¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD
Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

La entrada Qué es el Pago por Resultados y cómo Bogotá lo llevó al corazón de su gestión pública se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por María Eugenia Battafarano,
coordinadora de Ciudades Certificadas de RIL

¿Qué significa que un municipio esté certificado en gestión eficiente? ¿Qué se mide exactamente y qué alcances tiene esta evaluación? En esta columna repasamos el alcance de estas distinciones, sus niveles y los puntos que conviene tener presentes para interpretar qué hay detrás de cada ciudad certificada por la Red de Innovación Local en Argentina. 

La Certificación en Gestión Eficiente es el eje del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL. Funciona como una herramienta de diagnóstico y reconocimiento para gobiernos locales argentinos que trabajan en mejorar su administración interna, con el horizonte de que esa mejora se traduzca en servicios más accesibles y eficaces para la ciudadanía. No es un ranking, no es un premio y no es una auditoría punitiva. Conviene detenerse en cada una de estas consideraciones.

Desde julio de 2025, +COMUNIDAD viene publicando la serie “Cinco políticas que reflejan eficiencia municipal”, donde cada entrega recorre las experiencias concretas de una ciudad certificada. Esta columna acompaña esa serie: busca ofrecer el marco que permita leer cada caso con mayor contexto sobre qué evalúa el programa y cómo se estructura.

Qué SÍ es una Certificación en Gestión Eficiente

Un reconocimiento al compromiso y la buena gestión

La Certificación en Gestión Eficiente es, ante todo, un reconocimiento público a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica y sostenible. No es un simple diploma; es una validación objetiva de que el municipio implementa prácticas efectivas y eficientes, alineadas con los principios de innovación y buen gobierno que promovemos.

En este proceso, RIL evalúa lo que sucede dentro del municipio: cómo el municipio administra internamente sus recursos, para después impactar en mejores servicios para su ciudadanía. Pero antes de explicar cómo lo hacemos, es necesario aclarar qué es lo que entiende RIL por gobiernos eficientes. Para nosotros, un gobierno eficiente es aquel que:

• Administra los recursos de manera eficiente, garantizando que sus ingresos y gastos estén alineados de manera sostenible.
• Cuenta con ingresos provenientes de una combinación equilibrada de fuentes estables, que permitan que la ciudad mantenga sus operaciones básicas sin recurrir a medidas distorsivas.
• Posee gastos alineados con las necesidades básicas de la comunidad, que eviten la ejecución de proyectos mal diseñados o innecesarios.
• Tiene una visión clara de ciudad, con objetivos y metas concretas que le permitan alcanzarla.
• Posee un equipo formado para liderar el proceso de planificación y el seguimiento de los objetivos propuestos.
• Actúa de manera abierta, accesible y clara, permitiendo que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos y cuáles son los resultados de las políticas implementadas.
• Brinda a la ciudadanía acceso rápido, multicanal y de calidad a servicios públicos esenciales que permite una atención personalizada y eficiente, contribuyendo al bienestar general de la población.
• Incorpora soluciones digitales a la gestión para optimizar los servicios ofrecidos, asegurando procesos más rápidos, transparentes y accesibles mediante principios de simplificación.
• Puede identificar las necesidades de la ciudadanía y dar respuesta rápida y eficaz.
• Tiene una estrategia de capital humano alineada con las habilidades y conocimientos necesarios para que los empleados realicen sus tareas de manera eficiente.

Cómo se mide el grado de eficiencia municipal

Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Para poder medir objetivamente el grado de eficiencia del gobierno local, RIL evalúa su desempeño en seis ejes: Profesionalización, Finanzas Locales, Atención Ciudadana, Transformación Digital, Gobierno Abierto y Capital Humano. 

Cada eje se mide a través de indicadores, que son preguntas de respuesta Sí/No y cuya validación requiere documentación de respaldo. Este rigor en la evaluación busca que la mejora de la gestión se traduzca en beneficios concretos para los vecinos, como una atención más ágil, finanzas más transparentes o programas municipales más efectivos y adaptados a sus necesidades.

Más allá de la validación, el verdadero propósito de esta certificación es acompañar a los gobiernos locales que buscan transformar su gestión. Es un proceso que moviliza a los equipos municipales, promueve el trabajo intersectorial y fortalece la cultura de la evaluación y la planificación estratégica.

