Climático
Por Cristiana Losekann (*)
Aunque están interrelacionadas, las políticas ambientales y climáticas no son lo mismo. Mucho se ha debatido sobre los límites y las potencialidades entre la adopción de enfoques ambientales y/o climáticos en las políticas públicas. La forma más prometedora de abordar esta cuestión es observar cómo el ambiente y el clima se movilizan y para qué problemas públicos están funcionando.
Mientras que el enfoque ambiental está más vinculado a cuestiones territoriales y casos específicos con repercusiones locales, el enfoque en el clima pone la mirada sobre el sistema climático (relativo a los patrones de temperatura y clima), lo que exige la observación de relaciones complejas, en general apuntando a una escala planetaria.
Ambas vías tienen un anclaje institucional diferente. Las políticas ambientales son más antiguas y responden a problemas variados, relacionados con el medio biofísico, incluyendo las interacciones humanas. Las políticas climáticas son institucionalmente incipientes, surgidas de debates internacionales y centradas específicamente en el problema de las alteraciones del sistema climático y sus consecuencias para la vida humana. Obviamente, los problemas ambientales generan alteraciones climáticas, y los efectos del cambio climático son ambientales. Sin embargo, las implicaciones no son automáticas. Deben ser demostradas. Por tanto, una vía no sustituye a la otra. Es necesario hablar tanto de clima como de ambiente.
El rol de los municipios y las comunidades locales
Un consenso importante que ha emergido de este debate es que la política ambiental y climática se complementan y se potencian mutuamente cuando se ejecutan de forma conjunta. Esto se debe a que la política ambiental genera más sensibilización al involucrar necesariamente la vida local, mientras que la política climática proyecta una escala más amplia de los problemas, permitiendo así soluciones sistémicas. Por estas razones, las políticas deben observarse en conjunto, aunque respetando sus especificidades.
Un buen plan estratégico de gestión pública debe conocer estas diferencias, asimilar los conceptos básicos que distinguen estas políticas e identificar responsabilidades en distintos puntos de la cadena de gestión para trazar planes estratégicos consistentes.
La verdad sea dicha, muchos municipios aún no han dado la importancia debida a los problemas ambientales y ahora se enfrentan a la necesidad de elaborar políticas climáticas municipales. ¿Cómo hacer esto?
En primer lugar, las estructuras existentes de la política ambiental deben activarse. Técnicos, especialistas, sociedad civil y la comunidad pueden ayudar al intendente a elaborar un plan ambiental y climático para el municipio. La primera tarea es comprender su papel dentro de un sistema amplio de políticas relacionadas con el ambiente y el clima. Es necesario identificar su perfil, por ejemplo, como área costera, área con presencia de ecosistemas forestales, grandes áreas urbanas con alto volumen de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), regiones propensas a inundaciones, etc.
Una vez identificado su perfil en términos territoriales y bióticos, es fundamental crear medios para construir políticas que estén integradas con las políticas estatales y federales, y que se coordinen con políticas de otros municipios, ya que las características territoriales y bióticas no se limitan a las fronteras político-administrativas.
Y no sirve de nada hacer todo esto si no hay una conexión con la forma en que las personas viven e interactúan con el ambiente en la región. Los movimientos socioambientalistas desmontaron hace mucho tiempo el mito de la naturaleza intacta y moldearon las principales políticas ambientales en Brasil. Lo central es considerar las interacciones entre naturaleza y cultura como un camino para la supervivencia mutua. Por lo tanto, no se construye una política ambiental y climática sin discutirlas con la comunidad local.
¿Mitigación o adaptación?
Comprender los conceptos básicos de la política climática también es fundamental. Los municipios tienen diferentes roles en relación con las acciones de mitigación o adaptación, siendo en general las de adaptación las que más recaen sobre el poder local.
La mitigación se refiere a la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y, con ello, la contención de los efectos sobre el clima. En cambio, la adaptación tiene en cuenta los cambios en curso y sus efectos en la vida cotidiana de las personas, principalmente los llamados eventos extremos, que van desde el calor intenso hasta la sequía o las inundaciones. Construir políticas de mitigación significa comprender cuánto contribuye el municipio a la emisión de GEI y/o cuánto potencial tiene para reducir estas emisiones a través de políticas públicas.
Es en las acciones de adaptación donde reside el mayor impacto sobre el poder local. Esto es así ya que, en situaciones extremas, en las que la vida de las personas se ve dramáticamente afectada, toda la estructura de protección socioambiental y de asistencia local se verá comprometida. En casos de inundaciones, por ejemplo, se producen desplazamientos, desabastecimiento de agua y la necesidad de obras de infraestructura. En situaciones de sequía, se observa un aumento de los problemas respiratorios, desabastecimiento de agua y seguridad alimentaria.
Capacidad adaptativa, entre lo ambiental y lo climático
La plataforma AdaptaBrasil creó un índice de vulnerabilidad que clasifica los municipios brasileños de acuerdo con las principales consecuencias del cambio climático, ya sea sequía o lluvias intensas. Según estos indicadores, la mayoría de los municipios tiene una capacidad adaptativa baja o muy baja frente a eventos extremos y desastres hidrogeológicos.
¿Y ahora, intendente? El mejor camino a seguir para los municipios es integrar mecanismos ya existentes de política ambiental, defensa civil, asistencia social, salud y educación a nuevos mecanismos relacionados con los cambios climáticos. No tiene sentido que los municipios creen eslóganes electorales prometiendo políticas de transición energética y reducción de emisiones de GEI si no han resuelto problemas estructurales locales que hacen que sus ciudadanos sean vulnerables a los eventos climáticos extremos.
Un buen plan de gestión municipal en 2024 combina estrategias de política ambiental y climática, presentando un diagnóstico a partir del perfil específico del municipio en relación con los problemas centrales a abordar. Este plan también debe mostrar cómo el municipio buscará coordinar esfuerzos políticos para actuar junto con otras esferas de poder para resolver lo que no sea de su competencia. Y, sobre todo, contar con la participación de la comunidad local.
(*) Cristiana Losekann es doctora en Ciencia Política (UFRGS), profesora de la Universidad Federal de Espírito Santo, coordinadora del Laboratorio de Investigaciones en Política Ambiental y Justicia, y miembro de QualiGov.
Este artículo de opinión forma parte de la serie “El papel de los municipios en el federalismo brasileño”, producida por investigadores de QualiGov (Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Calidad de Gobierno y Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible), en el marco de las elecciones municipales de 2024 en Brasil.
El artículo fue publicado originalmente en portugués en NexoJornal. Cristiana Losekann autorizó a +COMUNIDAD su traducción y publicación.
Imagen principal ilustrativa: Freepik.
