sin un vínculo directo con quienes desarrollan tecnología.

La brecha no está solamente en la inversión. En Brasil, el ecosistema GovTech más maduro de la región, el 76% de las startups dice querer trabajar con el sector público, pero apenas el 1,2% lo logra, según la Asociación Brasileña de Startups. “¿Por qué? A veces hay desconfianza con el Estado por la forma de trabajo, porque es más lento, más difícil”, explica Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. El resultado es predecible: una ciudad encuentra una solución que funciona; otra, a 200 kilómetros, enfrenta el mismo problema y no se entera.

De Stanford a las primeras diez ciudades argentinas

Para algunas ciudades argentinas, esa realidad tuvo un quiebre luego de un viaje a la Universidad de Stanford organizado por Bloomberg Philanthropies, donde un grupo de intendentes conoció la GovAI Coalition de San José, California. Inspirados por ese modelo de cooperación, adoptaron su premisa: enfrentar desafíos locales comunes mediante respuestas colectivas.

“El tema más destacado de las capacitaciones fue el impacto de la IA y cómo los intendentes podemos imponer esa agenda. Volví con esa idea y decidí que había que volcarlo sobre cosas concretas”, señaló Diego Valenzuela, entonces intendente de Tres de Febrero y uno de los principales impulsores de lo que surgiría poco tiempo después. 

En noviembre de 2024, diez ciudades ━Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén, Pilar, Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de Tucumán y Tres de Febrero━ crearon la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR). La Red de Innovación Local (RIL) fue convocada para coordinar y facilitar el proceso.

Para los intendentes fundadores, la decisión respondía a urgencias concretas de gestión. En Córdoba, el intendente Daniel Passerini planteó la adopción de IA como una necesidad para abordar los desafíos de la ciudad, con foco en inclusión y sostenibilidad. En Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk puso el acento en el desafío ético y social que implica construir una ciudadanía preparada para convivir y producir en un entorno digital. Y así se multiplican los casos. 

Los desafíos que enfrentaban eran institucionales, regulatorios y culturales antes que tecnológicos. Las ciudades carecían de marcos normativos para adoptar IA con criterios éticos y de transparencia. Los sistemas de compra pública no estaban diseñados para contratar startups o innovación de manera ágil. Los datos municipales se encontraban dispersos en diferentes áreas, en formatos no estandarizados. Los equipos técnicos no contaban con perfiles especializados en ciencia de datos y los presupuestos limitaban la posibilidad de competir con los salarios del sector privado. 

Y a eso se sumaba una dificultad transversal: identificar en qué áreas de la gestión la IA podía aportar valor real y no convertirse en una implementación impulsada por la novedad.

Experimentar, formar, regular

El trabajo de la coalición se estructuró en tres líneas. La primera fue la experimentación: vincular gobiernos con soluciones tecnológicas en contextos reales. Una vez consolidada la red, las ciudades abrieron el juego a empresas tecnológicas, startups, organizaciones y universidades, que encontraron un canal directo para presentar y testear soluciones.

La segunda fue la formación. Un ciclo de capacitaciones desarrollado junto a la Liga de la Inteligencia Artificial por el Bien alcanzó a más de 500 agentes públicos en todo el país.

La tercera fue la regulación. Equipos legales de Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén y Rosario trabajaron en conjunto para desarrollar marcos normativos que acompañen la adopción de IA, con al menos cinco ordenanzas en proceso o en implementación.

De forma paralela, los municipios priorizaron áreas comunes ━atención ciudadana, movilidad, seguridad y salud━ y avanzaron en procesos de experimentación conjunta. En algunos casos, esas conexiones se tradujeron en implementaciones concretas. 

En Tres de Febrero, la IA se incorporó a la gestión de expedientes para reducir tiempos administrativos. Escobar formó un asistente virtual llamado Flora amplió la capacidad de atención ciudadana. En Pilar, el análisis de más de 1,5 millones de turnos permitió anticipar ausencias en el sistema de salud. Mendoza creó un comité municipal de inteligencia artificial permitió integrar la tecnología en la toma de decisiones.

“La mejor ciudad no será la que tenga más tecnología, sino aquella donde la gente elija vivir, trabajar y envejecer. Esa frase resume la filosofía que guía la transformación digital mendocina: la tecnología como medio, nunca como fin”, reflexiona Ulpiano Suárez, intendente de Mendoza.

Durante 2025 se desarrollaron 17 proyectos en distintas ciudades. Cada experiencia fue diferente, pero todas compartieron un mismo punto de partida: construir sobre aprendizajes colectivos en lugar de empezar desde cero.

GovTech Connect: cerrar la brecha entre startups y gobiernos

En diciembre de 2025, RIL y el BID Lab lanzaron GovTech Connect en el marco del GET Forum. El programa parte de un diagnóstico concreto: la oferta tecnológica existe en la región, pero no se conecta con la demanda de los municipios.

“Lo que busca nuestro programa es trabajar con las startups, acompañarlas. Vamos a tener un proceso de acompañamiento y aceleración que espera trabajar con al menos 100 startups de la región para explicarles cómo ocurren las compras públicas, qué necesitan las ciudades, cómo trabajar con ellas y cómo pilotear con ellas”, describe Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. 

El programa posee un horizonte de 36 meses y opera en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con asistencia técnica de Gobe Ventures. Se organiza en tres componentes: aceleradoras nacionales para startups GovTech (oferta), las ciudades de CIIAR como demanda, y un eje transversal de bienes públicos digitales de código abierto.

A la fecha, los resultados son tangibles. Cuatro aceleradoras nacionales están en funcionamiento: Universidad Austral en Argentina, Impact Hub en Brasil, Start-Up Chile/CORFO en Chile y ANII en Uruguay.

“Estamos convencidos de que la transformación digital del Estado no empieza con tecnología: empieza con colaboración. GovTech Connect es el puente que convierte ese potencial en mejores servicios, mejores políticas y mejores oportunidades”, señaló Javier Madariaga, especialista senior del BID Lab, en el lanzamiento del programa.

A la convocatoria regional se postularon 365 startups, de las cuales 44 fueron seleccionadas para participar en los Demo Days. Se realizaron 13 de esos encuentros en los cuatro países: jornadas donde las startups presentaron sus soluciones directamente a tomadores de decisión municipales frente a desafíos previamente priorizados por las propias ciudades. En Argentina, por ejemplo, más de 40 funcionarios de 12 ciudades evaluaron propuestas en dos ejes: atención ciudadana e infraestructura urbana.

CIIAR: por qué importa la gobernanza

Para Luciano Crisafulli, director de CIIAR, estos espacios son parte de un mecanismo más amplio. Según su experiencia, la colaboración entre ciudades puede ser tan importante como los pilotos para reducir el riesgo de adopción tecnológica. Cuando los gobiernos comparten información sobre proveedores, resultados y procesos de contratación, se reduce la asimetría de información con el sector privado. En la práctica, eso permitió que algunas ciudades avanzaran directamente hacia la contratación de soluciones ya validadas por otros municipios de la coalición.

“El verdadero desafío para la adopción de IA en gobiernos locales no está en la tecnología, sino en la gobernanza: priorización política, capacidades institucionales, marcos regulatorios eficientes y articulación real con el ecosistema GovTech”, sostiene Crisafulli.

Natalie González subraya que estos espacios de conexión directa son centrales: “Pasa mucho que los intendentes, alcaldes, cuando ven que otro lo hizo, se atreven ellos. Entonces, si logramos mostrar diez ejemplos buenos de la región, un alcalde dice: si ellos pudieron, yo también”.

De 10 a 58 ciudades: una iniciativa que cruzó fronteras

La experiencia de la coalición traspasó las fronteras argentinas. En los primeros meses de 2026 se sumaron nuevas ciudades en Brasil, Chile y Uruguay, ampliando la red y la base de experiencias disponibles. Hoy 58 ciudades forman parte de este proceso: 22 en Argentina, 13 en Chile, 10 en Brasil y 13 en Uruguay.

En el plano regulatorio, González señala que la región avanza en la creación de marcos legales de compras públicas innovadoras, aunque la implementación aún es incipiente. “En Chile lleva más de un año la ley aprobada, pero todavía no sale ninguna compra innovadora porque hay reticencia. Por eso estos encuentros son tan importantes y por eso estas coaliciones son tan importantes”, afirma.

GovTech Connect aspira en los próximos tres años a promover pilotos de alto impacto en los cuatro países. A la vez, sentar las bases de nuevas capacidades institucionales para la adopción de soluciones digitales en la gestión pública.

Conecta IA: la próxima cita

El viernes 5 de junio de 2026, Buenos Aires será la sede de Conecta IA. Se trata de un foro internacional organizado por RIL y BID Lab que reunirá a equipos de las 58 ciudades, startups GovTech seleccionadas y referentes internacionales. Entre ellos, Mariana Mazzucato (UCL), Idoia Ortiz de Artiñano Goñi (Gobe Ventures), Javier Madariaga (BID Lab) y Delfina Irazusta (RIL).

El objetivo del encuentro es convertir las conexiones de la red en proyectos concretos. Que las ciudades abran conversaciones con startups y con pares, y que esas conversaciones se transformen en iniciativas implementables en los próximos 12 meses.

En poco más de un año, lo que eran esfuerzos aislados se transformó en una forma de trabajo compartida. La inteligencia artificial dejó de ser un tema exploratorio para empezar a integrarse en la gestión cotidiana. La experiencia de CIIAR busca demostrar que la clave, además de tecnológica, depende de la capacidad de construir espacios donde el conocimiento circule, las experiencias se compartan y las decisiones se tomen de manera colectiva.

“Creemos profundamente en el poder de las ciudades para liderar procesos de cambio. Nuestro trabajo diario con los municipios nos demuestra que no hay mejor lugar para la experimentación que las propias ciudades”, reflexiona Delfina Irazusta, directora ejecutiva de RIL Global.

RIL es facilitadora y coordinadora de CIIAR, y co-organizadora de GovTech Connect y del foro Conecta IA junto al BID Lab. 

Redacción +COMUNIDAD

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Doce minutos. Ese es el tiempo promedio que tarda la Ciudad de Mendoza en responder cuando un vecino envía un reporte de seguridad a través de su teléfono celular. La alerta llega por WhatsApp al Centro de Visualización y Monitoreo, un algoritmo categoriza la urgencia, y el sistema despacha los recursos más cercanos. Detrás de esa respuesta se encuentra Ojos en Alerta. Incluye una red de más de 16.000 ciudadanos capacitados, 740 cámaras integradas y un software de analítica que cruza datos en tiempo real.

Esa velocidad de reacción no es un caso aislado. Es la expresión visible de una decisión que el municipio tomó hace varios años: construir su gestión sobre datos, no sobre intuiciones. El problema de partida era común a muchas ciudades de la región. La información estaba fragmentada entre áreas que no se comunicaban entre sí, trámites diseñados para el papel que se replicaban en lo digital sin ganar eficiencia, y una toma de decisiones basada más en la urgencia que en la evidencia.

Para revertir esa lógica, Mendoza diseñó una estrategia de datos municipal estructurada en cinco dimensiones: gobernanza y administración de la información, infraestructura segura y estandarizada, desarrollo de capacidades institucionales, rutinas de uso de datos para la toma de decisiones, y vinculación con la ciudadanía. 

Esa arquitectura, formalizada a través de decretos y una ordenanza de inteligencia artificial que es la primera de su tipo en el país, ordena hoy buena parte de la agenda del municipio. ¿El objetivo? Construir una “cultura irreversible de datos”. 