Obtener una certificación no es un punto final, sino parte de un ciclo virtuoso. Implica un proceso de evaluación objetiva, recopilación de evidencias y, en muchos casos, la identificación de oportunidades de mejora que RIL acompaña con recursos y metodologías. Muchos municipios descubren durante este camino la importancia de la articulación interna entre áreas, la necesidad de robustecer la documentación de sus procesos o la relevancia de una comunicación clara con la ciudadanía sobre sus avances, lo que fortalece sus capacidades de gestión a largo plazo.

Para garantizar que este impulso de mejora sea sostenible, la certificación cuenta con una validez de tres años, lo que incentiva una revisión y actualización constante de las capacidades locales. Además, al ser un proceso sin costo para el municipio, se elimina cualquier barrera de acceso, asegurando que el foco permanezca exclusivamente en la excelencia de la gestión y el impacto en la comunidad.

Niveles de certificación: un camino progresivo para cada municipio

Entendemos que no todas las ciudades se encuentran en el mismo punto de partida ni tienen el mismo nivel de avance en su gestión. Por eso, el programa de Certificación en Gestión Eficiente de RIL está diseñado con una progresión de niveles que permite a cada municipio unirse desde su realidad y crecer de manera sostenida. Esta estructura reconoce los diferentes grados de madurez en las prácticas de buen gobierno y fomenta un camino de mejora continua adaptado a cada contexto local.

Los niveles de certificación son tres: Promesa, Líder y Faro. El nivel Promesa está pensado para aquellos municipios que inician su recorrido en la mejora de la gestión, demostrando un compromiso claro con la implementación de prácticas básicas y la voluntad de avanzar. El nivel Líder se otorga a las ciudades que ya han consolidado varias prácticas eficientes y muestran un impacto significativo en sus áreas de gestión. Finalmente, el nivel Faro reconoce a los municipios que no solo han alcanzado un alto grado de eficiencia y excelencia, sino que también se han convertido en referentes y modelos a seguir para otras localidades de la Red.

Para alcanzar estos niveles, los municipios son evaluados en los ejes de gestión definidos anteriormente: Profesionalización, Finanzas Locales, Atención Ciudadana, Transformación Digital, Gobierno Abierto y Capital Humano. Para poder acceder a la certificación deben obtener un puntaje superior al 50% en todos los ejes y, además, cumplir con los criterios mínimos establecidos para cada uno. Aquellos que obtienen puntajes superiores al 50% en todos los ejes califican para la certificación Ciudad Promesa. Las ciudades que demuestran una gestión aún más eficiente, con puntajes superiores al 60%, acceden al nivel Ciudad Líder. Y los gobiernos locales que alcanzan la excelencia, con puntajes superiores al 80% en todos los ejes, son reconocidos como Ciudad Faro.

Esta progresión busca motivar a los gobiernos locales a identificar sus fortalezas, trabajar en sus oportunidades de mejora y, gradualmente, escalar en su compromiso con la gestión pública de calidad. Cada nivel no solo significa un reconocimiento, sino también una hoja de ruta para seguir potenciando las capacidades internas y generar un mayor impacto en la vida de sus vecinos.

Qué NO es la Certificación en Gestión Eficiente: desmitificando conceptos 

Es igual de importante aclarar lo que la certificación no es, para evitar expectativas equivocadas y enfocarnos en su valor real:

• No es un ranking ni una competencia. Las certificaciones no buscan establecer un orden de “mejores” y “peores” municipios. Cada proceso es individual y se enfoca en el crecimiento y la mejora del propio gobierno local, reconociendo el esfuerzo y la implementación de prácticas específicas.
• No es una “solución mágica” ni un fin en sí mismo. Una certificación no resuelve de un día para el otro todos los desafíos de una ciudad. Es una herramienta que valida un camino recorrido y estimula la continuidad del trabajo. El impacto real radica en el compromiso constante con la mejora de la gestión.
• No es una auditoría externa punitiva. Si bien requiere presentación de evidencias y una evaluación de RIL, el enfoque es de acompañamiento y facilitación. No busca sancionar, sino identificar oportunidades y apoyar el desarrollo de capacidades.
• No es una intervención directa en la autonomía municipal. Se respeta la autonomía de cada gobierno local. La certificación es una guía y un reconocimiento, no una imposición de políticas o decisiones.
• No es un sustituto de la rendición de cuentas a la ciudadanía. La certificación complementa, pero no reemplaza, la obligación de cada gobierno local de rendir cuentas a sus vecinos y vecinas sobre su gestión.
• No es una evaluación de servicios públicos. Aunque una administración eficiente de los recursos públicos debería traducirse en mejores servicios para la ciudadanía, esta certificación no mide directamente la calidad de los mismos.

