seguridad
Por Mariana Foglia (*)
Mientras que en la década de los 90 el dilema político de los intendentes giraba en torno a si debían o no involucrarse en los asuntos de seguridad, en la actualidad el interrogante es qué hacer y cómo tener una mejor política local en la materia.
Si bien la policía, la justicia y el sistema penitenciario dependen de los niveles provincial y nacional, los municipios hoy se han convertido definitivamente en el centro de imputación de la demanda ciudadana por más y mejor seguridad.
Ubicados en la primera línea de fuego frente a una problemática compleja y multicausal, no hay escapatoria para los gobiernos locales. Sin tener en sus manos la faz punitiva, su principal rol es la prevención del delito y las violencias.
Es más barato prevenir que curar
Durante mucho tiempo la criminología clásica atribuyó el origen de las conductas delictivas a ciertas características físicas o mentales, concluyendo de modo simplista que la delincuencia estaba en la biología de las personas.
Hoy, desde la criminología moderna, entendemos que se trata de un fenómeno mucho más complejo, sujeto a múltiples causas. Estos factores de riesgo socio-delictuales, van desde el consumo de drogas y alcohol, el abandono escolar y la violencia familiar, hasta la exclusión social y el desempleo, entre muchos otros factores de orden no solo individual sino también comunitario e institucional.
Ninguna de estas condiciones por sí solas fomentan la delincuencia. Es la presencia simultánea y acumulativa de varios factores de riesgo la que aumenta las probabilidades de que ciertos individuos cometan delitos. Se trata de una distinción importante a la hora de evitar toda estigmatización.
Detrás de todo fenómeno delictual, hay entonces carencias y conflictos sociales irresueltos. Y es allí donde juegan un rol clave los gobiernos locales a la hora de promover la convivencia ciudadana y políticas generadoras de oportunidades que actúen como barreras protectoras de entrada en la actividad delictiva.
En tanto primera puerta del Estado, los municipios pueden prevenir la delincuencia a través de sus herramientas de planeamiento urbano, desarrollo social, cultural, deporte, salud y educación para lograr llegar “antes que el delito”. En otras palabras, cuando actúa la policía y se activa todo el sistema de justicia penal, es porque el delito ya ocurrió y por lo tanto la prevención fracasó.
La literatura especializada evidencia que los programas de prevención son, además de efectivos, más baratos que las medidas tradicionales de control del delito. Según Rodrigo Serrano-Berthet del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando se comete un delito, el Estado tiene que gastar recursos públicos en policía, justicia, cárceles y atención a víctimas. Si se suman esos gastos y se comparan con el costo de prevenir que el delito ocurra, el análisis es altamente favorable para la prevención: por cada dólar que el estado invierte en prevenir la reincidencia, la sociedad gana más de seis dólares.
El desafío: fortalecer capacidades municipales
Al calor del avance de la problemática, en los últimos años en Argentina los municipios empezaron a crear en sus organigramas incipientes áreas para atender la seguridad ciudadana. Sin embargo, se observan varios denominadores comunes que limitan su accionar.
Entre ellos, la falta de una institucionalidad robusta para planificar y evaluar iniciativas, la ausencia de mandos políticos y técnicos debidamente formados; un limitado acceso a información estadística criminal y a encuestas regulares de victimización y percepción que impiden conocer el cuándo, dónde y cómo se producen los delitos en los barrios y qué sentimientos movilizan en la ciudadanía. A ellos se suma la escasez de recursos, sobre todo en una temática considerada tradicionalmente como campo de acción de los gobiernos provincial y nacional.
De la mano de la falta de diagnósticos sobre los cuales erigir la estrategia de seguridad, es muy común el diseño de medidas aisladas, mayormente de corte situacional, con eje en los síntomas cortoplacistas del delito más que en sus causas más profundas. A su vez, se suelen ejecutar políticas sociales amplias con poco impacto con relación a los niveles de victimización de un determinado territorio en lugar de programas de prevención social del delito focalizados en la población en riesgo.
Se trata de un desafío público que requiere capacidades administrativas y políticas sólidas. No sólo para gestionar, sino también para dialogar con todos los actores intervinientes –desde el sector policial y judicial hasta la sociedad civil–para el trabajo en red que amerita.
El reto: “llegar antes que el delito”
La clave es entonces “llegar antes” y, para ello, se requiere de una estrategia de seguridad local pensada por “fuera de la caja”. Es decir, abordar este desafío público más allá de la cuestión criminal para poner el foco en reducir aquellos factores de riesgo que están detrás de toda persona que delinque. Ello implica algunos puntos de partida para la acción:
- Voluntad y liderazgo político para asumir una agenda municipal que tenga a la seguridad entre sus principales ejes estratégicos.
- El plan de seguridad local debe ser integral, no sólo inversión en cámaras y tecnología, herramientas necesarias y fundamentales para el abordaje a corto plazo. También debe incluir programas focalizados de prevención social, comunitaria de la mano de recursos humanos y presupuestarios específicos con mirada en el mediano y el largo plazo.