“En Mendoza estamos consolidando una cultura de gestión basada en datos e inteligencia artificial, con marcos institucionales y normativos que nos permiten innovar con responsabilidad, mejorar procesos y fortalecer la toma de decisiones”, explica Cristian Chavarini, director de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El reconocimiento como Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL distingue ese recorrido. Lo que la certificación valida es la capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener los procesos en el tiempo. Las cinco políticas que siguen permiten observar cómo esa lógica se traduce en la práctica.

1. Gobernanza de datos e inteligencia artificial: el sistema operativo de la gestión

En muchos gobiernos locales, la incorporación de tecnología se reduce a digitalizar expedientes o lanzar una aplicación. En Mendoza, el enfoque fue distinto: antes de aplicar inteligencia artificial, construyeron la infraestructura institucional para que esa tecnología funcionara con reglas claras.

El mecanismo opera a través de tres piezas articuladas:

• El Comité de Gobernanza de Datos (Decreto N° 181/2024) funciona como el órgano de coordinación que diseña inventarios de datos por área, establece protocolos de intercambio y supervisa la calidad de la información.  
• El Comité Local de Inteligencia Artificial o CLIA (Decreto N° 832/2024) actúa como espacio de planificación y experimentación, conectando al gobierno con expertos tecnológicos, académicos y representantes del sector privado para diseñar soluciones aplicadas a problemáticas urbanas. 
• Y la Ordenanza N° 4221/2025 cierra el circuito con un marco normativo que regula el uso estratégico, ético y responsable de la IA en la gestión pública, alineado con estándares internacionales de la UNESCO y la OCDE en materia de transparencia, protección de datos, no discriminación y supervisión humana.

La combinación de estos tres instrumentos permite que el municipio automatice procesos administrativos y que lo haga bajo principios verificables. La ordenanza, además, creó el Programa Municipal de Innovación con IA, que tiene la responsabilidad de identificar oportunidades de aplicación, implementar proyectos piloto y publicar informes anuales con resultados.

El ecosistema tiene una dimensión colaborativa que trasciende los límites del municipio. La Ciudad de Mendoza es una de las diez fundadoras de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), una red de gobiernos locales que comparten experiencias, estándares y estrategias para el uso de IA en la gestión pública. La coalición, coordinada por RIL, se expandió en 2026 hacia más ciudades y países. 

El modelo mendocino se distingue porque la IA no llegó como un agregado cosmético: se instaló sobre una gobernanza de datos previamente ordenada. Esa secuencia —primero los datos, después los algoritmos— es una condición que los técnicos del municipio identifican como necesaria para que la automatización sea útil y no genere distorsiones.

2. Inteligencia artificial aplicada en seguridad: de la vigilancia pasiva a la prevención activa

En el ámbito de la seguridad urbana, el desafío estructural no era solo la cantidad de cámaras o dispositivos, sino la incapacidad de procesar esa información en tiempo real para anticiparse a los hechos. Mendoza tenía un esquema de vigilancia fragmentado: cámaras municipales por un lado, cámaras provinciales por otro, y reportes ciudadanos que se gestionaban de forma manual.

La solución fue un sistema integrado que combina el Anillo Digital de Seguridad, el Centro de Operaciones y Videovigilancia y el programa de participación ciudadana Ojos en Alerta, adoptado a partir de un convenio con la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires), donde fue creado.

El Anillo Digital está compuesto por 115 cámaras perimetrales, entre las que se incluyen 60 cámaras TANDEM con visión 360° y 30 lectoras de patentes (ANPR) capaces de identificar vehículos con pedidos de captura en los accesos a la ciudad. El Centro de Operaciones y Videovigilancia, una infraestructura nueva ubicada dentro del edificio municipal, centraliza el monitoreo de 740 cámaras —300 municipales y 440 del Ministerio de Seguridad provincial—un espacio con varias pantallas de última generación que permite la visualización simultánea. La inversión, íntegramente municipal, fue cercana a los 1.400 millones de pesos (aproximadamente USD 1.000.000).

Ojos en Alerta completa el circuito con una lógica diferente: convierte al vecino en un sensor activo que, a través de WhatsApp, reporta situaciones sospechosas o emergencias. La inteligencia artificial interviene para categorizar y priorizar esos reportes, lo que permite que el despacho de recursos sea eficiente. “Se trata de tecnología pero también es participación vecinal. Actualmente, más de 15.000 vecinos son parte de este programa, que nos permite tener información en tiempo real”, señala el intendente Ulpiano Suárez.

El impacto del componente de seguridad se mide en tres indicadores: más de 16.000 usuarios capacitados y activos en Ojos en Alerta, un tiempo promedio de respuesta de 12 minutos ante reportes, y la integración total de 740 dispositivos de video bajo una misma unidad de control con personal municipal y provincial trabajando de forma articulada.

3. Datos abiertos para atraer inversión: la plataforma “Invertir en Mendoza”

Para quien evalúa un proyecto productivo, la seguridad no se limita a la prevención del delito; se extiende a la seguridad jurídica y a la disponibilidad de información que otorgue previsibilidad. Mientras muchas ciudades lidian con la opacidad de sus datos económicos y la dispersión de trámites, Mendoza transformó su eficiencia administrativa en un activo económico.

El instrumento es la plataforma digital Invertir en Mendoza, que centraliza indicadores de desempeño económico actualizados, herramientas de análisis territorial y servicios de acompañamiento para inversores. Su herramienta más distintiva es el Explorador Urbano, que permite consultar parcela por parcela la zonificación, los usos de suelo permitidos y los niveles de competencia comercial de cada zona. El servicio de asistencia al inversor agiliza trámites como permisos de obra, factibilidad urbanística y habilitaciones comerciales.

La plataforma no funciona de forma aislada. Se inscribe en un ecosistema de innovación más amplio que incluye al Hub de Impacto Huella Mendoza, un programa de aceleración de emprendimientos tecnológicos impulsado por la Municipalidad junto con la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. En tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, con foco en innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos. La lógica es la misma que articula las demás políticas: abrir datos, generar condiciones y conectar actores.

Los números del entorno económico reflejan una dinámica activa: 

• 106 desarrollos inmobiliarios por año.
• 18.6% Producto Bruto Geográfico Provincial.
• 56.967 empleos privados registrados.
• 8.691 establecimientos habilitados.
• 667 pedidos de nuevas habilitaciones comerciales por año.

4. Presupuesto Participativo: la tecnología al servicio de la democracia

Los mecanismos de democracia participativa existen en muchas ciudades argentinas. El diferencial de Mendoza radica en la digitalización integral del proceso y en su validación legal. La Ciudad institucionalizó el Presupuesto Participativo como una herramienta que permite a los vecinos proponer, seleccionar y decidir el destino de una parte del presupuesto anual a través de la plataforma de Gobierno Abierto.

El mecanismo funciona en etapas. Cualquier vecino puede presentar un proyecto —infraestructura barrial, luminarias, talleres, equipamiento— mediante un formulario digital. Cada iniciativa tiene un tope de costo equivalente al 20% del presupuesto total asignado. Las propuestas pasan por un análisis de factibilidad técnica y económica, y las que resultan aptas se publican para la votación ciudadana, abierta a mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en la ciudad.

Lo que distingue al modelo es su capa de transparencia: el ciclo 2025-2026 contó con certificación notarial de los resultados, lo que otorga respaldo legal al orden de mérito surgido del voto ciudadano. Además, el diseño administrativo garantiza que las obras ganadoras se incorporen al presupuesto del ejercicio siguiente, cerrando el circuito entre la decisión ciudadana y la ejecución estatal.

“El presupuesto participativo expresa una convicción central de nuestra gestión: la innovación pública también consiste en abrir decisiones, escuchar mejor y convertir la participación ciudadana en una herramienta concreta de planificación”, explica María Lourdes Gabrielli, subdirectora de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El modelo fue reconocido internacionalmente con una mención de honor de la Open Government Partnership (OGP) en el marco del Open Gov Challenge, que destacó el uso de herramientas tecnológicas para la construcción de políticas públicas colectivas. En el último ciclo, un total de 29 proyectos superaron la votación y pasaron a la etapa de ejecución técnica.

^{Proceso de votación ciudadana. Imagen: Municipalidad de Mendoza.}

5. Operativos 360: eficiencia territorial y respuesta basada en datos

Tradicionalmente, el mantenimiento del espacio público en los municipios opera de forma fragmentada: una cuadrilla repara las luminarias, otra se encarga del bacheo y una distinta realiza la poda, muchas veces en semanas diferentes. Para mejorar esta dinámica la Ciudad de Mendoza implementó los Operativos 360, un modelo de gestión integral que sincroniza todas las áreas operativas en un único despliegue territorial.

El sistema funciona bajo una lógica de intervención total. En lugar de atender reclamos aislados, el municipio identifica zonas prioritarias mediante el cruce de datos de la plataforma Muni Digital y tableros de gestión interna. Una vez definida el área, desembarcan simultáneamente equipos de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras y Alumbrado. Se realizan tareas de poda preventiva con hasta cinco cuadrillas equipadas con hidrogrúas, reparación y reposición de luminarias, bacheo de calzadas, limpieza profunda de acequias, eliminación de microbasurales, desmalezado y demarcación vial.

Durante cada operativo se instalan además puestos de cercanía: estaciones de atención vecinal para recibir reclamos presenciales y brindar servicios de salud y zoonosis, como la vacunación de mascotas. Este despliegue permite atender no solo a los 130.000 habitantes estables de la Ciudad de Mendoza, sino a una población pendular de 300.000 personas que circulan diariamente por la capital.

Según Marcos Tohmé, director de Espacios Verdes y Arbolado, la planificación permite abordar un promedio de tres zonas por mes, lo que se traduce en 36 sectores intervenidos al año. El criterio de priorización se basa en los reclamos vecinales articulados con la información de los tableros de gestión, lo que permite definir las áreas y el tipo de acciones de forma específica y optimizar los recursos disponibles.

El compromiso ciudadano es parte del modelo. Para Jaqueline Godoy, vecina del barrio La Favorita, el impacto es directo: “La limpieza de los Operativos 360 es un gran beneficio para la comunidad. Ayudan a que el barrio se vea bien y esté en buenas condiciones. Esperamos que todos los vecinos entiendan que sacar sus residuos los días informados es muy importante para colaborar”.

Datos de impacto y gestión (periodo 2025):

• 3.614 reclamos procesados (23% limpieza de acequias, 18% retiro de escombros).
• 3.647 incidentes gestionados vía Muni Digital (23% ramas sobre techos, 8% ramas quebradas).
• El chatbot municipal ya procesa de forma autónoma más de 200 incidentes mensuales.

Cinco políticas públicas y una lógica común

Las cinco políticas difieren en su escala técnica, en las problemáticas que abordan y en su impacto territorial. Tienen, sin embargo, una lógica que las conecta: el municipio identifica un déficit estructural, diseña un marco normativo o institucional para abordarlo y utiliza la evidencia para medir su efectividad.

La gobernanza de datos y la regulación de la inteligencia artificial construyeron la infraestructura institucional que sostiene todo lo demás. La seguridad ciudadana se asumió mediante un sistema integrado que combina analítica de video con participación vecinal. 

La atracción de inversiones se vinculó a la apertura de datos estratégicos y a un ecosistema de aceleración de emprendimientos. La democracia directa se digitalizó y se blindó con certificación notarial para asegurar que el presupuesto responda a necesidades reales de los barrios. Y el mantenimiento del espacio público se unificó en un despliegue territorial que optimiza cada recurso disponible.