¿Por qué destacamos cinco políticas que reflejan eficiencia?

Es fundamental reconocer las buenas prácticas y también difundirlas ampliamente. En julio de 2025, comenzamos a publicar la serie de notas de +COMUNIDAD, “Cinco políticas que reflejan eficiencia: el caso de tal ciudad”, con el objetivo de visibilizar ejemplos concretos de municipios que están implementando acciones innovadoras y responsables en la administración de sus recursos, en sintonía con los ejes que evaluamos en el proceso de certificación.

Estas notas refuerzan nuestra convicción en RIL: la eficiencia gubernamental, medida en aspectos como la profesionalización de equipos, la optimización de finanzas o la transformación digital, tiene un impacto directo y positivo en la vida de los vecinos. 

Al destacar estas políticas, buscamos inspirar  a otros gobiernos locales a seguir el camino de la mejora continua. Además, ofrecemos una mirada práctica sobre cómo una gestión interna sólida se traduce en mejores servicios y una mayor calidad de vida para toda la ciudadanía.

Ciudades Certificadas: un compromiso con la transformación local

La capacidad de innovar y mejorar ya reside en cada municipio; esta es una convicción profunda que guía nuestro trabajo. El verdadero desafío no es la ausencia de potencial, sino cómo activarlo y acompañar su desarrollo de manera sistemática y sostenible. Este camino hacia una gestión pública más eficiente y cercana a la gente es un proceso continuo y transformador.

En este sentido, las herramientas y metodologías que impulsamos, como la certificación, buscan ser una guía para la excelencia. No sólo validan un recorrido, sino que también ofrecen una hoja de ruta clara para identificar oportunidades de mejora y consolidar prácticas que generen un impacto real en la comunidad.

La entrada Más allá del diploma: el verdadero valor de las Ciudades Certificadas se publicó primero en +COMUNIDAD.

Para fortalecer el vínculo con la comunidad, en los últimos cinco años la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú apostó a la transformación digital de sus servicios públicos.  Uno de sus primeros pasos en esa dirección fue la implementación en 2021 de Quiú, un chatbot para consultar información útil a la hora de realizar diferentes trámites municipales. 

En ciudades pequeñas como Fray Mamerto Esquiú, los chatbots pueden jugar un papel fundamental en el relacionamiento de los gobiernos locales con sus comunidades. Esta herramienta le permite a la población resolver dudas y obtener información de manera rápida y sencilla, sin necesidad de moverse de su casa.

De chatbots a Chat GPT, la evolución de Fray Mamerto Esquiú

Matías Cardozo, director de Modernización de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, explica que siempre prestan atención a la innovación de otras ciudades. Después de conocer la experiencia de Boti en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), hace tres años atrás, decidieron desarrollar su propio chatbot municipal.

Sin embargo el último año la Municipalidad dio un paso más hacia la transformación digital y creó Fray GPT, un asistente virtual que busca eficientizar la gestión interna. Esta herramient,a basada en la tecnología de Chat GPT, está entrenada para trabajar con documentos administrativos relevantes, como por ejemplo decretos y ordenanzas. 

“Observamos como oportunidad de mejora el trabajo manual que realizan los y las empleadas municipales a la hora de consultar diferentes archivos”, comenta Cardozo. “Por eso diseñamos un asistente virtual que tiene como propósito mejorar la experiencia de los usuarios internos del gobierno y eficientizar su trabajo y tiempo”. 

Desafíos e impacto de Fray GPT

“En esta primera etapa este asistente virtual está destinado a dos grupos. Por un lado, a empleados administrativos, que necesitan acceso rápido y preciso para hacer sus tareas. Y, por otro lado, funcionarios y funcionarias públicas que necesitan información confiable para la toma de decisiones estratégicas y operativas”, explica el especialista.

En esa línea Cardozo agrega que el primer acercamiento de la herramienta con este público fue en mayo de 2024, en un taller de introducción a la Inteligencia Artificial. Celia Aguirre, fiscal municipal, fue una de las primeras en utilizar la herramienta, y cuenta que en su trabajo cotidiano verdaderamente hubo un cambio notorio. 