- En la tarea de prevenir, ninguna secretaría del municipio escapa al abordaje de la seguridad y debe formar parte de la respuesta desde sus competencias afines a la gestión de la conflictividad social.
- Toda estrategia de seguridad debe partir de información fiable para diagnosticar, planificar, dar seguimiento y evaluar políticas basadas en evidencia y no en la intuición.
- La participación de la ciudadanía es clave si se quiere alcanzar impacto y resultados sostenibles en el tiempo.
- Revisar qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad en los territorios locales es fundamental para implementar políticas basadas en evidencia.
Profundicemos un poco más sobre seguridad
Sobre este último punto, una herramienta valiosa y fuente de aprendizaje e inspiración es la plataforma desarrollada por el BID que promueve el uso de evidencias científicas en las decisiones sobre seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. En la misma se pueden encontrar iniciativas concretas con resultados e impacto evaluados como exitosos en temas como prevención de la violencia infanto-juvenil, seguridad urbana, policiamiento, justicia criminal, reinserción social y violencia contra las mujeres. Hacer una buena revisión de estos programas es un primer paso fundamental para idear una política de seguridad local.
En definitiva, las ciudades son seguras no sólo ante la ausencia de delito y el temor de ser victimizados. Son seguras si sus ciudadanos gozan de calidad de vida en términos de libertad, disfrute de los espacios públicos y acceso a oportunidades. No hay seguridad sin desarrollo humano como condición indispensable del derecho a la ciudad de todos sus habitantes.
Políticas faro para gobiernos locales
La Municipalidad de Peñalolén, en Chile, implementó una destacada política integral de prevención social del delito, enfocada en abordar la delincuencia desde un enfoque social y comunitario. Esta estrategia se basa en la prevención y en el fortalecimiento del tejido social, involucrando tanto a actores comunitarios como a instituciones locales para enfrentar factores como la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades.
La política incluye una variedad de programas diseñados para prevenir el delito. Entre ellos, destaca el Programa de Mediación vecinal y comunitaria, que fomenta la participación vecinal a través de redes de apoyo comunitario. Este programa se articula con el Plan Integral de Barrios Seguros, que promueve la formación de líderes barriales responsables de co-gestionar y fomentar la convivencia pacífica en sus barrios.
Otro programa relevante es el Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, que identifica a niños y adolescentes en riesgo de abandonar el sistema educativo o sufrir vulneraciones de derechos. Esta iniciativa permite detectar y atender situaciones críticas, garantizando una respuesta rápida y adecuada.
Todos estos programas se basan en diagnósticos detallados de los factores de riesgo y protección en la comunidad. Esto permite focalizar las políticas en las problemáticas específicas del municipio. La clave ha sido la colaboración interinstitucional, involucrando áreas como educación, salud y deportes, además de la cooperación con organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Esta política integral de prevención está diseñada para generar soluciones sostenibles a largo plazo con foco en el trabajo en red.
Otro programa exitoso de prevención del delito, articulando la Prevención situacional con participación comunitaria es “Ojos en Alerta”, de la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su objetivo principal es mitigar la inseguridad e involucrar a los vecinos y vecinas en la prevención del delito. A través del Whatsapp, los ciudadanos pueden reportar situaciones de emergencia, actividades sospechosas, siniestros viales, violencia por motivos de género y otros incidentes relevantes en tiempo real.
Este programa llevó al municipio de San Miguel a recibir el premio RIL a la Ciudad Inspiradora 2024, otorgado en la Noche de los Intendentes. Ojos en Alerta hoy se replica en 50 localidades. En ellas logró activar y mejorar la calidad de los mapas del delito, habilitando una mejor planificación de los operativos públicos de control para la prevención y el posicionamiento inteligente de las patrullas policiales en sus respectivas cuadrículas.
Camino a ser una ciudad con una estrategia integral de Seguridad
Este año, la Red de Innovación Local (RIL) lanzó el Programa Ciudades por la Seguridad que acompaña a equipos de gobiernos locales de 27 ciudades del país en el diseño de una planificación integral de seguridad ciudadana. La iniciativa es financiada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Konrad Adenauer Argentina.
Nuestro objetivo es acompañar a los equipos locales en el fortalecimiento y profesionalización de sus capacidades de planificación y gestión de sus políticas locales de convivencia y seguridad ciudadana. Mediante capacitaciones específicas y talleres en territorio, procuramos dotarlos de herramientas para diagnosticar, pasar a la acción y trabajar en redes colaborativas para implementar estrategias innovadoras y basadas en evidencia que mejoren la calidad de vida ciudadana.
Desde RIL entendemos que, en materia de seguridad, los líderes locales pueden hacer mucho para garantizar condiciones de vida más seguras para sus comunidades. La clave del éxito en cualquier estrategia de seguridad no es ni la mano dura ni la mano blanda. Sino una política inteligente contra el delito donde el Estado en sus tres niveles, junto al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía formen parte de la solución en una verdadera alianza por ciudades más seguras.
(*) Mariana Foglia es Coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad de la Red de Innovación Local (RIL)
Imagen ilustrativa de portada: Unsplash.