La certificación de Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, obtenida en 2026, distingue ese recorrido. Lo que esta validación reconoce es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterios de innovación y sostener los procesos en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como la Ciudad de Mendoza, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Venado Tuerto, Jesús María, Junín, Santa Rosa, San Miguel y San Nicolás de los Arroyos.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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“Agradezco profundamente lo que hicieron. Para mí, hoy, con 70 años, esto es un logro grandísimo. Nunca creí que iba a llegar… y hoy puedo decir: sí, llegó”. El que habla es un vecino del barrio California, en San Nicolás de los Arroyos. La frase puede parecer enorme para describir la llegada de servicios urbanos. Pero allí condensa lo que durante décadas estuvo ausente en su barrio: cloacas, agua corriente, calles pavimentadas, alumbrado.

San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires y sobre la ribera del Paraná, tiene 165.000 habitantes y un perfil productivo asociado a la siderurgia y al puerto. Como buena parte de las ciudades intermedias del país, cargó durante años con una desigualdad territorial marcada: barrios consolidados con servicios completos junto a sectores históricamente postergados. La política urbana que cambió ese cuadro en la última década no se sostuvo en transferencias extraordinarias del Estado nacional ni provincial, sino en una reforma del modelo tributario local que permitió financiar las obras con recursos propios.

Sobre esa base se levantan otras decisiones de gestión: un seguro de salud para los vecinos sin cobertura, una atención municipal centralizada en un asistente de inteligencia artificial, una licencia de conducir que se tramita desde el celular y un sistema de monitoreo que el municipio sostiene aun reconociendo que la seguridad es competencia provincial. Esa combinación llevó a San Nicolás a obtener en 2026 la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

1. Una reforma tributaria local que financió la integración urbana

El punto de partida fue financiero. La Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) no alcanzaba para sostener las inversiones que la ciudad necesitaba. Sobre esa restricción, el municipio armó una nueva arquitectura: reformuló la tasa de ABL, creó la Tasa de Desarrollo Urbano, incorporó la captación de plusvalías y avanzó con la recuperación de tierras públicas y concesiones. Cuatro objetivos guiaron el diseño: distribuir mejor las cargas fiscales, mejorar el cobro de las tasas, captar parte de la valorización del suelo y financiar obras urbanas con fondos propios.

La traducción concreta es una serie de indicadores que ubican a San Nicolás por encima de los promedios provincial y nacional. Según el Censo 2022, la ciudad alcanza un 97,8% de cobertura de agua corriente y un 90,8% de cloacas. El alumbrado público se modernizó por completo, con más de 21.000 luminarias LED que cubren el 100% del trazado urbano. La pavimentación pasó de 17 a más de 80 barrios en pocos años y hoy llega al 80% de la ciudad. En espacio público, San Nicolás cuenta con más de 100 plazas y parques a menos de diez minutos a pie de cualquier punto y un arbolado urbano que supera los 75.000 ejemplares. Con 8,01 m² de espacio verde por habitante, integra el grupo de las diez ciudades argentinas con mayor superficie de áreas verdes.

Detrás del dato hay un cambio de paradigma. “Esto nos permitió tener más autonomía económica, ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de proyectos que la ciudad necesitaba”, explicó María Rosa Fernández, directora de Planeamiento Urbano del municipio, en una entrevista con +COMUNIDAD en el marco del Premio Banco Hipotecario que el municipio recibió en La Noche de Intendentes 2024 de RIL. Fernández agregó otro elemento clave del proceso: la maduración. “Llevar adelante proyectos a largo plazo muchas veces se dificulta. Estas políticas a veces avanzan, a veces se detienen, otras veces se vuelven a retomar con diferentes matices, pero lo importante es no perder el foco”.

La integración urbana del barrio California, donde vive el vecino que abre esta nota, es uno de los resultados visibles de ese enfoque sostenido.

2. Seguro Médico Municipal: cobertura para uno de cada tres vecinos

En San Nicolás, alrededor de 50.000 personas no cuentan con obra social ni medicina prepaga. Eso representa cerca del 30% de la población. La política sanitaria municipal se construyó sobre ese diagnóstico.

En 2023, la ciudad lanzó el Seguro Médico Municipal, un sistema de vouchers que permite a los vecinos sin cobertura elegir atenderse en centros públicos o en clínicas privadas adheridas. Los vouchers se vinculan al DNI, lo que asegura el seguimiento de la información clínica y previene fraudes. La elegibilidad se reevalúa de manera periódica para concentrar los recursos en quienes más los necesitan. Hoy, más de 40.000 vecinos forman parte del programa.

El sistema se complementa con una decisión de infraestructura: la construcción de tres hospitales cuya localización se definió a partir de datos desagregados sobre demografía, ingresos y necesidades sanitarias. El primero, GO Sanatorio San Nicolás, abrió en enero de 2024 y constituye la primera asociación público-privada en salud del país. El municipio aportó el edificio; el grupo médico operador se hace cargo del equipamiento, el plantel profesional y la administración. En su primer año de funcionamiento, ese centro brindó más de 216.000 prestaciones.

La transformación se completa con un componente digital. La ciudad implementó turnos online, recetas digitales, historia clínica unificada y telemedicina. Los resultados se reflejan en métricas duras. El ausentismo en turnos médicos pasó de 40,6% en otoño de 2024 a 29,4% al cierre del mismo año. El tiempo de respuesta ante emergencias médicas, gracias a la digitalización del despacho, se redujo de 9 minutos a 3 minutos entre mayo y septiembre de 2024.

Esa transformación fue reconocida por Bloomberg Philanthropies / What Works Cities, que en febrero de 2025 distinguió a San Nicolás con la certificación Silver por el uso excepcional de datos en la gestión local. Es uno de los pocos municipios argentinos que recibió ese reconocimiento.”Nuestro objetivo es claro: que todos los vecinos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades”, afirma el intendente Santiago Passaglia.

3. SantIA: el municipio dentro del WhatsApp

El tercer eje es la atención ciudadana. San Nicolás canalizó casi todos sus trámites y reclamos en un ecosistema digital que tiene como puerta de entrada principal a SantIA, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural que opera desde WhatsApp.

A través de SantIA, los vecinos pueden hacer consultas, iniciar trámites simples y registrar reclamos. Para gestiones más complejas, el sistema deriva al portal web del municipio, donde cada vecino tiene un usuario personal con un repositorio de su documentación, el historial de sus interacciones con el Estado local y el estado de avance de sus reclamos. El Centro Único de Atención Ciudadana concentra los pedidos, los deriva al área correspondiente y mide la satisfacción de los vecinos.

El diseño persigue dos objetivos: simplificar el contacto con el municipio y construir una base de datos sobre el desempeño de cada área de gobierno. Cada interacción registrada deja una traza que permite evaluar tiempos de respuesta y detectar cuellos de botella en la prestación de servicios.

4. Renovación de la licencia de conducir, 100% online

La renovación de la licencia de conducir es un trámite que durante años condensó las peores experiencias del Estado para el vecino: traslados, múltiples ventanillas, esperas. En San Nicolás, ese proceso es hoy completamente digital. El vecino inicia el trámite desde su casa, carga la documentación requerida, completa los certificados —incluido el médico, que puede emitir su profesional de cabecera— y recibe la licencia en el domicilio.

Durante 2025 se gestionaron 1.247 renovaciones por mes bajo esta modalidad. La política libera tiempo del vecino y reduce la carga administrativa de las oficinas municipales. “La experiencia fue espectacular. El certificado lo hice con mi médico particular de cabecera, fue todo rápido y me resultó fácil”, contó Eduardo, el primer vecino en recibir la licencia por el nuevo canal.

5. Seguridad ciudadana: tecnología e integración para la videovigilancia

La seguridad pública, en la Argentina, es una competencia provincial. La Constitución no asigna ese rol a los municipios. San Nicolás eligió igualmente ocuparse del tema, con una posición que el intendente sintetizó así en agosto de 2025, en una entrevista con Zona Norte Hoy: “Desde el Municipio seguimos invirtiendo y haciendo todo lo posible para cuidar a los nicoleños”.

Sobre esa decisión, la ciudad construyó un sistema de monitoreo cuyo elemento distintivo no es la cantidad de dispositivos sino su integración. Hoy hay 1.200 cámaras de videovigilancia en el partido —en marzo de 2023 eran 975, según una cobertura de Diario El Norte—, con un 80% conectadas por fibra óptica, lo que mejora la calidad de imagen y la transmisión en tiempo real. El centro de monitoreo opera de forma integrada con la Policía de la provincia (línea 911) y con el sistema de emergencias médicas (línea 107), lo que permite articular respuestas en un mismo flujo operativo.

A esa infraestructura se sumó, durante 2024, un software de inteligencia artificial forense. El sistema permite seleccionar franjas horarias de las cámaras y analizar el material aplicando filtros: tipo de prenda, color, tipo de vehículo, dirección y velocidad de circulación. La función reduce los tiempos de las investigaciones y permite el análisis simultáneo de múltiples cámaras. El sistema se complementa con seguimiento por GPS de 158 vehículos municipales y de emergencia, lectores de patentes, botones de pánico y un tablero con mapa de calor para orientar la prevención.

Una lectura conjunta

Las cinco políticas son distintas en escala, en problemática y en grado de madurez. Tienen, sin embargo, una lógica común: el municipio identifica un déficit, diseña un mecanismo concreto para abordarlo y mide lo que hace. La integración urbana se financió con un rediseño tributario propio. La salud sin obra social se cubrió con un seguro local que combinó vouchers, datos y una alianza público-privada inédita en el país. La atención ciudadana se concentró en una interfaz conversacional. La renovación de la licencia se simplificó hasta convertirse en un trámite domiciliario. La seguridad, aun cuando es competencia provincial, se asume desde el municipio con un sistema integrado.

La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, junto con el reconocimiento Silver de Bloomberg / What Works Cities en el área sanitaria, distinguen ese recorrido. Lo que ambas certificaciones validan es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener las decisiones en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Nicolás, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Junín, Santa Rosa y San Miguel:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Por Lic. Paz Casas Nóblega. Consultora en Cooperación Cultural y Paradiplomacia Territorial.

En un mundo cada vez más interconectado, la diplomacia dejó de ser un asunto exclusivo de las cancillerías. Las ciudades —con identidad, historia y agenda propia— comenzaron hace décadas a tejer vínculos internacionales. A esa práctica se la conoce como paradiplomacia.

Cuando esos lazos se construyen a partir del arte, la educación o el patrimonio, hablamos de paradiplomacia cultural. Sin embargo, en muchos casos la cultura funciona como puerta de entrada a agendas más amplias de cooperación territorial, integrando dimensión gubernamental, académica y turística. Allí es donde la paradiplomacia adquiere carácter estratégico para el desarrollo local.

Qué es la paradiplomacia y por qué importa a la gestión local

La paradiplomacia es la acción internacional desarrollada por gobiernos subnacionales —provincias, regiones y municipios— para establecer vínculos de cooperación con otros territorios del mundo. No reemplaza la política exterior nacional, sino que la complementa desde una escala más cercana a la ciudadanía y con una agenda directamente vinculada al desarrollo territorial.

Uno de sus instrumentos más extendidos son los hermanamientos de ciudades: acuerdos firmados entre municipios o instituciones de distinta nacionalidad para trabajar en temas de interés común. Esta herramienta surgió tras la Segunda Guerra Mundial con una finalidad pacificadora, orientada a recomponer lazos entre pueblos. Con el tiempo, evolucionó hacia acuerdos estratégicos vinculados al comercio, la cultura, la educación, el turismo, la innovación y el desarrollo sostenible.

En la actualidad, los hermanamientos pueden asumir distintas modalidades: intercambios de experiencias y saberes, transferencia de modelos y buenas prácticas o alianzas de complementariedad estratégica entre territorios con perfiles afines. Las nuevas tecnologías han acelerado este proceso, permitiendo sostener una cooperación activa sin que la distancia geográfica sea un obstáculo.