“Mi cargo comprende lo que es el asesoramiento legal de todos los procesos administrativos, por eso tengo que estar en contacto con estos archivos. Con esta herramienta, la búsqueda de la información y el resultado es mucho más rápida y eficiente. Por eso siento que es fundamental para cualquier municipio”, reflexiona. 

Próximos pasos a seguir

Entre los desafíos que representa la implementación de estas herramientas, Cardozo señala la adaptación al cambio y la apertura del equipo frente a estas iniciativas. “Nuestra ciudad tiene ese grado de apertura necesario, pero a veces hay que empujar un poco más hacia esa transformación que queremos lograr en todo el municipio”, señala.

De acuerdo a los próximos pasos a seguir, el funcionario anticipa: “Vamos a intentar medir el tiempo promedio en que se tarda obtener información desde Fray GPT. Además vamos a evaluar la precisión de las respuestas y la frecuencia de uso de los funcionarios y obtener una retroalimentación de usuarios para mejorar este asistente”.

El director de Modernización menciona que Fray GPT representa una innovadora solución digital para todo el personal de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú. “Estamos abriendo las puertas a un futuro donde la eficiencia y la innovación trabajan de la mano para transformar la ciudad”, dice respecto al impacto de estas tecnologías.

La experiencia de Pampa del Infierno

En la localidad de Pampa del Infierno, provincia de Chaco, lanzaron en 2024 Anita, un chatbot diseñado para ayudar a resolver y agilizar las consultas de vecinos y vecinas (en la localidad habitan unas 10.000 personas). Una particularidad de este asistente virtual es que está equipado con inteligencia artificial para responder preguntas fuera del flujo estándar de la Municipalidad. 

Jorge Jara, asesor de Modernización Informática de la Municipalidad de Pampa del Infierno, contó que la iniciativa busca instalar un nuevo canal de comunicación. “Desde la intendencia se estaba queriendo dar solución a la gran cantidad de mensajes que recibía el municipio, entonces nos pusimos a investigar qué podíamos hacer”, dijo en diálogo con +COMUNIDAD.

Del proceso de creación e implementación, el asesor destacó que esta herramienta se entrenó para que responda sobre información de la localidad, con lenguaje coloquial. Jara, que además estuvo detrás del desarrollo del chatbot, explicó que armaron los textos con palabras propias de la zona para generar más cercanía y confianza. 

La adaptación de la población

De acuerdo al comportamiento de la población frente a esta iniciativa, el desarrollador comentó que aún no comprenden la función y la dimensión que representa Anita. Aunque es una propuesta nueva (se lanzó en septiembre de 2024), el asesor resaltó que de a poco van mejorando la experiencia de usuario y reeducando a su público. 

“Después de un mes de su lanzamiento vemos que las preguntas ya están siendo mucho más específicas, y sobre temas que responden al propósito por el cual nació Anita. Preguntas como qué días pasa la recolección de residuos, si quedan turnos para ir a hacer las compras o solicitudes de traslado de los camiones de agua”, ejemplificó Jara. 

Ante la pregunta si se inspiraron en el chatbot de otra ciudad para crear Anita, el asesor municipal respondió que no vieron una iniciativa así en una localidad similar a la suya. “Creemos que una buena gestión pública se puede enriquecer con las herramientas tecnológicas y administrativas del sector privado, esa fue nuestra inspiración”, agregó.

Más chatbots en ciudades pequeñas

Para que otras ciudades como Fray Mamerto Esquiú o Pampa del Infierno se animen a crear sus propios chatbots, Jara aconseja romper tabúes y saltar algunas barreras. “Lo primero que tenemos que dejar de pensar es que para tener un chatbot tenés que ser un municipio gigantesco, de primera categoría y con un presupuesto millonario”. 

Por su parte, Matias Cardozo agrega: “No tener miedo de pensar, como ciudad chica, que nunca vamos a estar a la altura de Córdoba o Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Para el director lo más importante para replicar este tipo de proyectos es tener un grado de apertura hacia lo nuevo y constancia para trabajar este tipo de iniciativas. 

En un mundo cada vez más digital, las experiencias de las ciudades de Catamarca y Chaco invitan a reflexionar sobre la importancia de que los municipios se adapten y promuevan estos cambios para garantizar estos servicios a toda su comunidad. El entendimiento es que estas herramientas pueden ser un paso hacia un futuro más inclusivo y conectado, donde la innovación trabaja de la mano con la comunidad para construir un mejor entorno. 