Internacionalizar la identidad: la cultura como puerta de entrada

Las ciudades internacionalizan su cultura porque comprenden que la identidad es también un recurso de desarrollo. Posicionarse en redes internacionales fortalece la reputación territorial, atrae oportunidades académicas y turísticas y genera vínculos institucionales sostenidos.

En el caso de Córdoba, la cooperación internacional basada en ciudades homónimas permitió desarrollar alianzas en los planos comunicacional, turístico, institucional y académico, integrando redes y promoviendo diversidad cultural. Cuando una ciudad se proyecta en clave global, transforma su narrativa: deja de mirarse solo hacia adentro y comienza a articularse con territorios que comparten historia, nombre o identidad.

Sociedad civil y activación territorial de hermanamientos

En este escenario, no solo los gobiernos pueden impulsar paradiplomacia. La sociedad civil organizada también puede transformarse en actor articulador y dinamizador de agendas internacionales.

Un ejemplo es Hermanamientos Editora, editorial independiente nacida en Córdoba, Argentina, que decidió convertir el concepto de ciudad homónima en acción territorial concreta. Su misión es posicionar a Córdoba en el mundo hispano a través de contenidos culturales y turísticos que conectan ciudades de igual nombre y generan cooperación sostenida.

El proyecto “Las Córdobas del mundo” se consolidó como una experiencia de paradiplomacia territorial con base cultural:

• 2018: Publicación de la colección digital “Las ciudades hermanas de Córdoba”, con auspicio gubernamental. 
• 2019: Presentación del libro Las Córdoba de Iberoamérica en el Congreso Internacional de la Lengua realizado en Córdoba, Argentina. 
• Articulación turística: Participación en la redacción de La ruta de las Córdobas, iniciativa conjunta entre el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba de España y la Agencia Córdoba Turismo de Argentina. 
• 2021: Concurso internacional “Las Córdobas del mundo”, que reunió crónicas culturales de Argentina, México, España y Colombia en una antología digital presentada en modalidad híbrida en Córdoba Argentina y Córdoba, México. 
• 2022: Gestión de acuerdos de promoción cultural entre Córdoba Argentina y Córdoba Colombia. 
• 2023: Propuesta a la Universidad de Córdoba en España para la organización del Simposio Internacional “Las Córdobas del mundo Hispánico”. 
• 2025: Publicación del libro digital De Córdoba a las Cordovas, ampliando la red a 18 ciudades de Estados Unidos, Filipinas, Perú y México.

Como evolución de este proceso, actualmente se encuentra en desarrollo la Red Internacional de las Córdobas del Mundo, concebida como una plataforma de articulación entre gobiernos subnacionales, universidades, organismos culturales y actores institucionales de territorios que comparten esta denominación.

La iniciativa busca consolidar un espacio de cooperación territorial que trascienda lo simbólico, promoviendo el intercambio de políticas públicas, experiencias de gestión, programas académicos, proyectos culturales y estrategias de desarrollo turístico entre las distintas Córdobas.

De este modo, la red se proyecta como un instrumento de paradiplomacia territorial que permite transformar una identidad compartida en una agenda activa de cooperación internacional.

De iniciativa cultural a herramienta de política territorial

La experiencia demuestra que la cultura puede ser el punto de partida, pero el impacto es territorial. A partir del trabajo sostenido con ciudades homónimas, se desarrolló una metodología para identificar territorios afines, generar contenido común y transformar una coincidencia nominal en agenda activa de cooperación.

Esta experiencia puede ponerse al servicio de municipios argentinos que deseen iniciar, reactivar o fortalecer hermanamientos culturales, educativos, turísticos o institucionales con ciudades de igual nombre en América y Europa. El acompañamiento incluye investigación y mapeo de ciudades homónimas, diseño de propuestas internacionales, generación de contenidos estratégicos que den sustento simbólico al vínculo y articulación con actores académicos, turísticos y gubernamentales.

Lejos de quedar en el plano protocolar, los hermanamientos pueden convertirse en herramientas concretas de posicionamiento territorial si cuentan con planificación, contenido y coordinación estratégica. No requieren grandes estructuras diplomáticas, sino visión, articulación y continuidad.

En este sentido, la paradiplomacia territorial se presenta como una herramienta accesible y escalable para gobiernos locales que buscan ampliar su proyección internacional, fortalecer su identidad y generar redes de cooperación sostenibles desde lo local hacia el mundo.

Este artículo se publica en el marco de la participación de la autora en el Programa Periodismo de Ciudades 2025, una iniciativa de la Red de Innovación Local (RIL) y +COMUNIDAD que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de comunicación constructiva de periodistas y comunicadores locales en América Latina. Las opiniones, interpretaciones y datos presentados en el artículo son responsabilidad exclusiva de su autora y no representan necesariamente la posición institucional de +COMUNIDAD ni de RIL.

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Una sóla pregunta: “¿cómo va tu vida?” 

Está impresa en un banner publicitario ubicado en un parque de San Salvador de Jujuy, Argentina. La pregunta es la puerta de entrada para que vecinos y vecinas logren poner en palabras las violencias o padecimientos que sufren en sus hogares o trabajos. Violencia de género, consumos problemáticos y situaciones vinculadas a la salud mental, incluyendo riesgo suicida adolescente, son las tres grandes problemáticas que se detectaron a partir de esa intervención e interrogante sobre la vida cotidiana.

La pregunta surge en El Escuchadero, un dispositivo situado en espacios públicos, que ofrece una infraestructura de escucha territorial, y busca conectar actores, detectar problemáticas y activar respuestas comunitarias e institucionales. Emerge en 2021, después de un diagnóstico desarrollado en el marco del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, implementado por la Fundación Crear Vale la Pena, en alianza con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y el acompañamiento de la Fundación Cambio Democrático.

En 2024 este dispositivo pasó de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Desarrollo Humano, específicamente a la Dirección de Salud Integral de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo que generó un cambio en la modalidad de trabajo. “A partir de este giro se orientó la iniciativa hacia un enfoque centrado en la Promoción de la Salud Integral y Prevención de diferentes problemáticas”, explica a +COMUNIDAD la referente actual de El Escuchadero, Mariana Vargas.

Escucha activa para la promoción de la salud integral 

A partir del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, se identificaron indicadores críticos: Jujuy registraba una tasa de femicidios de 2,82 en 2020, superior al promedio nacional (1,09). Existían 11 causas judiciales por femicidio en 2020 y 6.500 denuncias acumuladas entre 2016 y 2019 en el sistema de seguridad provincial. Se registraban altos niveles de embarazo adolescente, incluyendo casos en niñas de 10 a 14 años en contextos de abuso.

En ese contexto Vargas, licenciada en Psicología, comenta que El Escuchadero es un dispositivo innovador por “irrumpir en espacios comunitarios, sociales, deportivos y comerciales, con herramientas lúdicas que tienen como base la sensibilidad para una escucha creativa”. “Por ejemplo, se estableció un punto fijo en el Mercado Central 6 de Agosto, un lugar estratégico y accesible donde circula la vida cotidiana. Ahí, en medio del movimiento diario, cualquier persona puede detenerse y ser escuchada”, agrega.

Otro dato innovador que destaca la referente es la implementación de capacitaciones anuales (en las que se han capacitado 83 personas por año), para la transmisión de conocimientos generales y adquisición de herramientas, con el fin de formar facilitadores lúdicos para replicar en sus espacios de trabajo. “El impacto se mide por la cantidad de escuchas realizadas: 435 en 2024 y 582 en 2025. Además de las cerca de 3.000 personas al año que participan de las implementaciones lúdicas”, comenta.

El impacto de la articulación público-privada

Patricia Taboada, responsable de Desarrollo Institucional y Gerenta Operativa de Crear Vale la Pena, cuenta a +COMUNIDAD que el “diagnóstico no sólo permitió dimensionar la magnitud del problema sino evaluar la respuesta institucional”. La Fundación destacó la falta de articulación sostenida entre niveles (nacional, provincial, municipal), la fragmentación entre sectores (salud, justicia, desarrollo social, comunidad) y la baja integración de la información para la toma de decisiones.

En ese contexto se identifica la necesidad de un nuevo tipo de intervención, lo que dio lugar a una articulación entre la Municipalidad y la Fundación para desarrollar una metodología capaz de operar sobre el vínculo, la escucha y la construcción comunitaria. “El principal resultado del proyecto no se expresa en un único indicador cuantitativo consolidado, sino en la instalación de una infraestructura de escucha y orientación en territorio, articulada entre Estado y comunidad”, explica Taboada.

Tras los primeros dos años de implementación (2021–2022), para Crear Vale la Pena uno de los aspectos más relevantes fue su capacidad de traducir los hallazgos en respuestas concretas. En especial, a partir de espacios de escucha personalizada con agentes de salud. La orientación directa sobre recursos disponibles y derivación a dispositivos existentes, las actividades artísticas y lúdicas habilitaron formas de expresión que ampliaron la comprensión del malestar más allá de los lenguajes institucionales tradicionales.

Además, destacan el fortalecimiento de capacidades locales para la detección temprana, la mejora en la articulación entre áreas de gobiernos y actores comunitarios, la generación de redes de contención que reducen el aislamiento social. “En este sentido, el mayor impacto de El Escuchadero no es sólo la atención de casos, sino la construcción de condiciones para una respuesta comunitaria más integrada y sostenida”, sostiene Taboada. 

Sensibilidad, creatividad y articulación institucional

El Escuchadero se distingue por introducir una innovación conceptual y operativa: la transformación de la escucha en una infraestructura pública activa, abierta a la comunidad y capaz de articular dimensiones sociales, culturales y sanitarias. El dispositivo funciona simultáneamente en varios niveles: como espacio de escucha privada, como plataforma de acceso a información y recursos, y como entorno colectivo de expresión a través de propuestas artísticas y lúdicas. 

Para Taboada esta combinación amplía las posibilidades de detección y abordaje de problemáticas, especialmente aquellas que no emergen fácilmente en contextos institucionales formales. Por eso el proceso formativo se centró en el desarrollo de habilidades de escucha activa, en la comprensión de problemáticas complejas y en el uso de lenguajes artísticos como herramientas de mediación. En particular, la formación estuvo orientada a abordar los indicadores detectados en el diagnóstico —violencia de género, consumos problemáticos y salud mental— dotando a los equipos de herramientas específicas para la detección temprana, la escucha situada y la derivación adecuada.

La capacitación de los actores involucrados fue clave para sostener esta innovación.

Asimismo, la especialista cuenta que se trabajó en fortalecer la capacidad de articulación intersectorial, permitiendo que actores diversos operen desde una lógica compartida. “En este sentido, lo innovador de El Escuchadero no reside únicamente en el dispositivo en sí, sino en el modelo de intervención que propone: una forma de acción pública que integra sensibilidad, creatividad y articulación institucional”, resalta. 

Aprendizajes y transferibilidad de El Escuchadero

El trabajo conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy permitió consolidar un aprendizaje central: los problemas complejos requieren recursos, sí, pero también capacidades de articulación, escucha y construcción de sentido compartido. Vargas considera que el mayor aprendizaje es reconocer al dispositivo como una modalidad de trabajo en sí misma, que les permite a la institución profundizar en las inquietudes y acercarse a la comunidad desde la orientación e información. 

“Uno de los principales aprendizajes es que la escucha no puede ser concebida como una instancia aislada, sino como un proceso continuo que requiere institucionalización, formación y sostenimiento en el tiempo”, reflexiona Patricia Taboada. “También se comprobó que la construcción de confianza en el territorio es una condición indispensable para que las personas accedan a estos espacios y para que los dispositivos logren efectividad”, agrega a partir de la experiencia en Jujuy.

En términos de transferibilidad, la profesional cree que el componente crítico para replicar la experiencia no es únicamente el diseño del dispositivo, sino la combinación de tres elementos. Por un lado un diagnóstico territorial profundo que permita comprender el sistema en su conjunto. Por el otro, un proceso de formación multiactoral que construya capacidades compartidas, y una articulación efectiva entre Estado y comunidad que garantice la sostenibilidad de la iniciativa.

Respecto a los desafíos y limitaciones que encontraron en el proceso de implementación de la iniciativa, Mariana Vargas reconoce que no han sido significativas, dado que es un dispositivo que tiene trayectoria. Aún así señala que actualmente el desafío al que se enfrentan es el de la “construcción de legitimidad en el territorio”. Buscando ser reconocidos desde otro lugar: “es una propuesta de interacción diferente, no parte de lo conocido en el ámbito de la salud”.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD

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La siesta en Los Charrúas se caracteriza por el silencio. En este pequeño municipio de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, la vida pasa con esa quietud propia de los pueblos donde a menudo se escucha decir que “Dios está en todas partes, pero atiende sólo en Buenos Aires”. En 2021 ese silencio cambió de naturaleza. Ya no era por la calma del descanso, sino por el peso de lo que no se nombra. Ese año, en la comunidad de cerca de 5.000 habitantes, se detectaron cinco casos y varios intentos de suicidio.

Mientras el mundo intentaba rearmarse tras la pandemia, Los Charrúas registró una tasa de suicidios seis veces superior al promedio provincial. Entre Ríos ya era la provincia del país con la mayor tasa de suicidio: 15,3 casos cada 100 mil habitantes (según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2024 se situó en 19,8; la cifra provincial está 10 puntos por encima de la tasa nacional).

Entre los casos de 2021, se supo que tres fueron adolescentes o jóvenes, y uno de ellos, menor de 15 años. Fue entonces cuando un grupo de familias, docentes, pedagogos, líderes religiosos y especialistas coincidieron para revertir esta situación. 

“La evolución desde aquella emergencia de 2021 ha sido muy positiva: se ha registrado un solo caso desde ese periodo. Es decir, hace más de tres años que la ciudad no tiene casos de suicidios”, explica a +COMUNIDAD el psicólogo Sergio Brodsky. A partir de su intervención, la Municipalidad de Los Charrúas conformó una Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio para trabajar con casos que les permitan entender las distintas miradas, roles y modos de articular redes para resolver esta problemática. 

Una comunidad unida para frenar una crisis de salud mental

El programa implementado en Los Charrúas se estructuró en dos ejes. Por un lado, la prevención comunitaria, a través de charlas, capacitaciones y talleres de concientización. Por el otro, un abordaje clínico de los casos de riesgo. En ambos frentes se desarrollaron estrategias comunitarias “que fueron útiles para enfrentar este fenómeno multicausal, que tiene dimensiones sociales, subjetivas, económicas, laborales y culturales”, explica Brodsky.

En esa línea, Andrea Imoberdorff, intendenta de Los Charrúas, señala a +COMUNIDAD que su trayectoria previa en el ámbito sanitario le permitió involucrarse desde el inicio en el desarrollo del programa: “Vengo del ambiente de salud, conozco la problemática, y he participado en esta formación del programa de salud mental de la Municipalidad”. 

Además, remarca que la iniciativa se apoya en una articulación constante entre actores locales. “Al involucrar a toda la comunidad, la iniciativa tiene un sistema de comunicación constante entre el Centro de Integración Comunitaria (CIC), el área de salud mental municipal a cargo de Sergio, y un WhatsApp a disposición de cualquier vecino que quiera comentar algo”, agrega.

Como parte de la estrategia preventiva, se impulsan actividades en las escuelas. Se organizaron encuentros de salud mental con estudiantes y acciones de sensibilización. Una de las iniciativas que destaca Brodsky es “una folleteada con información preventiva en distintas problemáticas de la salud mental”, como bulimia, anorexia, adicciones, bullying, suicidio y depresión. Los temas fueron seleccionados por estudiantes, con el acompañamiento de docentes y del equipo de Prevención del Suicidio de la Municipalidad de Los Charrúas.

“La efectividad central del programa sigue siendo el estar”, resume el psicólogo. Y agrega: “Percibimos una conciencia de parte de los jóvenes, sobre todo en la franja de los adolescentes, que conocen mucho más acerca de la salud mental”. “Derribaron mitos en relación al acceso a la atención terapéutica a través de un psicólogo, los mitos de que el que va al psicólogo no está loco. Se trabajó mucho en la escuela para acceder al plano de la asistencia”, reflexiona el líder del Programa de Prevención del Suicidio. 

La salud emocional de la juventud de Los Charrúas

En relación con los intentos de suicidio, Brodsky señala que, desde que comenzó la intervención multiactor, se registraron algunas tentativas y que varias personas accedieron a atención psicológica a partir de situaciones de vulnerabilidad, principalmente en el Centro de Integración Comunitaria (CIC). “Gran parte de la prevención pasa por la posibilidad de una detección temprana de esas situaciones, lo que evaluamos como datos de integración de los jóvenes y que reflejan que el modelo de abordaje del suicidio sigue siendo efectivo”, explica.

Esa detección se apoya, en gran medida, en las instituciones de la comunidad. Las señales de alerta —vinculadas a contextos de vulnerabilidad o riesgo— suelen ser identificadas en ámbitos como la escuela, que cumple un rol central. A partir de esos indicios, se activa una respuesta asistencial inmediata, como resultado del trabajo sostenido de información y sensibilización realizado en los últimos años.

La intendenta Imoberdorff destaca el papel de las tres radios de la ciudad, donde se promovió la figura del “chismoso solidario” como herramienta para visibilizar la problemática y acercar información a la comunidad. En ese marco, sostiene que “las diferentes estrategias empleadas a partir de la Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio estos últimos tres años y medio le devolvieron a Los Charrúas la esperanza de un presente y futuro en donde sus jóvenes estén a salvo”. 

La mesa continúa en funcionamiento, aunque enfrenta nuevos desafíos. Brodsky advierte que la ausencia de casos en el último tiempo, si bien es un dato positivo, también complejiza la continuidad de los espacios de encuentro: “Al no producirse afortunadamente casos de suicidio, es más complejo poder sostener los encuentros que se hacían, por eso estamos intentando actualmente volver a reunirnos”.

Los próximos pasos

Después de un trabajo “muy intenso y fructífero” de varios encuentros en los que todos los representantes de las instituciones se reunían para trabajar y comprender el rol de cada una en la prevención del suicidio, a Los Charrúas le toca reforzar la apuesta. 

A fines de abril de 2026 se realiza una charla abierta a la comunidad para lanzar nuevamente el proceso de trabajo de la mesa, que tuvo como uno de sus grandes hitos la implementación del programa y la respuesta comprometida de la comunidad.

En ese camino el psicólogo Brodsky destaca, como uno de los aspectos más innovadores de esta iniciativa, el trabajo articulado con la escuela a través de talleres y cursos donde se trabaja con estudiantes sus preocupaciones, angustias y miedos. “El trabajo de capacitación con la institución es innovador porque, si bien está en algunos desarrollos teóricos, se ha realizado muy poco de manera sostenida y sistemática este tipo de proyectos, y nosotros hicimos nuestro propio camino al andar”, remarca.

Un modelo posible para pensar en otras localidades

Con el recambio generacional, surge un nuevo desafío: sostener los aprendizajes en el tiempo. Muchos de los actuales adolescentes eran niños durante la crisis que dio origen al programa. Sobre este punto, Brodsky plantea que la prevención requiere continuidad. “El trabajo de aprendizaje y prevención es permanente, sobre todo en la escuela secundaria, que es donde hacemos foco. La escuela sí ha sido, a diferencia de otras instituciones, un trabajo permanente, sistemático. Todas las semanas se trabaja allí y eso hace que todos estos mecanismos de prevención estén siempre presentes”, explica.

Consultado sobre la posibilidad de replicar la experiencia en otras ciudades, el especialista considera que es viable, siempre que se adapten las estrategias a cada contexto. “Aquí el programa ha tenido muy buenos resultados por el compromiso de la comunidad y por la metodología de capacitación de todos los actores institucionales en el aprendizaje de por qué el suicidio se puede prevenir, qué es la prevención primaria, cómo se promueven los factores protectores del suicidio, entre otras variables”, afirma.

En ese sentido, subraya la importancia de clarificar los roles de cada actor —docentes, referentes religiosos, entrenadores, vecinos— y de fortalecer la articulación en red ante situaciones de riesgo. Se trata de un enfoque sencillo en su formulación, pero exigente en su implementación, dice Brodsky. Esa combinación, sostiene, es la que permitió sostener la experiencia en Los Charrúas y la que puede ofrecer aprendizajes valiosos para otras comunidades, siempre con las adaptaciones que cada contexto y cada idiosincrasia requiera.

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Por Federico Giner y Cora Pfister,
Programa Ciudades que Cuidan
RIL Argentina (*)

Una persona pierde fuerza en un brazo mientras desayuna. Duda. Espera. Consulta a un familiar. Recién entonces alguien llama a emergencias. Ese intervalo, que parece mínimo, puede definir si esa persona vuelve a caminar o no. En el ACV, el tiempo no es un detalle: es el factor que más impacta en el pronóstico. Y aunque solemos pensar que la respuesta depende solo de hospitales y especialistas, hay un actor clave que empieza a ganar protagonismo: la ciudad.

Hablar de la “cadena de supervivencia” del ACV es hablar de una secuencia de decisiones y acciones que comienzan mucho antes de la llegada al hospital. Reconocer los síntomas, activar el sistema de emergencias, llegar rápido al lugar adecuado, acceder a diagnóstico y tratamiento en tiempo y forma. Cada eslabón cuenta. Y en varios de ellos, los gobiernos locales tienen margen real de acción.

La ciudad como primer eslabón ante el ACV

El primer desafío es cultural. Muchas personas no reconocen los síntomas de un ACV o no saben cómo actuar, y eso retrasa decisiones críticas. Pero las ciudades no solo pueden informar: pueden asumir un rol activo en preparar a su comunidad. 

¿Cómo? A través de campañas simples y sostenidas —con mensajes claros como cara caída, debilidad en un brazo o dificultad para hablar— y capacitando a su propio personal, desde el intendente hasta Cultura, Deportes o Seguridad pueden formar una red de primeros respondientes capaces de detectar síntomas y activar la emergencia. Integrar esta lógica en la vida cotidiana de la ciudad acorta los tiempos de respuesta. Es una estrategia de bajo costo, con alto impacto en lo que más importa: el tiempo.

Integrarse a la red para no perder tiempo

En el ACV, la diferencia no la hace solamente la velocidad, sino tomar la decisión correcta desde el inicio. Actuar rápido importa, pero hacerlo dentro de un circuito claro es lo que realmente cambia los resultados.

La mayoría de los municipios no gestiona ni coordina las redes de ACV. Pero todos pueden —y deberían— conocerlas. Identificar qué centros tienen capacidad de respuesta, cómo se activa la emergencia en su territorio y cuáles son los circuitos definidos a nivel local o provincial permite que el municipio encuentre su lugar en la cadena de atención.

Ese rol comienza en el territorio. Personal municipal —desde preventores hasta equipos comunitarios— puede ser quien primero detecte un posible ACV. Pero esa detección agrega valor únicamente si está acompañada de protocolos simples y alineados con la red existente: a quién llamar, cómo comunicar la situación y cómo acelerar el acceso al sistema de salud.

Cuando el municipio conoce la red y actúa en sintonía con ella, deja de ser un actor pasivo y se convierte en un eslabón fundamental, y en el ACV, eso es decisivo.