¿Tenés una historia para contar? En +COMUNIDAD nos gustaría contarla

Imagen de portada: TINA, el chatbot del Estado argentino.

La entrada Chatbots, una nueva voz al alcance de ciudades pequeñas se publicó primero en +COMUNIDAD.

Estos entendimientos están siendo compartidos e implementados por diversas líderes municipales en Argentina. En el marco del programa +Mujeres Transformando Ciudades, 30 equipos participan –entre otras instancias de acompañamiento– de experiencias de fortalecimiento interno. Se trata de iniciativas que buscan transformar los equipos de trabajo en grupos de alto rendimiento, capaces de enfrentar desafíos con una perspectiva más empática y colaborativa. 

Experiencia de equipos en Tafí Viejo

Alejandra Rodríguez, intendenta de Tafí Viejo (Tucumán), es una de las 30 líderes municipales que participan del programa, que tiene una duración de tres años. “Este tipo de intercambios son fundamentales. El objetivo es empezar a ver al otro como persona, como un ser humano al que le suceden cosas. En el contexto de la diaria de trabajo, uno siempre está pensando en qué hacemos y cómo lo hacemos. Esto nos hace ver y entender a las personas; es conocernos un poquito más. Es fundamental para fortalecer a los equipos”, expresó a +COMUNIDAD. 

Según su análisis, la integración de habilidades blandas y el fomento de vínculos más humanos en los equipos puede traducirse en la resolución de situaciones conflictivas. Y, en consecuencia, en la generación de resultados positivos en la comunidad. “Todo tiene que ver con todo. Como servidores públicos, debemos tener una apertura y una empatía mayor. Es entender las dificultades y los sentimientos de las personas”, reflexionó Rodríguez. 

Las instancias de fortalecimiento interno de los equipos son desarrolladas por especialistas de RIL en cada uno de los territorios. En las jornadas, las intendentas comparten espacios de conversación y escucha con los funcionarios de sus gabinetes. “La idea es que cada uno después lo replique con cada uno de sus equipos”, explicaron. 

“Es una herramienta muy valiosa porque recibimos conocimiento y herramientas para poder aplicar en la gestión. Muchas veces estamos ocupados en la coyuntura, en el día a día, y no podemos detenernos a pensar hacia adentro de los equipos. Esto tiene un impacto en las políticas hacia vecinas y vecinos”, opinó Sofía Solórzano, secretaria de Gobierno de Tafí Viejo. 

+Mujeres Transformando Comunidades

El taller forma parte del programa +Mujeres Transformando Ciudades, una iniciativa que capacita, forma redes y acompaña a 30 intendentas en Argentina para lograr gestiones empáticas, transparentes, eficientes y participativas. Este programa no solo busca visibilizar las actuaciones de las mujeres electas, sino también validar el diferencial que la perspectiva de género aporta a las decisiones públicas e inspirar a otras mujeres a participar en el ecosistema político argentino y regional.

“Es un aprendizaje entre pares. No estábamos acostumbrados a ver el trabajo que está haciendo la otra persona. Son colegas, sin importar las ideologías políticas. Los lugares que estamos ocupando son los mismos; todas queremos lo mismo. Hay que aprender de lo que ya se hizo y, por qué no, enseñar a otros. Eso nos motiva”, valoró Rodríguez sobre las instancias compartidas entre las 30 intendentas en el marco del programa.  

La adopción de enfoques centrados en las personas responde a una creciente necesidad de humanizar la administración pública, un ámbito donde las dinámicas de trabajo y las decisiones tienen un impacto directo en la vida de las comunidades. Al cultivar relaciones más sólidas y humanas entre los integrantes de los equipos de gestión, se crea un entorno más propicio para la innovación y la resiliencia en los gobiernos de las ciudades.

¿Tenés una historia para contar? ¡En +COMUNIDAD nos gustaría conocerla!

^{Imagen principal: Alejandra Rodríguez, intendenta de Tafí Viejo, durante el taller de fortalecimiento de equipo con RIL. Fuente: +COMUNIDAD.} 
_{Redacción +Comunidad}

La entrada Hacia equipos de alto rendimiento: el poder de la confianza y lo humano en la gestión municipal se publicó primero en +COMUNIDAD.