Campaña de prevención del accidente cerebro vascular. Imagen: Alcaldía de Medellín.

¿Qué pueden hacer hoy las ciudades frente al ACV?

Sin esperar grandes reformas, hay acciones concretas que cualquier municipio puede impulsar:

• Instalar campañas de reconocimiento de síntomas y activación precoz.
• Capacitar a personal municipal como primeros respondientes.
• Mapear la red de atención y conocer sus circuitos.
• Definir protocolos locales alineados con el sistema de emergencias.
• Generar y usar datos para la mejora continua.

Ciudades que Cuidan

En RIL creemos firmemente que los gobiernos locales son actores clave para salvar vidas. Por eso, en abril de 2026 lanzamos ‘Ciudades que Cuidan’, un programa que busca potenciar la capacidad de los municipios en la gestión de la salud pública, con un enfoque prioritario en la prevención y atención de Accidentes Cerebrovasculares (ACV). 

Presentado en abril de 2026 en Salta, este programa acompaña a los equipos municipales para que puedan detectar, responder y coordinar eficazmente ante emergencias sanitarias. Procura integrar tecnología, inteligencia artificial y herramientas de gestión colaborativa para una atención más rápida, eficiente y equitativa.

‘Ciudades que Cuidan’ propone un camino de 10 meses de trabajo que va desde el diagnóstico del sistema local de emergencias hasta la evaluación de los resultados y la sostenibilidad de las mejoras. A través de un enfoque que incluye acompañamiento uno a uno, trabajo en red con otras ciudades y formación con soporte en una academia virtual, buscamos co-diseñar estrategias y soluciones concretas, visibilizando aquellas experiencias exitosas para inspirar a toda la Red y fortalecer la coordinación sanitaria.

Esta primera edición del programa trabaja con ciudades de tres provincias del norte argentino. en concreto, con con equipos de Salta (Capital), Cafayate, Metán, Orán, Rosario de la Frontera, Tartagal (Salta); San Salvador de Jujuy, Humahuaca (Jujuy); y San Miguel de Tucumán, Yerba Buena (Tucumán).

La meta es clara: transformar los desafíos en acciones aplicables que mejoren la ruta crítica de atención en cada ciudad y, así, fortalecer los tiempos de respuesta y la atención a la comunidad.

Mucho más que gestionar la emergencia 

“Ciudades que cuidan” propone algo más amplio que un programa: una forma de mirar los problemas públicos desde la proximidad. En el caso del ACV, esa mirada permite entender que cada minuto perdido antes del hospital también es responsabilidad del territorio.

El desafío no es solo sanitario. Es de gestión, de comunicación y de coordinación. Las ciudades no reemplazan a los sistemas de salud, pero pueden hacer que funcionen mejor. Y en el ACV, eso puede significar la diferencia entre la dependencia y la autonomía, entre la vida que sigue y la que cambia para siempre.

Porque cuando se trata de ACV, cuidar también es llegar a tiempo.

(*) Federico Giner es médico neurólogo, coordinador de la Red de ACV/TeleACV de Mendoza; coordinador Unidad de ACV del Hospital Lagomaggiore; docente en la Facultad de Ciencias Médicas UNCuyo. Se desempeña como facilitador técnico del programa Ciudades que Cuidan en RIL Argentina. Cora Pfister es la líder del programa. Es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una amplia trayectoria en la articulación de proyectos de alto impacto destinados al desarrollo y la gestión de gobiernos locales. 

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¿Funciona el sistema de salud? 

Tandil es una ciudad con 150.000 habitantes con un sistema de salud robusto -al que se le asigna casi el 40% del presupuesto municipal- denominado Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

Dentro de sus fortalezas podemos mencionar un sistema de información integrado en todos los puntos de atención, implementado desde el año 2010. Este sistema nos permite conocer que los 15 Centros de Salud Comunitaria y las cuatro postas rurales atienden cerca de 200000 consultas por año. 

¿Esto es suficiente? ¿Significa que estamos brindando buenos servicios? ¿Estamos previniendo enfermedades y muertes evitables? ¿La población está satisfecha con este sistema?  ¿El uso de recursos es eficiente? 

Medir lo que importa en los Centros de Salud

Las evaluaciones tradicionales de los Centros de Atención Primaria en Argentina siguen centradas en la medición de consultas. Con la incorporación de sistemas de información electrónica estas mediciones en vez de madurar, se exacerbaron; ahora se miden las agendas: ocupación, ausentismo, duración de la consulta, demora en la asignación de turnos, etc. Pero poco nos dicen sobre el desempeño del sistema. 

Es el equivalente a una escuela que nos informa la cantidad de estudiantes y los días que asisten a clases pero no nos dice nada sobre su aprendizaje. ¿Acaso la escuela no está para enseñar y favorecer el aprendizaje? Los días de clase son sin duda algo necesario, pero son insuficientes para dar cuenta del desempeño o para impulsar procesos de mejora. 

Asumiendo la conocida frase “no se puede mejorar lo que no se mide” y reconociendo que lo que medíamos estaba resultado insuficiente, emprendimos este desafío de medir lo que importa. Esto implicó discutir para qué están los centros de salud -la misión institucional- y nos sorprendimos de lo heterogéneo de las miradas. 

Teniendo este desafío en nuestra agenda de gestión, aceptamos la invitación que nos hizo el IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), un organismo afiliado a la Universidad de Buenos Aires, de impulsar una investigación vinculada a la detección y atención de personas con diabetes. 

Con ellos logramos desarrollar un tablero para medir cómo nos estaba yendo en cuanto a detección, seguimiento, tratamiento y control adecuado de personas con diabetes en cada uno de los barrios de Tandil. Luego extendimos este análisis a otras problemáticas como hipertensión arterial, coberturas de vacunación y estamos en este momento trabajando en la incorporación de otras variables. Lo que iniciamos fue una cultura de medición y mejora contínua.

Hacerse cargo de los resultados -impulsar la mejora contínua. 

Los números que estos tableros nos mostraron nos preocuparon. 

Si bien en algunas dimensiones teníamos buenos resultados, como coberturas de vacunación, que supera las medias provinciales -a modo de ejemplo la cobertura contra Hepatitis A en el 2024 fue del 75,8 en la provincia de Buenos Aires, contra el 93,6 en Tandil-. En otros, estábamos tan mal como la mayor parte de los sistemas de salud de América Latina: el Primer Nivel de Atención no estaba logrando un control adecuado de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

En nuestro caso, menos del 10% de las personas con Hipertensión Arterial logra un control adecuado de su problema -se considera que una persona hipertensa tiene bien controlada su presión cuando la última medición de presión arterial tiene menos de 6 meses y está por debajo de 140/90 mmHg-. Estamos hablando del principal factor de riesgo para las dos primeras causas de muerte en el mundo que son la enfermedad coronaria y el Accidente Cerebro Vascular.  

Hace 3 años comenzamos con estas mediciones, que se reportan regularmente a los equipos. Los reportes incluyen desde Escuelas visitadas por Centro de Salud, hasta cantidad de usuarias de métodos anticonceptivos, porcentaje de mujeres que realizaron prácticas como rastreo de cáncer de cuello de útero o de mama contrastado contra la población esperable que debería acceder a esa práctica entre otros Se envían listados nominalizados de pacientes que requieren algún tipo de vacuna o monitoreos de indicadores estratégicos. 

Esto permite realizar planificaciones locales en los Centros de Salud y a nivel del Sistema Integrado de Salud Pública Municipal. 

En relación a las ECNT  identificamos lo que se denomina “cascada de la hipertensión” -y algo similar para diabetes- por lo que comenzó una estrategia multicomponente para intervenir sobre cada una de las caídas. La primera oportunidad de mejora está en detectar a quienes no conocen su diagnóstico -la primera caída de la cascada-. Para esto comenzamos a realizar “Rondas Sanitarias”, con agentes sanitarias que se capacitaron y están recorriendo los barrios, casa por casa, para detectar problemáticas prevalentes y facilitar el acceso al sistema de salud. 

La segunda oportunidad de mejora estuvo en el control adecuado de quienes ya se estaban atendiendo. Para esto se definió un protocolo unificado de tratamiento de la Hipertensión y se capacitó a todos los médicos de los Centros de Salud. Este protocolo fue una adaptación  del propuesto por la “iniciativa HEARTS” de la Organización Panamericana de la Salud. 

¿Cómo seguimos? 

Tenemos todavía muchas oportunidades de mejora. Una de ellas, en la que ya comenzamos a trabajar, es en el seguimiento de las personas a las que se les detecta alguna de las condiciones crónicas. 

Para esto armamos un programa de capacitación destinado a enfermería para desarrollar competencias en el abordaje de las ECNT. La capacitación aún no comenzó a dictarse pero se presentó como curso de postgrado y ya cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Más allá de esta propuesta, y de los resultados que vayamos obteniendo, lo que es claro es que queremos seguir por este camino, un camino de mejora contínua, con medición de indicadores sanitarios que contribuyan a un sistema de salud cada vez más efectivo. 

(*) Tomás Baliña es médico, especialista en medicina general / familiar y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como titular de Salud Comunitaria IV en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde publicó su último libro: Manual de Gestión de Centros de Atención Primaria de la Salud.

Esta columna “Desde el territorio” forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

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En San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense, alguien puede ver algo extraño en la calle y escribirlo en un chat de WhatsApp. En segundos, ese mensaje ingresa al Centro de Operaciones del municipio, donde un operador lo cruza con las cámaras cercanas y despacha a la patrulla más próxima. La respuesta llega en menos de cinco minutos. El sistema es cada vez más conocido y se llama Ojos en Alerta, empezó en 2016 con un grupo de choferes de remis y hoy integra a más de un millón de personas distribuidas en 103 ciudades argentinas.

La herramienta no funciona sola. Detrás de cada mensaje hay un cuerpo de Policía Municipal que también cumple 10 años, un Centro de Operaciones que integra cámaras y denuncias, patrullas distribuidas por cuadrículas y una decisión política: asumir la prevención del delito como una competencia propia.

Esa combinación —tecnología accesible, inversión en infraestructura, voluntad institucional y Policía Municipal— ordena buena parte de la agenda de gestión del distrito. Es también parte de lo que permitió a San Miguel obtener, en 2026, la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

Encabezada por el intendente Jaime Méndez, la gestión local construyó en la última década un modelo que se proyecta más allá de la seguridad. En paralelo, el municipio sostuvo una política de primera infancia que empieza antes del nacimiento, convirtió un predio judicial abandonado en una reserva natural con salida al Río Reconquista, lanzó un hub tecnológico que forma programadores en barrios vulnerables y consolidó un calendario cultural con eventos que ya cumplieron diez años. 

Se trata de un modelo que atraviesa áreas distintas pero se sostiene sobre una misma premisa: el municipio es la primera ventanilla a la que llega la demanda ciudadana y, por lo tanto, tiene que responder. Y, para que eso ocurra, debe haber eficiencia en procesos internos. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese conjunto se integra en una manera de gestionar.

1. Ojos en Alerta: el vecino como primer sensor

En San Miguel, como en buena parte del conurbano bonaerense, la inseguridad se manifestaba en robos, siniestros viales, violencia de género y delitos contra el comercio. Había una particularidad local: pocos de quienes presenciaban un hecho llamaban al 911. La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la cultura del “no te metas” convivían con la percepción cotidiana del delito.

La respuesta municipal combinó dos decisiones. La primera fue institucional: en julio de 2015 se creó formalmente la Policía Municipal, una fuerza jerarquizada que depende del Intendente y opera sobre el espacio público, con binomios compartidos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda decisión fue tecnológica. Concebida por Cristian “Piojo” Méndez, entonces secretario de Comunicación del distrito, la herramienta nació en 2016 como prueba piloto y se abrió al público general en 2018. El punto de entrada fue WhatsApp, la aplicación que los vecinos ya usaban a diario. La convocatoria empezó por quienes más circulan —choferes de remises y colectivos— y luego sumó comerciantes, encargados de edificios y cualquier vecino capacitado.

La lógica de fondo fue recolectar información que el sistema tradicional no estaba captando. “En Argentina, el 60% de los delitos no se denuncian”, explica Méndez. “Si no tenés datos, no podés prevenir”, insiste.

Los mensajes llegan al Centro de Operaciones Municipal, donde convergen también las imágenes de las cámaras de la vía pública. El operador activa la patrulla de la cuadrícula correspondiente y, en promedio, un móvil llega al lugar en menos de cinco minutos. Es decir, se activa la Policía Municipal. Las alertas procesadas anualmente en San Miguel alcanzan las 41.000, los usuarios activos del sistema en el distrito superan los 120.000 y el 85% de los reportes son para ayudar a otra persona.

El impacto sobre el delito responde a la suma de varios instrumentos: Ojos en Alerta, aplicación de inteligencia artificial, lectores de patentes, renovación de móviles y armas no letales. Méndez señala que en delitos con registro confiable —robo automotor, hurto, robo de motos y homicidios— el descenso en la última década se ubicó entre el 50 y el 75%. También refuerza que todo esto funciona porque está la Policía Municipal detrás.

El modelo se exportó sin franquicias ni costos de licenciamiento. Las 103 ciudades argentinas que lo replican tienen cada una su propio WhatsApp y su propio Centro de Operaciones, con capacitación de los equipos locales a cargo de San Miguel. En 2024, RIL reconoció al distrito como Ciudad Inspiradora por este programa. En julio de ese mismo año, la provincia de Córdoba firmó un convenio para adoptarlo. 

Lo que parece un gesto simple —escribir tres líneas en un chat de WhatsApp— se sostiene sobre una infraestructura pensada, financiada y operada por el municipio.

2. Primera infancia: del embarazo al jardín, sin que nadie quede afuera

La mortalidad materno-infantil y la prematurez tienen un denominador común: la falta de controles prenatales. La Subsecretaría de Primera Infancia de San Miguel diseñó un sistema escalonado que empieza antes del nacimiento y se extiende hasta que el niño ingresa al jardín de infantes.

La primera pieza es el Camino de la Embarazada (CDLE). Combina rastrillaje casa por casa, operativos con unidades móviles equipadas para controles obstétricos y ecografías, y una línea telefónica —Red Madre— que funciona como puerta de entrada directa. 

“Buscamos a mujeres embarazadas que no tengan algún control y hacemos un par de preguntas para detectar si están realizando los controles en fecha”, describe Alida, encuestadora del programa, en un registro audiovisual del municipio. María José, una madre que ingresó al programa sin saber que estaba embarazada, resume el impacto desde el otro lado del circuito: “Vinieron y me ayudaron con el tema de los turnos. Acá nunca te vas a sentir discriminada”.

En 2018, el dispositivo redujo en un 20% la cantidad de mujeres que llegaban al parto sin controles, y la mortalidad infantil local se ubicó por debajo del promedio provincial. La gestión 2025 muestra que el programa se consolidó: 84 operativos asistieron a 704 embarazadas, y el 94% de los nacimientos acompañados fueron a término.

Cuando el niño nace, comienza Los Primeros Mil Días, dirigido a familias en situación de extrema vulnerabilidad hasta los dos años de edad, con acompañamiento domiciliario que articula salud y desarrollo social. 

“Estamos en contacto por mensaje: cómo están los chicos, cómo van los controles, cuánto pesan”, cuenta Cintia, una de las madres acompañadas, en un registro municipal. Lo que más valora, dice, es “la parte humana: ver que hay personas que se preocupan por las necesidades de otras”. En 2025, el programa alcanzó a 339 niños. El 45% de las intervenciones requirió, en algún momento, la participación del Servicio Local para medidas de protección o seguimiento, un dato que describe la complejidad social sobre la que opera la política.

El tercer eslabón son los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). Los diez centros del distrito atienden a niños de 45 días a 3 años en espacios de estimulación, nutrición y socialización, y hacen seguimiento para que ningún niño “caiga” del sistema al terminar el ciclo. En 2025, de 206 niños seguidos, el 100% se inscribió en el jardín de infantes y el 88,7% asistía de manera regular. Para Macarena, madre de una de esas niñas, el CDIF es “un lugar de contención” que, sobre todo, le da “tranquilidad”.

La política incluye una línea adicional que trabaja sobre el entorno adulto: Proyecto de Vida acompaña a las madres beneficiarias de Mil Días con talleres de oficios y un pilar complementario, Hecho en Casa, orientado al emprendedurismo autogestivo. En 2025, 17 mujeres completaron la formación y participaron en ferias municipales.

“En San Miguel cuidamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”, enfatiza la Municipalidad que encabeza el intendente Jaime Méndez.

3. Reserva Natural Urbana El Corredor: de chatarrero judicial a pulmón verde

En 2010, San Miguel contaba con apenas 1,10 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de los 10 m² recomendados a nivel internacional. En paralelo, en Bella Vista, un predio de 8 hectáreas a orillas del Río Reconquista funcionaba como chatarrero judicial: más de 2.200 vehículos acumulados desde 2004 y un basural clandestino de residuos áridos. El mismo terreno, sin embargo, tenía 290 metros de costa sobre el río y ecosistemas nativos con especies vegetales de más de un siglo.

La decisión del municipio fue recuperar ese pasivo ambiental y convertirlo en un activo público. Trabajar sobre el predio fue, literalmente, partir del cero. “Era un suelo sin nutrientes, sin vida”, resumió en una entrevista con Infobae en 2022 Alejandro Hillar, entonces coordinador de actividades en la reserva y trabajador de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

El diseño se apoyó en dos principios poco frecuentes para una obra de esta escala: uso de recursos existentes y participación comunitaria. El saneamiento pesado se ejecutó aprovechando los tiempos ociosos de los equipos de Obras Públicas e Higiene Urbana. Los restos de poda se compostaron como materia orgánica para mejorar el suelo. Las maderas de descarte se reutilizaron para cartelería y senderos. La reforestación se apoyó en donaciones de otras reservas naturales y en acciones de responsabilidad social empresarial.

Los resultados son tangibles. Se erradicaron 2.400 vehículos y 300 toneladas de chatarra. La superficie de espacios verdes públicos del distrito creció un 30%. La presencia de animales silvestres aumentó un 133%, con más de 200 especies registradas. Cada año se plantan más de 1.000 ejemplares nativos y la reserva recibe más de 40.000 visitantes y voluntarios anuales, con 100 escuelas de la región vinculadas a su programa educativo.

El marco normativo blindó el proyecto contra los ciclos políticos. La Ordenanza 13/2016 creó formalmente la reserva. La Ordenanza 41/2017 estableció un “banco de árboles nativos” alimentado por las sanciones aplicadas a extracciones no autorizadas: los ejemplares talados ilegalmente se transforman en unidades nuevas para la restauración.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación distinguió a San Miguel con la 12° mención en el Concurso de Experiencias Innovadoras de Planificación. En noviembre de 2025, CNN en Español cubrió la transformación del chatarrero en reserva dentro de su especial Día del Llamado a la Tierra, como caso internacional de restauración ambiental urbana.

El indicador menos medible es también el más revelador. Tras cerca de cinco décadas, los vecinos volvieron a remar en las aguas del Río Reconquista a través del festival La Reconquista del Río. Para Hillar, la reserva es, sobre todo, “un espacio para que la gente reconecte con la naturaleza”. Un predio que había sido patio trasero de la ciudad pasó a ser, literalmente, uno de sus frentes.

4. Usina Tecnológica: formar para la economía del conocimiento

La política educativa de San Miguel parte de un diagnóstico operacional: el desacople entre la formación secundaria disponible en el distrito y los perfiles que demanda el mercado laboral tecnológico.

La respuesta es la Usina Tecnológica (UTEC), un hub inaugurado como parte del Plan DECTI (Desarrollo de la Economía del Conocimiento). Combina 178 m² de coworking gratuito con cuatro aulas equipadas con kits de robótica, impresoras 3D y computadoras táctiles de 75 pulgadas. En alianza con la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, se lanzaron carreras cortas en tecnología inéditas en el distrito.

Desde su puesta en marcha, 10.000 personas participaron de iniciativas educativas, con más de 4.000 egresados. Mil jóvenes de barrios vulnerables accedieron a becas en programación y marketing digital. Las sucesivas ediciones del Hackatón convocaron a 1.100 jóvenes. En 2025, 140 alumnos de escuelas técnicas cumplieron las 200 horas obligatorias de prácticas profesionalizantes en áreas municipales, y la Expo Joven “Yo elijo mi Futuro” reunió a 1.820 personas.

La política educativa no se agota en el eje tecnológico. En paralelo, la gestión sostiene dispositivos orientados a fortalecer la identidad educativa del distrito: los Nucleamientos Educativos —encuentros barriales donde las escuelas exponen sus producciones anuales— convocaron en 2025 a 150 escuelas y 6.898 personas; la Promesa a la Bandera en Campo de Mayo reunió a 4.000 alumnos y 10.000 asistentes; las jornadas pedagógicas capacitaron entre 500 y 800 docentes.

“El proyecto Abanderados fue movilizador para toda la comunidad educativa”, sintetiza Cecilia Garrido, del Complejo Educativo Club Atlético San Miguel. “Fue una oportunidad de sumar emoción real a lo simbólico”, agrega.

Sumados todos los dispositivos, 54.167 alumnos se integraron a proyectos de articulación municipal en 2025. Los Nucleamientos Educativos y las prácticas profesionalizantes se realizan desde la Dirección de Experiencias Educativas de la Secretaría de Educación. “No se limita a lo tecnológico. El área reafirma su rol como corazón ejecutor de una política que busca, ante todo, una educación presente, técnica y profundamente humana”, destacan desde la Municipalidad.

5. Un calendario cultural que potencia la vida comunitaria

La fragmentación social y el debilitamiento de los vínculos comunitarios en entornos urbanos son fenómenos que parecen resistirse a la política pública tradicional. En San Miguel, la respuesta fue construir un calendario anual de eventos culturales que ocupan la ciudad con regularidad y se financian con la infraestructura existente.

La Plaza de las Carretas, la catedral del distrito, el corredor aeróbico sobre la avenida Francia y el Centro Cívico alojan encuentros con un formato común: participación activa de la sociedad civil, protagonismo de artistas y ballets locales, y convocatoria intergeneracional. El Carnaval Criollo, que en 2026 cumple diez años, reúne entre 5.000 y 8.000 personas antes del inicio de la cuaresma. La Maratón San Miguel Arcángel convoca a 5.000 inscriptos en sus pruebas aeróbicas. El Festival Criollo y la Fiesta Patronal —heredera de una tradición iniciada en 1896— suman cada uno 4.000 asistentes. La Noche de los Libros, también con diez años de continuidad, es el evento con mayor convocatoria: 10.000 asistentes en diciembre, al aire libre, entre libreros, editoriales y escritores.

El criterio de eficiencia en esta política es menos evidente que en las anteriores, pero está presente. El presupuesto cultural se optimiza al priorizar el protagonismo de ballets, grupos folclóricos y artistas locales por sobre producciones externas de mayor costo. La infraestructura urbana se usa como escenario en lugar de construir recintos específicos. La programación se concentra en fechas ya significativas para la comunidad —carnaval, fiestas patronales, conmemoración del 2 de abril—, lo que multiplica el impacto simbólico sin duplicar el gasto.

Lo que el municipio busca, según el propio plan cultural, es que los vecinos “se sientan parte de algo más grande y se reconozcan entre sí”. La formulación es difícil de medir, pero tiene un correlato visible en los diez años de continuidad que algunos eventos ya acumulan.

Gestionar desde el primer mostrador

Las cinco políticas descritas no son proyectos aislados. Son piezas de una manera de gestionar que asume que el municipio es, como suele decirse en el propio lenguaje interno de la Intendencia, el “primer mostrador” de la demanda ciudadana. Esa premisa lleva al gobierno local a responder incluso cuando la Constitución no le asigna la competencia de manera formal.

En un distrito del conurbano bonaerense que enfrenta los problemas típicos de los gobiernos locales latinoamericanos —demanda creciente, recursos limitados, competencias ambiguas—, San Miguel construyó una agenda que trata de ordenar lo que tiene a mano y medir lo que hace. La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente obtenida en 2026 por el programa 100 Ciudades Certificadas de RIL es la consecuencia institucional de ese recorrido.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Miguel, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Santa Rosa y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron una distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Por María Eugenia Battafarano,
coordinadora de Ciudades Certificadas de RIL

¿Qué significa que un municipio esté certificado en gestión eficiente? ¿Qué se mide exactamente y qué alcances tiene esta evaluación? En esta columna repasamos el alcance de estas distinciones, sus niveles y los puntos que conviene tener presentes para interpretar qué hay detrás de cada ciudad certificada por la Red de Innovación Local en Argentina. 

La Certificación en Gestión Eficiente es el eje del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL. Funciona como una herramienta de diagnóstico y reconocimiento para gobiernos locales argentinos que trabajan en mejorar su administración interna, con el horizonte de que esa mejora se traduzca en servicios más accesibles y eficaces para la ciudadanía. No es un ranking, no es un premio y no es una auditoría punitiva. Conviene detenerse en cada una de estas consideraciones.

Desde julio de 2025, +COMUNIDAD viene publicando la serie “Cinco políticas que reflejan eficiencia municipal”, donde cada entrega recorre las experiencias concretas de una ciudad certificada. Esta columna acompaña esa serie: busca ofrecer el marco que permita leer cada caso con mayor contexto sobre qué evalúa el programa y cómo se estructura.

Qué SÍ es una Certificación en Gestión Eficiente

Un reconocimiento al compromiso y la buena gestión

La Certificación en Gestión Eficiente es, ante todo, un reconocimiento público a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica y sostenible. No es un simple diploma; es una validación objetiva de que el municipio implementa prácticas efectivas y eficientes, alineadas con los principios de innovación y buen gobierno que promovemos.

En este proceso, RIL evalúa lo que sucede dentro del municipio: cómo el municipio administra internamente sus recursos, para después impactar en mejores servicios para su ciudadanía. Pero antes de explicar cómo lo hacemos, es necesario aclarar qué es lo que entiende RIL por gobiernos eficientes. Para nosotros, un gobierno eficiente es aquel que:

• Administra los recursos de manera eficiente, garantizando que sus ingresos y gastos estén alineados de manera sostenible.
• Cuenta con ingresos provenientes de una combinación equilibrada de fuentes estables, que permitan que la ciudad mantenga sus operaciones básicas sin recurrir a medidas distorsivas.
• Posee gastos alineados con las necesidades básicas de la comunidad, que eviten la ejecución de proyectos mal diseñados o innecesarios.
• Tiene una visión clara de ciudad, con objetivos y metas concretas que le permitan alcanzarla.
• Posee un equipo formado para liderar el proceso de planificación y el seguimiento de los objetivos propuestos.
• Actúa de manera abierta, accesible y clara, permitiendo que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos y cuáles son los resultados de las políticas implementadas.
• Brinda a la ciudadanía acceso rápido, multicanal y de calidad a servicios públicos esenciales que permite una atención personalizada y eficiente, contribuyendo al bienestar general de la población.
• Incorpora soluciones digitales a la gestión para optimizar los servicios ofrecidos, asegurando procesos más rápidos, transparentes y accesibles mediante principios de simplificación.
• Puede identificar las necesidades de la ciudadanía y dar respuesta rápida y eficaz.
• Tiene una estrategia de capital humano alineada con las habilidades y conocimientos necesarios para que los empleados realicen sus tareas de manera eficiente.

Cómo se mide el grado de eficiencia municipal

Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Para poder medir objetivamente el grado de eficiencia del gobierno local, RIL evalúa su desempeño en seis ejes: Profesionalización, Finanzas Locales, Atención Ciudadana, Transformación Digital, Gobierno Abierto y Capital Humano. 

Cada eje se mide a través de indicadores, que son preguntas de respuesta Sí/No y cuya validación requiere documentación de respaldo. Este rigor en la evaluación busca que la mejora de la gestión se traduzca en beneficios concretos para los vecinos, como una atención más ágil, finanzas más transparentes o programas municipales más efectivos y adaptados a sus necesidades.

Más allá de la validación, el verdadero propósito de esta certificación es acompañar a los gobiernos locales que buscan transformar su gestión. Es un proceso que moviliza a los equipos municipales, promueve el trabajo intersectorial y fortalece la cultura de la evaluación y la planificación estratégica.

Obtener una certificación no es un punto final, sino parte de un ciclo virtuoso. Implica un proceso de evaluación objetiva, recopilación de evidencias y, en muchos casos, la identificación de oportunidades de mejora que RIL acompaña con recursos y metodologías. Muchos municipios descubren durante este camino la importancia de la articulación interna entre áreas, la necesidad de robustecer la documentación de sus procesos o la relevancia de una comunicación clara con la ciudadanía sobre sus avances, lo que fortalece sus capacidades de gestión a largo plazo.

Para garantizar que este impulso de mejora sea sostenible, la certificación cuenta con una validez de tres años, lo que incentiva una revisión y actualización constante de las capacidades locales. Además, al ser un proceso sin costo para el municipio, se elimina cualquier barrera de acceso, asegurando que el foco permanezca exclusivamente en la excelencia de la gestión y el impacto en la comunidad.

Niveles de certificación: un camino progresivo para cada municipio

Entendemos que no todas las ciudades se encuentran en el mismo punto de partida ni tienen el mismo nivel de avance en su gestión. Por eso, el programa de Certificación en Gestión Eficiente de RIL está diseñado con una progresión de niveles que permite a cada municipio unirse desde su realidad y crecer de manera sostenida. Esta estructura reconoce los diferentes grados de madurez en las prácticas de buen gobierno y fomenta un camino de mejora continua adaptado a cada contexto local.

Los niveles de certificación son tres: Promesa, Líder y Faro. El nivel Promesa está pensado para aquellos municipios que inician su recorrido en la mejora de la gestión, demostrando un compromiso claro con la implementación de prácticas básicas y la voluntad de avanzar. El nivel Líder se otorga a las ciudades que ya han consolidado varias prácticas eficientes y muestran un impacto significativo en sus áreas de gestión. Finalmente, el nivel Faro reconoce a los municipios que no solo han alcanzado un alto grado de eficiencia y excelencia, sino que también se han convertido en referentes y modelos a seguir para otras localidades de la Red.

Para alcanzar estos niveles, los municipios son evaluados en los ejes de gestión definidos anteriormente: Profesionalización, Finanzas Locales, Atención Ciudadana, Transformación Digital, Gobierno Abierto y Capital Humano. Para poder acceder a la certificación deben obtener un puntaje superior al 50% en todos los ejes y, además, cumplir con los criterios mínimos establecidos para cada uno. Aquellos que obtienen puntajes superiores al 50% en todos los ejes califican para la certificación Ciudad Promesa. Las ciudades que demuestran una gestión aún más eficiente, con puntajes superiores al 60%, acceden al nivel Ciudad Líder. Y los gobiernos locales que alcanzan la excelencia, con puntajes superiores al 80% en todos los ejes, son reconocidos como Ciudad Faro.

Esta progresión busca motivar a los gobiernos locales a identificar sus fortalezas, trabajar en sus oportunidades de mejora y, gradualmente, escalar en su compromiso con la gestión pública de calidad. Cada nivel no solo significa un reconocimiento, sino también una hoja de ruta para seguir potenciando las capacidades internas y generar un mayor impacto en la vida de sus vecinos.

Qué NO es la Certificación en Gestión Eficiente: desmitificando conceptos 

Es igual de importante aclarar lo que la certificación no es, para evitar expectativas equivocadas y enfocarnos en su valor real:

• No es un ranking ni una competencia. Las certificaciones no buscan establecer un orden de “mejores” y “peores” municipios. Cada proceso es individual y se enfoca en el crecimiento y la mejora del propio gobierno local, reconociendo el esfuerzo y la implementación de prácticas específicas.
• No es una “solución mágica” ni un fin en sí mismo. Una certificación no resuelve de un día para el otro todos los desafíos de una ciudad. Es una herramienta que valida un camino recorrido y estimula la continuidad del trabajo. El impacto real radica en el compromiso constante con la mejora de la gestión.
• No es una auditoría externa punitiva. Si bien requiere presentación de evidencias y una evaluación de RIL, el enfoque es de acompañamiento y facilitación. No busca sancionar, sino identificar oportunidades y apoyar el desarrollo de capacidades.
• No es una intervención directa en la autonomía municipal. Se respeta la autonomía de cada gobierno local. La certificación es una guía y un reconocimiento, no una imposición de políticas o decisiones.
• No es un sustituto de la rendición de cuentas a la ciudadanía. La certificación complementa, pero no reemplaza, la obligación de cada gobierno local de rendir cuentas a sus vecinos y vecinas sobre su gestión.
• No es una evaluación de servicios públicos. Aunque una administración eficiente de los recursos públicos debería traducirse en mejores servicios para la ciudadanía, esta certificación no mide directamente la calidad de los mismos.

¿Por qué destacamos cinco políticas que reflejan eficiencia?

Es fundamental reconocer las buenas prácticas y también difundirlas ampliamente. En julio de 2025, comenzamos a publicar la serie de notas de +COMUNIDAD, “Cinco políticas que reflejan eficiencia: el caso de tal ciudad”, con el objetivo de visibilizar ejemplos concretos de municipios que están implementando acciones innovadoras y responsables en la administración de sus recursos, en sintonía con los ejes que evaluamos en el proceso de certificación.

Estas notas refuerzan nuestra convicción en RIL: la eficiencia gubernamental, medida en aspectos como la profesionalización de equipos, la optimización de finanzas o la transformación digital, tiene un impacto directo y positivo en la vida de los vecinos. 

Al destacar estas políticas, buscamos inspirar  a otros gobiernos locales a seguir el camino de la mejora continua. Además, ofrecemos una mirada práctica sobre cómo una gestión interna sólida se traduce en mejores servicios y una mayor calidad de vida para toda la ciudadanía.

Ciudades Certificadas: un compromiso con la transformación local

La capacidad de innovar y mejorar ya reside en cada municipio; esta es una convicción profunda que guía nuestro trabajo. El verdadero desafío no es la ausencia de potencial, sino cómo activarlo y acompañar su desarrollo de manera sistemática y sostenible. Este camino hacia una gestión pública más eficiente y cercana a la gente es un proceso continuo y transformador.

En este sentido, las herramientas y metodologías que impulsamos, como la certificación, buscan ser una guía para la excelencia. No sólo validan un recorrido, sino que también ofrecen una hoja de ruta clara para identificar oportunidades de mejora y consolidar prácticas que generen un impacto real en la comunidad.

La entrada Más allá del diploma: el verdadero valor de las Ciudades Certificadas se publicó primero en +COMUNIDAD.